El ministro efectuó estas manifestaciones tras recibir al coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, y al secretario federal de Energía, sostenibilidad y transporte de esa organización, Adolfo Barrena quienes le expusieron la preocupación de la coalición por el futuro del sector del carbón en España.

Miguel Sebastián recordó que el Gobierno no está de acuerdo con la propuesta hecha por los comisarios europeos de suspender las ayudas a las minas en octubre de 2014 y que «se va a luchar» para que el Consejo Europeo convierta esa propuesta en una resolución «bien distinta».

«La propuesta no es aceptable por el gobierno español y entiendo que para ninguna fuerza política española. No lo es porque la Comisión Europea no ha tenido en cuenta la importancia que tiene para España y otros países europeos, como Alemania, Rumanía o Hungría, el carbón como nuestra única fuente autóctona, y por tanto desde un punto de vista de seguridad de suministro«, afirmó Sebastián.

Así, Sebastián, que recordó que la propuesta de Bruselas fue aprobada en una reunión en la que no asistió el comisario europeo de Energía, indicó que será el Consejo Europeo quien tendrá «la última palabra», y aseguró que el Gobierno español dará «la batalla» para que se apruebe un plazo «más razonable» para el final de las ayudas a la minería no productiva en Europa.

El titular de Industria consideró «razonable» encarar este debate sobre el carbón a partir de 2020, cuando tengan un peso suficiente en el ‘mix’ energético las fuentes de energías renovables para representar el peso que ha tenido el carbón en la historia del suministro en España. «Podríamos hablar de esa fecha de 2020 como una fecha relevante, porque queremos insistir en el aspecto de seguridad de suministro, que es el que vamos a hacer valer», dijo.

Sebastián reconoció que el Gobierno español esperaba una propuesta de la Comisión Europea «con un horizonte mucho más generoso». «El ‘mix’ es buscar un equilibrio razonable que maneje todos los vectores, el medioambiental, la dimensión de los costes, y luego la dimensión de seguridad de suministro», señaló.

Así, apuntó que el objetivo del Gobierno es hacer en esta legislatura un plan del carbón para 2012-2016 que abordará el tema del empleo y del desarrollo de las comarcas mineras, pero para poder hacerlo es necesario el reglamento europeo. «Durante este año nos centraremos en tener el reglamento europeo, y una vez lo tengamos empezaremos a trabajar en un nuevo plan del carbón a partir de 2012», añadió.

Por su parte, Cayo Lara calificó de «palo de muerte» la propuesta europea, que afectará a 14.000 empleos directos y 16.000 indirectos, y ha solicitado a Sebastián que se busque la prórroga de esa iniciativa para el año 2022, «siempre y cuando exista un plan alternativo».

Tanto Lara como Adolfo Barrena solicitaron al responsable de la cartera de Industria que el Gobierno trabaje porque la iniciativa no progrese en la Unión Europea y que se reafirme al carbón como «reserva energética importante y estratégica del país», además de pedir que en las negociaciones de los pactos energéticos se involucre a todas las fuerzas políticas.

Asimismo ha pedido el desbloqueo del decreto-ley, cuyo desarrollo está pendiente del visto bueno de Bruselas.

La Junta de CyL, sindicatos y municipios abogan por un frente común

Por su parte, el Gobierno autonómico de Castilla y León, los sindicatos UGT y CCOO y la Asociación Regional de Municipios Mineros expresaron su rechazo al reglamento propuesto por la Unión Europea, que propone prorrogar las ayudas públicas a las minas deficitarias sólo hasta 2014, y abogaron por hacer un frente común frente a él.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández se reunió con los representantes sociales, en un encuentro en el que analizaron el nuevo reglamento y reiteró su «rotunda oposición» a la propuesta emitida por la Comisión Europea y que será aprobada, rechazada o modificada por el Consejo de Ministros europeo.

Hernández aseguró, en declaraciones a los periodistas, que existen razones sobradas para defender la continuidad de este sector, máxime después de haberse cubierto una etapa de reestructuración y de esfuerzo para lograr que sea más competitivo y la combustión del carbón sea más limpia.

La viceconsejera recordó que el carbón es el único combustible fósil que se encuentra en territorio europeo y que una parte importante de él está en Castilla y León, por lo que debe considerarse como un producto de interés estratégico ante una hipotética situación de desabastecimiento o de decaimiento de otras fuentes de energía.

Para el secretario autonómico de la Federación de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), Manuel López, después de varios ajustes que se sucedieron durante los últimos años, y en los que la minería tuvo que ceder e ir recortando, se ha llegado al límite dentro de este sector, al que consideró como «imprescindible» social y territorialmente.

López no se cree que al Gobierno español le haya sorprendido que a escasos días de la finalización de su Presidencia de la Unión Europea aparezca este reglamento, por lo que atribuyó esta actitud a un intento de salvar el turno español al frente de la Unión Europea sin la conflictividad que hubiera generado este tema, de haber aparecido antes.

El representante sindical exigió a PSOE y PP que trabajen para conseguir un pacto sobre el futuro modelo energético nacional que defina el papel que debe cumplir la minería; e instó a los populares a trabajar para que la derecha europea, mayoría en el Parlamento de Estrasburgo, rechace al reglamento de la Comisión.

Por su parte, el secretario autonómico de la Federación de Industria de CCOO, Gonzalo Díez, advirtió que la noticia del reglamento propuesto por la Comisión Europea generó incertidumbre entre los empresarios, los trabajadores y las comarcas mineras, que sin esta actividad tendrían un «difícil encaje» dentro de la economía.

Díez añadió que en Castilla y León la minería está situada en valles, muchas veces de difícil acceso, por lo que el cierre de las explotaciones que presumiblemente provocaría el nuevo reglamento del carbón sería un problema económico, pero también de cohesión territorial dentro de la Comunidad.

En la misma línea se pronunció la alcaldesa del municipio leonés de Villablino, Ana Luisa Durán, quien alertó de que si se aprueba la nueva norma en los términos propuestos por la Comisión, se crearía un escenario en el que la gente se vería obligada a «coger la maleta» e irse de esos territorios.

La Comisión Europea propuso el pasado 20 de junio prorrogar sólo hasta 2014 las ayudas públicas al funcionamiento para las minas de hulla deficitarias dentro de la Unión Europea.

En virtud del reglamento propuesto, las subvenciones de funcionamiento tendrán que ser claramente decrecientes en el tiempo, con una reducción de al menos el 33% por un período de 15 meses.

En caso de que la mina deficitaria no haya sido cerrada a 15 de octubre de 2014, el beneficiario tendrá que devolver las ayudas al Estado.

Además, reitera el rechazo de los socialistas asturianos a la propuesta de la Comisión Europea de retirar las ayudas al carbón.

«Lo que nadie puede poner en duda es que el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, defiende el sector», aclara.

Jesús Gutiérrez recuerda que la gran mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tras las elecciones del pasado año tienen un «signo conservador y posiciones contrarias al carbón» y afirma que España «tiene que pelear en minoría».

Asimismo, pide al Partido Popular que se posicione de forma clara en defensa de un sector tan importante para la economía asturiana y asegura: «Han sido muchas las voces que ya han salido y todavía no hemos escuchado ninguna del PP».

«Entendemos que Ovidio Sánchez se estará ocupando de los problemas de su partido, pero no se puede decir que se defiende el carbón en Asturias y en cuanto se pasa el Huerna asumir la posición del PP nacional y europeo, contraria a la defensa del sector«, comenta.

Jesús Gutiérrez concluye señalando: «Ojalá fuera el PP el principal aliado del Gobierno, porque luego no vale venir diciendo, si Europa pone trabas, que Zapatero no pudo defender el carbón nacional«.

El PP de Asturias:»Siempre que hay un gobierno socialista hay problemas con el carbón»

Por su parte, el presidente del PP en Asturias, Ovidio Sánchez, ha afirmado que siempre que hay un comisario socialista en Europa y un Gobierno del PSOE en España «hay problemas con el carbón».

En unas declaraciones difundidas por el PP, Sánchez recuerda que «Pedro Solbes ya era partícipe de cerrar toda la minería y gracias al trabajo del Partido Popular en el Gobierno, y especialmente a Loyola de Palacio, se han ido aumentando cada vez más los plazos de ayudas al carbón».

Afirma que para el PP siempre fue «importante» el trabajo que genera la minería y la ha visto como «una economía de futuro y no de pasado».

Ovidio Sánchez explica que las ayudas estaban garantizadas hasta el año 2022 y por la propuesta del comisario socialista Joaquín Almunia se adelanta la fecha a 2014, «contradiciendo a Zapatero».

Para concluir, Sánchez recuerda que el año pasado en Rodiezmo (León) «Zapatero dijo que defendería permanentemente el carbón» y «este año ni se atreve a venir porque le iban a correr a gorrazos por mentiroso y por estar engañándonos siempre».

Herrera pedirá por carta a Zapatero la defensa carbón

Asimismo, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, enviará una carta a José Luis Rodríguez Zapatero para instarle a que «defienda hasta el último momento» el carbón de la Comunidad, al que la Comisión Europea ha colocado «en el corredor de la muerte», con más de 4.000 empleos amenazados.

Los argumentos que incluirá la misiva se han cerrado en el Consejo de Gobierno, que ha mostrado su «absoluto desacuerdo» con la propuesta de Reglamento del Consejo en materia de ayudas estatales para el cierre de minas del carbón no competitivas antes de octubre de 2014, lo que va en contra de «los intereses del carbón español», ha recordado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también consejero de la Presidencia ha criticado que además esta propuesta se ha gestado durante la presidencia de turno de española de la Unión Europea.

La propuesta «no se ha improvisado en veinte días» sino «bajo la presidencia de España», con el «consentimiento» y «conocimiento» de la presidencia española y con Joaquín Almunia como comisario europeo de Competencia.

Al menos ocho son los argumentos que plantea la Junta de Castilla y León en el documento, entre los que figura la seguridad del suministro energético de España y la necesidad de un mínimo de abastecimiento con carbón autóctono.

La necesidad de mantener una reserva estratégica de carbón, clave en la seguridad del suministro energético; el mantenimiento del liderazgo tecnológico español en extracción y generación limpia con carbón; las inversiones realizadas por las empresas que producen esa reserva, lo que no sería coherente suprimir las ayudas a la producción, son otros de los argumentos.

Los estudios demuestran que el coste de la desaparición de la industria del carbón, con más de 4.000 empleos en Castilla y León y 10.000 entre esta Comunidad y Asturias, es superior al de su mantenimiento, arguye el Gobierno autonómico, que concluye que España «debe dar por concluida su reestructuración y apostar por la estabilidad del sector al menos en sus volúmenes actuales».

El Grupo Mixto de CyL pide el apoyo político a una Declaración contra la medida de la UE

El Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León ha propuesto que todos los grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico apoyen una Declaración Institucional contra la decisión de la Comisión Europea de limitar las ayudas al carbón a partir del año 2014.

El portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, ha explicado que a partir de esa fecha «ya no traerán carbón ni los Reyes Magos», una situación que supone para la provincia de León y para el país una «malísima noticia», ya que su única fuente energética «autóctona» es el carbón.

Otero ha comentado que durante estos días, después de que se conociera la noticia, «todas las reacciones» políticas a la medida han sido «contrarias», por lo que ha señalado que éste es el momento de buscar el «consenso» y de evitar «culpables».

«Si todos quieren lo mismo, ¿por qué hay que buscar quién tiene la culpa de que las minas se puedan cerrar en el 2014 y de que se acaben las empresas, el trabajo y la producción», se ha preguntado Otero quien, además, ha señalado que, de esta forma, «no arreglamos nada».

Por ello, ha explicado que ha remitido un fax a las Cortes de Castilla y León con su propuesta de Declaración Institucional contra la medida de la Comisión Europea y a favor del carbón y, además, se ha puesto en contacto con los portavoces del PP y del PSOE en el Parlamento, que han mostrado su «buena predisposición».

Las Cámaras de CyL califican la actividad del carbón de «estratégicamente fundamental»

Por su parte, el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, Vicente Villagrá, ha asegurado que la actividad económica que genera el sector del carbón es una cuestión «estratégicamente fundamental» para los órganos camerales de León, Palencia y Asturias.

Villagrá ha explicado que los empresarios, sobre esta cuestión, defienden «dos cosas», ya que por un lado, son partidarios de que haya una «independencia» de España sobre las fuentes energéticas y por otro, que el coste energético sea «barato».

En este sentido, ha señalado que el carbón tiene un «retorno económico y social importantísimo» ya que, a través de los salarios y de las prestaciones a la Seguridad Social, se genera «muchísima economía directa e indirecta», tanto en las provincias de León y Palencia como en el Principado de Asturias.

Además, los presidentes de las Cámaras de León y de Oviedo, Manuel Lamelas y Severino García, respectivamente, han mostrado su apoyo al documento emitido por la patronal minera, Carbunión, en el que pide que HUNOSA se haga cargo «urgentemente», a través del Almacén Estratégico, de los excedentes para asegurar los pagos en julio.

Severino García ha asegurado que los «valles quedarán desiertos» si se lleva a cabo el proyecto de reglamento europeo, por lo que cree que la propuesta de la Comisión Europea «no puede ser más demoledora en nuestras provincias».

Vicente Villagrá también se ha referido a los recortes en materia de infraestructuras planteados por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, que ha calculado en 6.400 millones de euros en inversiones.

Según el presidente del Consejo Regional de Cámaras, esta situación se podría «haber evitado» si «no se hubiera tirado el dinero» con iniciativas como la prestación por desempleo de 400 euros o el Plan E, aunque ha señalado que «como agua pasada no mueve molino», ahora las empresas lo que deben hacer es «adaptarse».

Además, ha reconocido que «todos» deben «frenar las inversiones» en esta época de crisis, a la vez que ha asegurado que va a «vigilar» que «todos lo hagan prácticamente igual»

Según informaron fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ejecutivo considera al carbón «un sector estratégico para la seguridad del suministro de energía», además de ser «la única fuente de energía fósil autóctona» que tiene España.

El departamento que dirige Miguel Sebastián hizo este anuncio después de que se conociese la decisión de la Comisión Europea de posponer hasta después del verano su decisión sobre el régimen aprobado por el Gobierno en febrero para favorecer el uso del carbón autóctono en España.

La Comisión evitó aclarar el motivo de este retraso pero trató de quitarle hierro al asegurar que «no es la primera vez» que esto sucede. «Hace falta profundizar y preparar más la decisión. Son cosas que pasan«, insistió la portavoz, Pia Ahrenkilde.

Bruselas tiene que decidir si el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de febrero, en el que se da prioridad al uso del carbón nacional en el mercado eléctrico, es o no compatible con la legislación comunitaria.

Esta norma pretende que las compañías eléctricas den preferencia en la entrada en el mix energético al carbón autóctono, para dar salida al carbón que se acumula en las cuencas españolas y aliviar la situación financiera de algunas empresas mineras.

En cuanto a las ayudas públicas para las minas de hulla deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía, la Comisión Europea ha decidido proponer una prórroga hasta el 15 de octubre de 2014, frente a los borradores que contemplaban la posibilidad de que se manteniesen algunos subsidios hasta 2022.

Además, cualquier ayuda de funcionamiento adicional al sector quedará supeditada a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias.

Los sindicatos consideran una «sentencia a muerte» el fin de las ayudas

Por su parte, UGT y CCOO han advertido de que el fin de las ayudas de la Unión Europea a las minas deficitarias a partir de 2014 suponen una «sentencia de muerte a plazo» para el sector en España.

Así lo han manifestado los máximos responsables de ambos sindicatos, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, en una rueda de prensa celebrada en Gijón en el marco del programa de movilizaciones para la huelga general de septiembre.

«Bruselas sabe que la minería europea no puede funcionar sin ayudas para mantener la actividad«, ha censurado el responsable de CCOO.

En su opinión, «no es de recibo» que España no haya abordado el asunto durante su etapa de presidencia y se haya «quitado de en medio».

Ha advertido de que si se actuara del mismo modo que con el carbón con las fuentes primarias de generación de energía eléctrica el país «tendría un serio problema» y ha asegurado que depender del exterior supone una «apuesta suicida».

Así, ha apelado a razones económicas, sociales y de independencia energética para exigir el mantenimiento de las ayudas al carbón cuyo fin afectará especialmente a Asturias y León.

Méndez ha considerado que se trata de una «expresión más de las políticas de recorte» y ha censurado que se aplique en un sector de «carácter estratégico». España no puede continuar con un nivel de dependencia energética del ochenta por ciento, ha advertido.

Con todo, ha considerado que las declaraciones del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, indican que la decisión del «cierre definitivo» de las minas ya está tomada y considera este hecho un «elemento de confrontación muy importante» puesto que 100.000 personas trabajan en ellas en toda Europa.

UGT pide una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón

Asimismo, la sección sindical de FIA-UGT ha solicito una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para conocer la postura que adoptará el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ante la propuesta de ayudas estatales presentada por la Comisión Europea con objeto de cerrar las minas de carbón que no sean competitivas.

El sindicato, que señala que esta propuesta supone «una contradicción» de todas aquellas informaciones que tenía de la Comisión de Seguimiento del plan, afirma que de ser cierta representa «un cierre adelantado y un incumplimiento de lo acordado en el caso de ser admitido por el Gobierno español».

Además, considera que «una vez más» se demuestra que tanto algunos gobiernos como la propia Comisión Europea «han cedido a los ‘lobbies’ o grupos de presión en relación con el papel que el carbón autóctono debe jugar en la dieta energética».

FIA-UGT considera que esta propuesta supone «un golpe de mano al cierre definitivo de la minería del carbón y, como tal, un motivo más para seguir apoyando la huelga general del 29 de septiembre».

La propuesta de Joaquín Almunia, «de no ser modificada supondría incrementar la dependencia energética exterior de Europa y de España» y «tendría efectos negativos en las centrales térmicas que consumen carbón autóctono» porque su tecnología así lo requiere, indicó SOMA-UGT.

Asturias traslada su «total rechazo» al cierre de minas deficitarias

También el Consejo de Gobierno del Principado ha decidido trasladar al Consejo de Comisarios Europeos y al Ministerio de Industria su «total rechazo» a la propuesta comunitaria de cerrar las minas de carbón no competitivas antes del 15 de octubre de 2014.

Esta propuesta afectaría a todas las explotaciones de la empresa estatal Hunosa, así como al resto de minas de titularidad privada que actualmente están abiertas en el Principado, donde este sector da empleo directo a unos 4.000 trabajadores.

Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno del Principado, su portavoz y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha señalado que frente a la medida de la Comisión Europea, Asturias defiende el mantenimiento de un reglamento de ayudas específicas a la industria del carbón que constituya un marco estable para su desarrollo.

Este reglamento debería estar presidido, en opinión del Gobierno asturiano, por el principio de reserva estratégica del carbón, y no estar condicionado al contexto de un plan de cierre.

La resolución aprobada por el Ejecutivo asturiano destaca la importancia socioeconómica de la industria minera en las cuencas asturianas y la capacidad de arrastre que tiene sobre otros sectores.

De hecho, advierte de que las ayudas que recibe el carbón son «claramente revertidas al erario público por diversas vías fiscales y sociales» y que el coste de la desaparición de la industria del carbón es «claramente superior al de su mantenimiento».

Las comarcas mineras rechazan la decisión de Bruselas

Por último, la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras de España (ACOM España) ha expresado su «total rechazo» a la propuesta de la Comisión Europea de vincular la prórroga del régimen comunitario de ayudas al carbón al cierre de explotaciones en el horizonte del 2014.

Para ACOM España, la iniciativa planteada por autoridades comunitarias resulta «inasumible» para los municipios mineros españoles, puesto que «agravaría profundamente la crisis económica y social que las comarcas mineras vienen padeciendo desde hace décadas por el paulatino declive del sector».

Frente a la previsión de la Comisión Europea, ACOM España propone que los Estados miembros «puedan otorgar ayudas a las explotaciones mineras similares a las que actualmente recoge el artículo 5.3 del actual Reglamento con una vigencia superior a 10 años, rechazando frontalmente condicionar dichas ayudas a programas de cierre«.

En este sentido, para la organización, que agrupa a casi 100 ayuntamientos de Asturias, Castilla y León, Aragón y Andalucía, junto a diputaciones y a los Gobiernos autonómicos castellano-leones y asturiano, la nueva regulación para las ayudas que se implementen a partir de enero de 2011 «debe recoger todos los tipos vigentes en la actualidad«.

Así, insta al Gobierno de España a que defienda ante la Comisión Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad de un sector minero que «continúa siendo vital para numerosos territorios desde un punto de vista económico y social». Asimismo, insta a Euracom para que se dirija a las autoridades comunitarias «en defensa de los planteamientos acordados en su última Asamblea General».