El ministro de Industria niega que el Gobierno haya adelantado el fin de las ayudas directas al carbón

Soria explicó que el decreto de restricciones de garantía de suministro, aprobado en 2010, establecía como fecha límite de estas ayudas el 31 de diciembre de 2014, si bien la norma establecía que esa fecha «podía adelantarse».

«Pero el Gobierno lo que ha decidido es no adelantarla y dejar ese límite en el 2014«, insistió el ministro en declaraciones a la cadena radiofónica Onda Cero.

El pasado lunes, el consejero asturiano de Economía y Empleo, Graciano Torre, denunció, tras un encuentro con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que el Gobierno no iba a prorrogar el mencionado decreto, por el que se incentiva la quema de carbón nacional en las centrales térmicas.

Torre expresó entonces su «desolación» por esta decisión del Gobierno al entender que supondrá «el cierre de la minería». También indicó que Nadal le comunicó el fin de las ayudas a la producción del carbón también en 2015.

El PSOE insta al Gobierno a que diga si quiere cerrar la minería

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Jesús Gutiérrez, acusó al ministro de Industria de «mentir» a los ciudadanos en todo lo relacionado con la minería del carbón. «Si este Gobierno quiere cerrar la minería, que lo diga a las claras, que no engañe», comentó en unas declaraciones distribuidas por el partido y que realizó en el municipio de Morcín.

«Este ministro miente con facilidad, y además con crudeza inusitada», señaló. Se refirió así a las manifestaciones de Soria, quien viene explicando estos días que es un decreto de 2010 e que establece en 2014 el fin de las ayudas al consumo de carbón autóctono.

Gutiérrez insistió en que si Soria tuviese de verdad «voluntad política» con el sector, como la tenía el anterior Gobierno socialista, prorrogaría el mencionado decreto.

El dirigente socialista recordó que cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó aquel decreto para incentivar el consumo de carbón nacional se encontró con la oposición de empresas como Endesa o Iberdrola, además de la del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien «entendía que perjudicaba los intereses de su tierra porque sus centrales sólo estaban preparadas para el carbón de importación».

Gutiérrez advirtió al PP que el «cabreo» en el sector de la minería del carbón es «monumental». Y cree que la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, puede «salir caliente» de la reunión que mantendrá con los sindicatos mineros.

UGT y CC.OO. auguran «conflicto» en la minería

Asimismo, los responsables de minería de UGT y CC.OO. acudirán con actitud dialogante al encuentro que mantendrán el próximo 5 de febrero con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para tratar la situación del carbón, pero advirtieron de que habrá «conflicto» en caso de que el Gobierno pretenda «finiquitar» el sector.

«Vamos a darnos el margen de llegar a la reunión con tranquilidad, pero estamos preocupados con lo que está aconteciendo», afirmó el responsable de minería de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, en rueda de prensa, antes de advertir de que, «si el escenario que plantea el Gobierno es el de finiquitar el sector, va a haber conflicto».

Álvarez Liébana, que compareció en la sede de su sindicato ante los medios junto a su homólogo de minería en UGT, Víctor Fernández, indicó que ambas centrales pedirán en su reunión con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, un desbloqueo «inmediato» las ayudas de 111 millones de euros al sector en 2012, así como una «rectificación» al borrador de orden de actualización del decreto del carbón para 2013, al que considera «muy lesivo».

Este borrador, señaló, incluye un recorte del 20% tanto en la producción incentivada de electricidad a partir de carbón nacional, que se situará en 18,2 teravatios hora (TWh), como en el volumen de mineral autóctono destinado a este fin, que se situará en unos 6,6 millones de toneladas.

Los sindicatos también pedirán a Nadal que, en vez de reunirse por separado con ellos, restablezca un «marco adecuado de negociación» en el que, en la línea de la Mesa del Carbón, puedan sentarse las empresas, la Administración y los representantes de los trabajadores.

CCOO y UGT, que llevan desde el 2 de agosto sin recibir «señales de vida» de la Administración, también reclamarán al Gobierno que «vaya planificando» la activación de las ayudas a la minería de 2013 y lamentan que, hasta la fecha, el actual Ejecutivo «no haya puesto ni un duro» al sector del carbón.

Por su parte, el responsable de minería de UGT lamentó que el ministro Soria, y el Gobierno «se salten la ley a la torera» y no den ayudas al carbón, cuando están «suvbvencionando los plátanos, los vuelos a Canarias, las compras de coches del Plan Pive y el vino».

En un tono irónico, pidió que a los mineros se los trate «como a los ladrones, y no como a gente honrada, porque en este país la gente honrada está en la cárcel mientras que los ladrones van por la calle sin ningún problema».

Fernández también aseguró que el Gobierno «ha obligado» a las empresas mineras a firmar «una por una» su compromiso a no recurrir la «sustitución» del decreto del carbón. «Esto es un cohecho y los empresarios han accedido sin conocer el nuevo mecanismo», afirmó.

Junto a esto, acusó al Soria de «mentir más que habla» acerca de la información remitida a Bruselas y advirtió de que los mineros tienen «la misma fuerza y valentía que el año pasado».

El ministro de Industria niega que el Gobierno haya adelantado el fin de las ayudas directas al carbón

Soria explicó que el decreto de restricciones de garantía de suministro, aprobado en 2010, establecía como fecha límite de estas ayudas el 31 de diciembre de 2014, si bien la norma establecía que esa fecha «podía adelantarse».

«Pero el Gobierno lo que ha decidido es no adelantarla y dejar ese límite en el 2014«, insistió el ministro en declaraciones a la cadena radiofónica Onda Cero.

El pasado lunes, el consejero asturiano de Economía y Empleo, Graciano Torre, denunció, tras un encuentro con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que el Gobierno no iba a prorrogar el mencionado decreto, por el que se incentiva la quema de carbón nacional en las centrales térmicas.

Torre expresó entonces su «desolación» por esta decisión del Gobierno al entender que supondrá «el cierre de la minería». También indicó que Nadal le comunicó el fin de las ayudas a la producción del carbón también en 2015.

El PSOE insta al Gobierno a que diga si quiere cerrar la minería

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Jesús Gutiérrez, acusó al ministro de Industria de «mentir» a los ciudadanos en todo lo relacionado con la minería del carbón. «Si este Gobierno quiere cerrar la minería, que lo diga a las claras, que no engañe», comentó en unas declaraciones distribuidas por el partido y que realizó en el municipio de Morcín.

«Este ministro miente con facilidad, y además con crudeza inusitada», señaló. Se refirió así a las manifestaciones de Soria, quien viene explicando estos días que es un decreto de 2010 e que establece en 2014 el fin de las ayudas al consumo de carbón autóctono.

Gutiérrez insistió en que si Soria tuviese de verdad «voluntad política» con el sector, como la tenía el anterior Gobierno socialista, prorrogaría el mencionado decreto.

El dirigente socialista recordó que cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó aquel decreto para incentivar el consumo de carbón nacional se encontró con la oposición de empresas como Endesa o Iberdrola, además de la del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien «entendía que perjudicaba los intereses de su tierra porque sus centrales sólo estaban preparadas para el carbón de importación».

Gutiérrez advirtió al PP que el «cabreo» en el sector de la minería del carbón es «monumental». Y cree que la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, puede «salir caliente» de la reunión que mantendrá con los sindicatos mineros.

UGT y CC.OO. auguran «conflicto» en la minería

Asimismo, los responsables de minería de UGT y CC.OO. acudirán con actitud dialogante al encuentro que mantendrán el próximo 5 de febrero con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para tratar la situación del carbón, pero advirtieron de que habrá «conflicto» en caso de que el Gobierno pretenda «finiquitar» el sector.

«Vamos a darnos el margen de llegar a la reunión con tranquilidad, pero estamos preocupados con lo que está aconteciendo», afirmó el responsable de minería de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, en rueda de prensa, antes de advertir de que, «si el escenario que plantea el Gobierno es el de finiquitar el sector, va a haber conflicto».

Álvarez Liébana, que compareció en la sede de su sindicato ante los medios junto a su homólogo de minería en UGT, Víctor Fernández, indicó que ambas centrales pedirán en su reunión con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, un desbloqueo «inmediato» las ayudas de 111 millones de euros al sector en 2012, así como una «rectificación» al borrador de orden de actualización del decreto del carbón para 2013, al que considera «muy lesivo».

Este borrador, señaló, incluye un recorte del 20% tanto en la producción incentivada de electricidad a partir de carbón nacional, que se situará en 18,2 teravatios hora (TWh), como en el volumen de mineral autóctono destinado a este fin, que se situará en unos 6,6 millones de toneladas.

Los sindicatos también pedirán a Nadal que, en vez de reunirse por separado con ellos, restablezca un «marco adecuado de negociación» en el que, en la línea de la Mesa del Carbón, puedan sentarse las empresas, la Administración y los representantes de los trabajadores.

CCOO y UGT, que llevan desde el 2 de agosto sin recibir «señales de vida» de la Administración, también reclamarán al Gobierno que «vaya planificando» la activación de las ayudas a la minería de 2013 y lamentan que, hasta la fecha, el actual Ejecutivo «no haya puesto ni un duro» al sector del carbón.

Por su parte, el responsable de minería de UGT lamentó que el ministro Soria, y el Gobierno «se salten la ley a la torera» y no den ayudas al carbón, cuando están «suvbvencionando los plátanos, los vuelos a Canarias, las compras de coches del Plan Pive y el vino».

En un tono irónico, pidió que a los mineros se los trate «como a los ladrones, y no como a gente honrada, porque en este país la gente honrada está en la cárcel mientras que los ladrones van por la calle sin ningún problema».

Fernández también aseguró que el Gobierno «ha obligado» a las empresas mineras a firmar «una por una» su compromiso a no recurrir la «sustitución» del decreto del carbón. «Esto es un cohecho y los empresarios han accedido sin conocer el nuevo mecanismo», afirmó.

Junto a esto, acusó al Soria de «mentir más que habla» acerca de la información remitida a Bruselas y advirtió de que los mineros tienen «la misma fuerza y valentía que el año pasado».

El ministro de Industria niega que el Gobierno haya adelantado el fin de las ayudas directas al carbón

Soria explicó que el decreto de restricciones de garantía de suministro, aprobado en 2010, establecía como fecha límite de estas ayudas el 31 de diciembre de 2014, si bien la norma establecía que esa fecha «podía adelantarse».

«Pero el Gobierno lo que ha decidido es no adelantarla y dejar ese límite en el 2014«, insistió el ministro en declaraciones a la cadena radiofónica Onda Cero.

El pasado lunes, el consejero asturiano de Economía y Empleo, Graciano Torre, denunció, tras un encuentro con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que el Gobierno no iba a prorrogar el mencionado decreto, por el que se incentiva la quema de carbón nacional en las centrales térmicas.

Torre expresó entonces su «desolación» por esta decisión del Gobierno al entender que supondrá «el cierre de la minería». También indicó que Nadal le comunicó el fin de las ayudas a la producción del carbón también en 2015.

El PSOE insta al Gobierno a que diga si quiere cerrar la minería

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Jesús Gutiérrez, acusó al ministro de Industria de «mentir» a los ciudadanos en todo lo relacionado con la minería del carbón. «Si este Gobierno quiere cerrar la minería, que lo diga a las claras, que no engañe», comentó en unas declaraciones distribuidas por el partido y que realizó en el municipio de Morcín.

«Este ministro miente con facilidad, y además con crudeza inusitada», señaló. Se refirió así a las manifestaciones de Soria, quien viene explicando estos días que es un decreto de 2010 e que establece en 2014 el fin de las ayudas al consumo de carbón autóctono.

Gutiérrez insistió en que si Soria tuviese de verdad «voluntad política» con el sector, como la tenía el anterior Gobierno socialista, prorrogaría el mencionado decreto.

El dirigente socialista recordó que cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó aquel decreto para incentivar el consumo de carbón nacional se encontró con la oposición de empresas como Endesa o Iberdrola, además de la del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien «entendía que perjudicaba los intereses de su tierra porque sus centrales sólo estaban preparadas para el carbón de importación».

Gutiérrez advirtió al PP que el «cabreo» en el sector de la minería del carbón es «monumental». Y cree que la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, puede «salir caliente» de la reunión que mantendrá con los sindicatos mineros.

UGT y CC.OO. auguran «conflicto» en la minería

Asimismo, los responsables de minería de UGT y CC.OO. acudirán con actitud dialogante al encuentro que mantendrán el próximo 5 de febrero con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para tratar la situación del carbón, pero advirtieron de que habrá «conflicto» en caso de que el Gobierno pretenda «finiquitar» el sector.

«Vamos a darnos el margen de llegar a la reunión con tranquilidad, pero estamos preocupados con lo que está aconteciendo», afirmó el responsable de minería de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, en rueda de prensa, antes de advertir de que, «si el escenario que plantea el Gobierno es el de finiquitar el sector, va a haber conflicto».

Álvarez Liébana, que compareció en la sede de su sindicato ante los medios junto a su homólogo de minería en UGT, Víctor Fernández, indicó que ambas centrales pedirán en su reunión con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, un desbloqueo «inmediato» las ayudas de 111 millones de euros al sector en 2012, así como una «rectificación» al borrador de orden de actualización del decreto del carbón para 2013, al que considera «muy lesivo».

Este borrador, señaló, incluye un recorte del 20% tanto en la producción incentivada de electricidad a partir de carbón nacional, que se situará en 18,2 teravatios hora (TWh), como en el volumen de mineral autóctono destinado a este fin, que se situará en unos 6,6 millones de toneladas.

Los sindicatos también pedirán a Nadal que, en vez de reunirse por separado con ellos, restablezca un «marco adecuado de negociación» en el que, en la línea de la Mesa del Carbón, puedan sentarse las empresas, la Administración y los representantes de los trabajadores.

CCOO y UGT, que llevan desde el 2 de agosto sin recibir «señales de vida» de la Administración, también reclamarán al Gobierno que «vaya planificando» la activación de las ayudas a la minería de 2013 y lamentan que, hasta la fecha, el actual Ejecutivo «no haya puesto ni un duro» al sector del carbón.

Por su parte, el responsable de minería de UGT lamentó que el ministro Soria, y el Gobierno «se salten la ley a la torera» y no den ayudas al carbón, cuando están «suvbvencionando los plátanos, los vuelos a Canarias, las compras de coches del Plan Pive y el vino».

En un tono irónico, pidió que a los mineros se los trate «como a los ladrones, y no como a gente honrada, porque en este país la gente honrada está en la cárcel mientras que los ladrones van por la calle sin ningún problema».

Fernández también aseguró que el Gobierno «ha obligado» a las empresas mineras a firmar «una por una» su compromiso a no recurrir la «sustitución» del decreto del carbón. «Esto es un cohecho y los empresarios han accedido sin conocer el nuevo mecanismo», afirmó.

Junto a esto, acusó al Soria de «mentir más que habla» acerca de la información remitida a Bruselas y advirtió de que los mineros tienen «la misma fuerza y valentía que el año pasado».

Soria no renovará el decreto del carbón después de 2014 y reconoce que es «difícil» que Bruselas deje abiertas las empresas competitivas

«No es una decisión de este Gobierno. Es una decisión del año 2010, y ese real decreto lo que establece es que las ayudas finalizan en diciembre de 2014. Podrían finalizar antes, pero este Gobierno no las va a finalizar antes. Habrá en 2013 y 2014, pero no podemos ir más allá«, afirmó Soria.

El ministro realizó estas consideraciones en declaraciones a los periodistas tras la inauguración de la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2013 en Madrid, antesala de Fitur.

En la memoria económica del proyecto de orden de peajes eléctricos remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que no llegó a publicarse oficialmente, Industria cifró en 450 millones el coste anual en 2012 y en 2013 de la aplicación de este decreto, en el que las centrales térmicas disfrutan de un precio garantizado por quemar el carbón nacional.

Soria sostuvo que «el Gobierno no suprime las ayudas a la quema del carbón», sino que las suprime el propio real decreto de restricciones al contemplar una fecha de finalización. Esta norma, recordó, dejaba la opción de suspender el decreto del carbón antes de su finalización en 2014, lo que el actual Ejecutivo no hará.

«Este Gobierno lo que ha decidido es llevar (los incentivos a la quema del carbón nacional) hasta el límite de donde dice ese real decreto», sostuvo el ministro.

Soria también dijo que la «novedad» es que el Gobierno «está intentando con la Unión Europea que aquellas empresas que hayan sido competitivas puedan seguir abiertas» a partir del 1 de enero de 2019, momento en el que la Comisión Europea fija el cierre forzoso de las instalaciones no rentables.

«Si hay explotaciones mineras que puedan ser competitivas sin necesidad de ayudas a partir del año 2019, ¿por qué deberían cerrar aunque hayan recibido ayudas con anterioridad? Eso sí es una novedad», afirmó y es nuestro «deseo».

«El Gobierno lo está haciendo y va a trabajar en esa línea lo estamos haciendo con el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, no es fácil, es difícil, es muy complicado, porque está incluido en una decisión de la Unión Europea de agosto de 2010«, explicó.

Respecto a los planes de reestructuración del carbón, recordó que están en práctica desde 1990 y que, si hace 20 años 22.000 personas dependían de este sector, ahora son unos 4.000 trabajadores.

El PSOE pide la comparecencia en el Senado de Soria

Por su parte, el Grupo Socialista presentó un escrito, ante el Registro del Senado, solicitando la comparecencia en la Cámara Alta del ministro Soria, para que explique si piensa negociar con los sindicatos y la patronal un nuevo Plan del Carbón 2013-2018 para permitir la continuidad de las explotaciones mineras y qué medidas tiene previsto poner en marcha para el año 2013.

Según informó el grupo parlamentario, el senador por Asturias, Vicente Álvarez Areces, que fue uno de los impulsores de esta iniciativa, subrayó que el Ministro también debe comparecer en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, para aclarar cuándo piensa poner en marcha las inversiones municipales y autonómicas aprobadas y comprometidas con cargo al plan anterior y pagar las ya finalizadas según los convenios aprobados en años anteriores.

Álvarez Areces también aseguró que «urge aprobar las ayudas a la producción del año 2012 y aprobar el Decreto de Garantía por restricción, que permita a las centrales térmicas comprar carbón nacional».

Por último, añadió que «la incertidumbre en el sector es total», puesto que a los problemas ya señalados hay que añadir que no se envió el Plan a Bruselas y, por ello, no hay soporte jurídico para poder percibir las ayudas previstas en 2013.

Soria no renovará el decreto del carbón después de 2014 y reconoce que es «difícil» que Bruselas deje abiertas las empresas competitivas

«No es una decisión de este Gobierno. Es una decisión del año 2010, y ese real decreto lo que establece es que las ayudas finalizan en diciembre de 2014. Podrían finalizar antes, pero este Gobierno no las va a finalizar antes. Habrá en 2013 y 2014, pero no podemos ir más allá«, afirmó Soria.

El ministro realizó estas consideraciones en declaraciones a los periodistas tras la inauguración de la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2013 en Madrid, antesala de Fitur.

En la memoria económica del proyecto de orden de peajes eléctricos remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que no llegó a publicarse oficialmente, Industria cifró en 450 millones el coste anual en 2012 y en 2013 de la aplicación de este decreto, en el que las centrales térmicas disfrutan de un precio garantizado por quemar el carbón nacional.

Soria sostuvo que «el Gobierno no suprime las ayudas a la quema del carbón», sino que las suprime el propio real decreto de restricciones al contemplar una fecha de finalización. Esta norma, recordó, dejaba la opción de suspender el decreto del carbón antes de su finalización en 2014, lo que el actual Ejecutivo no hará.

«Este Gobierno lo que ha decidido es llevar (los incentivos a la quema del carbón nacional) hasta el límite de donde dice ese real decreto», sostuvo el ministro.

Soria también dijo que la «novedad» es que el Gobierno «está intentando con la Unión Europea que aquellas empresas que hayan sido competitivas puedan seguir abiertas» a partir del 1 de enero de 2019, momento en el que la Comisión Europea fija el cierre forzoso de las instalaciones no rentables.

«Si hay explotaciones mineras que puedan ser competitivas sin necesidad de ayudas a partir del año 2019, ¿por qué deberían cerrar aunque hayan recibido ayudas con anterioridad? Eso sí es una novedad», afirmó y es nuestro «deseo».

«El Gobierno lo está haciendo y va a trabajar en esa línea lo estamos haciendo con el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, no es fácil, es difícil, es muy complicado, porque está incluido en una decisión de la Unión Europea de agosto de 2010«, explicó.

Respecto a los planes de reestructuración del carbón, recordó que están en práctica desde 1990 y que, si hace 20 años 22.000 personas dependían de este sector, ahora son unos 4.000 trabajadores.

El PSOE pide la comparecencia en el Senado de Soria

Por su parte, el Grupo Socialista presentó un escrito, ante el Registro del Senado, solicitando la comparecencia en la Cámara Alta del ministro Soria, para que explique si piensa negociar con los sindicatos y la patronal un nuevo Plan del Carbón 2013-2018 para permitir la continuidad de las explotaciones mineras y qué medidas tiene previsto poner en marcha para el año 2013.

Según informó el grupo parlamentario, el senador por Asturias, Vicente Álvarez Areces, que fue uno de los impulsores de esta iniciativa, subrayó que el Ministro también debe comparecer en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, para aclarar cuándo piensa poner en marcha las inversiones municipales y autonómicas aprobadas y comprometidas con cargo al plan anterior y pagar las ya finalizadas según los convenios aprobados en años anteriores.

Álvarez Areces también aseguró que «urge aprobar las ayudas a la producción del año 2012 y aprobar el Decreto de Garantía por restricción, que permita a las centrales térmicas comprar carbón nacional».

Por último, añadió que «la incertidumbre en el sector es total», puesto que a los problemas ya señalados hay que añadir que no se envió el Plan a Bruselas y, por ello, no hay soporte jurídico para poder percibir las ayudas previstas en 2013.

Soria no renovará el decreto del carbón después de 2014 y reconoce que es «difícil» que Bruselas deje abiertas las empresas competitivas

«No es una decisión de este Gobierno. Es una decisión del año 2010, y ese real decreto lo que establece es que las ayudas finalizan en diciembre de 2014. Podrían finalizar antes, pero este Gobierno no las va a finalizar antes. Habrá en 2013 y 2014, pero no podemos ir más allá«, afirmó Soria.

El ministro realizó estas consideraciones en declaraciones a los periodistas tras la inauguración de la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo CIMET 2013 en Madrid, antesala de Fitur.

En la memoria económica del proyecto de orden de peajes eléctricos remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que no llegó a publicarse oficialmente, Industria cifró en 450 millones el coste anual en 2012 y en 2013 de la aplicación de este decreto, en el que las centrales térmicas disfrutan de un precio garantizado por quemar el carbón nacional.

Soria sostuvo que «el Gobierno no suprime las ayudas a la quema del carbón», sino que las suprime el propio real decreto de restricciones al contemplar una fecha de finalización. Esta norma, recordó, dejaba la opción de suspender el decreto del carbón antes de su finalización en 2014, lo que el actual Ejecutivo no hará.

«Este Gobierno lo que ha decidido es llevar (los incentivos a la quema del carbón nacional) hasta el límite de donde dice ese real decreto», sostuvo el ministro.

Soria también dijo que la «novedad» es que el Gobierno «está intentando con la Unión Europea que aquellas empresas que hayan sido competitivas puedan seguir abiertas» a partir del 1 de enero de 2019, momento en el que la Comisión Europea fija el cierre forzoso de las instalaciones no rentables.

«Si hay explotaciones mineras que puedan ser competitivas sin necesidad de ayudas a partir del año 2019, ¿por qué deberían cerrar aunque hayan recibido ayudas con anterioridad? Eso sí es una novedad», afirmó y es nuestro «deseo».

«El Gobierno lo está haciendo y va a trabajar en esa línea lo estamos haciendo con el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, no es fácil, es difícil, es muy complicado, porque está incluido en una decisión de la Unión Europea de agosto de 2010«, explicó.

Respecto a los planes de reestructuración del carbón, recordó que están en práctica desde 1990 y que, si hace 20 años 22.000 personas dependían de este sector, ahora son unos 4.000 trabajadores.

El PSOE pide la comparecencia en el Senado de Soria

Por su parte, el Grupo Socialista presentó un escrito, ante el Registro del Senado, solicitando la comparecencia en la Cámara Alta del ministro Soria, para que explique si piensa negociar con los sindicatos y la patronal un nuevo Plan del Carbón 2013-2018 para permitir la continuidad de las explotaciones mineras y qué medidas tiene previsto poner en marcha para el año 2013.

Según informó el grupo parlamentario, el senador por Asturias, Vicente Álvarez Areces, que fue uno de los impulsores de esta iniciativa, subrayó que el Ministro también debe comparecer en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, para aclarar cuándo piensa poner en marcha las inversiones municipales y autonómicas aprobadas y comprometidas con cargo al plan anterior y pagar las ya finalizadas según los convenios aprobados en años anteriores.

Álvarez Areces también aseguró que «urge aprobar las ayudas a la producción del año 2012 y aprobar el Decreto de Garantía por restricción, que permita a las centrales térmicas comprar carbón nacional».

Por último, añadió que «la incertidumbre en el sector es total», puesto que a los problemas ya señalados hay que añadir que no se envió el Plan a Bruselas y, por ello, no hay soporte jurídico para poder percibir las ayudas previstas en 2013.

Industria eliminará en 2015 las ayudas a la producción del carbón

Torre se expresó así tras mantener un encuentro con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la que aseguró salir «desolado», según informó el Gobierno asturiano.

Además, indicó que el secretario de Estado le confirmó que el decreto de restricciones de garantía de suministro, por el que se incentiva la quema de carbón nacional en las centrales, terminará el 31 de diciembre de 2014 «y no se prorrogará».

De esta forma, apuntó el consejero, «no habrá más ayudas para la entrada de carbón en las térmicas» a la vez que las empresas productoras de hulla tampoco recibirán ayudas.

A su juicio, estas medidas suponen «el cierre de la minería» pese a que, según Torre, el secretario de Estado consideró que parte del sector puede competir sin necesidad de ayudas y del decreto, como es el caso de la de cielo abierto, «que causa grandes destrozos medioambientales y genera muy poco empleo en comparación con la subterránea».

En el encuentro, al que también participó Isaac Pola, director general de Energía y Minería, según el consejero asturiano, Nadal mostró su voluntad de «hablar de futuro con los sindicatos» en la reunión que mantendrán próximamente «pero en ningún momento se refirió a un nuevo plan del carbón».

A estos encuentros el Gobierno prevé incorporar, según informó Torre, al sindicato USO, una circunstancia que ya fue rechazada por las centrales mayoritarias (CCOO y UGT) en las negociaciones mantenidas durante las últimas movilizaciones del sector minero. «Es algo que ya causó bastante distorsión y que será un elemento más de incendio de las comarcas mineras», lamentó.

Por otra parte, Torre incidió en la importancia de que el Gobierno mantenga su compromiso de poner en funcionamiento la línea Sama-Velilla en el año 2016. Asimismo, pidió al secretario de Estado de Energía que incluya entre las primeras inversiones que se ejecuten en materia de redes de transporte de gas el gasoducto El Musel-Llanera, para conectar a la red general la regasificadora.

El Gobierno trabaja por un sector «competitivo más allá de 2018»

A la sazón, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo defendió que el Gobierno «está trabajando para que haya un sector del carbón competitivo más allá de 2018» y aseguró que «no existe ningún plan de desmantelamiento del carbón para 2015», como dijo el consejero de Economía asturiano.

Este ministerio aseguró que continúa los contactos con empresas y sindicatos con el objetivo de lograr un sector de la minería del carbón competitivo en el tiempo y recordó que la Unión Europea permite las ayudas al sector hasta finales de 2018, «siempre que estén ligadas al cese de la actividad en esta fecha como límite».

Así, el objetivo del Gobierno es elaborar «una hoja de ruta» que permita construir un futuro viable y competitivo a la minería del carbón y que, contrariamente a lo estipulado en el plan 2013-2018 remitido a Bruselas en agosto de 2011, «permita que las explotaciones mineras que hubiesen recibido ayudas y que sean competitivas, puedan mantenerse abiertas más allá de 2019».

El Ministerio espera que esta hoja de ruta fije «las bases» que aseguren el futuro del sector la minería del carbón, «para lo que cuenta con todos los agentes sociales».

El objetivo del Gobierno es lograr tener un sector sostenible y competitivo, dado que a partir de 2019 finalizará el régimen de ayudas para el sector según mandato de la Unión Europea y todas aquellas empresas que hayan recibido subvenciones deberán cesar en su actividad.

Asimismo, el Ministerio trabaja para «garantizar» que las empresas que sean competitivas puedan seguir operando de «manera indefinida creando las condiciones que garanticen un mercado para el carbón nacional».

El objetivo que se plantea el Gobierno es «disponer de un sistema energético que sea seguro, equilibrado y sostenible», a la vez que recordó que «el carbón forma parte de nuestro mix energético, al ser una materia prima de producción nacional que reduce la dependencia del exterior y contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico».

Izquierda Plural pide explicaciones a Soria

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, registró una petición de comparecencia del ministro Soria, en la comisión del ramo en el Congreso para que explique su intención de «eliminar» las ayudas al carbón y las subvenciones a las centrales térmicas que, según denuncia, supondrá «el cierre de la minería en 2015».

Según informó IU, la decisión de solicitar una comparecencia de Soria se deriva de los planes del Gobierno de eliminar las subvenciones por el uso del carbón nacional y las aportaciones a su producción.

«Nuestra indignación ha superado ya todos los límites posibles. Ya no es hora de paños calientes ni de medias tintas. El Gobierno del PP, con José Manuel Soria a la cabeza, ya ha puesto fecha en 2015 para dar el golpe de gracia a la minería en nuestro país y, con ello, al futuro laboral no sólo directamente de decenas de miles de trabajadores sino al de otros muchos miles de familias residentes en las comarcas mineras que dependen en exclusiva de esta actividad para poder vivir dignamente», afirmó Llamazares.

Además, el diputado criticó que el ministro esté jugando «al ratón y al gato», sin atender a las peticiones de información que diferentes grupos parlamentarios cursaron desde el pasado verano. «Soria no puede permanecer oculto por más tiempo. Está en juego el sustento y el futuro de muchos como para que el PP esté jugando con fuego. Ya no hay tiempo para más malabarismos ni maniobras de distracción absurdas», insistió.

Además, anunció que la Izquierda Plural, en colaboración con los sindicatos, pondrá en marcha «todas las acciones políticas, tanto a nivel nacional como autonómico y local» para «frenar esta locura», y también apoyará las acciones que decidan otras formaciones en defensa de la minería del carbón.

«Soria no puede parapetarse más en segundos y terceros escalones de su departamento. Si ya tiene planificado acabar con la minería del carbón en 2015 queremos oírselo de sus labios en el Congreso», añadió Llamazares, advirtiendo de que defenderán un sector con el que «algunos se empeñaron en acabar por intereses económicos bastardos».

Los sindicatos desconfían de Rajoy y sus anuncios

Por otra parte, el secretario regional del SOMA-UGT, José Daniel González, y el responsable de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano, mostraron su desconfianza sobre el anuncio que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, dio en Perú la pasada semana, cuando ordenó al ministerio de Industria retomar las negociaciones con los sindicatos mineros.

En una rueda de prensa posterior a una reunión con el Grupo Socialista en la Junta General, en la que también compareció el secretario de Organización de la FSA y diputado del PSOE, Jesús Gutiérrez, ambos líderes sindicales reprocharon al presidente su tardanza en tomar decisiones al respecto de este asunto.

«Ya conocemos bien a quién tenemos en frente y las contradicciones a la que nos tienen acostumbrados, incluso mintiendo gravemente», señaló González. Por tanto, el anuncio les hace «tener reservas con respecto a cómo lo van a llevar adelante». «Estamos dispuestos a negociar, pero no ahora, sino desde el mes de septiembre llevamos esperamos por una reunión que todavía no se dio».

Así, recordó «la necesidad de constituir la comisión negociadora, entre el Ministerio de Industria, los sindicatos más representativos del sector y la patronal más representativa». Así, mostró su confianza en que haya «buena intención» por parte del Ejecutivo. No obstante, recordó que el borrador del futuro plan establece «un recorte del 20% en la garantía del suministro, además de la clara discriminación positiva hacia el cielo abierto, lo que dejaría a la minería de interior en producciones bajísimas que solo conllevarían despidos».

Manzano criticó que «Rajoy como presidente haya tenido que ir a Perú para anunciar esto». «Uno ya no sabe si saben de lo que están hablando cuando hablan de minería», añadió el responsable de Industria de CCOO, para quien el presidente del Gobierno «tuvo tiempo para dar cualquier tipo de instrucción que permitiera resolver la situación». Así, pidió al presidente «que se diese la misma premura para resolver el problema de la minería, que la que se dio en hacer aquellas famosas declaraciones a raíz de la privatización de la filial de Repsol, cuando casi parecía que le íbamos a declarar la guerra a Argentina».

Por su parte, Jesús Gutiérrez se preguntó si a Rajoy «no le habría afectado el mal de altura en Perú», y el anuncio fuese fruto de ello. Así, el líder socialista demandó, a la dirección autonómica del PP y, especialmente, «a la propia presidenta de Hunosa (Teresa Mallada), que no dé la callada por respuesta». «Al menos ella debería tener un gesto recogido mediáticamente para que todos tuviésemos a las claras cuál es su posición», ha demandado.

El PSOE mostró su plena coincidencia con los planteamientos sindicales, al igual que ya lo hizo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Los representantes de UGT y CCOO se reunirán con el consejero de Industria, Graciano Torre, con Foro Asturias, con el PP y con UPyD.

Los mineros bloquearán el acceso de carbón de importación a las centrales

Asimismo, los trabajadores de las empresas Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (Uminsa), ambas de Grupo Alonso, bloquearán desde esta semana el acceso de carbón de importación a las centrales térmicas del Bierzo (León).

Así lo decidieron los comités de empresa de CMC y Uminsa en una reunión en la que expresaron que están «hartos» de que el mineral de importado «esté pasando por delante de nuestras narices».

«Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados viendo que nos estamos quedando en la calle», declaró el presidente del comité de empresa de servicios de CMC Villablino, Roberto Morán.

El sindicalista avanzó que la intención es adoptar «medidas más contundentes» una vez que se hagan efectivos los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo planteados por el grupo empresarial en las explotaciones de Santa Cruz y Salgueiro, en la provincia de León, así como Cerredo y Pilotuerto, en el Principado de Asturias.

El sindicalista lamentó que el Gobierno quiera «ahogar» al sector del carbón y advirtió que los trabajadores «acabarán en la calle, pero actuando».

Asimismo, consideró que la eliminación en 2015 de las ayudas a las empresas propietarias de las centrales térmicas por el uso de carbón nacional así como la supresión de las ayudas a la producción de las compañías mineras supone la estocada «definitiva» para el sector.

«Lo que queremos es transparencia con las empresas y con los obreros y de eso hay poco ahora», criticó.

Las ONG ecologistas celebran el fin de las ayudas al carbón

Por último, las organizaciones ecologistas celebraron que las ayudas al carbón no se prorroguen más allá del 31 de diciembre de 2014, aunque reclamaronn que dichas ayudas sean derogadas de manera inmediata.

Para Héctor de Prado, portavoz de cambio climático y energía de Amigos de la Tierra, esto ayudará a España a cumplir los compromisos de reducción de emisiones de los que aún sigue alejada. «Nos alegramos por la noticia y ojalá no se renueve el decreto y se dé un mensaje de que el Gobierno quiere ir hacia la descarbonización», destacó.

Si bien, señaló que quiere una «transición justa» para los mineros, por lo que reclamó para ellos las herramientas y el conocimiento para paliar la falta de actividad. En definitiva, dijo que para Amigos de la Tierra todo lo que sea abandonar el carbón es positivo porque «no sale a cuenta invertir en la minería».

Mientras, la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, celebró la decisión y pidió también al Gobierno que no espere hasta 2014 y anule el decreto de ayudas que carga el déficit a la tarifa eléctrica. A su juicio, con esta medida se va a ahorrar CO2, por lo que es un «paso adelante» en la nueva dirección.

Sin embargo, lamentó que sin «visión de conjunto» ni un plan energético, «integral y sostenible» en el que la propuesta sea un 100 por cien renovable, «esto es dar palos de ciego».

Por eso, opinó que se debe avanzar en propuestas energéticas alternativas, que proporcionan «más empleo», como las renovables, que ofrecen un futuro «más prometedor». «Cuanto antes se empiece, antes se dejará de estar en esta penuria económica», concluyó.

Asimismo, la responsable de energía de WWF, Mar Asunción, estimó que la noticia es «positiva, pero insuficiente» ya que la producción eléctrica del carbón es «la más emisora» de gases de efecto invernadero y porque las ayudas han provocado un repunte de las emisiones en 2011. En este sentido, recordó que según la Comisión Nacional de la Energía, el carbón causó el 35% de las emisiones de CO2 de la producción eléctrica.

Por ello, coincidió en que «lo ideal sería» suspender las ayudas «desde ya» porque esto va en contra de las renovables, que habían posicionado a España como líder mundial. Igualmente, quiere la reconversión del sector minero hacia las energías renovables y a la eficiencia energética porque «el carbón es pan para hoy y hambre para mañana».

Sin embargo, para Paco Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción, el fin de las ayudas beneficiará principalmente a las grandes eléctricas, que no tendrán que quemar carbón nacional y podrán importarlo y, además, fomenta las minas a cielo abierto, que son «más contaminantes».

A su juicio, no se cumplió el decreto y se duplicó el de importación, porque las ayudas estaban «mal planteadas desde el principio». «Esto va a ir a peor. El problema es que no hay por dónde coger todo el sistema eléctrico español«, sentenció, ya que esto sirve para «favorecer» a las eléctricas, que seguirán usando carbón, pero extranjero. «Al final no va a haber ni ventajas ambientales ni sociales», concluyó.

Industria eliminará en 2015 las ayudas a la producción del carbón

Torre se expresó así tras mantener un encuentro con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la que aseguró salir «desolado», según informó el Gobierno asturiano.

Además, indicó que el secretario de Estado le confirmó que el decreto de restricciones de garantía de suministro, por el que se incentiva la quema de carbón nacional en las centrales, terminará el 31 de diciembre de 2014 «y no se prorrogará».

De esta forma, apuntó el consejero, «no habrá más ayudas para la entrada de carbón en las térmicas» a la vez que las empresas productoras de hulla tampoco recibirán ayudas.

A su juicio, estas medidas suponen «el cierre de la minería» pese a que, según Torre, el secretario de Estado consideró que parte del sector puede competir sin necesidad de ayudas y del decreto, como es el caso de la de cielo abierto, «que causa grandes destrozos medioambientales y genera muy poco empleo en comparación con la subterránea».

En el encuentro, al que también participó Isaac Pola, director general de Energía y Minería, según el consejero asturiano, Nadal mostró su voluntad de «hablar de futuro con los sindicatos» en la reunión que mantendrán próximamente «pero en ningún momento se refirió a un nuevo plan del carbón».

A estos encuentros el Gobierno prevé incorporar, según informó Torre, al sindicato USO, una circunstancia que ya fue rechazada por las centrales mayoritarias (CCOO y UGT) en las negociaciones mantenidas durante las últimas movilizaciones del sector minero. «Es algo que ya causó bastante distorsión y que será un elemento más de incendio de las comarcas mineras», lamentó.

Por otra parte, Torre incidió en la importancia de que el Gobierno mantenga su compromiso de poner en funcionamiento la línea Sama-Velilla en el año 2016. Asimismo, pidió al secretario de Estado de Energía que incluya entre las primeras inversiones que se ejecuten en materia de redes de transporte de gas el gasoducto El Musel-Llanera, para conectar a la red general la regasificadora.

El Gobierno trabaja por un sector «competitivo más allá de 2018»

A la sazón, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo defendió que el Gobierno «está trabajando para que haya un sector del carbón competitivo más allá de 2018» y aseguró que «no existe ningún plan de desmantelamiento del carbón para 2015», como dijo el consejero de Economía asturiano.

Este ministerio aseguró que continúa los contactos con empresas y sindicatos con el objetivo de lograr un sector de la minería del carbón competitivo en el tiempo y recordó que la Unión Europea permite las ayudas al sector hasta finales de 2018, «siempre que estén ligadas al cese de la actividad en esta fecha como límite».

Así, el objetivo del Gobierno es elaborar «una hoja de ruta» que permita construir un futuro viable y competitivo a la minería del carbón y que, contrariamente a lo estipulado en el plan 2013-2018 remitido a Bruselas en agosto de 2011, «permita que las explotaciones mineras que hubiesen recibido ayudas y que sean competitivas, puedan mantenerse abiertas más allá de 2019».

El Ministerio espera que esta hoja de ruta fije «las bases» que aseguren el futuro del sector la minería del carbón, «para lo que cuenta con todos los agentes sociales».

El objetivo del Gobierno es lograr tener un sector sostenible y competitivo, dado que a partir de 2019 finalizará el régimen de ayudas para el sector según mandato de la Unión Europea y todas aquellas empresas que hayan recibido subvenciones deberán cesar en su actividad.

Asimismo, el Ministerio trabaja para «garantizar» que las empresas que sean competitivas puedan seguir operando de «manera indefinida creando las condiciones que garanticen un mercado para el carbón nacional».

El objetivo que se plantea el Gobierno es «disponer de un sistema energético que sea seguro, equilibrado y sostenible», a la vez que recordó que «el carbón forma parte de nuestro mix energético, al ser una materia prima de producción nacional que reduce la dependencia del exterior y contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico».

Izquierda Plural pide explicaciones a Soria

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, registró una petición de comparecencia del ministro Soria, en la comisión del ramo en el Congreso para que explique su intención de «eliminar» las ayudas al carbón y las subvenciones a las centrales térmicas que, según denuncia, supondrá «el cierre de la minería en 2015».

Según informó IU, la decisión de solicitar una comparecencia de Soria se deriva de los planes del Gobierno de eliminar las subvenciones por el uso del carbón nacional y las aportaciones a su producción.

«Nuestra indignación ha superado ya todos los límites posibles. Ya no es hora de paños calientes ni de medias tintas. El Gobierno del PP, con José Manuel Soria a la cabeza, ya ha puesto fecha en 2015 para dar el golpe de gracia a la minería en nuestro país y, con ello, al futuro laboral no sólo directamente de decenas de miles de trabajadores sino al de otros muchos miles de familias residentes en las comarcas mineras que dependen en exclusiva de esta actividad para poder vivir dignamente», afirmó Llamazares.

Además, el diputado criticó que el ministro esté jugando «al ratón y al gato», sin atender a las peticiones de información que diferentes grupos parlamentarios cursaron desde el pasado verano. «Soria no puede permanecer oculto por más tiempo. Está en juego el sustento y el futuro de muchos como para que el PP esté jugando con fuego. Ya no hay tiempo para más malabarismos ni maniobras de distracción absurdas», insistió.

Además, anunció que la Izquierda Plural, en colaboración con los sindicatos, pondrá en marcha «todas las acciones políticas, tanto a nivel nacional como autonómico y local» para «frenar esta locura», y también apoyará las acciones que decidan otras formaciones en defensa de la minería del carbón.

«Soria no puede parapetarse más en segundos y terceros escalones de su departamento. Si ya tiene planificado acabar con la minería del carbón en 2015 queremos oírselo de sus labios en el Congreso», añadió Llamazares, advirtiendo de que defenderán un sector con el que «algunos se empeñaron en acabar por intereses económicos bastardos».

Los sindicatos desconfían de Rajoy y sus anuncios

Por otra parte, el secretario regional del SOMA-UGT, José Daniel González, y el responsable de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano, mostraron su desconfianza sobre el anuncio que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, dio en Perú la pasada semana, cuando ordenó al ministerio de Industria retomar las negociaciones con los sindicatos mineros.

En una rueda de prensa posterior a una reunión con el Grupo Socialista en la Junta General, en la que también compareció el secretario de Organización de la FSA y diputado del PSOE, Jesús Gutiérrez, ambos líderes sindicales reprocharon al presidente su tardanza en tomar decisiones al respecto de este asunto.

«Ya conocemos bien a quién tenemos en frente y las contradicciones a la que nos tienen acostumbrados, incluso mintiendo gravemente», señaló González. Por tanto, el anuncio les hace «tener reservas con respecto a cómo lo van a llevar adelante». «Estamos dispuestos a negociar, pero no ahora, sino desde el mes de septiembre llevamos esperamos por una reunión que todavía no se dio».

Así, recordó «la necesidad de constituir la comisión negociadora, entre el Ministerio de Industria, los sindicatos más representativos del sector y la patronal más representativa». Así, mostró su confianza en que haya «buena intención» por parte del Ejecutivo. No obstante, recordó que el borrador del futuro plan establece «un recorte del 20% en la garantía del suministro, además de la clara discriminación positiva hacia el cielo abierto, lo que dejaría a la minería de interior en producciones bajísimas que solo conllevarían despidos».

Manzano criticó que «Rajoy como presidente haya tenido que ir a Perú para anunciar esto». «Uno ya no sabe si saben de lo que están hablando cuando hablan de minería», añadió el responsable de Industria de CCOO, para quien el presidente del Gobierno «tuvo tiempo para dar cualquier tipo de instrucción que permitiera resolver la situación». Así, pidió al presidente «que se diese la misma premura para resolver el problema de la minería, que la que se dio en hacer aquellas famosas declaraciones a raíz de la privatización de la filial de Repsol, cuando casi parecía que le íbamos a declarar la guerra a Argentina».

Por su parte, Jesús Gutiérrez se preguntó si a Rajoy «no le habría afectado el mal de altura en Perú», y el anuncio fuese fruto de ello. Así, el líder socialista demandó, a la dirección autonómica del PP y, especialmente, «a la propia presidenta de Hunosa (Teresa Mallada), que no dé la callada por respuesta». «Al menos ella debería tener un gesto recogido mediáticamente para que todos tuviésemos a las claras cuál es su posición», ha demandado.

El PSOE mostró su plena coincidencia con los planteamientos sindicales, al igual que ya lo hizo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Los representantes de UGT y CCOO se reunirán con el consejero de Industria, Graciano Torre, con Foro Asturias, con el PP y con UPyD.

Los mineros bloquearán el acceso de carbón de importación a las centrales

Asimismo, los trabajadores de las empresas Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (Uminsa), ambas de Grupo Alonso, bloquearán desde esta semana el acceso de carbón de importación a las centrales térmicas del Bierzo (León).

Así lo decidieron los comités de empresa de CMC y Uminsa en una reunión en la que expresaron que están «hartos» de que el mineral de importado «esté pasando por delante de nuestras narices».

«Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados viendo que nos estamos quedando en la calle», declaró el presidente del comité de empresa de servicios de CMC Villablino, Roberto Morán.

El sindicalista avanzó que la intención es adoptar «medidas más contundentes» una vez que se hagan efectivos los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo planteados por el grupo empresarial en las explotaciones de Santa Cruz y Salgueiro, en la provincia de León, así como Cerredo y Pilotuerto, en el Principado de Asturias.

El sindicalista lamentó que el Gobierno quiera «ahogar» al sector del carbón y advirtió que los trabajadores «acabarán en la calle, pero actuando».

Asimismo, consideró que la eliminación en 2015 de las ayudas a las empresas propietarias de las centrales térmicas por el uso de carbón nacional así como la supresión de las ayudas a la producción de las compañías mineras supone la estocada «definitiva» para el sector.

«Lo que queremos es transparencia con las empresas y con los obreros y de eso hay poco ahora», criticó.

Las ONG ecologistas celebran el fin de las ayudas al carbón

Por último, las organizaciones ecologistas celebraron que las ayudas al carbón no se prorroguen más allá del 31 de diciembre de 2014, aunque reclamaronn que dichas ayudas sean derogadas de manera inmediata.

Para Héctor de Prado, portavoz de cambio climático y energía de Amigos de la Tierra, esto ayudará a España a cumplir los compromisos de reducción de emisiones de los que aún sigue alejada. «Nos alegramos por la noticia y ojalá no se renueve el decreto y se dé un mensaje de que el Gobierno quiere ir hacia la descarbonización», destacó.

Si bien, señaló que quiere una «transición justa» para los mineros, por lo que reclamó para ellos las herramientas y el conocimiento para paliar la falta de actividad. En definitiva, dijo que para Amigos de la Tierra todo lo que sea abandonar el carbón es positivo porque «no sale a cuenta invertir en la minería».

Mientras, la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, celebró la decisión y pidió también al Gobierno que no espere hasta 2014 y anule el decreto de ayudas que carga el déficit a la tarifa eléctrica. A su juicio, con esta medida se va a ahorrar CO2, por lo que es un «paso adelante» en la nueva dirección.

Sin embargo, lamentó que sin «visión de conjunto» ni un plan energético, «integral y sostenible» en el que la propuesta sea un 100 por cien renovable, «esto es dar palos de ciego».

Por eso, opinó que se debe avanzar en propuestas energéticas alternativas, que proporcionan «más empleo», como las renovables, que ofrecen un futuro «más prometedor». «Cuanto antes se empiece, antes se dejará de estar en esta penuria económica», concluyó.

Asimismo, la responsable de energía de WWF, Mar Asunción, estimó que la noticia es «positiva, pero insuficiente» ya que la producción eléctrica del carbón es «la más emisora» de gases de efecto invernadero y porque las ayudas han provocado un repunte de las emisiones en 2011. En este sentido, recordó que según la Comisión Nacional de la Energía, el carbón causó el 35% de las emisiones de CO2 de la producción eléctrica.

Por ello, coincidió en que «lo ideal sería» suspender las ayudas «desde ya» porque esto va en contra de las renovables, que habían posicionado a España como líder mundial. Igualmente, quiere la reconversión del sector minero hacia las energías renovables y a la eficiencia energética porque «el carbón es pan para hoy y hambre para mañana».

Sin embargo, para Paco Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción, el fin de las ayudas beneficiará principalmente a las grandes eléctricas, que no tendrán que quemar carbón nacional y podrán importarlo y, además, fomenta las minas a cielo abierto, que son «más contaminantes».

A su juicio, no se cumplió el decreto y se duplicó el de importación, porque las ayudas estaban «mal planteadas desde el principio». «Esto va a ir a peor. El problema es que no hay por dónde coger todo el sistema eléctrico español«, sentenció, ya que esto sirve para «favorecer» a las eléctricas, que seguirán usando carbón, pero extranjero. «Al final no va a haber ni ventajas ambientales ni sociales», concluyó.

Industria eliminará en 2015 las ayudas a la producción del carbón

Torre se expresó así tras mantener un encuentro con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la que aseguró salir «desolado», según informó el Gobierno asturiano.

Además, indicó que el secretario de Estado le confirmó que el decreto de restricciones de garantía de suministro, por el que se incentiva la quema de carbón nacional en las centrales, terminará el 31 de diciembre de 2014 «y no se prorrogará».

De esta forma, apuntó el consejero, «no habrá más ayudas para la entrada de carbón en las térmicas» a la vez que las empresas productoras de hulla tampoco recibirán ayudas.

A su juicio, estas medidas suponen «el cierre de la minería» pese a que, según Torre, el secretario de Estado consideró que parte del sector puede competir sin necesidad de ayudas y del decreto, como es el caso de la de cielo abierto, «que causa grandes destrozos medioambientales y genera muy poco empleo en comparación con la subterránea».

En el encuentro, al que también participó Isaac Pola, director general de Energía y Minería, según el consejero asturiano, Nadal mostró su voluntad de «hablar de futuro con los sindicatos» en la reunión que mantendrán próximamente «pero en ningún momento se refirió a un nuevo plan del carbón».

A estos encuentros el Gobierno prevé incorporar, según informó Torre, al sindicato USO, una circunstancia que ya fue rechazada por las centrales mayoritarias (CCOO y UGT) en las negociaciones mantenidas durante las últimas movilizaciones del sector minero. «Es algo que ya causó bastante distorsión y que será un elemento más de incendio de las comarcas mineras», lamentó.

Por otra parte, Torre incidió en la importancia de que el Gobierno mantenga su compromiso de poner en funcionamiento la línea Sama-Velilla en el año 2016. Asimismo, pidió al secretario de Estado de Energía que incluya entre las primeras inversiones que se ejecuten en materia de redes de transporte de gas el gasoducto El Musel-Llanera, para conectar a la red general la regasificadora.

El Gobierno trabaja por un sector «competitivo más allá de 2018»

A la sazón, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo defendió que el Gobierno «está trabajando para que haya un sector del carbón competitivo más allá de 2018» y aseguró que «no existe ningún plan de desmantelamiento del carbón para 2015», como dijo el consejero de Economía asturiano.

Este ministerio aseguró que continúa los contactos con empresas y sindicatos con el objetivo de lograr un sector de la minería del carbón competitivo en el tiempo y recordó que la Unión Europea permite las ayudas al sector hasta finales de 2018, «siempre que estén ligadas al cese de la actividad en esta fecha como límite».

Así, el objetivo del Gobierno es elaborar «una hoja de ruta» que permita construir un futuro viable y competitivo a la minería del carbón y que, contrariamente a lo estipulado en el plan 2013-2018 remitido a Bruselas en agosto de 2011, «permita que las explotaciones mineras que hubiesen recibido ayudas y que sean competitivas, puedan mantenerse abiertas más allá de 2019».

El Ministerio espera que esta hoja de ruta fije «las bases» que aseguren el futuro del sector la minería del carbón, «para lo que cuenta con todos los agentes sociales».

El objetivo del Gobierno es lograr tener un sector sostenible y competitivo, dado que a partir de 2019 finalizará el régimen de ayudas para el sector según mandato de la Unión Europea y todas aquellas empresas que hayan recibido subvenciones deberán cesar en su actividad.

Asimismo, el Ministerio trabaja para «garantizar» que las empresas que sean competitivas puedan seguir operando de «manera indefinida creando las condiciones que garanticen un mercado para el carbón nacional».

El objetivo que se plantea el Gobierno es «disponer de un sistema energético que sea seguro, equilibrado y sostenible», a la vez que recordó que «el carbón forma parte de nuestro mix energético, al ser una materia prima de producción nacional que reduce la dependencia del exterior y contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico».

Izquierda Plural pide explicaciones a Soria

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, registró una petición de comparecencia del ministro Soria, en la comisión del ramo en el Congreso para que explique su intención de «eliminar» las ayudas al carbón y las subvenciones a las centrales térmicas que, según denuncia, supondrá «el cierre de la minería en 2015».

Según informó IU, la decisión de solicitar una comparecencia de Soria se deriva de los planes del Gobierno de eliminar las subvenciones por el uso del carbón nacional y las aportaciones a su producción.

«Nuestra indignación ha superado ya todos los límites posibles. Ya no es hora de paños calientes ni de medias tintas. El Gobierno del PP, con José Manuel Soria a la cabeza, ya ha puesto fecha en 2015 para dar el golpe de gracia a la minería en nuestro país y, con ello, al futuro laboral no sólo directamente de decenas de miles de trabajadores sino al de otros muchos miles de familias residentes en las comarcas mineras que dependen en exclusiva de esta actividad para poder vivir dignamente», afirmó Llamazares.

Además, el diputado criticó que el ministro esté jugando «al ratón y al gato», sin atender a las peticiones de información que diferentes grupos parlamentarios cursaron desde el pasado verano. «Soria no puede permanecer oculto por más tiempo. Está en juego el sustento y el futuro de muchos como para que el PP esté jugando con fuego. Ya no hay tiempo para más malabarismos ni maniobras de distracción absurdas», insistió.

Además, anunció que la Izquierda Plural, en colaboración con los sindicatos, pondrá en marcha «todas las acciones políticas, tanto a nivel nacional como autonómico y local» para «frenar esta locura», y también apoyará las acciones que decidan otras formaciones en defensa de la minería del carbón.

«Soria no puede parapetarse más en segundos y terceros escalones de su departamento. Si ya tiene planificado acabar con la minería del carbón en 2015 queremos oírselo de sus labios en el Congreso», añadió Llamazares, advirtiendo de que defenderán un sector con el que «algunos se empeñaron en acabar por intereses económicos bastardos».

Los sindicatos desconfían de Rajoy y sus anuncios

Por otra parte, el secretario regional del SOMA-UGT, José Daniel González, y el responsable de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano, mostraron su desconfianza sobre el anuncio que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, dio en Perú la pasada semana, cuando ordenó al ministerio de Industria retomar las negociaciones con los sindicatos mineros.

En una rueda de prensa posterior a una reunión con el Grupo Socialista en la Junta General, en la que también compareció el secretario de Organización de la FSA y diputado del PSOE, Jesús Gutiérrez, ambos líderes sindicales reprocharon al presidente su tardanza en tomar decisiones al respecto de este asunto.

«Ya conocemos bien a quién tenemos en frente y las contradicciones a la que nos tienen acostumbrados, incluso mintiendo gravemente», señaló González. Por tanto, el anuncio les hace «tener reservas con respecto a cómo lo van a llevar adelante». «Estamos dispuestos a negociar, pero no ahora, sino desde el mes de septiembre llevamos esperamos por una reunión que todavía no se dio».

Así, recordó «la necesidad de constituir la comisión negociadora, entre el Ministerio de Industria, los sindicatos más representativos del sector y la patronal más representativa». Así, mostró su confianza en que haya «buena intención» por parte del Ejecutivo. No obstante, recordó que el borrador del futuro plan establece «un recorte del 20% en la garantía del suministro, además de la clara discriminación positiva hacia el cielo abierto, lo que dejaría a la minería de interior en producciones bajísimas que solo conllevarían despidos».

Manzano criticó que «Rajoy como presidente haya tenido que ir a Perú para anunciar esto». «Uno ya no sabe si saben de lo que están hablando cuando hablan de minería», añadió el responsable de Industria de CCOO, para quien el presidente del Gobierno «tuvo tiempo para dar cualquier tipo de instrucción que permitiera resolver la situación». Así, pidió al presidente «que se diese la misma premura para resolver el problema de la minería, que la que se dio en hacer aquellas famosas declaraciones a raíz de la privatización de la filial de Repsol, cuando casi parecía que le íbamos a declarar la guerra a Argentina».

Por su parte, Jesús Gutiérrez se preguntó si a Rajoy «no le habría afectado el mal de altura en Perú», y el anuncio fuese fruto de ello. Así, el líder socialista demandó, a la dirección autonómica del PP y, especialmente, «a la propia presidenta de Hunosa (Teresa Mallada), que no dé la callada por respuesta». «Al menos ella debería tener un gesto recogido mediáticamente para que todos tuviésemos a las claras cuál es su posición», ha demandado.

El PSOE mostró su plena coincidencia con los planteamientos sindicales, al igual que ya lo hizo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Los representantes de UGT y CCOO se reunirán con el consejero de Industria, Graciano Torre, con Foro Asturias, con el PP y con UPyD.

Los mineros bloquearán el acceso de carbón de importación a las centrales

Asimismo, los trabajadores de las empresas Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (Uminsa), ambas de Grupo Alonso, bloquearán desde esta semana el acceso de carbón de importación a las centrales térmicas del Bierzo (León).

Así lo decidieron los comités de empresa de CMC y Uminsa en una reunión en la que expresaron que están «hartos» de que el mineral de importado «esté pasando por delante de nuestras narices».

«Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados viendo que nos estamos quedando en la calle», declaró el presidente del comité de empresa de servicios de CMC Villablino, Roberto Morán.

El sindicalista avanzó que la intención es adoptar «medidas más contundentes» una vez que se hagan efectivos los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo planteados por el grupo empresarial en las explotaciones de Santa Cruz y Salgueiro, en la provincia de León, así como Cerredo y Pilotuerto, en el Principado de Asturias.

El sindicalista lamentó que el Gobierno quiera «ahogar» al sector del carbón y advirtió que los trabajadores «acabarán en la calle, pero actuando».

Asimismo, consideró que la eliminación en 2015 de las ayudas a las empresas propietarias de las centrales térmicas por el uso de carbón nacional así como la supresión de las ayudas a la producción de las compañías mineras supone la estocada «definitiva» para el sector.

«Lo que queremos es transparencia con las empresas y con los obreros y de eso hay poco ahora», criticó.

Las ONG ecologistas celebran el fin de las ayudas al carbón

Por último, las organizaciones ecologistas celebraron que las ayudas al carbón no se prorroguen más allá del 31 de diciembre de 2014, aunque reclamaronn que dichas ayudas sean derogadas de manera inmediata.

Para Héctor de Prado, portavoz de cambio climático y energía de Amigos de la Tierra, esto ayudará a España a cumplir los compromisos de reducción de emisiones de los que aún sigue alejada. «Nos alegramos por la noticia y ojalá no se renueve el decreto y se dé un mensaje de que el Gobierno quiere ir hacia la descarbonización», destacó.

Si bien, señaló que quiere una «transición justa» para los mineros, por lo que reclamó para ellos las herramientas y el conocimiento para paliar la falta de actividad. En definitiva, dijo que para Amigos de la Tierra todo lo que sea abandonar el carbón es positivo porque «no sale a cuenta invertir en la minería».

Mientras, la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, celebró la decisión y pidió también al Gobierno que no espere hasta 2014 y anule el decreto de ayudas que carga el déficit a la tarifa eléctrica. A su juicio, con esta medida se va a ahorrar CO2, por lo que es un «paso adelante» en la nueva dirección.

Sin embargo, lamentó que sin «visión de conjunto» ni un plan energético, «integral y sostenible» en el que la propuesta sea un 100 por cien renovable, «esto es dar palos de ciego».

Por eso, opinó que se debe avanzar en propuestas energéticas alternativas, que proporcionan «más empleo», como las renovables, que ofrecen un futuro «más prometedor». «Cuanto antes se empiece, antes se dejará de estar en esta penuria económica», concluyó.

Asimismo, la responsable de energía de WWF, Mar Asunción, estimó que la noticia es «positiva, pero insuficiente» ya que la producción eléctrica del carbón es «la más emisora» de gases de efecto invernadero y porque las ayudas han provocado un repunte de las emisiones en 2011. En este sentido, recordó que según la Comisión Nacional de la Energía, el carbón causó el 35% de las emisiones de CO2 de la producción eléctrica.

Por ello, coincidió en que «lo ideal sería» suspender las ayudas «desde ya» porque esto va en contra de las renovables, que habían posicionado a España como líder mundial. Igualmente, quiere la reconversión del sector minero hacia las energías renovables y a la eficiencia energética porque «el carbón es pan para hoy y hambre para mañana».

Sin embargo, para Paco Ramos, portavoz de Ecologistas en Acción, el fin de las ayudas beneficiará principalmente a las grandes eléctricas, que no tendrán que quemar carbón nacional y podrán importarlo y, además, fomenta las minas a cielo abierto, que son «más contaminantes».

A su juicio, no se cumplió el decreto y se duplicó el de importación, porque las ayudas estaban «mal planteadas desde el principio». «Esto va a ir a peor. El problema es que no hay por dónde coger todo el sistema eléctrico español«, sentenció, ya que esto sirve para «favorecer» a las eléctricas, que seguirán usando carbón, pero extranjero. «Al final no va a haber ni ventajas ambientales ni sociales», concluyó.

Rajoy confía en hallar una solución «definitiva» para el carbón este año e Industria convoca por separado a CCOO y UGT para el 5 de febrero

En declaraciones a ABC Punto Radio, Rajoy afirmó que ha dado instrucciones al ministro de Industria, José Manuel Soria, para acordar un régimen hasta el plazo dado por la Unión Europea (1 de enero de 2019) «para intentar darle una solución definitiva a este tema».

El presidente del Gobierno, que reconoció que el carbón «está sufriendo una crisis muy larga», aseguró que, aunque en 2012 ya hubo «muchas discusiones» entre el Ejecutivo y el sector, confió en que este año «se llegue a un entendimiento entre todos».

De hecho, el Ministerio de Industria urgió a las empresas mineras del carbón a que presenten «de inmediato» sus planes de viabilidad más allá de 2018 con objetivos «claros y nítidos» y centrados en el escenario actual y «no en lo que se desea» con el fin de lograr que las explotaciones sean competitivas, con el objetivo de conocer qué industrias podrán ser competitividas más allá de esta fecha sin ayudas públicas.

Asimismo, el portavoz del PP en materia de Energía en el Congreso, Ovidio Sánchez reconoció esta semana que «el carbón tiene vida para muchos años, pero gracias a que gobierna el PP» y subrayó que el Ejecutivo está negociando para «cambiar las exigencias con las que el PSOE se comprometió».

«El Gobierno negocia con Europa para que las empresas que ahora necesiten ayudas, a partir de 2018 puedan continuar aunque sea sin esas ayudas», dijo Sánchez, calificando a los socialistas de «enemigos del carbón».

Nadal se reunirá con UGT y CCOO por separado

Por otro lado, Fitag UGT y la Federación de Industria de CC.OO mantendrán este próximo 5 de febrero reuniones, por separado, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Los sindicatos destacaron que Industria haya respondido a su exigencia de celebrar este encuentro e indicaron que asistirán a las reuniones con vocación de recuperar «un marco regulador estable» para la minería del carbón.

La convocatoria servirá a UGT y CCOO para hacer una primera toma de contacto con el con el «flamante» nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y supone «un primer paso para la normalización del diálogo social en el ámbito de la minería del carbón».

El encuentro no tiene como objeto negociar el nuevo plan del carbón, ya que para eso debería crearse una mesa de negociación en la que estuviesen presentes las organizaciones sindicales más representativas del sector, la patronal y la Administración.

Para los sindicatos, la reunión del 5 de febrero debe contemplar aspectos como el pago urgente de los 111 millones de euros procedentes de las ayudas al funcionamiento contempladas para 2012, de tal forma que éstas no repercutan en los presupuestos de 2013, sino a cuenta del año para el que fueron pactadas. Sobre este aspecto, CCOO y UGT recordaron que, desde la llegada del PP al Gobierno, la minería del carbón no recibió un solo euro por este concepto de ayudas.

Además, consideraron «imprescindible» la puesta en marcha de la resolución para el 2013 que dé cumplimiento al real decreto sobre restricciones sobre garantía de suministro, también conocido como decreto del carbón, previo acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas del sector y la patronal.

Junto a esto, «es necesario que el Gobierno clarifique si es su intención mantener las ayudas a la explotación a las empresas mineras a partir de 2014, puesto que desde el ámbito de la Administración se viene trasladando que este año será el último para las mismas».

Con el objetivo de pactar posturas comunes de cara a la reunión, los dos sindicatos mantendrán una reunión el 30 de enero que les permita fijar una posición común.