Según informaron fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ejecutivo considera al carbón «un sector estratégico para la seguridad del suministro de energía», además de ser «la única fuente de energía fósil autóctona» que tiene España.

El departamento que dirige Miguel Sebastián hizo este anuncio después de que se conociese la decisión de la Comisión Europea de posponer hasta después del verano su decisión sobre el régimen aprobado por el Gobierno en febrero para favorecer el uso del carbón autóctono en España.

La Comisión evitó aclarar el motivo de este retraso pero trató de quitarle hierro al asegurar que «no es la primera vez» que esto sucede. «Hace falta profundizar y preparar más la decisión. Son cosas que pasan«, insistió la portavoz, Pia Ahrenkilde.

Bruselas tiene que decidir si el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero, en el que se da prioridad al uso del carbón nacional en el mercado eléctrico, es o no compatible con la legislación comunitaria.

Esta norma pretende que las compañías eléctricas den preferencia en la entrada en el mix energético al carbón autóctono, para dar salida al carbón que se acumula en las cuencas españolas y aliviar la situación financiera de algunas empresas mineras.

En cuanto a las ayudas públicas para las minas de hulla deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía, la Comisión Europea ha decidido proponer una prórroga hasta el 15 de octubre de 2014, frente a los borradores que contemplaban la posibilidad de que se manteniesen algunos subsidios hasta 2022.

Además, cualquier ayuda de funcionamiento adicional al sector quedará supeditada a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias.

Los sindicatos consideran una «sentencia a muerte» el fin de las ayudas

Por su parte, UGT y CCOO han advertido de que el fin de las ayudas de la Unión Europea a las minas deficitarias a partir de 2014 suponen una «sentencia de muerte a plazo» para el sector en España.

Así lo han manifestado los máximos responsables de ambos sindicatos, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, en una rueda de prensa celebrada en Gijón en el marco del programa de movilizaciones para la huelga general de septiembre.

«Bruselas sabe que la minería europea no puede funcionar sin ayudas para mantener la actividad«, ha censurado el responsable de CCOO.

En su opinión, «no es de recibo» que España no haya abordado el asunto durante su etapa de presidencia y se haya «quitado de en medio».

Ha advertido de que si se actuara del mismo modo que con el carbón con las fuentes primarias de generación de energía eléctrica el país «tendría un serio problema» y ha asegurado que depender del exterior supone una «apuesta suicida».

Así, ha apelado a razones económicas, sociales y de independencia energética para exigir el mantenimiento de las ayudas al carbón cuyo fin afectará especialmente a Asturias y León.

Méndez ha considerado que se trata de una «expresión más de las políticas de recorte» y ha censurado que se aplique en un sector de «carácter estratégico». España no puede continuar con un nivel de dependencia energética del ochenta por ciento, ha advertido.

Con todo, ha considerado que las declaraciones del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, indican que la decisión del «cierre definitivo» de las minas ya está tomada y considera este hecho un «elemento de confrontación muy importante» puesto que 100.000 personas trabajan en ellas en toda Europa.

UGT pide una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón

Asimismo, la sección sindical de FIA-UGT ha solicito una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para conocer la postura que adoptará el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ante la propuesta de ayudas estatales presentada por la Comisión Europea con objeto de cerrar las minas de carbón que no sean competitivas.

El sindicato, que señala que esta propuesta supone «una contradicción» de todas aquellas informaciones que tenía de la Comisión de Seguimiento del plan, afirma que de ser cierta representa «un cierre adelantado y un incumplimiento de lo acordado en el caso de ser admitido por el Gobierno español».

Además, considera que «una vez más» se demuestra que tanto algunos gobiernos como la propia Comisión Europea «han cedido a los ‘lobbies’ o grupos de presión en relación con el papel que el carbón autóctono debe jugar en la dieta energética».

FIA-UGT considera que esta propuesta supone «un golpe de mano al cierre definitivo de la minería del carbón y, como tal, un motivo más para seguir apoyando la huelga general del 29 de septiembre».

La propuesta de Joaquín Almunia, «de no ser modificada supondría incrementar la dependencia energética exterior de Europa y de España» y «tendría efectos negativos en las centrales térmicas que consumen carbón autóctono» porque su tecnología así lo requiere, indicó SOMA-UGT.

Asturias traslada su «total rechazo» al cierre de minas deficitarias

También el Consejo de Gobierno del Principado ha decidido trasladar al Consejo de Comisarios Europeos y al Ministerio de Industria su «total rechazo» a la propuesta comunitaria de cerrar las minas de carbón no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

Esta propuesta afectaría a todas las explotaciones de la empresa estatal Hunosa, así como al resto de minas de titularidad privada que actualmente están abiertas en el Principado, donde este sector da empleo directo a unos 4.000 trabajadores.

Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno del Principado, su portavoz y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha señalado que frente a la medida de la Comisión Europea, Asturias defiende el mantenimiento de un reglamento de ayudas específicas a la industria del carbón que constituya un marco estable para su desarrollo.

Este reglamento debería estar presidido, en opinión del Gobierno asturiano, por el principio de reserva estratégica del carbón, y no estar condicionado al contexto de un plan de cierre.

La resolución aprobada por el Ejecutivo asturiano destaca la importancia socioeconómica de la industria minera en las cuencas asturianas y la capacidad de arrastre que tiene sobre otros sectores.

De hecho, advierte de que las ayudas que recibe el carbón son «claramente revertidas al erario público por diversas vías fiscales y sociales» y que el coste de la desaparición de la industria del carbón es «claramente superior al de su mantenimiento».

Las comarcas mineras rechazan la decisión de Bruselas

Por último, la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras de España (ACOM España) ha expresado su «total rechazo» a la propuesta de la Comisión Europea de vincular la prórroga del régimen comunitario de ayudas al carbón al cierre de explotaciones en el horizonte del 2014.

Para ACOM España, la iniciativa planteada por autoridades comunitarias resulta «inasumible» para los municipios mineros españoles, puesto que «agravaría profundamente la crisis económica y social que las comarcas mineras vienen padeciendo desde hace décadas por el paulatino declive del sector».

Frente a la previsión de la Comisión Europea, ACOM España propone que los Estados miembros «puedan otorgar ayudas a las explotaciones mineras similares a las que actualmente recoge el artículo 5.3 del actual Reglamento con una vigencia superior a 10 años, rechazando frontalmente condicionar dichas ayudas a programas de cierre«.

En este sentido, para la organización, que agrupa a casi 100 ayuntamientos de Asturias, Castilla y León, Aragón y Andalucía, junto a diputaciones y a los Gobiernos autonómicos castellano-leones y asturiano, la nueva regulación para las ayudas que se implementen a partir de enero de 2011 «debe recoger todos los tipos vigentes en la actualidad«.

Así, insta al Gobierno de España a que defienda ante la Comisión Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad de un sector minero que «continúa siendo vital para numerosos territorios desde un punto de vista económico y social». Asimismo, insta a Euracom para que se dirija a las autoridades comunitarias «en defensa de los planteamientos acordados en su última Asamblea General».

El manifiesto, firmado por los consejeros de Industria y Empleo del Principado, Graciano Torre, y de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, y los presidentes de Carbunión, Victorino Alonso, y de la patronal alemana del carbón, Franz-Josef Wodopia, pretende apoyar el mantenimiento de un sistema específico de ayudas al acceso a reservas para el carbón de España y Alemania.

El documento recuerda que desde el año 2000, con el llamado «Libro Verde: Hacia una estrategia europea para la seguridad en el suministro de energía», la Unión Europea ha intentado proteger la actividad carbonera de los países que la conforman y sobre todo de los principales extractores como Alemania y España.

Añade que este libro normativo asentó las bases para que el acceso a las reservas de carbón pasasen a ser una política fundamental de la Unión Europea previendo el mantenimiento de unas capacidades mínimas de producción carbonera, medidas sociales adecuadas y garantizando el mantenimiento del equipamiento.

La importancia socio-económica de la industria del carbón para las cuencas mineras es capital y la actividad económica asociada a la extracción de carbón sigue siendo la principal actividad desarrollada en estas zonas de España y Alemania, agrega.

Además, el actual Reglamento europeo sobre ayudas estatales a la industria del carbón, para el período 2003-2010, argumenta que «una estrategia que tenga por objeto reforzar la seguridad del abastecimiento energético debe prever el futuro del carbón comunitario manteniendo el acceso a las reservas europeas, a una capacidad mínima de producción».

Estima que «la desaparición de todas las explotaciones carboníferas de la Unión Europea a corto plazo podría tener consecuencias en la seguridad de abastecimiento energético a largo plazo».

Asimismo, propone que los estados puedan otorgar ayudas al funcionamiento en el contexto de un plan de accesos a reservas, similares a las actuales, con una vigencia superior a diez años.

Los gobiernos de España y Alemania, como los dos países más interesados en el mantenimiento de las ayudas específicas, deben impulsar conjuntamente un marco en el que quepan los distintos planteamientos que en el seno de la Unión coexisten con respecto al carbón, concluye.

«Les exijo que aprovechen la oportunidad de ese pacto por la energía para que defiendan un poco más el carbón nacional que a tanta gente da de comer en Castilla y León, en lugar de defender tanto la energía nuclear«, ha manifestado Óscar López durante su visita a Aguilar de Campoo.

De esta forma, el secretario general del PSCYL-PSOE ha pedido al presidente Juan Vicente Herrera que hable con Mariano Rajoy para que revise su opinión en relación con el carbón nacional y apueste, como lo está haciendo el presidente del Gobierno por un sector que es «tan importante en León y Palencia».