E.ON: «El carbón es esencial, porque las renovables no serán una alternativa real hasta finales de siglo»

El directivo de la eléctrica alemana, Miguel Antoñanzas, apostó por mejorar la eficiencia de las fuentes tradicionales de generación eléctrica para evitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según afirmó, «avanzar en la captura de CO2 sería la mayor contribución para impedir el cambio climático».

Además, defendió las bonanzas del carbón, «mineral del que hay reservas suficientes para cientos de años», situadas en regiones accesibles y políticamente estables. «Todo ello, hace que tengamos un incentivo muy grande para conseguir que sean más limpias y eficientes».

Con respecto a las fuentes renovables, Antoñanzas vaticinó que no supondrán una alternativa real a la generación tradicional hasta finales de siglo, cuando «serán el pilar fundamental, sobre todo por el impulso de la energía solar».

«Su implantación requerirá de un esfuerzo inversor ingente, por lo que el apoyo del sector público será esencial para su desarrollo» aseguró el directivo de E.ON.

«No obstante, a medio plazo las subvenciones públicas tienen que tender a disminuir, tienen que ser transparentes. En Europa, además, estas primas han de ser uniformes, para que se destinen a las tecnologías más adecuadas en cada región», agregó.

Abogó, asimismo, por conservar la capacidad de generación convencional, junto a las renovables, para asegurar el suministro.

Por último, el presidente de E.ON España apostó por que las compañías eléctricas introduzcan incentivos para que cambien los hábitos de consumo de los clientes, como los contadores inteligentes, e impulsen otras medidas, como el aislamiento térmico de los edificios.

Un nuevo pozo extraerá 1,5 millones toneladas de carbón al año hasta 2040 en Asturias

Este nuevo pozo, que comenzó a construirse en 2007 y estará plenamente operativo a finales del 2010, es el proyecto de minería de interior más importante que se lleva a cabo en el país, según ha explicado el empresario leonés Victorino Alonso, propietario de las dos compañías durante el acto inaugural de esta obra.

En total, serán 500 mineros los que trabajarán en este yacimiento una vez que esté plenamente operativo con sus tres plantas a finales del 2010.

De momento, ya son más de 300 personas los que trabajan en este yacimiento, que es el buque insignia de la reserva estratégica del carbón autóctono, y donde ya se han excavado 2.300 metros de galería.

El objetivo para finales de 2010 es llegar a los 3.500 metros de galería principal, a los que hay que sumar los 30 ramales adyacentes.

Una vez que esté plenamente operativa la infraestructura, se extraerán un total de 41 millones de toneladas de carbón, a razón de 3.000 por trabajador y año.

Para explotar este yacimiento, «se usará tecnología puntera en el mundo», según ha dicho en su discurso Alonso, que ha afirmado que con esta explotación «España se pone en primera división en cuanto a tecnología se refiere en minería del carbón».

El sistema de explotación será por entibación automarchante de pilas escudos con hundimiento integral, una tecnología que hará desaparecer el tradicional proceso de apuntalamiento manual de la mina y ser sustituido por otro automático.

La obra inicial tenía un presupuesto de 29,1 millones de euros, para extraer 20 millones de toneladas, cantidad que se ha incrementado a 45 con el fin de duplicar su producción ante las buenas perspectivas del yacimiento.

Este yacimiento ya estaba siendo explotado por la antigua Hullas del Coto Cortés, empresa que se fusionó con Minero Siderúrgica de Ponferrada a finales de 2008 y que dio como resultado Coto Minero Cantábrico. No obstante, se ha optado por construir un nuevo pozo para llegar al yacimiento ya que es más rentable.

En el acto inaugural, han intervenido el consejero de Industria de Asturias, Graciano Torre, así como los representantes de SOMA-UGT, Ramón Villa, y el responsable de Energía y Minería de CC.OO de Asturias, José Luis Villares.

Así, todos ellos han destacado la importancia de esta nueva infraestructura que garantiza la explotación de carbón durante los próximos 30 años.

En este contexto, el consejero asturiano ha destacado el compromiso de la empresa privada por el futuro del carbón.

Ha destacado la importancia por diversificar la producción de energía, ya que, a su juicio, las renovables no garantizan el suministro.

El presidente de Carbounión ve como un desliz las palabras de Rajoy sobre el carbón

Victorino Alonso se ha manifestado de esta forma en Degaña (Asturias), al ser preguntado por la intervención de Mariano Rajoy en una sesión de control al Gobierno, en la que reprochó al Ejecutivo su política energética al afirmar que mientras en Europa se promueve la «reducción del uso del carbón», en España se hace «exactamente lo contrario».

Alonso ha considerado que Rajoy dijo esto «sin mucho conocimiento de causa», ya que, ha recordado, afirmó»dos cosas absolutamente contradictorias: primero que había que mantener independencia energética y, segundo, que no se consumiera carbón».

«Creo que no quiso decir eso», ha interpretado Alonso, quien se ha referido al Gobierno de Castilla y León, con su presidente Juan Vicente Herrera a la cabeza, que apuesta decididamente por el carbón y al PP asturiano, que también lo hace.

Ha recordado además que el primer Plan del Carbón de 1998, origen del actual, lo elaboró el PP.

A su juicio, el carbón está consolidado como reserva estratégica, es necesario para el país, sustenta determinadas comarcas mineras y, además, «devuelve tres veces más en impuestos a la sociedad que lo que cobra de ayudas».

Alonso ha ido más allá y ha opinado que el carbón será «quizás el culpable de que haya una energía limpia definitiva», al referirse a los proyectos tecnológicos de captura de CO2 a partir de la quema de carbón.

Se ha referido a la negociación de un nuevo plan del carbón, con un horizonte hasta 2018 ó 2020, y confía en que establezca un marco «estable» sin reducción alguna en lo que concierne a la reserva estratégica, que ha cifrado en 10 millones de toneladas.

El presidente de Carbounión se ha referido además a la Comisión del Plan de Seguimiento del Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón, que se reunió el pasado 23 de octubre y aprobó el texto del Real Decreto que crea el procedimiento de resolución de restricciones por Garantía de Suministro, cuya tramitación ya ha empezado y entrará en vigor en 2010.

Según ha dicho, este texto consagra definitivamente el carácter estratégico de la producción del carbón. Ha agradecido a los sindicatos mineros mayoritarios el apoyo que han prestado a las empresas mineras en estos momentos de crisis que ha habido.

Las comarcas mineras reclaman la renovación del régimen de ayudas al carbón

Según ha informado ACOM-España, la resolución, aprobada en Wisla (Polonia), considera necesaria esta medida para asegurar la cohesión social y el mantenimiento del empleo en los territorios mineros y consumar una reindustrialización «que está aún lejos de haberse completado».

EURACOM representa a 900 ayuntamientos mineros de Europa y a sus 26 millones de habitantes, y su Asamblea General ha incidido además en que el fin de las ayudas al carbón iría en detrimento de las industrias del sector y de otros afines.

La propuesta ha sido respaldada por la delegación de la ACOM- España integrada por 17 alcaldes de Asturias y Castilla y León y encabezada por su presidente y alcalde del concejo asturiano de Aller, Gabriel Pérez Villalta.

CCOO pide al Gobierno que proteja la minería española más allá del año 2012

En un encuentro con medios de comunicación, el secretario general de Industria de CCOO, Felipe López, dijo que el Plan 2006-2012 fija los objetivos del sector del carbón y asegura el empleo en las zonas mineras, por lo que es muy importante firmar un nuevo plan que garantice que las actividades de reindustrialización y fomento del empleo en estas comarcas continuarán más allá de 2012.

Según López, España necesita un pacto de Estado que determine una política energética estable, en la que el carbón tiene que jugar un papel «muy importante» por su carácter estratégico.

El Ministerio de Industria ha elaborado un borrador de decreto que tiene el objetivo de incentivar el uso de carbón autóctono en un contexto de caída de la demanda eléctrica, que ha provocado que este combustible deje de utilizarse por su menor competitividad ante otras tecnologías de generación.

Desde CCOO también pidieron al Gobierno que durante su turno en la presidencia de la Unión Europea ponga los medios para que se prorrogue el reglamento europeo del carbón, que sería el que marcaría las directrices del nuevo plan español.

El secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Juan Carlos Liébana, aseguró que sólo piden «el cumplimiento de los acuerdos» y que «España no puede renunciar a una fuente autóctona de energía» porque garantiza el suministro y ofrece «una cierta autonomía».

Además, explicó Liébana, la reducción de la producción de carbón nacional es un riesgo, porque las minas implican unas inversiones de mantenimiento y si se abandonan la recuperación posterior resulta muy costosa.

El responsable de las industrias extractivas defendió la competitividad del carbón nacional y señaló que no es tan caro como indican algunas fuentes «interesadas», ya que aunque está subvencionado «no es la energía que más primas recibe».

Liébana también señaló que el sector del carbón está trabajando en las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, que con unos incentivos adecuados podrían lograr que en 2020 las centrales térmicas de carbón eliminen el 90% de sus emisiones.

Respecto al borrador de decreto para el carbón, señaló que el sindicato se pronunciará cuando reciban el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Sin embargo, el responsable de CCOO señaló su desacuerdo con las propuestas publicadas en la prensa sobre las restricciones a las minas a cielo abierto porque no se basan en criterios reales, ya que sólo contaminan las minas que incumplen las normativas medioambientales.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) planteó al Ministerio de Industria varias propuestas para mejorar el decreto del carbón, entre las que se encuentra limitar la producción de las minas a cielo abierto por sus altos niveles de emisiones de CO2.

El sector del carbón pide al Gobierno que dé por finalizada su reestructuración

Victorino Alonso, presidente de Carbunión, abogó por que España aproveche la presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 para liderar el debate sobre la futura normativa que deberá regular el sector del carbón a partir de 2011, una vez expire a finales del próximo año el vigente Reglamento del Consejo Europeo (1407/2002).

En opinión de Carbunión, «lo más sensato» sería prorrogar las condiciones del actual Reglamento y garantizar la permanencia del sector con su actual dimensión.

La patronal subraya que el sector en España ha sufrido una importante reestructuración en los últimos años, que ha supuesto grandes recortes en las cifras de producción, ayudas y empleo.

Así, entre 1998 y 2010, la producción nacional habrá pasado de 18 a 10 millones de toneladas, las ayudas a la producción se habrán reducido de 514 a 310 millones de euros, y el empleo habrá mermado de 22.500 a 10.000 empleos directos.

El sector tiene un gran peso específico en Castilla y León y Asturias, donde se produce el 35,4 y el 24,7 por ciento del carbón nacional, en concreto, hulla y antracita, mientras que de las minas de Teruel sale el 26,8 por ciento de la producción, aunque se trata principalmente de lignito negro, con menor poder calorífico. También es significativa la producción en las zonas de Ciudad Real y Córdoba, con el 6,3 y el 5,3 por ciento del total.

Alonso subrayó que el sector tiene que mantener su actual dimensión y que el Gobierno debe apostar por su «estabilidad» si se quiere preservar el carbón nacional como combustible de valor estratégico para la garantía del suministro energético.

A este respecto, el presidente de Carbounión destacó que España cuenta con unas reservas de carbón equivalentes a la producción de 500 años.

El presidente de la patronal insistió en que el sector del carbón debe ser «estratégico en la política energética del país», sobre todo cuando España sufre un alto grado de dependencia energética exterior, cerca del 82 por ciento de la energía primaria consumida.

Además, Alonso subrayó que las ayudas al funcionamiento del sector -dirigidas a cubrir la diferencia entre los costes de producción del carbón nacional y el de importación- se limitan a 310 millones de euros para 10 millones de toneladas, lo que equivale a 18,2 euros por megavatio (MW) de electricidad.

Esta cifra, apuntó, se sitúa por debajo de la subvención de 42,9 euros por MW de la energía eólica; los 43,8 euros de la hidráulica, los 51,2 euros de la cogeneración; los 70,7 euros de la biomasa; los 90,3 euros del tratamiento de residuos, o los 428,6 euros de la solar.

Según la patronal, las ayudas al funcionamiento que recibe el sector son devueltas «con creces» a las arcas del Estado por las cargas fiscales y coberturas sociales que soporta la actividad minera.

Respecto a las emisiones de CO2 que produce la quema de carbón, los responsables de Carbunión señalaron que ya están en marcha varios proyectos de investigación para la captura de este gas.

El objetivo es que en 2015 estén dispuestos los mecanismos tecnológicos de captura del CO2 en las centrales térmicas y que en 2020 se cumpla el reto de la «combustión limia del carbón».

Carbunión acusa a la CNE de falta de independencia y de desconocimiento del sector

En un encuentro informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el presidente de Carbunión, Victorino Alonso, se mostró muy crítico con la CNE, al considerar que el regulador ha trasladado al Ministerio de Industria unas propuestas «muy interesadas» para el decreto del carbón nacional.

El director gerente de Unión Minera del Norte (UMINSA) y vocal en Carbunión, Gerardo Biaín, afirmó que las propuestas de la CNE han sido formuladas por alguien que «no tiene ni idea de lo que es el carbón» y denunció que alguno de los planteamientos del regulador «coincide milimétricamente con los de Gas Natural, que tiene unos intereses muy concretos».

Para Biaín es «sorprendente» que la CNE abogue por limitar la producción de carbón nacional a las minas subterráneas porque paralizar la actividad en las explotaciones a cielo abierto dejaría sin empleo a unos 2.000 trabajadores.

Además, las explotaciones a cielo abierto han firmado contratos de suministro con las compañías eléctricas y han adquirido maquinaria muy costosa a cuyo pago tienen que hacer frente, subrayó.

Biaín consideró que el organismo regulador debería tener un mayor conocimiento del sector y procurar «pensar más en las consecuencias de sus propuestas».

Desde Carbunión se acusa a las compañías eléctricas de orquestar una campaña para «demonizar» al carbón, con «mentiras» acerca de las ayudas públicas que recibe y su impacto sobre el recibo de la luz.

El presidente de la patronal subrayó que las ayudas al carbón nacional «no tiene ningún efecto sobre los consumidores», puesto que este combustible sólo representa entre el 6 y el 7 por ciento de la producción eléctrica del país.

En cambio, recordó Alonso, sí podría tener impacto sobre el precio de la luz las posibles prácticas anticompetitivas investigadas por la Comisión Nacional de la Competencia en el sector eléctrico.

Alonso también criticó a las eléctricas por incumplir los contratos de compra de carbón autóctono, cuando las minerías siempre han respetado los precios pactados independientemente de las fluctuaciones registradas del mercado internacional.

Un borrador con mucha polémica

El borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Industria tiene el objetivo de incentivar el uso de carbón autóctono en un contexto de caída de la demanda eléctrica, que ha provocado que este combustible deje de utilizarse por su menor competitividad ante otras tecnologías de generación.

La norma establece un mecanismo de restricciones que da entrada preferente a la red a las centrales que utilizan carbón autóctono, de manera que el resto tendría que disminuir su producción.

Esta reducción afectaría primero a las más contaminantes, las de carbón y fuel importado, y después a las de gas natural, si bien las plantas que tuvieran que ceder espacio en el mercado a las de carbón autóctono recibirían una compensación mediante la generación de derechos de cobro.

La CNE aprobó un informe en el que propone una serie de mejoras al borrador del decreto -«interesadas», según Carbunión- e incluso plantea dos alternativas totalmente distintas.

La primera propuesta pasaría por otorgar una prima a las centrales que consumen carbón nacional para que resulten competitivas respecto a las que utilizan otros combustibles, es decir, un sistema similar a los incentivos que abonan al régimen especial (energías renovables y cogeneración).

La segunda alternativa al borrador de Industria consiste en instrumentar un sistema retributivo complementario al precio del mercado, a través de los pagos de garantía de potencia.

El sector del carbón apela a la Presidencia española de la UE para garantizar su futuro

Victorino Alonso ha explicado que si la Presidencia española de la Unión Europea establece las bases de un nuevo reglamento para el sector del carbón -el actual vence en 2010- y negocia un futuro Plan para España a nivel europeo con vigencia hasta los años 2018 ó 2020 se daría una «estabilidad muy importante al sector».

Alonso ha recordado que, en la actualidad, el carbón genera en España 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, que se concentran en su mayoría en la comunidades de Asturias y Castilla y León, aunque también hay producción de carbón en minas de Córdoba, Teruel y A Coruña.

El presidente de Carbunión ha subrayado que sólo en Castilla y León, y concretamente en las provincias de León y Palencia, hay 20.000 empleos vinculados al carbón, que se traducen en otras tantas familias que si el sector entra en declive serían arrastradas a la ruina económica.

El dirigente de esta Federación ha criticado la campaña mediática en contra del carbón que, a su juicio, han promovido las empresas eléctricas «movidas por sus intereses económicos».

Alonso ha subrayado que el carbón es una energía limpia que aporta al Estado más de lo que recibe que, en el futuro, «seguirá siendo una energía limpia y no representará ningún gravamen para la tarifa eléctrica«.

Además, ha comentado que el objetivo que se plantea Carbunión es estabilizar la producción de carbón, como reserva estratégica, en 10 millones de toneladas para los próximos ocho años, «estabilidad que sería aplicable a ayudas y precios».

Según datos ofrecidos por la Federación de empresas, en 2008, la producción de hulla y antracita en Asturias fue de 2.520 toneladas métricas, un 17,9 por ciento más que en 2007.

Sin embargo, esta producción se vio mermada en otras comunidades, en Castilla y León se cifró en 3.609 toneladas métricas, un 17,1 por ciento menos que en 2007 si bien el 94 por ciento de la producción de esta región se concentró en las provincias de León y Palencia.

En Ciudad Real, la producción fue de 639, un 12,5 por ciento menos que en 2007 y en Córdoba de 538, lo que supuso una caída del 16,8 por ciento.

En cuánto al lignito negro, el pasado año, la mayor producción fue en Teruel (2.736 toneladas métricas), un 4,7 por ciento menos que en 2007.

CCOO repudia los «continuos e interesados ataques» al sector del carbón

Por medio de un comunicado, este sindicato recuerda que el acuerdo que la Comisión de Seguimiento alcanzó el 23 de octubre cumple con el Plan General de la Minería del Carbón 2006-2012, que garantizaba en su artículo 14 el consumo de carbón nacional por considerarlo reserva estratégica desde el punto de vista de la garantía del suministro y abastecimiento.

«El carbón es prácticamente la única materia prima energética de la que dispone España», recalca CCOO, que advierte de que tampoco se pueden obviar los desequilibrios del mercado provocados por el aumento de la demanda de las economías emergentes y los efectos de la crisis en la reducción del consumo eléctrico.

Además, subraya que hay que tener en cuenta que la mayor parte de las reservas de combustibles fósiles están en países geopolíticamente inestables.

Por todo ello, CCOO defiende «un mix energético diversificado que contemple al carbón nacional por razones técnicas de operación del sistema eléctrico y que reduzca la dependencia energética de España, cuantificada en el 80% por ciento.

«Sólo incluyendo al carbón nacional dentro de la dieta energética se dará estabilidad al sector, se mantendrá la actividad y el empleo y se contribuirá a la cohesión socio-territorial», manifiesta el sindicato.

Afirma que el real decreto en fase de tramitación que regula el mercado de restricciones por garantía de abastecimiento contempla la regulación del sector del carbón nacional desde la necesidad de mantenimiento de la actividad, no entrando en contradicción con la defensa de otras fuentes de generación eléctrica que, en algunos casos, también han sido fuertemente primadas por un periodo temporal de 20 años.

Además, señala que este real decreto tiene en consideración la preocupación del sector eléctrico de que la regulación del consumo de carbón nacional no afectase al pool.

A juicio de CCOO, defender la producción de energía a través del carbón a medio y largo plazo «pasa por poner en marcha en régimen de mercado los mecanismos de captura y almacenamiento de CO2 que en la actualidad están en proceso de I+D, para lo que se necesita la apuesta política y económica por parte de las administraciones, así como de las empresas.

Unesa cree que el decreto del carbón dificultará la eliminación del déficit

Así lo hace constar la patronal en un documento que ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que se pronunciará en las próximas semanas sobre el borrador de decreto redactado por el Ejecutivo.

El documento elaborado por Unesa, que ha sido aprobado por unanimidad por parte de sus integrantes, incluye seis puntos en los que se advierte del efecto de la futura norma sobre el sector.

Al margen del mismo, las compañías eléctricas han elaborado y remitido al organismo regulador otra serie de alegaciones individuales que no han sido consensuadas, puesto que el futuro decreto tendrá un efecto desigual entre las empresas en función de su perfil de generación.

El borrador de decreto ante el que ha reaccionado la patronal establece un mecanismo de restricciones que da entrada preferente a la red a las centrales que utilizan carbón nacional, de manera que el resto de instalaciones tendrán que disminuir su producción.

Esta reducción afectará primero a las más contaminantes (fuel y carbón importado) y después a las de gas natural, si bien las plantas que tengan que ceder espacio en el mercado a las de carbón autóctono recibirán una compensación mediante la generación de derechos de cobro.

La patronal defiende que la problemática del carbón no se puede analizar de manera aislada, puesto que confluye con otros factores, como el crecimiento del régimen especial (energías renovables y cogeneración) y la caída de la demanda.

Asimismo, asegura que la nueva norma no va a responder a criterios de eficiencia económica, medioambiental y de seguridad de suministro, y por ello critica que se pretenda resolver el problema concreto de la minería con cargo a la industria eléctrica.

La patronal avanza incluso que la aplicación de la normativa exigirá un aumento de en torno al 8 por ciento en la tarifa de acceso o peaje (una pequeña parte de las tarifas integrales, que son las que pagan los consumidores), además de dificultar la reducción del déficit tarifario (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico).

Las eléctricas también coinciden en rechazar que el sobrecoste del nuevo sistema se reparta entre la demanda, puesto que afectará a los contratos en vigor con los consumidores, a la vez que advierten de la introducción de una excesiva rigidez que dificultará la capacidad de negociación entre los agentes implicados.

Por último, consideran que, antes de la entrada en vigor del Real Decreto, sería necesario el consentimiento previo de la Unión Europea (UE).

A diferencia de la patronal eléctrica, la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) se ha mostrado muy satisfecha con la futura normativa, al entender que crea un marco estable para el sector hasta que se establezca un nuevo reglamento europeo del carbón.