CC.OO. estima que el cierre de la minería del carbón nacional obligaría a realizar una inversión total de 4.500 millones de euros

Así, cambiar la caldera de las centrales exige más de un año de parada y un desembolso que puede rondar los 300 millones de euros, según indicó el sindicato.

Además, subrayó que la actividad minera tiene una notable repercusión en las arcas del Estado, así como en las cuentas de otras empresas, como las eléctricas, y que por cada euro que se otorga a la minería del carbón se reciben otros tres euros en cargas fiscales (IRFP, IVA, impuestos de sociedades), coberturas sociales (seguridad social de empresas y empleados) rentas y compra de bienes y servicios.

Asimismo, CC.OO. estimó que el gasto social (paro, bajas incentivadas y prejubilaciones) que generaría la salida del mercado laboral de quienes trabajan en el sector, rondaría los 350 millones anuales.

El sindicato consideró así «preocupante» que la decisión del Gobierno de dar «un hachazo» a la minería del carbón tenga como objetivo «los acuciantes problemas económicos y no valore los perniciosos efectos que su política tendrá en el futuro de la energía y de la industria española».

Goldman Sachs almacena miles de toneladas de carbón en Gijón para especular, según dicen IU y UPyD

En sendas preguntas dirigidas al Gobierno, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, y la diputada de UPyD Irene Lozano afirmaron que Goldman Sachs está ocupando varios almacenes del muelle norte de la ampliación de El Musel con 156.300 toneladas de carbón importado de Colombia.

«Se sospecha que Goldman Sachs está intentando colocar esta materia prima a las empresas eléctricas españolas, y que el verdadero motivo del acaparamiento es especular con su precio –vendiendo a unos 100 euros la tonelada, que actualmente cuesta 60 euros– ante la expectativa de que se produzca la anunciada crisis de escasez de carbón en Europa», aseguró la diputada de la formación magenta. Un argumento con el que coincidió Llamazares, que habló de una operación de venta «especulativa» en el mercado de futuros que generará al banco inversor «grandes beneficios».

Además, Lozano recordó que la ampliación del puerto gijonés ha costado hasta la fecha 700 millones de euros a las arcas públicas, y que la Autoridad Portuaria «no ha hecho públicas las condiciones de la operación, ni el precio a pagar por almacenar la mercancía ni si existe aplazamiento en el pago del IVA».

Por todo ello, la diputada preguntó al Gobierno si «se está usando la ampliación de El Musel como base para la especulación con el precio del carbón» y si va a aplicar alguna medida para que «las empresas eléctricas que reciben dinero público no compren carbón proveniente de una operación especulativa».

En la misma línea, Llamazares alertó de que Colombia, país de procedencia de la mercancía almacenada, tiene unas condiciones de trabajo que «no respetan los mínimos exigibles de acuerdo a los convenios internacionales» y pregunta al Ejecutivo «qué medidas piensa adoptar para garantizar que el mencionado carbón de importación cumpla con toda las garantías de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la edad y las condiciones laborales de los trabajadores».

Además, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), criticó que el Gobierno permita esta operación mientras «incumple el Plan del Carbón, cuestionando con ello a buena parte de la minería española, lo que ha proporcionado grandes movilizaciones de los trabajadores mineros», y se interesó por conocer la «relación entre la acumulación de carbón importado y los recortes a las explotaciones españolas y la previsible escasez de carbón propio».

En este sentido, aprovechó otra pregunta dirigida al Ejecutivo para saber «a cuánto asciende la cuenta de gastos en dietas, desplazamiento, alojamiento, etc., de las fuerzas de orden público destinadas a las comarcas y regiones mineras, así como a la Marcha Negra a Madrid, desde el inicio del conflicto» con el sector, dado que los recortes «unilaterales» a las ayudas se justifican en que «no hay margen de maniobra» para cumplir el objetivo de déficit.

«La restricción presupuestaria se relaja si se trata de medios humanos y material antidisturbios para reprimir las movilizaciones mineras de protesta», ironizó el diputado, preguntando concretamente cuánto costó el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en concepto de material (pelotas de goma, gases lacrimógenos, etc.) como de personal.

Asimismo, reclamó información sobre el balance de detenidos y heridos en las movilizaciones y denuncias, así como sobre las instrucciones que recibieron las fuerzas antidisturbios para hacer frente a las protestas.

Goldman Sachs almacena miles de toneladas de carbón en Gijón para especular, según dicen IU y UPyD

En sendas preguntas dirigidas al Gobierno, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, y la diputada de UPyD Irene Lozano afirmaron que Goldman Sachs está ocupando varios almacenes del muelle norte de la ampliación de El Musel con 156.300 toneladas de carbón importado de Colombia.

«Se sospecha que Goldman Sachs está intentando colocar esta materia prima a las empresas eléctricas españolas, y que el verdadero motivo del acaparamiento es especular con su precio –vendiendo a unos 100 euros la tonelada, que actualmente cuesta 60 euros– ante la expectativa de que se produzca la anunciada crisis de escasez de carbón en Europa», aseguró la diputada de la formación magenta. Un argumento con el que coincidió Llamazares, que habló de una operación de venta «especulativa» en el mercado de futuros que generará al banco inversor «grandes beneficios».

Además, Lozano recordó que la ampliación del puerto gijonés ha costado hasta la fecha 700 millones de euros a las arcas públicas, y que la Autoridad Portuaria «no ha hecho públicas las condiciones de la operación, ni el precio a pagar por almacenar la mercancía ni si existe aplazamiento en el pago del IVA».

Por todo ello, la diputada preguntó al Gobierno si «se está usando la ampliación de El Musel como base para la especulación con el precio del carbón» y si va a aplicar alguna medida para que «las empresas eléctricas que reciben dinero público no compren carbón proveniente de una operación especulativa».

En la misma línea, Llamazares alertó de que Colombia, país de procedencia de la mercancía almacenada, tiene unas condiciones de trabajo que «no respetan los mínimos exigibles de acuerdo a los convenios internacionales» y pregunta al Ejecutivo «qué medidas piensa adoptar para garantizar que el mencionado carbón de importación cumpla con toda las garantías de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la edad y las condiciones laborales de los trabajadores».

Además, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), criticó que el Gobierno permita esta operación mientras «incumple el Plan del Carbón, cuestionando con ello a buena parte de la minería española, lo que ha proporcionado grandes movilizaciones de los trabajadores mineros», y se interesó por conocer la «relación entre la acumulación de carbón importado y los recortes a las explotaciones españolas y la previsible escasez de carbón propio».

En este sentido, aprovechó otra pregunta dirigida al Ejecutivo para saber «a cuánto asciende la cuenta de gastos en dietas, desplazamiento, alojamiento, etc., de las fuerzas de orden público destinadas a las comarcas y regiones mineras, así como a la Marcha Negra a Madrid, desde el inicio del conflicto» con el sector, dado que los recortes «unilaterales» a las ayudas se justifican en que «no hay margen de maniobra» para cumplir el objetivo de déficit.

«La restricción presupuestaria se relaja si se trata de medios humanos y material antidisturbios para reprimir las movilizaciones mineras de protesta», ironizó el diputado, preguntando concretamente cuánto costó el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en concepto de material (pelotas de goma, gases lacrimógenos, etc.) como de personal.

Asimismo, reclamó información sobre el balance de detenidos y heridos en las movilizaciones y denuncias, así como sobre las instrucciones que recibieron las fuerzas antidisturbios para hacer frente a las protestas.

CCOO pide a las empresas mineras que no hagan pagar a los empleados los recortes del 63% del Gobierno

El sindicato entendió que las empresas mineras deberían hacer un esfuerzo por intentar mantener el empleo «en un momento en el que el Gobierno ha decidido estrangular al sector y por no abocar a los trabajadores a una situación económica aún más difícil tras una huelga de más de dos meses».

Así, lamentó que determinadas empresas que defendían retomar la normalidad y la incorporación de los trabajadores al tajo, «respondan con ajustes de plantilla en el peor momento posible», como por ejemplo el despido de 48 trabajadores de una de las subcontratas de la Hullera Vasco Leonesa.

Tras comprender la «delicada» situación por la que atraviesan las empresas del sector, indicó que ésta «no lo es menos que la de unos trabajadores que durante más de dos meses no han llevado sueldo alguno a sus casas por defender el sector del que forman parte».

De esta manera, CCOO consideró fundamental poder desarrollar el plan social que contempla el Plan General de la Minería del Carbón, del que una parte sustancial son las recolocaciones en el sector, aunque para poder abordar esa negociación cree «necesario que se despejen de inmediato las incertidumbres de presente y de futuro que pesan sobre las explotaciones mineras».

CCOO pide a las empresas mineras que no hagan pagar a los empleados los recortes del 63% del Gobierno

El sindicato entendió que las empresas mineras deberían hacer un esfuerzo por intentar mantener el empleo «en un momento en el que el Gobierno ha decidido estrangular al sector y por no abocar a los trabajadores a una situación económica aún más difícil tras una huelga de más de dos meses».

Así, lamentó que determinadas empresas que defendían retomar la normalidad y la incorporación de los trabajadores al tajo, «respondan con ajustes de plantilla en el peor momento posible», como por ejemplo el despido de 48 trabajadores de una de las subcontratas de la Hullera Vasco Leonesa.

Tras comprender la «delicada» situación por la que atraviesan las empresas del sector, indicó que ésta «no lo es menos que la de unos trabajadores que durante más de dos meses no han llevado sueldo alguno a sus casas por defender el sector del que forman parte».

De esta manera, CCOO consideró fundamental poder desarrollar el plan social que contempla el Plan General de la Minería del Carbón, del que una parte sustancial son las recolocaciones en el sector, aunque para poder abordar esa negociación cree «necesario que se despejen de inmediato las incertidumbres de presente y de futuro que pesan sobre las explotaciones mineras».

CCOO anuncia movilizaciones en septiembre en el sector del carbón

En un comunicado, el sindicato ha recordado que la finalización de la huelga indefinida fue uno de los acuerdos que adoptaron los sindicatos este jueves, además de apostar por el regreso de los mineros al tajo.

Por ello, ante la vuelta a los puestos de trabajo, CCOO exige que se extremen las precauciones y se pongan en marcha en todos los pozos protocolos de actuación que garanticen la seguridad de los mineros. «Deben llevarse a cabo las labores de preparación que sean necesarias para evitar poner en peligro la integridad física de las personas» remachan los representantes de los trabajadores.

Al tiempo, la Federación de Industria de CCOO llama a los delegados mineros de seguridad y a los miembros de los comités de seguridad e higiene, a que durante estos primeros días pongan «la máxima atención para» que en todos los puestos de trabajo se cumpla con las medidas de seguridad.

Los mineros vuelven al trabajo pensando en un calendario de movilizaciones

Los mineros asturianos han vuelto al trabajo en una jornada de «normalidad», tras más de dos meses de huelga, y con la vista puesta en «un nuevo calendario de movilizaciones que persigan el objetivo inicial» que no es otro que lograr que el Gobierno corrija su posición respecto al recorte de las ayudas a la minería.

Así lo ha manifestado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Maximino García, que ha participado en la movilización celebrada frente a la Delegación del Gobierno, en Oviedo, contra los ajustes y las políticas de recortes del Ejecutivo de Rajoy.

García ha resaltado que «hay total sintonía entre sindicatos y trabajadores» y ambos entienden que es necesario que los trabajadores retomen su fortaleza que se estaba debilitando con la huelga indefinida.

Ha manifestado que el sector de la minería será «uno más» en las protestas previstas por parte de otros sector y de la ciudadanía en general para el próximo mes de septiembre, pero además pensará en protestas concretas con un nuevo calendario de movilizaciones.

CCOO anuncia movilizaciones en septiembre en el sector del carbón

En un comunicado, el sindicato ha recordado que la finalización de la huelga indefinida fue uno de los acuerdos que adoptaron los sindicatos este jueves, además de apostar por el regreso de los mineros al tajo.

Por ello, ante la vuelta a los puestos de trabajo, CCOO exige que se extremen las precauciones y se pongan en marcha en todos los pozos protocolos de actuación que garanticen la seguridad de los mineros. «Deben llevarse a cabo las labores de preparación que sean necesarias para evitar poner en peligro la integridad física de las personas» remachan los representantes de los trabajadores.

Al tiempo, la Federación de Industria de CCOO llama a los delegados mineros de seguridad y a los miembros de los comités de seguridad e higiene, a que durante estos primeros días pongan «la máxima atención para» que en todos los puestos de trabajo se cumpla con las medidas de seguridad.

Los mineros vuelven al trabajo pensando en un calendario de movilizaciones

Los mineros asturianos han vuelto al trabajo en una jornada de «normalidad», tras más de dos meses de huelga, y con la vista puesta en «un nuevo calendario de movilizaciones que persigan el objetivo inicial» que no es otro que lograr que el Gobierno corrija su posición respecto al recorte de las ayudas a la minería.

Así lo ha manifestado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Maximino García, que ha participado en la movilización celebrada frente a la Delegación del Gobierno, en Oviedo, contra los ajustes y las políticas de recortes del Ejecutivo de Rajoy.

García ha resaltado que «hay total sintonía entre sindicatos y trabajadores» y ambos entienden que es necesario que los trabajadores retomen su fortaleza que se estaba debilitando con la huelga indefinida.

Ha manifestado que el sector de la minería será «uno más» en las protestas previstas por parte de otros sector y de la ciudadanía en general para el próximo mes de septiembre, pero además pensará en protestas concretas con un nuevo calendario de movilizaciones.

Los sindicatos piden a los mineros que vuelvan al trabajo mientras preparan nuevas movilizaciones

El secretario general de la Federación de Industria de CC.OO., Felipe López, explicó que ambas formaciones llamarán a la vuelta a la actividad a las empresas mineras, y anunció que, dentro de unos días, convocarán el nuevo calendario de movilizaciones, tras el fracaso de la reunión que mantuvieron este miércoles la Comisión de Seguimiento del Carbón.

«Durante estos meses hemos hechos muchas propuestas al ministro de Industria, José Manuel Soria, y volvimos a presentar otra que implicaba flexibilidad, garantizaba el empleo y no alteraba los presupuestos de 2012, pero el Gobierno no nos ha escuchado. Por eso, hemos llegado a la conclusión de que como estamos ante un conflicto de larga duración, necesitamos otro tipo de movilizaciones«, afirmó.

Por este motivo, los dos sindicatos destacaron que este «parón» no significa que se abandonen las movilizaciones, «sino que se trata de asumir que el escenario es diferente, ya que el Ejecutivo pretende llegar a matar el el problema por la vía del desgaste, y eso no va a ocurrir».

«Vamos a gobernar nosotros este conflicto, no ellos. Si piensan que después de las últimas actuaciones que han llevado a cabo vamos a entrar al trapo, se confunden», subrayó López, quien afirmó que el problema de la minería «va a estar en la agenda permanente del país y va a confluir con todas las movilizaciones que se hagan».

La intención de los sindicatos es continuar reuniéndose para darle «aire nuevo» a las actuaciones que van a llevar a cabo. «Si alguien piensa que esto va a acabar aquí, está absolutamente equivocado», subrayó Víctor Fernández, secretario general de Fitag-UGT, quien tachó a Mariano Rajoy, José Manuel Soria, y al secretario de Estado de Industria, Fernando Martí de «mentirosos y humilladores» y de no querer solucionar el conflicto.

Según UGT, «el sector va a recargar las pilas para ponerse, una vez más, en una movilización indefinida hasta que este Gobierno admita que ha perdido la razón». «No vamos a parar hasta que el Gobierno ceda en sus intenciones de cerrar el sector de la minería del carbón», afirmó el secretario general de Fitag-UGT.

«Hemos asumido que estamos ante una situación diferente y necesitamos otras acciones; necesitamos oxigenarnos y seguir en otra línea. Por eso, pondremos fin a una serie de proyectos, pero pondremos en marcha otros en los próximos días», dijo Fernández.

Ambas organizaciones sindicales denunciaron la actitud del Ministerio de Industria, que durante el encuentro del miércoles planteó que no tenía capacidad para llegar a acuerdos que solucionen el conflicto de la minería y pidió al sector que plantee una nueva propuesta por escrito.

Fernández recalcó que el sector minero «no va a parar hasta que el Ejecutivo ceda en sus pretensiones de cerrar la minería del carbón, de destruir puestos de trabajo y de convertir las comarcas mineras en guetos». Para CC.OO., la postura adoptada por Industria en la reunión de supone «la mayor humillación sindical que ha ocurrido en muchos años».

Para López, «esto demuestra la falta de voluntad y la existencia de una apuesta política clara por parte del Gobierno que no tiene nada que ver con las justificaciones económicas ni con las restricciones presupuestarias, ni con las posiciones de la Unión Europea». «Es una decisión que camina inexorablemente hacia la destrucción de la minería«, destacó.

Así, Fitag-UGT y la Federación de Industria de CC.OO. se negaron a volver a enviar una propuesta escrita al Ministerio de Industria, «porque eso ya se ha hecho y no ha servido de nada», e insistiern en que «si quieren negociar a través del carteo, que manden ellos la primera carta».

Víctor Fernández criticó que el Ministerio de Industria les pida que realicen una nueva propuesta para la solución del conflicto por escrito «cuando los dos sindicatos han presentado ideas viables y que no suponían variaciones en los presupuestos de 2012, aún destruyendo empleo en la minería».

En su opinión, esto responde a una estrategia del Ejecutivo para acabar con la unidad entre UGT y CC.OO. «Que no se equivoque nadie, porque la unidad entre estas dos centrales no la van a romper», aseguró Fernández.

En la misma línea se mostró el secretario general de Industria de CC.OO., quien consideró que el Gobierno tiene un plan para acabar con la sintonía entre ambas formaciones «porque son interlocutores incómodos». «Buscan a alguien más cercano a sus posiciones. Posiblemente estén acariciando la idea de llegar a un acuerdo con alguien que asuma los planeamientos de cierre, que es su pretensión final», aseveró López.

Además, el dirigente de Fitag-UGT avisó de que lo que está ocurriendo en el sector del carbón «acabará sucediendo en todo el país», pues considera que «es la forma de operar de este Gobierno». «Si hay que hacer las cosas, que se hagan, pero con valentía y la verdad por delante», reclamó.

Concluye sin acuerdo la reunión de la Mesa de Seguimiento del Carbón

Según explicó a los medios de comunicación al término de la reunión Victorino Alonso, jefe de la patronal de Carbunión, el encuentro no sirvió para acercar posturas entre las partes debido a la «falta de racionalidad» del Gobierno. Según Alonso, las partes se volverán a reunir en septiembre u octubre.

Los sindicatos señalaron antes de la reunión que este encuentro era «un elemento necesario para la solución del conflicto», al entender que la Comisión era el «órgano legitimado para dar solución al problema al que se enfrenta la minería».

El Ministerio, los sindicatos y la patronal se reunieron con el objetivo de desbloquear un conflicto que mantienen los trabajadores de las comarcas mineras en huelga desde el pasado mes de mayo.

En la reunión, presidida por Fernando Marti, secretario de Estado de Energía, se trataron cuestiones de tipo general, como el hecho de que ya se están librando las ayudas a los proyectos empresariales y de infraestructuras y que se librarán las prejubilaciones que se están tramitando, informó el Ministerio de Industria.

Industria insiste en que tiene «nulo margen de maniobra»

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo insistió en que tiene «nulo margen de maniobra» para elevar las partidas de ayudas al sector del carbón y conminó a los representantes de sindicatos y empresas a que presenten por escrito sus propuestas que ayuden a «acelerar el diálogo» entre las partes.

Según explicó el Ministerio, el encargado de trasladar esta petición fue el secretario de Estado de Energía al término de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del carbón solicitada por los sindicatos, y que finalizó sin acuerdo.

Durante la reunión, Fernando Marti, reiteró que la situación presupuestaria actual da «nulo margen de maniobra» para elevar la partida de ayudas destinada a las empresas del sector de la minería del carbón, tal y como volvieron a solicitar los participantes de la Comisión de Seguimiento.

El secretario manifestó que las ayudas a los proyectos empresariales, infraestructuras y las ayudas destinadas a la formación «ya se están pagando y que las ayudas a las empresas y partidas destinadas a prejubilaciones se han acelerado en su tramitación», partidas todas ellas incluidas en el presupuesto de 656 millones de euros destinado al conjunto del sector del carbón en 2012.

Con vista a agilizar el diálogo con el sector, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo también instó a sindicatos y patronal empresarial a presentar por escrito propuestas concretas que, prometió, «serán examinadas y contestadas, con el fin de avanzar en este proceso de diálogo y alcanzar futuros acuerdos».

Tras esta petición y, según el Ministerio, al no haber respuesta por el resto de miembros de la Comisión de Seguimiento, el secretario de Estado dio por concluida la sesión a la espera de que envíen sus propuestas.

El ministro de Industria valora el «cambio» de los sindicatos y la patronal ante el recorte del carbón

Soria aseguró que la visión que tenían desde hace meses trabajadores y empresarios era que el Gobierno «tenía algún margen de maniobra para 2012», algo que no sucede, debido a los objetivos de déficit público y a las «tremendas» restricciones presupuestarias para todo el Ejecutivo.

«En otras ocasiones, sí existía margen, pero en el año 2012 tenemos una situación que nunca antes se había dado en España«, añadió el ministro, quien destacó que la reducción media de los presupuestos de los ministerios ha sido del 16,9%, aunque, en el caso de su departamento, la rebaja ha alcanzado el 32%.

Esta miércoles se produjo una reunión de la comisión de seguimiento del Plan del Carbón, en la que el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, tratará la situación del sector con la patronal del carbón, Carbunión, y con los representantes de los sindicatos CCOO, UGT y USO, que se sumó a estas rondas de conversaciones.

Los trabajadores del carbón se declararon en huelga indefinida en mayo y cumplen 66 jornadas de paros -salvo los aragoneses que volvieron al trabajo- en las que protestaron contra los recortes en las ayudas a las empresas, que alcanzan el 63%, según los sindicatos.

Sin embargo, Soria destacó que el total de las partidas presupuestarias para el carbón de este año -que contemplan ayudas a empresas y planes de prejubilaciones, de formación y de infraestructuras para las cuencas mineras- asciende a 656 millones de euros, una reducción del 13% en comparación con los fondos ejecutados el año pasado.

Soria afirmó que «desde hace ya algún tiempo», Industria venía haciendo llamamientos a las partes para que se sentaran a negociar el Plan del Carbón 2013-2018.

Asimismo, indicó que la Unión Europea marcó ese año, 2018, como fecha para que finalice la actividad de aquellas explotaciones carboníferas que hayan recibido ayudas públicas.

«Vamos a hablar de cuáles deben ser los procedimientos y las cuantías a distribuir entre 2013 y 2018, pero con la finalidad de que realmente sirvan en esta ocasión para reconvertir las comarcas mineras, tal y como sucedió en el País Vasco con la reconversión industrial brutal que hubo en los 80″, subrayó.

El ministro puso a esta comunidad autónoma como ejemplo del cambio de rumbo de la actividad mediante la creación de parques tecnológicos, en los que han surgido empresas que están aportando valor a su economía en la actualidad. «Eso es lo que deberíamos ser capaces de articular entre 2013 y 2018, eso es lo que les proponemos», reiteró.

Soria recordó que se destinaron 24.000 millones de euros desde 1990 al sector del carbón, entre los que se incluyen ayudas a la explotación y planes de prejubilaciones y de formación, así como programas de infraestructuras en las comarcas mineras.

«En mi opinión, lo que hay que preguntarse es si este tipo de obras que se han hecho en las comarcas realmente han ido en la dirección de reactivar la economía en otro tipo de actividades. Da la impresión de que no, a la luz de las protestas que hemos visto, luego eso hay que volver a encauzarlo», aseguró.

El titular de Industria también resaltó que, desde 1990, se dieron ayudas a las empresas del carbón por importe de 5.200 millones de euros y que, en los últimos años, el 48% de los trabajadores del carbón que se han prejubilado lo han hecho a una edad de entre 47 y 48 años, con unas percepciones promedio superiores a 2.000 euros.

«Para el año 2012, la prioridad es el capítulo de las prejubilaciones. De los 656 millones en partidas para el carbón, algo más de 300 millones son para prejubilaciones«, resaltó Soria.