El ministro efectuó estas manifestaciones tras recibir al coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, y al secretario federal de Energía, sostenibilidad y transporte de esa organización, Adolfo Barrena quienes le expusieron la preocupación de la coalición por el futuro del sector del carbón en España.
Miguel Sebastián recordó que el Gobierno no está de acuerdo con la propuesta hecha por los comisarios europeos de suspender las ayudas a las minas en octubre de 2014 y que «se va a luchar» para que el Consejo Europeo convierta esa propuesta en una resolución «bien distinta».
«La propuesta no es aceptable por el gobierno español y entiendo que para ninguna fuerza política española. No lo es porque la Comisión Europea no ha tenido en cuenta la importancia que tiene para España y otros países europeos, como Alemania, Rumanía o Hungría, el carbón como nuestra única fuente autóctona, y por tanto desde un punto de vista de seguridad de suministro«, afirmó Sebastián.
Así, Sebastián, que recordó que la propuesta de Bruselas fue aprobada en una reunión en la que no asistió el comisario europeo de Energía, indicó que será el Consejo Europeo quien tendrá «la última palabra», y aseguró que el Gobierno español dará «la batalla» para que se apruebe un plazo «más razonable» para el final de las ayudas a la minería no productiva en Europa.
El titular de Industria consideró «razonable» encarar este debate sobre el carbón a partir de 2020, cuando tengan un peso suficiente en el ‘mix’ energético las fuentes de energías renovables para representar el peso que ha tenido el carbón en la historia del suministro en España. «Podríamos hablar de esa fecha de 2020 como una fecha relevante, porque queremos insistir en el aspecto de seguridad de suministro, que es el que vamos a hacer valer», dijo.
Sebastián reconoció que el Gobierno español esperaba una propuesta de la Comisión Europea «con un horizonte mucho más generoso». «El ‘mix’ es buscar un equilibrio razonable que maneje todos los vectores, el medioambiental, la dimensión de los costes, y luego la dimensión de seguridad de suministro», señaló.
Así, apuntó que el objetivo del Gobierno es hacer en esta legislatura un plan del carbón para 2012-2016 que abordará el tema del empleo y del desarrollo de las comarcas mineras, pero para poder hacerlo es necesario el reglamento europeo. «Durante este año nos centraremos en tener el reglamento europeo, y una vez lo tengamos empezaremos a trabajar en un nuevo plan del carbón a partir de 2012», añadió.
Por su parte, Cayo Lara calificó de «palo de muerte» la propuesta europea, que afectará a 14.000 empleos directos y 16.000 indirectos, y ha solicitado a Sebastián que se busque la prórroga de esa iniciativa para el año 2022, «siempre y cuando exista un plan alternativo».
Tanto Lara como Adolfo Barrena solicitaron al responsable de la cartera de Industria que el Gobierno trabaje porque la iniciativa no progrese en la Unión Europea y que se reafirme al carbón como «reserva energética importante y estratégica del país», además de pedir que en las negociaciones de los pactos energéticos se involucre a todas las fuerzas políticas.
Asimismo ha pedido el desbloqueo del decreto-ley, cuyo desarrollo está pendiente del visto bueno de Bruselas.
La Junta de CyL, sindicatos y municipios abogan por un frente común
Por su parte, el Gobierno autonómico de Castilla y León, los sindicatos UGT y CCOO y la Asociación Regional de Municipios Mineros expresaron su rechazo al reglamento propuesto por la Unión Europea, que propone prorrogar las ayudas públicas a las minas deficitarias sólo hasta 2014, y abogaron por hacer un frente común frente a él.
La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández se reunió con los representantes sociales, en un encuentro en el que analizaron el nuevo reglamento y reiteró su «rotunda oposición» a la propuesta emitida por la Comisión Europea y que será aprobada, rechazada o modificada por el Consejo de Ministros europeo.
Hernández aseguró, en declaraciones a los periodistas, que existen razones sobradas para defender la continuidad de este sector, máxime después de haberse cubierto una etapa de reestructuración y de esfuerzo para lograr que sea más competitivo y la combustión del carbón sea más limpia.
La viceconsejera recordó que el carbón es el único combustible fósil que se encuentra en territorio europeo y que una parte importante de él está en Castilla y León, por lo que debe considerarse como un producto de interés estratégico ante una hipotética situación de desabastecimiento o de decaimiento de otras fuentes de energía.
Para el secretario autonómico de la Federación de Industrias Afines de UGT (FIA-UGT), Manuel López, después de varios ajustes que se sucedieron durante los últimos años, y en los que la minería tuvo que ceder e ir recortando, se ha llegado al límite dentro de este sector, al que consideró como «imprescindible» social y territorialmente.
López no se cree que al Gobierno español le haya sorprendido que a escasos días de la finalización de su Presidencia de la Unión Europea aparezca este reglamento, por lo que atribuyó esta actitud a un intento de salvar el turno español al frente de la Unión Europea sin la conflictividad que hubiera generado este tema, de haber aparecido antes.
El representante sindical exigió a PSOE y PP que trabajen para conseguir un pacto sobre el futuro modelo energético nacional que defina el papel que debe cumplir la minería; e instó a los populares a trabajar para que la derecha europea, mayoría en el Parlamento de Estrasburgo, rechace al reglamento de la Comisión.
Por su parte, el secretario autonómico de la Federación de Industria de CCOO, Gonzalo Díez, advirtió que la noticia del reglamento propuesto por la Comisión Europea generó incertidumbre entre los empresarios, los trabajadores y las comarcas mineras, que sin esta actividad tendrían un «difícil encaje» dentro de la economía.
Díez añadió que en Castilla y León la minería está situada en valles, muchas veces de difícil acceso, por lo que el cierre de las explotaciones que presumiblemente provocaría el nuevo reglamento del carbón sería un problema económico, pero también de cohesión territorial dentro de la Comunidad.
En la misma línea se pronunció la alcaldesa del municipio leonés de Villablino, Ana Luisa Durán, quien alertó de que si se aprueba la nueva norma en los términos propuestos por la Comisión, se crearía un escenario en el que la gente se vería obligada a «coger la maleta» e irse de esos territorios.
La Comisión Europea propuso el pasado 20 de junio prorrogar sólo hasta 2014 las ayudas públicas al funcionamiento para las minas de hulla deficitarias dentro de la Unión Europea.
En virtud del reglamento propuesto, las subvenciones de funcionamiento tendrán que ser claramente decrecientes en el tiempo, con una reducción de al menos el 33% por un período de 15 meses.
En caso de que la mina deficitaria no haya sido cerrada a 15 de octubre de 2014, el beneficiario tendrá que devolver las ayudas al Estado.
