La primera jornada de huelga en el sector de la minería tuvo un «paro total» y cortes en las carreteras

En concreto, según fuentes de Delegación del Gobierno, el tráfico permaneció interrumpido en el kilómetro 118,2 de la A-66, en Pola de Lena; en la AS-242 a la altura de la gasolinera de Villallana; en la A-8, en El Montico, y en la N-632 a la altura de Muros del Nalón. En ninguno de los casos se registraron, sin embargo, incidentes de relevancia.

El paro del jueves contará con una concentración en cada una de las subdelegaciones del Gobierno en las capitales de provincia con actividad minera y el día 31 habrá una manifestación conjunta en Madrid. El acuerdo fue ratificado durante una reunión en Oviedo de los dirigentes de las federaciones de la minería de CC.OO. y de la de industria y trabajadores agrarios (Fitag) de UGT.

Con estas acciones, los mineros exigen al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy que «cumpla con sus compromisos» y dé «un paso atrás» en las transferencias previstas para la minería en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que suponen «la condena del sector» y «el cierre de la actividad», según el secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CC.OO., Juan Carlos Álvarez Liébana.

UGT destacó que las partidas destinadas a la producción de mineral decrecerían un 64% respecto al año anterior, pasando de 703 a 253 millones de euros. En concreto, las ayudas a empresas pasarán de 301 a 111 millones de euros, las de infraestructuras de 167 a 101,6 millones de euros y las de proyectos empresariales de 167 a 39 millones de euros. Asimismo, las partidas para formación y becas caerán de 56 a dos millones de euros y las de seguridad minera, que en 2011 se cifraron en 12 millones de euros, se anulan.

El pasado lunes ocho mineros se encerraron en un pozo de Santa Cruz del Sil (León) para denunciar la situación por la que atraviesa el sector, que según sindicatos y patronal está condenado al cierre si el Gobierno no da marcha atrás y revisa el ajuste presupuestario.

Por otro lado y durante la inauguración de la Feria Genera 2012, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que su departamento está «siempre abierto y dispuesto al diálogo» con el sector del carbón y consideró que «las diferencias hay que arreglarlas con diálogo», en alusión a las movilizaciones de los sindicatos.

En todo caso, recordó que los presupuestos de Industria, Energía y Turismo registraron una «disminución media» del 32% en todas las partidas y que «no hay más recursos que los que están consignados».

El PSOE denuncia que el PP «ha condenado a muerte» a la minería

Por su parte, el diputado socialista por León José Antonio Alonso denunció la «total ausencia de voluntad» del Gobierno por salvar la minería y aseguró que el PP la «ha condenado a muerte» al votar en contra de la reposición de las ayudas al carbón en el Congreso de los Diputados.

Alonso criticó la confirmación del «gran hachazo» a los fondos destinados al sector, que destruirá 5.000 puestos de trabajo en León, hundirá las cuencas mineras y acabará con una fuente autóctona de energía que es «totalmente viable».

A su juicio, la negativa del PP a revisar las ayudas demuestra la «inequívoca voluntad» de los populares de «acabar con las minas».

«Nunca han tenido compromiso de salvar las cuencas y así lo demostraron» al rechazar las enmiendas a los presupuestos generales del Estado, continuó Alonso, quien resaltó que el PSOE luchará «en todos los lugares» para evitar el fin de las cuencas y de los miles de empleo del sector.

CHA pide que Soria comparezca en el Congreso para explicar por qué cancela las ayudas del Plan Miner

El diputado de CHA en el Congreso, Chesús Yuste, ha registrado este martes una petición de comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ante la comisión parlamentaria del ramo para que explique la decisión del Gobierno de cancelar el Plan Miner.

«Lo hago para que informe acerca del contenido y las consecuencias de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Minería del Carbón del pasado 17 de mayo, con la consiguiente ruptura del diálogo del Gobierno con los agentes sociales y la constatación definitiva de falta de continuidad en el Plan de la Minería del Carbón y para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras», añade Chuste.

Y es que, a su juicio, esta decisión supone «un golpe mortal para toda las comarcas mineras, que se quedan sin las necesarias ayudas públicas para construir una alternativa económica viable que cree empleo y fije población en estas zonas», lo que ha llevado a la Izquierda Plural a presentar también enmiendas al presupuesto de 2012 reclamando 390 millones adicionales para infraestructuras, atracción de proyectos empresariales y formación para estas regiones.

Además, IU-ICV-CHA también apoyará las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales en las comarcas mineras para ésta y las próximas semanas, según confirma Chuste en su artículo.

El ministro de Industria recuerda a los mineros del carbón que «no hay sector que pueda escapar» al ajuste

«¿Hay algún sector en España, público o privado, de cualquier unidad de la Administración Pública, que hoy pueda escapar a lo que es el proceso de ajuste presupuestario? No lo hay», afirmó el ministro en respuesta a las reivindicaciones del sector del carbón.

Durante su intervención en un almuerzo organizado por KPMG y Europa Press, el ministro señaló que «todos los ministerios han reducido de manera muy importante su presupuesto» y que, en el caso del de Industria, Energía y Turismo, el recorte fue del 32% en las cuentas de 2012.

«En este contexto, es normal que todos los sectores tengan parte del ajuste», afirmó, antes de señalar que el Gobierno sigue apostando por el carbón autóctono y «sigue habiendo» ayudas, aunque «en menor medida».

Soria apuntó además que el carbón nacional conlleva una partida importante en subsidios y que contribuye a las emisiones de CO2.

Asimismo, recordó que hay un plan europeo para las minas del carbón que se ha cumplido y «se va a seguir cumpliendo».

CC.OO. y UGT convocan cuatro jornadas de huelga

Por su parte, los sindicatos CC.OO. y UGT convocaron cuatro jornadas de huelga en el sector de la minería en protesta por los recortes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan en las partidas dedicadas a esta actividad.

El calendario convocado contempla paros de 24 horas para los próximos días 23, 24, 30 y 31 de mayo en las comarcas mineras. El paro del día 24 contará con una concentración en cada una de las comarcas mineras y el día 31 habrá una manifestación conjunta en Madrid.

Este acuerdo de convocatoria fue ratificado en una reunión en Oviedo de los dirigentes de las federaciones de la minería de CC.OO. y de la de industria y trabajadores agrarios (Fitag) de UGT.

Con todo ello, persiguen reclamar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que «cumpla con sus compromisos» y dé «un paso atrás» en las transferencias previstas para la minería en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que suponen «la condena del sector» y «el cierre de la actividad», según aseguró el secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana.

En este sentido, Víctor Fernández (Fitag-UGT) dijo que en 2012 las partidas destinadas a la producción de mineral recibiría un 64% menos que el año anterior, pasando de 703 millones de euros hasta 253 millones de euros.

En concreto, las ayudas a empresas pasarán de 301 millones de euros a 111 millones de euros, las de infraestructuras de 167 millones de euros a 101,6 millones de euros (-39%) y las de proyectos empresariales de 167 millones de euros a 39 millones de euros (-76,6%). Asimismo, las partidas para formación y becas caerán de 56 millones de euros a 2 millones de euros (-99,96%) y las de seguridad minera, que en 2011 se cifraron en 12 millones de euros, se anularán.

Estos recortes supondrían, según Liébana, «una agresión nunca vista» en el sector minero y lo llevarían «al ostracismo más absoluto». «Esta situación no pretende más que el cierre del sector y condenan a las comarcas mineras al desarraigo social y económico», añadió.

Liébana explicó que la huelga no era la primera opción de los sindicatos mineros, pero, tras la ruptura del diálogo social, se han visto «obligados» a tomar estas medidas. Con ellas pretenden buscar soluciones encaminadas a la pervivencia del sector y, para ello, exigirán al Gobierno «que cumpla sus compromisos».

De lo contrario, estas medidas no se quedarán en estas concentraciones, dijo, ya que están dispuestos a tomar «las decisiones necesarias» para evitar «la defunción» de la minería.

La Comisión del Gobierno rompe las negociaciones de la Mesa del Carbón y los sindicatos se preparan para dar una respuesta social

El secretario regional de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) del sindicato UGT en Castilla y León, Manuel López, calificó la reunión como un «rotundo y estrepitoso fracaso».

López explicó que las primeras palabras de Marti fueron para reafirmar «punto por punto» las declaraciones por las que el ministro de Industria confirmó, hace una semana, la reducción en las partidas que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan para el sector y que, según afirmó la patronal, lo hacen «inviable».

A lo largo de más de cinco horas de reunión, tanto la parte social como los representantes de la patronal Carbunión trataron de demostrar al Gobierno lo que sigue representando el carbón en las cuencas mineras desde el punto de vista económico y social.

Además, expusieron a Fernando Marti que cerrar el sector le cuesta «mucho más» al Estado que mantenerlo abierto y que a las cuencas mineras no se les puede «irrumpir su futuro cortándoles radicalmente su reactivación».

«Hemos intentado argumentar y agotar hasta el último minuto las posibilidades de un acuerdo; quien ha roto y quien ha abandonado la mesa ha sido el propio Gobierno», recalcó López, quien aseguró que el sector minero se encuentra en el peor escenario de los últimos 25 años.

Para el sindicalista, la postura del Gobierno Central demuestra que planteó «una estrategia» desde el punto de vista político con la que pretendieron aprovechar la situación de crisis que vive el país para «cerrar definitivamente» las explotaciones carboneras. «Hoy nos encontramos en un escenario radicalmente distinto de lo que ha sido la historia de la minería desde el punto de vista social, sindical y empresarial de la minería hasta el punto de que abandonaron la reunión dando por rota definitivamente la estructura de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón«, insistió López.

El responsable de la Fitg-UGT en Castilla y León quiso dejar claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy será el único responsable de lo que le pueda pasar a las cuencas mineras, especialmente el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Así, López le acusó de mentir «descaradamente» afirmado que apuesta por el sector cuando lo que está haciendo, según el sindicalista, es poner mecanismos «para su liquidación».

«Lo señalamos a él como primer responsable teniendo en cuenta que, por un lado, está intentado aniquilar un sector que para nosotros sigue siendo muy importante mientras prima los intereses de las petroleras en detrimento del único recurso autóctono que tiene el país«, censuró López.

La parte social emprenderá reuniones informativas para que todos los habitantes y representantes políticos de las cuencas mineras sean copartícipes de la defensa del futuro en lo que podría ser el primer paso para su movilización social.

Así, convocó a sus delegados a una reunión en León en la que se les informará de la situación para, a partir de ahí, elaborar «un calendario de información para los habitantes de las cuencas mineras».

«Lo que salga de ahí saldrá con el acuerdo de todos», zanjó. Por su parte, fuentes de la patronal explicaron que los empresarios se sienten «engañados por el Gobierno y por el Partido Popular» e insistieron en que los recortes supondrán el cierre del sector.

UGT y CCOO exigen al Gobierno que «rectifique»

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, exigieron al Gobierno que «rectifique» y mantenga las ayudas al sector de la minería.

Los líderes sindicales hicieron este anuncio en Ablaña (Mieres), durante un acto para conmemorar los cincuenta años desde la huelga minera de 1962, conocida como «la huelgona».

En su intervención, Méndez señaló que «si se produce ese recorte tan brutal de las asignaciones anuales para la minería provocará un efecto demoledor de práctica afixia de la actividad minera».

Esta medida, según el líder de UGT, afectará a Asturias y a todas las comunidades con actividad, «como Palencia, Teruel y León y en las zonas en las que ya no hay actividad pero hay un compromiso para la reactivación». Además, insistió en que las partidas «estaban comprometidas y se deben de cumplir».

Fernández Toxo señaló que espera que «el exabrupto del Gobierno central no signifique una sentencia definitiva para la minería del carbón en Asturias, en León, en España en general».

A la vez, mostró su «confianza» en que «como en otras ocasiones, la voluntad de los mineros y de la población de las comarcas mineras hará que revierta esta situación y obligará al Gobierno a revocar esta decisión que condenaría a la desaparición de la minería en España». De esta forma, hacía referencia al anuncio de movilizaciones que, paradójicamente, coincide con el aniversario de «la huelgona».

Ponferrada espera que el Gobierno encuentre una solución

El alcalde de Ponferrada (León), Carlos López Riesco (PP), manifestó que el Gobierno de Mariano Rajoy debe «encontrar una fórmula» que permita la supervivencia de la minería puesto que se trata de un sector determinante para la economía tanto del Bierzo como de la Comunidad.

El regidor coincidió con los sindicatos a la hora de señalar que si el Ejecutivo apuesta por el sector del carbón debe dotarlo de fondos suficientes para garantizar su funcionamiento, mientras que si no es así, tienen que elaborar un plan de cierre.

«Lo que no puede ser es ni una cosa, ni la otra», consideró, en declaraciones a los periodistas, López Riesco, para quien es necesario disipar la incertidumbre que azota a la minería y conocer así cuál es su camino de cara al futuro.

En todo caso, el primer edil de la capital berciana se mostró «seguro» de que, de un modo u otro, el Gobierno encontrará una solución que permita mantener la actividad en las cuencas.

En esta línea, el alcalde popular confió en la gestión del consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, de quien dijo que conoce bien al sector.

«El Bierzo no puede asumir en estos momentos una pérdida de trabajo del calibre de la que puede ser en el caso del cierre de las explotaciones», concluyó.

Victorino Alonso (Carbunión) avisa que los recortes a la minería del carbón condenan al sector al cierre

«El tema es muy grave, el tema es que vamos a cerrar», avisó a los medios de comunicación después de participar en una jornada de trabajo convocada por el PSOE de Castilla y León, con cuyo líder, Julio Villarrubia, se reunió.

Alonso explicó que la reducción de en torno a un 63% de las ayudas a la producción que reciben las empresas, así como el hecho de que el Gobierno planee detraer en el presente ejercicio 75 millones de euros correspondientes al año pasado, supone que los empresarios cobrarán tan sólo una de cada tres toneladas de carbón que extraigan.

La situación «no es viable» para el presidente de Carbunión, que pidió al Ejecutivo central que decida si apuesta por el sector o lo cierra.

«Si lo cierra lo tiene que decir para hacer un plan de cierre, y si apuesta por él tiene que dotarlo de medios económicos porque es un absurdo pensar que de tres toneladas, dos las vamos a sacar gratis», apuntó el empresario en declaraciones a los periodistas.

En esta línea, Victorino Alonso insistió en que los empresarios no van a aplicar ni Expedientes de Regulación de Empleo, ni despidos porque no quieren «jugar a no funcionar» para que desaparezca la actividad.

Lo que harán, afirmó, es aplicar una «economía de supervivencia» que implicaría la paralización del 100% de las inversiones, el aprovisionamiento de los suministros «estrictamente necesarios»-como la energía o los explosivos»- así como la aplicación de reducciones salariales proporcionales a los recortes en las ayudas.

«Los despidos los tiene que hacer quien cierre y si cierra el Gobierno que los haga el Gobierno», declaró Alonso, quien avanzó que los servicios económicos de la patronal harán los estudios oportunos para «vivir lo más que se pueda, pero para morirse».

El presidente de Carbunión no confió en que las negociaciones políticas vayan a lograr una salida para el carbón, puesto que, como recordó, Juan Vicente Herrera ya tuvo contactos en este sentido con Mariano Rajoy sin que, por el momento, hayan dado resultados.

«Ya no sé a quién vamos a ir, tendremos que pasar directamente a Obama porque nuestro querido presidente tiene bastantes problemas«, apuntó Alonso.

El presidente de Carbunión y propietario de las empresas Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (UMINSA) relató que en los últimos quince días los bancos «huyen pavorosamente» de las noticias de minería, por lo que las compañías carboneras tienen «liquidez cero», ahogadas también por el retraso de cinco meses en la convocatoria de las ayudas de este año.

Asimismo, censuró el incumplimiento del Plan del Carbón, del que recordó que es un instrumento jurídico formal que todas las partes deben cumplir, por lo que la patronal tiene «jurídicamente derecho» a cobrar las ayudas de forma íntegra hasta el ejercicio de 2012 (incluido).

En esta línea, no descartó demandar al Gobierno por el incumplimiento del Plan, aunque ironizó con la posibilidad de que los empresarios ganen la batalla «igual para 2027».

Los mineros avisan que el sector va a reventar y que la movilización está servida

El presidente del Comité Intercentros de UMINSA, Guillermo Sánchez, ha avisado este lunes de que el sector del carbón «más temprano que tarde va a reventar» y ha asegurado que los mineros no van a quedarse «de brazos cruzados» ante la retirada de ayudas por parte del Gobierno y que la «movilización está servida».

Así lo ha manifestado Sánchez en declaraciones a los periodistas tras reunirse con la dirección del Grupo Alonso, que ha trasladado a sus trabajadores la necesidad de aplicar una reducción salarial, que se fijará en los próximos días y que estará supeditada a las ayudas que finalmente se reciban.

«Nosotros no estamos dispuestos a quedarnos quietos. Si a este Gobierno lo que le apetece es tener gente cortando carreteras, si quiere tener gente como la que tuvimos hace dos años -en alusión a la última marcha minera-, no creo que esa sea la apuesta que hizo el ministro nada más tomar posesión del cargo», ha apuntado.

En este punto, Sánchez ha criticado que el ministro de Industria, José Manuel Soria, se niegue a cumplir con lo estipulado en el Plan del Carbón y que la reducción de ayudas, que se ha cifrado en un 63 por ciento, la van a tener que pagar «entre todos».

Tras afirmar que no tienen «ninguna expectativa» para la reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Carbón del próximo jueves porque «lo que ha dicho el ministro no lo va a desdecir el secretario de Estado», ha confiado en que «algún economista con la cabeza despejada» del ministerio «eche cuentas», ya que quizás se acabe pagando más en gasto social que en ayudas.

«Tenemos enfrente un enemigo terrible pero no nos va a coger con las manos caídas. Este Gobierno que no piense que nosotros vamos a agachar las orejas y se acabó», ha concluido.

Por su parte, el gerente de Grupo Alonso, Gerardo Biaín, ha comentado que la reducción salarial no es, en definitiva, una solución para el sector y ha responsabilizado al Gobierno de llevar a las empresas a «un callejón sin salida» y a la «quiebra».

Ha añadido que va a iniciarse un periodo de consultas con los comités de las empresas del grupo UMINSA y Coto Minero Cantábrico para establecer la reducción salarial y que si no hay acuerdo se irá a un arbitraje.

En relación con posibles despidos, ha sostenido que el Gobierno debe definir su política y que si quiere cerrar la minería del carbón deberá hacerlo mediante un plan, porque «un sector no desaparece de la noche a la mañana», y si no deberá poner los medios económicos, dado que está situación es «inasumible» para las empresas.

«Vamos a hacer todos los esfuerzos por tratar de convencer al Gobierno de que esta medida va a conseguir el efecto contrario de lo que pretende, que lejos de reducir el déficit va a aumentarlo», ha proseguido Biaín, que ha agregado que mientras sigue la negociación con Industria se tomarán medidas «internamente» para que el escenario que se produzca no les coja «por sorpresa».

UGT lamenta que el ministro Soria se «enroque» en retirar ayudas al carbón y deje el sector «sin salida»

El sindicato realizó esta valoración tras la reunión celebrada entre los representantes de UGT, CC.OO. y Carbunión con Soria para valorar la situación del sector.

«La tónica general ha sido la decepción», pues el encuentro «ha transcurrido sin que la Administración se comprometa en lo más mínimo a modificar las partidas de los Presupuestos Generales del Estado relativas al recorte de las ayudas a la minería del carbón», afirmó UGT.

De esta forma, se mantiene «la constancia de cierre de la minería» y el consecuente «deterioro de las comarcas mineras», aseguró el sindicato, antes de lamentar que el ministro se reafirme en la posición del Gobierno de retirar gran parte de las ayudas a la industria minera.

La actual situación «asfixiará a las empresas y por consiguiente a los trabajadores», lamentó UGT, que advirtió de que podría «encenderse la mecha de la conflictividad social en las comarcas mineras».

En todo caso, Soria convocó una nueva reunión con empresarios y sindicatos del carbón para el 17 de mayo, a la que UGT acudirá dipuesto a exigir que se cumpla el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y el Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras.

Para ello, el sindicato reclamó que los Presupuestos Generales del Estado «cumplan su cometido» y «se destinen los suficientes fondos para que las desiguales partidas económicas destinadas a los diferentes conceptos del plan sean las necesarias«.

CC.OO. advierte de que «el conflicto está servido»

Por su parte, la Federación de Industria de CC.OO. advirtió de que el «conflicto está servido» y de que habrá «movilizaciones contundentes» en caso de que el Gobierno no sea capaz de ofrecer una «solución» para el sector del carbón en la reunión prevista para el próximo mes de junio.

El sindicato indicó que, tras la reunión celebrada con el Ministerio de Industria, es necesario que el Gobierno «aclare si apuesta por el futuro del sector» y, si es así, «que ponga los medios necesarios».

El Gobierno debe ser «claro», ya que «no se puede decir que se apuesta por el sector y a la vez mantener unas partidas presupuestarias que lo abocan al cierre», afirmó CC.OO.

Para el sindicato, el Ejecutivo está «condenando al sector del carbón» y «agrediendo a las comarcas mineras» al aplicar un recorte presupuestario a las ayudas al sector.

«Es un ataque frontal que, lejos de perseguir lo que el Ministerio define como la defensa de un sector estratégico para este país, va a conseguir cerrar definitivamente una industria necesaria desde el punto de vista energético e insustituible, al menos de momento, en el marco social y territorial», explicó el responsable de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CC.OO., Juan Carlos Liébana.

Los sindicatos mineros y Carbunión se reunirán con el ministro Soria

El encuentro pretende buscar soluciones y tratar de reconducir el «caos que han provocado en la minería» unos presupuestos que a juicio de los sindicatos son «tremendamente restrictivos».

En este sentido, Comisiones Obreras aprovechará el encuentro para reclamar a Soria la necesidad de «convocar con urgencia una reunión monográfica sobre la industria», al entender que este sector es clave para superar la crisis actual.

La reunión que comenzará a las 8.45 horas, constituye el primer encuentro de trabajo entre el ministro de Industria y tres representantes de la comisión de seguimiento del Plan del Carbón.

Sindicatos mineros no tienen «grandes esperanzas» en la reunión con Soria

Los sindicatos mineros no tienen «grandes esperanzas» puestas en la reunión que mantendrán en Madrid con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y han reiterado su petición de otorgar a la minería «lo que le corresponde», ya que es así como se defiende el sector.

Según ha explicado el secretario de Industrias Extractivas y Política Energética de CC.OO., Augusto Pires, no hay muchas expectativas de cara al encuentro de mañana porque si el ministro tuviera algo que decir habría aceptado la propuesta sindical de reunir a la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón.

Por su parte, el responsable del sector minero de FIA-UGT en Castilla y León, José Manuel Álvarez Maestro, ha expresado su deseo de que José Manuel Soria sea «sensible» con el sector y analice la situación que atraviesa para buscar una solución. No obstante, ha precisado que todo lo que se acuerde en el encuentro de mañana deberá ratificarse en el marco de la Comisión de Seguimiento.

Además, ha señalado que el Plan del Carbón tiene que cumplirse, a pesar de ser consciente de la situación actual del país. «Siempre hemos sido dialogantes y hemos negociado muchas cosas», ha recalcado, al mismo tiempo que ha apuntado que los sindicatos pretenden «salvar» la situación puntual de la minería y posteriormente se podrá hablar de modificaciones o paralizaciones.

Igualmente, ha manifestado que la viabilidad del carbón pasa por unas ayudas que tienen que ser recibidas y el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo para que siga adelante, al igual que se ha hecho con otros sectores, porque a la minería «se le debe mucho».

Finalmente, ha precisado que tras la reunión con el ministro habrá encuentros entre los sindicatos para adoptar las medidas que se estimen oportunas. «Esto es un recorte brutal y las medidas de presión tendrán que ir en el mismo sentido que nos están aplicando», ha subrayado y ha agregado que el sector minero «no está muerto» y si hay que volver a salir a la calle se hará porque los trabajadores se «juegan mucho» y no van a renunciar a ello.

El decreto del carbón costó casi 400 millones de euros en 2011 y disparó en un 35% las emisiones de CO2

Estas cifras aparecieron recogidas en el «Informe anual de supervisión del mercado eléctrico« de 2011 elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en el que además se identificaron prácticas y sobrecostes que encarecerán adicionalmente en 438 millones de euros el sistema eléctrico durante 2012.

En el informe, el regulador indicó que las centrales térmicas quemaron un 79% del volumen máximo de carbón nacional recogido en el decreto del carbón. Para 2012, el volumen máximo anual incluirá 4.866 gigavatios hora (GWh) no producidos en 2011, y solo en enero ya se produjo un 9,3% del total.

El decreto del carbón tuvo tres efectos. En primer lugar, provocó un aplanamiento de precios, esto es, una menor diferencia entre los precios de las horas punta y horas valle. «El efecto negativo de este hecho es la desaparición de la señal de precio que fomenta un consumo eficiente por parte del consumidor», afirmó la CNE.

El segundo efecto es que la entrada «forzada» del carbón en el sistema eléctrico «alteró» el funcionamiento de otras tecnologías como el carbón importado o los ciclos combinados de gas, que se vieron desplazadas. En el caso del gas, esta circunstancia se suma a las tensiones en los mercados durante 2011 e hizo que esta tecnología registrara la mayor caída.

El tercer impacto tiene que ver con las emisiones de CO2. «Se esperaba que no tuviera impacto por sustituir un carbón (nacional) por otro (importado) pero no fue así», afirmó el regulador en alusión al decreto del carbón, antes de lamentar que no se haya cumplido esta previsión.

«Las centrales de carbón importado reducidas por las restricciones recuperan posteriormente gran parte de su programa participando en los mercados de ajuste o reemplazando en intradiarios a otras tecnologías no contaminantes pero más caras», señaló.

Esta circunstancia y el hecho de que las centrales de carbón autóctono hayan desplazado a los ciclos combinados de gas, junto a la reducción de producción hidráulica y eólica, «producjo en 2011 un incremento de las emisiones de CO2 del régimen ordinario peninsular en un 35%», aseguró.

Por otro lado, el decreto identificó sobrecostes adicionales por valor de 438 millones de euros. En primer lugar, señaló que la normativa vigente desde julio de 2009 provoca un descuadre entre la energía programada y la finalmente producida cuyo coste ronda los 100 millones de euros.

En segundo lugar, señaló que la orden ministerial de noviembre del año pasado que revisa los incentivo a la inversión y a la disponibilidad de centrales provocó un incremento en 2012 de esta partida de 338 millonesde euros, que eleva a 846 millones de euros el coste de los pagos por capacidad.

Hunosa reduce el número de sus directores y centraliza todos sus servicios de contratación y compra

Según informó la empresa, el consejo de dirección de la SEPI, accionista universal de la compañía, aprobó la propuesta de cargos realizada por la nueva presidenta, María Teresa Mallada de Castro, la primera mujer que accede a la presidencia de Hunosa.

Así, Hunosa tendrá cinco directores de primer nivel y dos de segundo frente a los cuatro y siete que tenía hasta el momento y las políticas de diversificación minera y generación de empleo alternativo cobran relevancia en el organigrama al convertirse el área de Energía y Nuevos Desarrollos en dirección de primer orden.

La empresa atribuyó este cambio en su estructura a una medida de ahorro y a la reducción de gastos impulsada desde el Gobierno para las empresas públicas estatales y destacó además que, de los siete directivos que integran el nuevo equipo, cinco de ellos son originarios o viven en las cuencas mineras asturianas.

El sector del carbón pide recuperar los fondos mineros y datos de cómo afectarán los recortes en el sector

Antes de reunirse en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón convocada en Industria, representantes de los sindicatos y de la patronal expresaron su confianza en el nuevo Ejecutivo, al que pidieron que resuelva los asuntos más urgentes del sector.

Entre estos puntos está cobrar las ayudas del último trimestre de 2011 y que se publique la convocatoria para 2012, ya aprobada.

El secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CC.OO., Juan Carlos Álvarez, expresó su confianza en consensuar posturas y calificó de «total irresponsabilidad» el fin de los fondos mineros -ayudas al desarrollo de las zonas explotadoras de carbón en compensación por el cese de la actividad- incluido en el Real Decreto-Ley de reformas del pasado 30 de diciembre.

Para Álvarez, estos fondos son el «único» mecanismo que tienen las comarcas mineras para poder subsistir.

El dirigente sindical expresó su deseo de que se recuperen los fondos mineros y de que se conozcan las propuestas con las que el Ministerio de Industria pretende defender y mantener el sector.

Por otra parte, el secretario de Minería de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT (FITAG-UGT), Víctor Fernández, afirmó que la comisión de seguimiento debe ser la única interlocutora para el Plan del Carbón, que el Estado debe mantener para los próximos años.

Por último, el portavoz de Carbunión (la patronal del sector), Gerardo Biaín, manifestó que la situación del sector es «muy preocupante», puesto que las empresas extractoras soportaron la totalidad de los costes de la actividad sin recibir las ayudas del último trimestre de 2011 y además todavía no se convocaron las subvenciones para 2012.

Biaín también pidió un nuevo proceso de negociación con el fin de crear un nuevo Plan del Carbón que se desarrolle a partir de 2013.

El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, presidió la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, donde están representados los sindicatos, los empresarios y la administración.

En este encuentro, el secretario de Estado manifestó la intención del Gobierno de «trabajar en el estudio de los problemas del sector dentro de la actual situación económica y conforme a las futuras directrices del nuevo marco presupuestario para 2012, aún por determinar».

Así, a propuesta de Marti, se acordó celebrar una nueva reunión de la Comisión en la semana de entre el 26 y el 30 de marzo, y una ronda preparatoria previa de contactos de patronal y sindicatos con representantes del Ministerio.

Esta representación ministerial estará encabezada por el gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, «con el fin de concretar las propuestas y prioridades de cada una de las partes que componen la Comisión».

El PP pide que garantice los proyectos de infraestructuras mineras «comprometidos»

Por su parte, el PP registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) con la que pidió al Gobierno que mantenga la financiación para los proyectos de infraestructuras mineras que garantice «el abono de aquellos proyectos de infraestructuras que están formalmente comprometidos y vigentes«.

En el Pleno del Congreso del pasado día 8, el ministro de Industria, José Manuel Soria, fue interpelado sobre la decisión del Consejo de Ministros de eliminar la financiación de infraestructuras mineras en el marco del plan general de austeridad propugnado por el Gobierno central.

En dicha intervención, afirmó que el recorte sería inferior a la cantidad no ejecutada el año pasado y que se priorizarían las partidas «ya comprometidas que tengan perspectivas de finalizar», así como las prejubilaciones.

Además, los votos del PP y los de CiU y UPN impidieron que saliera adelante una propuesta de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para diseñar un nuevo Plan de la Minería del Carbón y para el Desarrollo Alternativo y Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018, que sí respaldó el resto de los grupos.

Lo que quiere el PP es someter a votación su propio texto en la comisión de Industria, pidiendo que se financien los proyectos que están «formalmente comprometidos y vigentes», según rezó el texto.

Igualmente, el Grupo Popular también instó a «seguir garantizando, con independencia del número de beneficiarios, el abono y garantía de las prejubilaciones del régimen especial de la minería», así como a «elaborar un estudio sobre el grado de inserción laboral de las personas beneficiarias de las ayudas a la formación», otro sobre «las causas por las cuales 179 convenios fueron anulados, cancelados o están caducados» y un tercero sobre «las plantillas propias de las empresas mineras y su evolución».

Por su parte, el diputado de Foro Asturias (FAC), Enrique Álvarez Sostres, también registró en el Parlamento una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a que cumpla «en toda su extensión» los acuerdos y cantidades «firmadas y pendientes» de los planes 1998-2005 y 2006-2012.

Además, emplazó al Gobierno a «abandonar sus pretensiones de eliminar la financiación de infraestructuras derivadas por la compensación del cese de actividad en la minería del carbón» y a «garantizar la firma de la adenda de los convenios que quedaron pendientes», que suman 185 millones de euros.

El diputado asturianista también instó a remitir al Gobierno del Principado «a la mayor brevedad» las previsiones en materia de ayudas para la formación y para proyectos empresariales generadores de empleo recogidos en el Plan 2006-2012.

Sostres advirtió por último de que privar a Asturias de las cantidades recogidas en el Plan Miner supondrán «un golpe negativo para los intereses, perspectivas y desarrollo» del territorio, que es el «único con población estancada en la última década, con el segundo peor crecimiento del PIB por habitante, la región peor comunicada por sus infraestructuras paralizadas y con la tasa de población activa más baja» del país.