«Tenemos que rescatar el carbón, origen de la Unión Europea, de la apisonadora de un gobierno de derechas sin ninguna sensibilidad social, que no tiene problemas para negociar el rescate de un sector financiero y abandona a su suerte a la minería», afirmó Muñiz denunció en el Pleno del Parlamento Europeo.
«Pese a que las normativas europeas permiten ayudas para mantener la viabilidad de la minería en España y del resto de los países, el Gobierno las ha suspendido ya este año en el 63 % del presupuesto», algo que pone en peligro al sector, según la eurodiputada.
Los mineros españoles llevan 15 días de huelga indefinida contra los recortes a los fondos públicos destinados al carbón, una reducción que el Gobierno español achaca a la delicada situación económica que atraviesa el país, que se ha traducido en recortes en la mayoría parte de las partidas presupuestarias.
«Tenemos que rescatar a la minería española del carbón de los recortes brutales que la abocan a su desaparición, a las 30.000 familias que dependen de ello, a la actividad productiva en lugares donde las alternativas de laborales no son nadas fáciles», afirmó la eurodiputada.
Un plazo mayor para sustituir el carbón por nuevas actividades
Por su parte, el expresidente del Consejo Económico y Social (CES) Jaime Montalvo apuntó a la necesidad de dar un mayor plazo a las comarcas mineras para buscar un modelo de desarrollo alternativo al de la producción de carbón.
Montalvo apuntó que la situación del sector, que vive una huelga indefinida en toda España, es «complicada» ante el recorte decidido por el Gobierno para las ayudas a la producción.
«No hay duda» de que el futuro de comunidades como Asturias «no pasa por la minería», dijo, pero consideró que los tránsitos «hay que hacerlos de forma que las comarcas afectadas puedan ir activando otros sectores y acaso no se ha hecho suficientemente».
Montalvo aseguró que una ruptura excesivamente «brusca» de la política de apoyo al sector minero que se mantenía hasta ahora «puede tener consecuencias sociales excesivas para lo que puede soportar una región».
«Ojalá que se sienten, vean vías alternativas y se establezcan plazos de más transitoriedad para que el impacto social no sea tan grande», apuntó el excatedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Oviedo tras mostrar su esperanza en que el nuevo Gobierno asturiano presidido por Javier Fernández, «una persona prudente», ayude a buscar «vías de entendimiento».
Asturias hace una «exigencia rotunda» a Soria para que negocie
En este sentido, el Gobierno de Asturias lanzó una «exigencia rotunda» al ministro de Industria, José Manuel Soria, para que negocie con los sindicatos mineros, con quienes el Ejecutivo asturiano comparte el análisis de que el recorte presupuestario al sector supone el cierre inmediato de las minas.
El consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, lo expresó así en la Presidencia del Principado tras una reunión del jefe del Gobierno regional, Javier Fernández, con los secretarios generales de las secciones mineras en Asturias de CCOO y UGT, Maximino García y José Ángel Fernández Villa.
Tras más de dos horas de encuentro, Torre dijo que el Gobierno asturiano está convencido de que si el PP no varía las cuantías económicas para la minería en los Presupuestos para el 2012 el cierre de las minas será inmediato y que esto no es una «afirmación gratuita de los sindicatos», sino que es cierto desde cualquier análisis riguroso.
«Hace un año admitíamos a regañadientes el cierre de minas en 2018, pero no podemos admitir el cierre en 2012», dijo el consejero del Principado.
Asimismo, Torre advirtió al Ministerio de las «acciones incontrolables» en las que puede desembocar la huelga.
El consejero recordó que la directiva europea de diciembre de 2010 imponía el cese de ayudas al carbón en 2018, con un ritmo descendente, que partía en España de los 301,5 millones de 2011 y que tenía que ser de 226,1 en 2013 (el 25% de reducción), de 180 en 2015 (40%), de 120,6 en 2016 (60%) y de 75,3 en 2017 (75%).
Pero los Presupuestos del Estado para 2012 fijan las ayudas en 186,6 millones, menos los 75 ya abonados en marzo correspondientes al último trimestre de 2011, con lo que quedan en 111,6 millones.
«Si para 2016 tendrían que ser 120 millones y para 2012 son 111 la ecuación es bien sencilla», dijo Torre para ver que «estamos ya con datos de reducción para 2017.
Torre reconoció que los Presupuestos mantienen los 320 millones de ayudas a las prejubilaciones, pero para las de este año, sin embargo si la minería cierra son miles los trabajadores que se quedan sin esas expectativas los próximos años.
«Que el Gobierno no se engañe, no es un conflicto por unos puntos arriba o abajo de un convenio, es por la supervivencia», enfatizó Torre, quien señaló que Javier Fernández pedirá una reunión urgente con Soria y espera que le reciba.
Y al PP de Asturias le pidió que contribuya, porque es un problema total de la minería y no de la gestión mejor o peor de los fondos mineros los años anteriores, como es su discurso.
García destacó la «sintonía» con el Gobierno de Asturias y denunció la «posición numantina» del de España, que «puede dar con acontecimientos no deseados» según se intensifiquen las protestas.
Asimismo, García denunció las últimas actuaciones policiales en las que se «machaca» a mineros ya esposados, como con los detenidos en Asturias, con los que los agentes «se han cebado como animales».
«Si creen que van a reprimir así a los mineros se están equivocando», señaló el representante de CCOO, quien dijo que confía en que la sociedad entienda que no es un problema sectorial, sino de las comarcas mineras «y de todo Asturias».
Por su parte, Villa subrayó la coincidencia en el análisis con Fernández, quien conoce la situación de la minería, dijo, incluso mejor que los dirigentes sindicales. Villa consideró que el Gobierno no hace política, sino que echa «un pulso» a la minería para ver quién gana, porque su fin es liquidar este movimiento obrero, y para ello, añadió, «coloca a una parte de la sociedad asturiana contra los mineros».
Castilla y León pide el apoyo al carbón para evitar «consecuencias dañinas»
Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, insistió al Gobierno en la necesidad de mantener el apoyo a la minería del carbón, un sector afectado por un recorte del 63% en los Presupuestos Generales del Estado y cuyo cierre anticipado tendría «consecuencias dañinas».
Así se lo trasladó al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante el encuentro que mantuvieron ambos responsables en Madrid para analizar el nuevo modelo de ordenación del territorio en Castilla y León, entre otros asuntos.
«Me he sentido con la libertad absoluta de decirle lo que ya he trasladado al presidente Mariano Rajoy por escrito», apuntó Herrera para añadir que «hay que seguir manteniendo el carbón» porque no se puede «despreciar uno de los recursos energéticos y autóctonos que quedan».
El jefe del Ejecutivo regional recordó que «de aquí a 2018», año en que la normativa europea establece el fin de las ayudas al carbón, «queda mucho» por lo que reivindicó que se continúe ayudando a las explotaciones.
«Nos parece razonable el escenario decreciente de apoyos públicos que plantea la Unión Europea que es más suave que los recursos incorporados en los presupuestos para este año», subrayó Herrera.
Además, recordó que las Comunidades de Asturias, Aragón y Castilla y León ya presentaron un recurso y seguirán insistiendo a las instancias europeas «para cambiar aquellos aspectos perversos del reglamento europeo» puesto que, a su juicio, «las consecuencias de un cierre anticipado serían más dañinas».
El jefe del Ejecutivo regional explicó que las razones que trasladó al ministro «no han determinado ningún cambio» y éste les planteó el marco restrictivo de los recursos disponibles.
