Así lo indicó el responsable de la Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Teruel, Antonio Herrero, quien recalcó que la explotación depende de que Endesa acepte el carbón de Mequinenza en su central térmica de Andorra.

De esta forma, Herrero explicó que el carbón de la mina de Mequinenza iba a la central de Escucha que se cerró el pasado 31 de diciembre, «dejando a la mina con la única opción de vender su carbón a la central de Andorra, la única que permanece abierta en Aragón».

Sin embargo, parece que a Endesa no le parece buena idea, dado que «la empresa alega que la quema del material que proviene de Mequinenza puede dañar las calderas de la central térmica», según indicó el responsable de la Federación de Industria de CC.OO. en Teruel.

En este contexto, Antonio Herrero incidió en que esta posición de Endesa puede hacer que el Ministerio de Industria, en la resolución de los cupos de producción, no marque un cupo de carbón para Mequinenza, «lo que supondría el cierre de una mina de la que viven directamente más de 60 personas».

Asimismo, apuntó que «parece ser que hubo una reunión medio en secreto entre Carbunión, Endesa y el Ministerio», así que consideró que si todavía no se ha hecho público el Decreto de Garantía de Suministro es porque «están a la espera de que Endesa tome la decisión definitiva», puesto que «ya ni el Ministerio ni el Gobierno de Aragón pueden hacer más por dar la vuelta a la situación».

A juicio del sindicalista, no es del todo malo que no se haya publicado aún el Decreto porque «mientras estemos en ‘stand by’ es bueno porque no se ha ratificado el no». No obstante, reconoció que «nos gustaría que saliera ya» incluyendo el cupo de Carbonífera del Ebro «para normalizar la situación» porque de lo contrario «la lucha se tendría que recrudecer porque sería más difícil rectificar la resolución una vez que está publicada».

Herrero opinó que el carbón de Mequinenza no puede dañar la central térmica porque «sólo representa el 2,5% de todo el carbón que se quema en Andorra».

«Mequinenza históricamente ha estado vinculado a Endesa, la empresa tiene que ser razonable y lógica», recalcó el responsable de la Federación de Industria de CC.OO.-Teruel.

Ante esta situación, cinco trabajadores de la mina decidieron encerrarse en la explotación de Mequinenza y unos 40 se encadenaron en la entrada de la hidroeléctrica que tiene Endesa en la localidad zaragozana.

«El motivo de encadenarse en la central hidroeléctrica de Endesa en Mequinenza es tratar de sacar los colores a Endesa y que reaccione», apuntó el secretario de Organización de la Federación de Industria de CC.OO.-Aragón, Carlos Guerrero, al tiempo que aseguró que los trabajadores están «desesperados» ante la posibilidad de perder su trabajo.

Sin embargo, pocas horas después los trabajadores encadenados fueron desalojados por la Policía, por lo que los mineros decidieron ir a la explanada de la mina Europa, donde se encuentran encerrados otros cinco trabajadores.

«Vamos a intentar que Endesa rectifique y, una forma de hacerlo, son las movilizaciones, al margen de todas las presiones a nivel político que se estén haciendo», añadió Herrero.

Por otro lado, apuntó que el próximo 11 de febrero tendrá lugar una reunión entre los sindicatos mineros con la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

En el encuentro, Herrero afirmó que se hablará del futuro de la cuenca de Mequinenza y de Carbonífera del Ebro, pero «también del futuro de la Central de Andorra y de la puesta en marcha de un plan del carbón en Aragón».

Según dijo, «vamos a demostrarle que el Gobierno de Aragón se ha ahorrado mucho dinero con los últimos planes, así que es el momento de que apueste por la reindustrialización de las Cuencas Mineras«.

En este punto, Herrero aseguró que el Ejecutivo aragonés «tiene que defender los territorios porque están despoblados y es difícil que lleguen las empresas» de forma que «tendrán que hacer todo lo posible por mantener la población y la actividad».

La Comisión Permanente de ACOM-ESPAÑA se reunió en la sede de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), ubicada en Oviedo, para analizar la situación del sector y estudiar un calendario de acciones y medidas tendentes a garantizar su futuro y el de las comarcas mineras.

Los ayuntamientos mineros de España estudian dirigirse desde EURACOM a aquellos organismos e instituciones europeas a los que corresponda velar por la correcta aplicación de la decisión de la Unión Europea que obliga al cese ordenado de la actividad minera. «Creemos que no está siendo cumplido por el actual Gobierno de España«, señalaron.

Los alcaldes leoneses de Páramo del Sil (León), Ángel Calvo, de Laviana, Adrián Barbón, de Cervera de Pisuerga, Urbano Alonso, y de Villablino, Ana Luis Durán, apuntaron que trasladarán esta iniciativa a la próxima reunión de ACOM-ESPAÑA prevista para el próximo 22 de febrero con el objetivo de trasladar la información y documentación oportuna de la «situación real» del sector y de las medidas que se pretenden poner en marcha para que los alcaldes la refrenden.

En esta reunión, a la que están convocados todos los alcaldes de los municipios mineros asociados a ACOM España, se estudiarán también otras medidas a adoptar por parte de esta organización.

ACOM pretende trasladar a las máximas instancias de la Unión Europea los «graves problemas sociales y económicos que sufren actualmente las comarcas mineras con el objetivo de lograr tanto un mayor conocimiento como una mayor implicación de las autoridades europeas competentes en el desarrollo de políticas de crecimiento, para que implanten actuaciones estratégicas que permitan la dinamización económica de estos territorios y un futuro próspero».

Los alcaldes criticaron que el Gobierno español esté haciendo caso al Decreto de ajustes pero no a las directrices de la Unión Europea para la pervivencia del carbón hasta unas fechas que no se están cumpliendo por parte del Ejecutivo central.

«Queremos que sea Europa para todo y no para que lo que interese y llevaremos nuestras reclamaciones a la Unión Europea», subrayó Calvo, que instó al Ministerio de Hacienda a que con urgencia proceda al abono del pago de los 111 millones de euros pendientes relativos a la cuantías que las empresas del sector minero deberían de haber recibido en 2012 según lo consignado en los Presupuestos del Estado.

La Comisión Permanente de ACOM-ESPAÑA se reunió en la sede de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), ubicada en Oviedo, para analizar la situación del sector y estudiar un calendario de acciones y medidas tendentes a garantizar su futuro y el de las comarcas mineras.

Los ayuntamientos mineros de España estudian dirigirse desde EURACOM a aquellos organismos e instituciones europeas a los que corresponda velar por la correcta aplicación de la decisión de la Unión Europea que obliga al cese ordenado de la actividad minera. «Creemos que no está siendo cumplido por el actual Gobierno de España«, señalaron.

Los alcaldes leoneses de Páramo del Sil (León), Ángel Calvo, de Laviana, Adrián Barbón, de Cervera de Pisuerga, Urbano Alonso, y de Villablino, Ana Luis Durán, apuntaron que trasladarán esta iniciativa a la próxima reunión de ACOM-ESPAÑA prevista para el próximo 22 de febrero con el objetivo de trasladar la información y documentación oportuna de la «situación real» del sector y de las medidas que se pretenden poner en marcha para que los alcaldes la refrenden.

En esta reunión, a la que están convocados todos los alcaldes de los municipios mineros asociados a ACOM España, se estudiarán también otras medidas a adoptar por parte de esta organización.

ACOM pretende trasladar a las máximas instancias de la Unión Europea los «graves problemas sociales y económicos que sufren actualmente las comarcas mineras con el objetivo de lograr tanto un mayor conocimiento como una mayor implicación de las autoridades europeas competentes en el desarrollo de políticas de crecimiento, para que implanten actuaciones estratégicas que permitan la dinamización económica de estos territorios y un futuro próspero».

Los alcaldes criticaron que el Gobierno español esté haciendo caso al Decreto de ajustes pero no a las directrices de la Unión Europea para la pervivencia del carbón hasta unas fechas que no se están cumpliendo por parte del Ejecutivo central.

«Queremos que sea Europa para todo y no para que lo que interese y llevaremos nuestras reclamaciones a la Unión Europea», subrayó Calvo, que instó al Ministerio de Hacienda a que con urgencia proceda al abono del pago de los 111 millones de euros pendientes relativos a la cuantías que las empresas del sector minero deberían de haber recibido en 2012 según lo consignado en los Presupuestos del Estado.

Según la resolución diseñada por la Secretaría de Estado de Energía, el volumen total de carbón previsto para 2013 rondará los 6,6 millones de euros, mientras que la electricidad susceptible de generación en las centrales se situará en 18.228 gigavatios hora (GWh).

Por la quema del carbón autóctono, las centrales recibirán unos precios que oscilan entre los 56 euros por megavatio hora (MWh) en la central de Teruel, que es a la que se le permite producir más electricidad, hasta los 124 euros por MWh de Puentenuevo 3, cuya producción es la más modesta de todas.

Este recorte permitirá al Ministerio de Industria dibujar un escenario de costes para el sector eléctrico en 2013 en el que el decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro, que es el nombre técnico del decreto del carbón, no supere los 419 millones de euros.

Esta partida supone una reducción de 75 millones de euros, o del 15%, con respecto al coste de 493 millones de euros previsto por el propio Ministerio de Industria para el decreto del carbón en 2012.

El diario «Cinco Días» publicó que las eléctricas ya dejaron de comprar carbón nacional, ante la falta de un reglamento que determine las cantidades y el precio regulado que cobrarán las centrales por la quema de este mineral.

El retraso en la publicación de esta resolución se suma al bloqueo en la concesión de los 111 millones de euros de ayudas al sector correspondientes a 2013, lo que agrava la situación de las empresas mineras.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró en el Senado que existen «razones muy poderosas de tipo jurídico que impiden que las ayudas al sector del carbón puedan llevarse a cabo», si bien el departamento que dirige «está trabajando para resolver los obstáculos» para que estas partidas «se canalicen».

La falta de un mecanismo de referencia para la quema de carbón en 2013, último año de aplicación del decreto, contribuyó a que la aportación de esta fuente de generación eléctrica haya pasado del 21,8% en enero de 2012 al 12,4% en enero de este año, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se reunió por separado con los sindicatos UGT y CC.OO., a los que convocó a una mesa de negociación en torno a la primera semana de marzo para abordar el futuro para el sector y las comarcas mineras.