Así lo reivindica en un comunicado, en el que reclama que se haga «subrogando automáticamente al cien por cien las plantillas existentes, con contratos indefinidos y respetando sus categorías profesionales».

Además, exige que «sean asimilados a la plantilla de Hunosa con plenos derechos y contratación indefinida todos aquellos trabajadores que en este momento prestan servicios a dicha empresa por medio de subcontratas» y que «las administraciones central, autonómica y local garanticen el empleo a todos los asturianos de manera indefinida o en su caso con una prestación económica que permita vivir dignamente».

El PCA realiza este planteamiento «ante la situación existente en varias empresas privadas del sector de la minería del carbón».

Expone que «esas empresas han venido recibiendo durante décadas aportaciones del erario público, fondos y ayudas de todo tipo y en los últimos años la garantía de compra de toda su producción por parte de Hunosa para darle salida».

Añade que ha sido «la propia empresa estatal la que se ha visto forzada a comprar ese carbón y así desbloquear el pretendido colapso de liquidez que esos grupos privados aseguran padecer».

Agrega que «a pesar del apoyo de Hunosa esos empresarios insisten en declaraciones a medios de comunicación y en cuantos foros participan en no garantizar el pago de los salarios de los trabajadores y en que su situación financiera es desesperada».

El PCA traslada a los ciudadanos de las comarcas mineras y de toda Asturias su preocupación porque «si los empresarios privados son incapaces de garantizar el pago de los salarios sin que los poderes públicos intervengan, se estará gestando una grave agresión a los derechos fundamentales de los mineros y de sus familias».

Además, «esa precariedad económica puede también ir en detrimento de la seguridad de las minas y en definitiva contribuye a debilitar aún más si cabe un sector estratégico autóctono como es el carbón, cada día que pasa en vías de extinción».

El PCA comenta que «se trata de un colectivo patronal que se ha distinguido siempre por sus prácticas decimonónicas en materia de relaciones laborales y que ha denostado a la minería pública hasta extremos inadmisibles».

Así, «han demonizado a esa misma Hunosa a la que ahora acuden en busca de protección sin que las federaciones mineras de los sindicatos mayoritarios hayan vertebrado una alternativa social y de clase ante esta situación».

CCOO da un «ultimátum» al Gobierno y anuncia la radicalización de las movilizaciones

Por su parte, CCOO ha dado un «ultimátum» al Gobierno para la convocatoria de una Comisión de Seguimiento del plan del carbón y ha advertido de que si en un plazo de «dos o tres días» no se responde a su petición se «radicalizarán» las movilizaciones.

Así lo ha manifestado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Maximino García, quien ha insistido en que no se puede mantener el impago de los salarios a los trabajadores de los grupos Alonso y Fernández Viloria.

García ha instado al Gobierno a «ponerse las pilas» en la aprobación del decreto del carbón y el reglamento de ayudas y ha advertido de que, en caso contrario, se paralizará la entrada del material del exterior a las térmicas y se cortarán carreteras.

Ha subrayado que el Gobierno debe actuar, pero si no lo hace, los sindicatos tomarán las «medidas oportunas».

Aunque ha enmarcado la posición del sindicato en la huelga del próximo día 29, ha explicado que el sector debe realizar «acciones más allá» de las planeadas puesto que el actual es un momento clave en el que se dirime la «desaparición» de esta industria.

Los mineros propondrán 15 días de huelga

Asimismo, el secretario general de UGT Laciana y presidente del Comité de Empresa de Coto Minero Cantábrico Villablino, Francisco Aller, aseguró que propondrán la convocatoria de 15 días de huelga, a partir del 7 de septiembre, para reivindicar «que se abonen las nóminas» que se deben a los trabadores, así como el «apoyo de Bruselas y del ministerio» al sector.

Esta medida se sumaría así a las acciones de protesta que los mineros llevan realizando desde el pasado día 2 y que han mantenido con cortes de tres horas de duración en la Autopista del Noroeste, que une Oviedo con Madrid.

Además, llevaron a cabo un corte de una hora en la A-6 a su paso por Bembibre. Las protestas continuaron también con otro corte en la misma vía, esta vez a su paso por la localidad de San Andrés de Montejos.

Estas acciones no se quedarán aquí y ya tienen prevista una concentración en frente del edificio de la Subdelegación del Gobierno en León.

En una nota, la asociación advierte de que el real decreto, que debe ser examinado por la Comisión Europea y que modifica la norma ya aprobada en febrero, requiere de la aprobación previa de una ley que permita retirar la retribución a las instalaciones eléctricas que queden desplazadas en el sistema por el mayor uso de centrales térmicas de carbón.

Para las principales eléctricas, el decreto «carece de rango legal suficiente y contraviene lo dispuesto en la LSE». La aprobación mediante reglamento de la posibilidad de retirar instalaciones del mercado sin compensación «constituye una limitación al derecho de propiedad de naturaleza expropiatoria que requiere, conforme a la Constitución, norma con rango de ley«, señalan.

Unesa considera además que la LSE «no da soporte legal a esta limitación de derechos», y para sostener esta afirmación cita los artículos 25 y 10, en los que se alude a la introducción de unidades de producción que utilicen fuentes de energía autóctona y se obliga al Gobierno a determinar «el régimen retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando en todo caso, un reparto equilibrado de costes».

Por último, insiste en que los derechos retributivos reconocidos en los artículos 16 y 26 no pueden restringirse sin ley formal porque «nada en la LSE permite excluirlos». En concreto, recuerda, el artículo 16 incluye como obligatorio el derecho retributivo por «los servicios de ajuste del sistema».

En una nota, la asociación advierte de que el real decreto, que debe ser examinado por la Comisión Europea y que modifica la norma ya aprobada en febrero, requiere de la aprobación previa de una ley que permita retirar la retribución a las instalaciones eléctricas que queden desplazadas en el sistema por el mayor uso de centrales térmicas de carbón.

Para las principales eléctricas, el decreto «carece de rango legal suficiente y contraviene lo dispuesto en la LSE». La aprobación mediante reglamento de la posibilidad de retirar instalaciones del mercado sin compensación «constituye una limitación al derecho de propiedad de naturaleza expropiatoria que requiere, conforme a la Constitución, norma con rango de ley«, señalan.

Unesa considera además que la LSE «no da soporte legal a esta limitación de derechos», y para sostener esta afirmación cita los artículos 25 y 10, en los que se alude a la introducción de unidades de producción que utilicen fuentes de energía autóctona y se obliga al Gobierno a determinar «el régimen retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas por las medidas adoptadas garantizando en todo caso, un reparto equilibrado de costes».

Por último, insiste en que los derechos retributivos reconocidos en los artículos 16 y 26 no pueden restringirse sin ley formal porque «nada en la LSE permite excluirlos». En concreto, recuerda, el artículo 16 incluye como obligatorio el derecho retributivo por «los servicios de ajuste del sistema».

Estas tres comunidades autónomas se sumarán así a la iniciativa tomada desde Asturias y Castilla y León, que alcanzaron un acuerdo, según ha informado la portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia asturiana tras una reunión del Consejo de Gobierno.

Migoya ha señalado asimismo que la intención es contactar también con otras regiones mineras europeas.

En el documento, los gobiernos regionales piden a la Comisión Europea que permita que un real decreto del Gobierno de España dé preferencia a la producción eléctrica con carbón español y se garantice así el consumo de los 10 millones de toneladas que se producen.

La Comisión Europea aplazó hasta septiembre la publicación de un dictamen sobre ese real decreto.

Asimismo, en el documento se lamenta que la Comisión Europea prevea prorrogar únicamente hasta 2014 las ayudas económicas para el mantenimiento de explotaciones mineras deficitarias.

Respecto al acuerdo alcanzado entre Castilla y León y Asturias, Migoya ha destacado que aunque estas comunidades estén gobernadas con «diferente color político», sus gobiernos están «de acuerdo en la defensa del sector» minero.