Las centrales de carbón suben del 22% al 39% su factor de carga gracias al nuevo decreto

Además de la entrada en funcionamiento del real decreto, la mejora en el rendimiento de las plantas de carbón se debe a un descenso en la hidraulicidad, que el año pasado había registrado niveles extraordinariamente altos. La hidráulica pasó de funcionar en el primer trimestre de 2010 a ritmos del 40% a hacerlo ahora al 32%.

Las plantas de carbón nacional fueron las únicas instalaciones en mejorar su factor de uso. La eólica, pese a su contribución récord en marzo, trabajó al 30% de su potencial, frente al 34% de hace un año, mientras que la nuclear ha pasado del 89% al 84%, y los ciclos combinados de gas del 31% al 24%.

Por otro lado, Citi constató que la demanda tanto de gas como de electricidad no experimentaron cambios significativos y siguen mostrado una evolución plana debido, a su juicio, a la escasa actividad industrial. «La lenta recuperación industrial impide los aumentos de la demanda», afirmó.

Las centrales de carbón que no aplicaban la normativa rigurosamente «han dejado de hacerlo» según informa la CNE

El consejo de la CNE examinó el «Boletín semanal del mercado de electricidad para la supervisión del mecanismo de restricciones por garantía de suministro« (es decir, del mecanismo por el que se prima al cabrón nacional frente al de importación), correspondiente a la semana del 19 al 25 de marzo de 2011.

En él se analizó el grado de cumplimiento del plan mensual y semanal de funcionamiento de las centrales sometidas al mecanismo por restricciones de garantía de suministro, así como el comportamiento de los agentes. El regulador energético destacó que, en el proceso de recuadre del mecanismo, «no se han programado grupos de carbón de importación con carga inferior a su mínimo técnico».

Asimismo, avanzó con respecto a la semana del 26 de marzo al 1 de abril, que las centrales que utilizaban la condición de ingresos mínimos para dar cumplimiento a la obligación de ofertar al coste variable regulado, «han dejado de hacerlo». Todo ello como consecuencia de la publicación, por parte de la CNE, de un informe en el que advertía de que algunas centrales térmicas de carbón estaban haciendo una «interpretación exclusivamente literal y no rigurosa» del decreto del carbón. Según el regulador, su actuación podría estar suponiendo el incremento del precio del mercado.

Este documento señalaba que estas centrales térmicas presentaban una condición de «ingresos mínimos» que, a efectos prácticos, impedía su casación en el mercado a ninguna hora, incluidas las horas puntas (momento en el que el operador del sistema ordena la entrada de instalaciones más caras, con lo que se eleva el precio del «pool» eléctrico).

Al no casar las plantas de carbón en momentos de mayor demanda, «es necesaria la entrada de centrales más caras en dichas horas y, por tanto, aunque con carácter poco significativo, su actuación podría estar suponiendo el incremento del precio del mercado».

La CNE indicaba en este documento que la condición de ingresos mínimos «cabría en un contexto donde la planta necesitase asegurar unos ingresos mínimos medios tras la casación del mercado diario». Sin embargo, «éste no es el contexto de las centrales» a las que aludía el informe, ya que «sus titulares conocen cuál va a ser la programación diaria» y «cuál es el precio de retribución».

De este modo, y aunque el decreto no prohíbe expresamente la utilización de la condición de ingresos mínimos, la CNE dejaba claro que una «interpretación rigurosa de dicha norma y que tenga en cuenta la finalidad de la misma lleva a la conclusión de que tal opción no es posible».

La CNE advierte de que algunas centrales de carbón usan el nuevo decreto para subir los precios del mercado

En concreto, estas centrales térmicas presentan una condición de «ingresos mínimos» que, a efectos prácticos, impide su casación en el mercado a ninguna hora, incluidas las horas puntas, que es cuando el operador del sistema ordena la entrada de instalaciones más caras y, con ello, sube el precio del «pool» eléctrico.

Al no casar las plantas de carbón en momentos de mayor demanda, «es necesaria la entrada de centrales más caras en dichas horas y, por tanto, aunque con carácter poco significativo, su actuación (de las térmicas de carbón) podría estar suponiendo el incremento del precio del mercado», al hacer una «interpretación exclusivamente literal y no rigurosa» de la norma, aseguró la CNE en un informe sobre el «Análisis de la actuación de algunos agentes en el mercado de producción de electricidad tras la entrada en vigor del Real Decreto 134/2010», es decir, el nuevo real decreto del carbón.

Este decreto incentiva la quema de carbón nacional en nueve centrales térmicas mediante la asignación de unos volúmenes de mineral y de gigavatios. De esta forma, soluciona el problema de las minas de carbón, cuya producción había dejado de ser demandada por las centrales debido al descenso de la demanda eléctrica y a la sobrecapacidad del parque de generación.

La CNE advirtió a las térmicas de carbón de que la figura de «ingresos mínimos» puede utilizarse en un contexto en el que la planta necesite precisamente unos ingresos mínimos tras casar en el mercado, pero el suyo no es el caso, ya que «sus titulares conocen cuál va a ser la programación diaria» y «cuál es el precio de retribución».

En suma, el regulador concluyó que, si bien el decreto no prohíbe expresamente esta figura, una «interpetración rigurosa de dicha norma y que tenga en cuenta la finalidad de la misma lleva a la conclusión de que tal opción no es posible».

Junto a esto, el organismo se ha percatado de algunas centrales que queman carbón de importación se han declarado «indisponibles» durante las horas puntas con el argumento de que sufrían una «indisponibilidad técnica». Ante esta circunstancia, dijo «no tener constancia» de que estas centrales sufran «alguna limitación técnica de capacidad de generación que no les permita participar en el despacho de generación».

Castilla y León está a favor de prolongar hasta el año 2027 la minería del carbón

Tomás Villanueva hizo estas declaraciones a los periodistas y celebró que el Gobierno «rectifique y corrija el error anterior, al aceptar un acuerdo en términos de cerrar la minería en 2018».

«Fue un error porque, teniendo en cuenta el momento energético que vive nuestro país, está determinando con toda claridad que España y Europa necesitan del carbón y de que una parte del mix energético se produzca o genere a través de la combustión del carbón autóctono y la reserva estratégica es fundamental», argumentó.

Al respecto, no se explicó por qué España «de una manera inesperada olvidó que esa era una cuestión importante».

En este contexto, el consejero recordó la trascendencia de «garantizar el suministro energético a un país» y una de las fuentes de producción que lo asegura es la generación del carbón.

Sobre sus costes, Villanueva aseguró que las cifras son «bastante más reducidas de lo que muchos piensan» y respecto a otras fuentes de energía «no hay ni punto de comparación».

Además, aclaró que en la actualidad en España se investigan las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, por lo que «tampoco tendría mucho sentido darse ya por vencidos y se entiende que hay que cerrar la minería en 2018″.

Por ello, insistió que le parece «muy bien» el planteamiento de prolongar la actividad de la minería del carbón hasta 2027, aunque considera que «hay problemas más perentorios que resolver».

En este sentido, se refirió a algunas de las propuestas de Carbunión, según las cuales las empresas que resulten más competitivas «no tengan que devolver las ayudas para continuar su actividad» sin ellas, algo que en su opinión haría «viable el cien por cien de la minería española».

CCOO pide modificar el actual Plan de la Minería del Carbón

El secretario general de Industria del sindicato, Maximino García, anunció su rechazo a la propuesta del Gobierno regional, porque «dinamita definitivamente el Plan General de la Minería 2006-2012 y supone el mayor fraude político cometido a estos territorios y a sus habitantes en el periodo democrático reciente».

Además, señaló que, al contrario de lo que aparenta, no se trata de una chapuza sino de una estrategia que «nada tiene que ver con el empleo» y que persigue, entre otros, desviar una partida de treinta millones de euros para financiar los sobrecostes del soterramiento de Feve en Langreo. «Una obra que no es prioridad del sindicato y que debería costear el Gobierno central», opinó.

En este punto, solicitó al candidato a la Presidencia por el PSOE, Javier Fernández, que respete el Plan de la Minería al igual que el sindicato hace con sus propuestas.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Asturias, Antonio Pino, incidió en que los fondos «no están siendo útiles para el fin que les daba sentido», que era, dijo, «la creación de empleo» y reprochó la falta de transparencia y agilidad en la gestión de los mismos. «No se fija población, ni disminuye el desempleo, ni se recupera el perdido. Tampoco se corresponde el número de empresas creadas con la solidez requerida», afirmó.

Por todo ello, el líder sindical subrayó la necesidad de hacer correcciones para que los más de 280 millones de euros que quedan para el periodo 2010-2012 se destinen a proyectos «que generen empleo y den salida al suelo industrial».

«Este no es el Plan de las grandes infraestructuras de comunicaciones para las Comarcas Mineras; lo contrario sería repetir el objetivo del plan anterior consumiendo enormes recursos económicos», insistió.

La Xunta de Galicia cree que usar carbón nacional sube el coste de la tarifa eléctrica

Javier Guerra hizo estas observaciones en una conferencia de prensa en la que presentó una campaña informativa de la Xunta a los consumidores para informarles de las modificaciones de las nuevas tarifas eléctricas.

«El carbón nacional es más caro y menos eficiente», dijo el conselleiro, quien apuntó que, como consecuencia de ello, «su coste es mayor, y eso va en una parte de la subida de la luz».

«No soy un técnico en la materia pero es bastante lógico que es necesario solucionarlo ya que tiene un coeficiente de rendimiento mucho menor«, apuntó el conselleiro.

Precisó que hay «cálculos de que entre 3 y 4 puntos de la subida de la luz tiene que ver con la entrada de carbón nacional» en el componente de combustible utilizado en las plantas térmicas, como parte de una decisión del Gobierno.

En ese sentido, Guerra observó que, a consecuencia de ello, «después de una subida de la luz a principios de enero, ahora se plantea otra a principios de abril».

El conselleiro indicó que los problemas sobre la aplicación de las tarifas eléctricas representan actualmente un 10 % de las reclamaciones recibidas por el Instituto Gallego de Consumo, un organismo de mediación dependiente de la Xunta, y señaló que el año pasado hubo más de 5.500 demandas.

Para paliar esa situación, Guerra anunció un programa titulado Belenus, del nombre del dios celta de la luz, destinado a facilitar información a la ciudadanía sobre las tarifas de distribución de electricidad.

IU pide prorrogar un año más el decreto del carbón para compensar el retraso

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, registró una proposición no de ley en el Congreso con la que pretende instar al Gobierno a prorrogar un año más, hasta 2015, la vigencia del real decreto que incentiva la quema de carbón autóctono en centrales térmicas «al objeto de recuperar el tiempo que ha tardado en aplicarse».

El texto de la iniciativa expone que las reclamaciones, recursos e impedimentos que han planteado las empresas eléctricas y la Xunta de Galicia «han quedado sin efecto» y «nada hay que impida» la aplicación de la norma, que se aprobó en febrero de 2010.

«En estos momentos hay que adoptar medidas urgentes y coyunturales que den una mínima esperanza a la grave situación socioeconómica que viven las comarcas mineras», alertó Llamazares, quien también recordó que, según el ministro de Industria, Miguel Sebastián, la entrada en vigor del decreto justificaba tres puntos de la subida de la luz del 9,8% producida en enero de 2011.

En este sentido, Llamazares denunció que la tarifa eléctrica se ha incrementado, «pero las centrales térmicas siguen sin consumir carbón nacional», pese a que, según recuerda, el decreto fija que las centrales térmicas recibirían entre 63,6 y 99,94 euros por MWh por quemar el carbón.

«Nada de ello ha ocurrido en el más de un año transcurrido de vigencia del real decreto y, por consiguiente, sus medidas no se han aplicado todavía», remachó el diputado.

Aragón pide que se prorrogue un año el decreto de uso de carbón

Asimismo, la Comisión de Industria de las Cortes de Aragón acordó por unanimidad instar al Gobierno central a prorrogar por un año el real decreto de febrero de 2010 que establecía el empleo de carbón nacional en centrales térmicas a un precio incentivado.

La proposición no de ley de IU, que insta al Ejecutivo regional a dirigirse al central para solicitar la ampliación del plazo, ha contado con el apoyo unánime de la totalidad de grupos políticos, que han considerado «razonable» la propuesta ante el retraso acumulado en su aplicación.

Según la coalición de izquierdas, aunque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, justificó parcialmente el incremento del precio de la tarifa de la luz en el referido decreto, las centrales térmicas no consumieron carbón nacional hasta fechas recientes, a pesar de estar incentivado su uso.

Desde IU se considera que la prórroga del decreto permitiría dar salida tanto al stock acumulado por las centrales como al mineral que se fuera produciendo, «lo que significaría un momentáneo alivio en la dramática situación que viven las comarcas».

El portavoz de la coalición, Adolfo Barrena, incidió en la necesidad de adoptar medidas que permitan resolver la problemática situación que atraviesan las zonas mineras y, en concreto, las Cuencas turolenses.

Los portavoces de los grupos de CHA, PAR, PP y PSOE se mostraron favorables a la propuesta y le han dado su respaldo unánime en la votación

Emed Tartessus prevé reabrir Minas de Riotinto en 2012 tras poder presentar su proyecto

Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, quien, en declaraciones a los periodistas, explicó que a partir de esa resolución jurídica se abre el plazo para que la empresa pueda presentar su proyecto al objeto de que se pueda evaluar desde la perspectiva social, económica y ambiental.

Según puso de manifiesto, la autoridad minera, una vez presentado el proyecto, deberá comprobar su solvencia técnica, económica y medioambiental y poder emitir la pertinente autorización para la explotación de la mina.

Alfonso dejó claro que el interés de la Junta de Andalucía es que se produzca la apertura de la minas al igual que ha sucedido con Aguas Teñidas o Cobre las Cruces, «nadie cuestiona que hay que velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y si el proyecto cumple con todos los requisitos legales, la mina se abriría».

Asimismo, manifestó que desde la administración autonómica se tratará de que los plazos de cada uno de los trámites que hay que seguir a partir de ahora sean «ágiles y que se puedan cumplir cuanto antes».

También, precisó que se le pedirá a la empresa que adopte algún tipo de precaución o aval al objeto de garantizar la actividad y el empleo, ya que «se supedita la viabilidad de la mina o su actividad a algo tan inestable como la evolución de precios en el mercado».

Por último, informó de que la reapertura de la mina ha sufrido un retraso en su apertura según las primeras previsiones que apuntaban a este año, debido a que se confiaba en tener la transmisión de los derechos en octubre de 2010.

La reapertura de la mina de Riotinto se prevé con una plantilla de unos 400 trabajadores y una capacidad de producción de nueve millones de toneladas de cobre. En los trabajos previos la empresa invirtió ya más de 25 millones de euros y cuenta con una ampliación de capital reciente de 19 millones, que también destinará a este proyecto.

El proyecto de Minas de Riotinto tiene una duración inicial de diez años ampliables a 23 y va a suponer una inversión de 211 millones de euros, siete de los cuales se destinan a sondeos para alcanzar ese aumento de su longevidad y en torno a 60 a mejoras y reparaciones de la corta.

Castilla y León, Asturias y Aragón acuerdan recurrir las ayudas europeas al carbón

Las tres comunidades autónomas pretenden eliminar la obligación de cierre de las empresas mineras en 2018 o la devolución de ayudas para aquellas explotaciones mineras que decidan continuar su actividad extractiva sin ayudas más allá de esta fecha.

Asimismo, buscan anular de la misma forma la obligatoriedad de reducir las ayudas para todos los países de la Unión en un 25 por ciento en 2013, un 40 ciento en 2015, el 60 por ciento en 2016, y por último el 75 por ciento en 2017 y que cada estado miembro elija el porcentaje de reducción que se aplique, de acuerdo al grado de reestructuración de su minería

La Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León considera que el Gobierno de España «ha perdido dos momentos importantes para la defensa del carbón nacional». El primero, durante la presidencia española de la Unión Europea, durante el primer semestre del pasado año, que, según sostiene, «hubiera permitido un escenario distinto» de cara a la decisión tomada por la Unión Europea el 10 de diciembre de 2010, en el que se establece el horizonte de 2018 para finalización de las ayudas al sector, pero sólo en el contexto de un plan de cierre.

De la misma forma, asegura que «habría sido deseable que el Gobierno de España hubiera sido el que defendiera el carbón autóctono a través de esta demanda» en lugar de que hayan tenido que presentarla los Gobiernos de Castilla y León, Asturias y Aragón y que coincide en sus planteamientos de la misma con las propuestas del Parlamento Europeo, aprobadas el pasado 23 de noviembre por mayoría.

La demanda que se ha presentado en el Tribunal General de la UE, solicita la anulación del artículo 3.1, letras a, b y f, el artículo 3.3 y el artículo 7, apartados 2 y 3 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo.

Las empresas mineras podrán cobrar las ayudas al carbón para este año por anticipado

El Gobierno decidió modificar la orden que establece las ayudas al carbón y añadir esta opción ante los problemas de liquidez del sector minero y la dificultad de encontrar financiación privada para poder afrontar costes y mantener la actividad y el empleo, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Industria explicó que la interrupción de las compras de carbón de las compañías eléctricas desde junio de 2009 ha privado de los ingresos a los productores y de la liquidez suficiente para afrontar los gastos y los servicios mínimos de mantenimiento.

Para Industria, esta situación, prolongada durante los primeros meses de 2011, empeorará por la necesidad de pagar deudas y financiar circulante en los primeros meses en los que entre en vigor el mecanismo de restricciones por garantía de suministro, que obliga a las eléctricas a comprar y quemar ciertas cantidades de carbón nacional.

Ante esto, y la dificultad para encontrar financiación privada, el Gobierno decidió establecer la posibilidad de un pago parcial anticipado «exclusivamente para 2011» para paliar en parte la situación deficitaria y que las empresas privadas puedan soportar, al menos, los costes imprescindibles para desarrollar la actividad y mantener el empleo. Este pago anticipado podrá cubrir el 80 % del importe de la subvención prevista hasta septiembre.

La normativa que fija las ayudas al carbón autóctono ha estado meses bloqueadas por los recursos presentados por las compañías eléctricas y la Xunta de Galicia en los tribunales españoles y europeos.

Tras el levantamiento en febrero de la suspensión de estas ayudas en el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, Industria puso en marcha los mecanismos para que se empezará a aplicar el Real Decreto que prima el consumo de carbón nacional en las centrales eléctricas y que aprobó en octubre de 2010. Para ello, ya se ha fijado el volumen máximo de producción de las centrales afectadas por la norma y la retribución de la energía producida.

CyL impugnará el reglamento de ayudas al carbón junto a Carbunión y otras CC.AA.

El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, manifestó que la Administración autonómica impugnará en la Unión Europea, ante el Tribunal de Luxemburgo, el reglamento de ayudas al carbón, para lo que consensuará un recurso con las comunidades autónomas de Asturias y Aragón y con la patronal Carbunión.

El objetivo fundamental de la impugnación se centra en que las empresas mineras no tengan que devolver las ayudas recibidas en 2018, ya que el actual reglamento establece que en dicho horizonte las compañías que puedan ser competitivas, podrán continuar con su actividad siempre y cuando devuelvan todas las subvenciones recibidas, algo que a su juicio «contraviene» a la política europea de las ayudas para mejorar la competitividad en otros sectores.

«Nos parece que la minería es imprescindible en este país, la seguridad de la reserva es uno de los principios que no debemos abandonar», recalcó y consideró que en 2018 habrá empresas que sean «perfectamente competitivas», un contexto en el que «no tiene ningún sentido» que tengan que devolver las ayudas recibidas. Por este motivo, lo que se pretende garantizar es la continuidad de las empresas que en ese momento puedan ser rentables y no necesitar ayudas públicas.

Para el consejero de Economía y Empleo, hay «base jurídica suficiente» para poder construir un recurso al reglamento de ayudas al carbón ante los tribunales europeos, motivo por el cual se trabaja en ese sentido.

Además, según indicó Graciano Torre, consejero de Industria del Gobierno asturiano, esta medida es la «espada de Damocles» que pesa sobre las compañías dado que limita las posibilidades de las empresas del sector de alcanzar un horizonte de rentabilidad en el periodo restante hasta 2018.

Torre advirtió de que en el sector del carbón el término «competitivo» es «muy relativo» dada la evolución de los precios de las fuentes de energía.

Así, incidió en que actualmente el precio de referencia internacional se sitúa en 100 euros por tonelada frente a los 116 euros del nacional y la previsión a corto plazo es que el precio del primero siga alza por la subida de precios de petróleo derivada de la inestabilidad en los países productores.

«Es plausible que en las próximas semanas el precio del carbón autóctono sea inferior al del internacional», advirtió el consejero, que consideró además que el plazo impuesto por la Unión Europea para el cierre «lastra» las inversiones acometidas en las empresas mineras para buscar una mayor rentabilidad.

En este sentido, apuntó que las empresas mineras españolas requieren de «enormes inversiones» para garantizar tanto el acceso a nuevas explotaciones como la mejora de su rentabilidad cuyos «retornos» no se producen antes de un periodo de veinte o treinta años con lo que «ningún» empresario podría afrontarlas con un horizonte temporal de cierre de siete años.

A su juicio, dada la incidencia del sector minero en los territorios donde tiene actividad «no es razonable» que desde la Unión Europea se pongan «trabas» a la continuidad de empresas que en 2018 no necesiten ayudas de Estado dado que se trata de una actividad en la que no hay mercado intracomunitario y no afecta por tanto a la competencia.

Torre, que advirtió de que la actual situación geoestratégica en el Norte de África y el Golfo Pérsico no debería ponerse en riesgo la garantía de suministro de la única fuente de energía autóctona de España, rechazó además que se puedan aplicar criterios medioambientales a la decisión de cerrar las minas.

Industria mejorará los pagos por capacidad para retribuir centrales de carbón importado

Según expuso Iberdrola en su «Día del Inversor», estos cambios supondrán mejoras en los ingresos de las eléctricas, en su caso, de 70 millones de euros más al año.

La parte que afecta a las centrales de carbón importado se incluirá en un denominado «servicio de disponibilidad», donde también habrá más compensaciones para los ciclos combinados. Asimismo, Industria mejorará, en el apartado «incentivo a la inversión», los pagos por capacidad de los ciclos combinados.

Desde Industria no dieron más detalles sobre la tramitación de esta norma, en la que están trabajando.

La semana pasada, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya apuntó que el sector estudiaba con el Ministerio de Industria incrementar los pagos por capacidad de los ciclos combinados y que esperaba que la normativa se aprobara «en las próximas semanas».

Las eléctricas venían demandando que se «reconociera» el papel que juegan estas tecnologías, fundamentalmente, los ciclos combinados, como respaldo a las renovables.

La entrada en vigor del Real Decreto del Carbón, que prima el consumo del carbón nacional en las centrales, ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar también la situación de las centrales que queman carbón importado.

Las tres grandes eléctricas españolas Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola se opusieron inicialmente a esta norma al considerar que perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas), que serían expulsadas del mercado.

Finalmente, las eléctricas decidieron retirar todos los recursos que habían presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Una normativa que también recurrió a instancias europeas la Xunta de Galicia al entender que perjudica a las centrales térmicas gallegas de As Pontes y Meirama que están adaptadas para la quema del carbón de importación.