Todos estos aspectos desarrollan el denominado decreto del carbón, tal y como explicaron el consejero de Economía e Industria, Javier Guerra y el director general de Industria, Energía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, tras reunirse, en Madrid, con el actual responsable de Energía, Fabricio Hernández.

En la comparecencia, ambos responsables gallegos destacaron, además, que el Ejecutivo autonómico mantendrá «vivos» los recursos ya interpuestos ante el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Supremo. «Si el Gobierno tiene una decisión tomada, nosotros también, y seguiremos en los tribunales porque creemos que tenemos razón», aseveró Guerra.

Por su parte, Tahoces precisó que ninguno de estos recursos es «paralizante» en sus efectos, después de que los tribunales considerasen que las cautelares «no eran necesarias», como puntualizó Guerra.

Así, y tras tener «la oportunidad» de exponer ante el nuevo responsable de Energía del Gobierno central la postura de la Xunta, «en defensa de los intereses de Galicia», el Gobierno autonómico recibió por respuesta que, por lo que respecta al decreto, «es una decisión tomada que no van a reconsiderar». «Y no hay nada más que hacer a ese respecto», indicó el ministerio, según explicó Guerra.

Ante la «incapacidad» de «cambiar» lo que la Xunta valora como «una decisión arbitraria» que va a afectar a transportistas, puerto de Ferrol y «los propios» ayuntamientos, «no queda otra que mantener los recursos», subrayó el titular de Economía e Industria.

Asimismo, volvió a defender la pertinencia de que Galicia participe en la comisión de seguimiento que creó el Ejecutivo central para medir los efectos «reales» del decreto sobre el sector, puesto que lo ve «lógico, razonable y de justicia». Tras volver a solicitarlo, en persona, a Fabricio Hernández, este quedó en «responder» a la Xunta, según indicó Guerra y avisó que «si la respuesta fuese negativa, no se entendería».

Otra de las cuestiones que plantearon ante el secretario de Estado de Energía fue conocer «cuáles son las conclusiones de esos acuerdos» que motivaron la retirada de los recursos también interpuestos por las compañías eléctricas contra el decreto. «No obtuvimos ninguna información», resaltó el consejero, por lo que la Xunta entiende que «acuerdo, acuerdo, no existió ninguno», algo que a las autoridades gallegas les provoca «sorpresa».

Así las cosas, y ya que el Gobierno gallego propuso, y se rechazaron, «dos alternativas» que pasan por las «compensaciones» al sector y la «revisión» del mix de producción energética para que los perjuicios no sean solo para las térmicas que utilizan carbón de importación –caso de la de As Pontes y Meirama–, Guerra interpretó que «si hay otros objetivos políticos en otras comunidades, Galicia no puede hacer nada más».

De todos modos, recalcó que existe «consenso» en la Comunidad Autónoma en oponerse al decreto del carbón, a pesar de la «abstención de algún partido», por el PSdeG. «Aunque alcaldes socialistas y algún líder socialista sí están en este proceso», aseguró. «Galicia tiene que defender sus intereses, y puede que sea incómoda para el Gobierno de España, pero plantea con rigurosidad sus reclamaciones», finalizó.

Según el Ministerio de Industria, después de la decisión del Tribunal de Luxemburgo se «despejan totalmente» las barreras que impedían la aplicación del Real Decreto del Carbón y se inicia su puesta en marcha.

Para Industria, el desbloqueo de la aplicación del Real Decreto del carbón permite «caminar hacia la normalización de un sector energéticamente imprescindible» para España y «solucionar los graves problemas sociales que las comarcas mineras han padecido en los últimos meses».

El Tribunal de Luxemburgo anunció su decisión de desestimar la demanda de medidas provisionales de la Xunta de Galicia y de levantar la medidas cautelares concedidas a petición de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa sobre la decisión de la Comisión Europea de autorizar la norma.

El presidente del Tribunal señaló que no se da el requisito de «urgencia» para mantener la suspensión y que el interés de las centrales que usan carbón nacional, de las empresas mineras y de los trabajadores debe primar sobre el de las eléctricas y el de la Xunta de Galicia, que también se personó contra el decreto.

Las eléctricas ya habían anunciado su decisión de retirar, además de la petición de cautelares, todos los recursos que habían presentado contra el Real Decreto que incentiva el consumo de carbón autóctono tanto en los tribunales europeos como en España.

UGT: Luxemburgo ha dado un paso adelante para la normalización del sector minero

La Federación de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT) consideró que la decisión del Tribunal de Luxemburgo que autoriza la puesta en marcha del real decreto que prima la producción eléctrica con carbón nacional, significa un paso adelante para la normalización del sector.

Este sindicato «se congratula de que la justicia europea haya respaldado la lucha que desde nuestra federación hemos llevado a cabo para la defensa del sector de la minería del carbón en nuestro país y la reactivación de las comarcas mineras».

No obstante, UGT se reitera en su compromiso de mantenerse vigilante para garantizar tanto el cumplimiento de los acuerdos pactados en la Comisión de Seguimiento como del desarrollo del Plan de Carbón (plan social, reactivación de las comarcas mineras, etcétera).

Aragón apela a recuperar la normalidad en el sector del carbón

Por su parte, el consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha valorado la decisión de la Unión Europea sobre las ayudas al carbón y ha afirmado que era cuestión de tiempo, y que ahora hay que recuperar la normalidad en las cuencas mineras de Teruel.

Ha afirmado que algo intuían y ha recordado que el Gobierno aragonés ha estado en el proceso desde el mes de septiembre de 2009, al tiempo que ha señalado que en la Comisión Europea cuando tomo la decisión no lo hizo «por capricho».

«Al final, todo es cuestión de tiempo y yo siempre dije que el tiempo nos dará la razón», ha explicado.

«Llevamos desde septiembre del año 2009 con este suplicio de no tener certidumbre sobre el futuro», ha dicho, y ha agregado que a partir de este momento tendrán que centrar sus esfuerzos en el nuevo plan 2012-2018 y el nuevo reglamento.

Alberto Núñez Feijóo ha explicado, en una conferencia de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, que las eléctricas (Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola) han manifestado que retirarán sus recursos contra este mismo decreto cuando han visto «salvaguardados sus intereses», de modo que la Xunta hará lo mismo.

«Todo parece indicar que de momento están salvaguardados los intereses de las empresas pero no -los- de los gallegos», ha dicho Núñez Feijóo, quien ha señalado que el empleo vinculado al sector afecta a 3.500 familias gallegas.

Tanto las centrales gallegas, la Xunta de Galicia y los concellos de As Pontes y Cerceda aseguraron que seguirán adelante con la batalla judicial contra la norma. En este sentido, fuentes oficiales del Gobierno gallego ham destacado que la postura del Ejecutivo autónomo respecto al decreto del carbón «no ha variado» y que permanece abierto a alcanzar un acuerdo, «siempre y cuando se respete y garantice la capacidad de producción de las térmicas gallegas».

Por su parte, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha resaltado que continuarán oponiéndose a la ayuda estatal, «por lo menos, hasta conocer los términos del pacto que han sellado el Ministerio de Industria y las eléctricas».

«Entiendo -ha señalado- que si Endesa recurrió el decreto del carbón fue para defender los intereses del complejo de As Pontes y si ahora lo retira es que ha logrado un acuerdo beneficioso tanto para la empresa como para la central».

Asimismo, José García Liñares, el regidor de Cerceda, el municipio donde está ubicada la térmica de Meirama, ha coincidido en que no piensa en retirar el recurso hasta que reciban las correspondientes compensaciones, como les ha ocurrido a las compañías energéticas. Además, García Liñares ha afirmado que «hubo contactos» con el Gobierno central en este sentido, pero que hasta el momento no se han abierto las negociaciones de una manera formal.

Cuatro meses desde su aprobación, en octubre del pasado año, y tras más de un año de tramitación, los mecanismos para articular el apoyo al sector del carbón nacional están a punto.

Tras el paso de las eléctricas, que pidieron la retirada de las cautelares que bloqueaban la norma en Luxemburgo, la Xunta mostró su disposición a hacerlo después de que Sebastián afirmará que se compensará a las centrales gallegas -adaptadas al carbón de importación-, si finalmente se ven afectadas.

Las dudas están ahora en saber cuándo lo hará la Xunta y en si, además de las cautelares, Gas Natural y Endesa retirarán en el Tribunal de la UE, al igual que ha hecho Iberdrola, los recursos.

Fuentes del sector consideran esta decisión la «más lógica», aunque la retirada del recurso no frena la aplicación directa de las ayudas, tal y como ocurría con las cautelares.

Desde el grupo popular en el Parlamento de Galicia señalaron la disposición de la Xunta a retirar el recurso si se garantiza la libertad de producción de las térmicas gallegas y que no habrá efectos negativos para el sector del transporte y portuario.

Ya con menos obstáculos, el BOE publicó una resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se fijan las cantidades de carbón autóctono a consumir en 2011, el volumen máximo de producción de las centrales afectadas por la norma y la retribución de la energía producida.

Este proceso se produce después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde las eléctricas también habían recurrido la norma, dieran vía libre a la entrada en vigor de las ayudas.

Tanto la Xunta como las eléctricas entendían que el decreto afectaría a las centrales gallegas de Meirama y As Pontes, que funcionan muy por debajo de su capacidad debido a la caída de la demanda y al elevado número de ciclos combinados.

En medio de este proceso judicial, el Gobierno aprobó para el primer trimestre de 2011 una subida de la luz del 10 %, que según el titular de Industria ha sido «inevitable» debido en parte, a la decisión de preservar la única fuente de energía autóctona.

Además, ante el retraso en la aplicación de las ayudas, las grandes compañías mineras españolas presentaron varios expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectaban a la gran mayoría de su plantilla.

No obstante, gracias al acuerdo alcanzado por la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón 2006-2012 se ha aclarado el futuro de estos trabajadores y el de las cuencas mineras.

En el marco de este acuerdo, Industria se ha comprometido a pagar las ayudas de 2011, al tiempo que las empresas asociadas a la patronal Carbunión han hecho lo propio para levantar los ERE que tienen en curso o en tramitación, mientras que los sindicatos han acordado desconvocar las movilizaciones.

A la espera de ver si el Gobierno gallego pone fin a una «batalla perdida», según la ha definido Sebastián, faltan aún dos pasos para que se pueda aplicar el Real Decreto.

El primero, la aprobación por el Consejo de Ministros de una Orden Ministerial que fije, entre otros aspectos, la metodología de cálculo de los derechos de emisión de CO2 y la definición de los procedimientos de operación que guíen al gestor del sistema, Red Eléctrica.