El equipo encargado de preparar la propuesta que actualmente debate el Ejecutivo comunitario es el del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, al tratarse de un asunto de ayudas de Estado, y podría incluir una prolongación de los subsidios.

Varios medios especializados de Bruselas coincidieron en que la propuesta de Almunia incluirá una prolongación hasta 2023.

Según el semanario European Voice y el portal EurActiv, la propuesta consiste en instaurar un régimen transitorio que permitiría a la industria hullera recibir «ayudas al desmantelamiento» hasta 2023, fecha límite para el cierre de las minas.

Fuentes de la Comisión Europea declinaron dar detalles de la propuesta con el argumento de que puede sufrir cambios sustanciales durante la tramitación interna de aquí al 6 de julio.

Varios comisarios, como la responsable de Acción por el Clima, la danesa Connie Hedegaard, o el de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, no son favorables a una medida que, a su juicio, contradice la ambición europea de promover una economía más verde.

«Es lógico que la comisaria no esté de acuerdo con prolongar las ayudas. Lo contrarío sí sería un titular. El carbón no está en la mente de un comisario que lucha contra el cambio climático. No le gustan los subsidios a las energías fósiles», explicó la portavoz de Hedegaard, María Kokkonen.

La portavoz no quiso detallar los desacuerdos, pero aclaró que, independientemente de la propuesta que sea formulada por Almunia, la decisión final deberá ser adoptada por todo el colegio de comisarios, por lo que podrían introducirse cambios.

En este sentido, la portavoz también recordó que tanto el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, como el del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, apoyan el compromiso del G20 de racionalizar «los ineficientes subsidios a las energías fósiles».

El compromiso fue reiterado por ambos en una carta conjunta que enviaron a los líderes del G20, que se reúnen este fin de semana en Toronto (Canadá).

Hasta el momento, la Unión Europea permite estas ayudas estatales dentro de un régimen excepcional cuya última versión fue adoptada el 23 de julio de 2002, y que expira el próximo diciembre.

En España, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido en reiteradas ocasiones a promover una prolongación de las ayudas al carbón autóctono durante la presidencia de turno de la Unión Europea, que finaliza este mes.

Aunque Polonia es el principal productor europeo de carbón duro, con más de la mitad de la producción europea, Alemania y España son los países que más subsidios concederán durante este ejercicio al sector. La Comisión Europea calcula que los subsidios al carbón alcanzarán los 3.200 millones de euros en 2020.

Alemania ya tiene previsto el final de los subsidios y el desmantelamiento de esta industria deficitaria de cara a 2018, mientras que España preferiría dotarlo de una vida más larga, según fuentes del sector.

La Federación de Industria de UGT explicó que el objetivo de la reunión será «acordar los mecanismos necesarios que lleven al cumplimiento íntegro del Plan del Carbón 2006-2012».

UGT advierte que el motivo por el que solicitaron la reunión del próximo martes no ha sido los conflictos laborales sucedidos en León y Asturias, sino el comportamiento de «algunos ministerios» que, a su juicio, «caminan en una dirección contraria a los planteamientos y el compromiso demostrado del presidente del Gobierno».

Según UGT, los agentes implicados acordaron el cumplimiento de «todos los parámetros, producciones, plantillas, recolocaciones y nuevos ingresos», así como el cambio económico y estructural de las comarcas mineras a través de la puesta en marcha de los compromisos acordados para su reactivación.

Sin embargo, en las últimas semanas han surgido conflictos laborales con las compañías Victorino Alonso (Uminsa y Coto Minero Cantábrico) y de Viloria (Alto Bierzo e Hijos de Baldomero) por el impago de las nóminas a los casi 3.000 trabajadores.

Unos 60 delegados sindicales se han «encerrado» indefinidamente en los cuartos de aseo de esos centros mineros para reclamar el pago de los salarios y, de forma paralela, para pedir al Gobierno central que aplique el Real Decreto sobre las ayudas a las centrales térmicas para la compra del carbón español.

Por su parte, la Federación de Industrias de Comisiones Obreras de Castilla y León convocó para el próximo día 19 una concentración de delegados ante el Ministerio de Industria en Madrid para protestar por la situación que atraviesa el sector.

Juan Ramón García Secades ha señalado que el carbón forma parte de la dieta energética hasta 2050. No obstante, ha reconocido que el problema de este mineral fósil es que «es contaminante», por lo que considera necesario para incorporarlo «de manera seria a la dieta energética, resolver el problema de las tecnologías de combustión limpia».

García Secades ha adelantado que en la actualidad hay unos treinta proyectos en marcha «en el mundo, con distintas tecnologías, en la carrera por tener tecnologías de combustión limpias en el horizonte de 2015-2020 competitivas, por tanto económicas, y que se puedan incorporar a los procesos productivos».

También ha adelantó que en julio, si está la licencia de obras, la empresa estatal comenzará la construcción de una planta de un megavatio en La Pereda, en Mieres.

Esta planta operaría en 2011 y parte de 2012, aunque «ese primer año debería haber conclusiones suficientes para que en el primer semestre de 2011, entre las partes, tomar la decisión sobre el proceso para contar con una planta de 20-30 megavatios, con el coste que supondría».

La pretensión es tener en 2015 la «cuarta fase», que «sería la planta de 30 megavatios y una quinta, de carácter comercial».

Victorino Alonso ha defendido el papel del carbón que «es el que aporta garantía de suministro» y ha resaltado las inversiones que se han realizado en las minas.

También ha explicado los aspectos «positivos» del real decreto por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, entre los que ha destacado que reconoce el «carácter estratégico de la producción nacional de carbón».

Ha recordado que Carbunión ha planteado en las comisiones de seguimiento del plan del carbón que «debe darse por concluida la reestructuración del sector y en el futuro se debe mantener en su dimensión actual», reivindicación que ha planteado al Ministerio y «ya no procede bajar de la cifra de 10 millones de toneladas, ya que si no, no tendría sentido como reserva estratégica».

José Ángel Fernández Villa ha estimado que hay que «poner en valor el carbón», una fuente energética «denostada».

Ha recordado que este mineral es el que mayores reservas tiene, por lo que «no presenta riesgos de abastecimiento».

«Es importante resaltar la oportunidad que representa el carbón en el mix energético nacional», y ha añadido que debe ir paralelo al desarrollo de «energías renovables».

A juicio de Fernández Villa, y debido a la condición de «isla energética» de España, la seguridad de suministro energético «debe constituir una política de Estado de primer orden».

El objetivo que se plantea es «conformar un mix energético estable y diversificado, para favorecer la garantía del suministro ante el incremento de la demanda«.

El líder sindical también ha planteado diseñar dicho «mix energético competitivo» fruto de un debate «participativo y plural» y ha mostrado su preocupación por la nueva regulación de las energías renovables, que puede generar problemas a empresas como, por ejemplo, Rioglass Solar.

Victorino Alonso señaló, además, que la producción de mineral nacional en 2009 fue muy inferior a la prevista por el Plan Nacional del Carbón 2006-2012 y por ello reivindicó que se permita «recuperar» los tonelajes perdidos antes del final del periodo de ejecución de la normativa.

El presidente de Carbunión señaló la importancia de que se apruebe la última versión del real decreto que da prioridad a la entrada en el sistema de electricidad producida con carbón nacional respecto a otras fuentes térmicas.

En ese sentido, indicó que «es importante que el combustible funcione un numero de horas al año para garantizar el funcionamiento de las empresas carboneras y dar salida a los excedentes» existentes.

Alonso afirmó que las empresas que gestionan las minas españolas han hecho inversiones importantes, lo que asegurará la producción durante «muchos años» y a precios competitivos.

Agregó que el real decreto asegurará el funcionamiento de un «mercado regulado, con precios fijados, que evitará las situaciones excepcionales e incertidumbres» como la que se ha registrado en los últimos meses.