En una intervención ante el Fórum Europa, Joaquín Almunia aseguró que el encierro de mineros españoles «no tiene nada que ver» con estas discusiones, ya que el hecho de que una empresa no pague nóminas a sus trabajadores «no tiene que ver con decisiones de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado».

Almunia se refirió a los dos debates abiertos en Bruselas sobre ayudas al carbón que afectan a España: por un lado el reglamento comunitario de ayudas al funcionamiento para las minas de hulla deficitarias, que debía expirar en diciembre de 2010, y por otro el Real Decreto español que declara el carbón nacional como reserva estratégica, y cuya validez estudia la Comisión Europea.

En este segundo caso, Almunia aseguró que el debate es «endiabladamente complicado» tanto desde el punto de vista jurídico como político, aunque aseguró que «vamos por buen camino» y que espera una decisión «en las próximas semanas».

Almunia no pudo ser mas preciso sobre el debate sobre la prórroga de ayudas europeas a las minas de hulla deficitarias, ya que la decisión depende del Consejo de la Unión Europea, formado por los estados europeos, una vez que la Comisión ya ha hecho su propuesta de prorrogarlas hasta 2014.

El comisario afirmó que «no hay indicaciones sobre por donde pueden ir los estados miembros», que deben definirse antes de que el 31 de diciembre de este año expire el actual reglamento, lo que significaría el fin total de las ayudas.

Hay tres países que mantienen las subvenciones públicas: España, Rumanía y Alemania, país donde ya se ha negociado un plan de supresión definitiva de las ayudas en 2018.

Almunia recordó que él mismo defendió que ese debería ser el año en el que se eliminaran las ayudas, aunque la decisión que finalmente el colegio de comisarios trasladó al Consejo fue que el plazo debía ser 2014.

En virtud del reglamento propuesto, que tiene que ser aprobado por los ministros de la Unión Europea, las subvenciones de funcionamiento tendrán que ser claramente decrecientes en el tiempo, con una reducción de al menos el 33 % por un período de 15 meses.

En caso de que la mina deficitaria no haya sido cerrada a 15 de octubre de 2014, el beneficiario tendrá que devolver las ayudas al Estado.

Cualquier ayuda al cierre deberá estar supeditada a la presentación por parte del Estado miembro de un plan de medidas apropiadas, por ejemplo en el ámbito de la eficiencia energética, las energías renovables o la captura y el almacenamiento de carbono, para mitigar los efectos ambientales negativos de las ayudas al carbón.

Marcelino Iglesias: «Bruselas aprobará este mes ayudas al carbón»

Por su parte, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, dijo que el conflicto del carbón está «en una vía de solución» y que Bruselas aprobará este mes el decreto de ayudas del Gobierno español.

Iglesias destacó que «hoy puedo decir» que en la próxima reunión de comisarios de Bruselas, los días 21 o 29, se aprobará el decreto español de ayuda al carbón, cuya entrada en vigor piden los mineros de varias regiones españolas para garantizar el sector, del que en Aragón dependen más de 1.000 personas.

«Creo que estoy bien informado para poder transmitirlo así» y, por tanto, «creo que es una buena noticia», que se podrá confirmar en la próximas días, precisó a la prensa el presidente aragonés en la localidad de Aizón.

Iglesias confirmó, asimismo, que se mantiene el viaje a Bruselas, el 21 de septiembre, de los consejeros de Industria y Presidencia, Arturo Aliaga y Javier Velasco, respectivamente, para reunirse con las autoridades europeas competentes con el fin de impulsar el desarrollo del decreto y su prolongación a ser posible hasta 2018 ó 2020.

Junto a los consejeros, viajarán alcaldes de las localidades de las cuencas mineras aragonesas y representantes de los mineros, que desde hace dos semanas mantienen un encierro en el ayuntamiento del pueblo de Ariño (Teruel) para reclamar la entrada en vigor del decreto.

Asturias dice que ayudas no alteran la competencia europea

Asimismo, el consejero de Industria del Gobierno asturiano, Graciano Torre, ha defendido la continuidad de las subvenciones a la extracción de carbón por considerar que no alteran la libre competencia dentro de Europa, que carece de operaciones de importación y exportación del mineral entre países comunitarios.

El argumento de que las ayudas dificultan la competencia «resulta difícil de entender porque no hay un mercado intracomunitario de carbón», ha afirmado el consejero en el discurso de inauguración de unas jornadas de debate sobre las posibilidades de desarrollo de las comarcas mineras.

Torre ha dicho que las ayudas «pueden provocar alteraciones» en la competencia con países productores de fuera de Europa, pero no dentro del espacio comunitario y se ha manifestado a favor de mantenerlas porque su eliminación «significa el cierre de la minería» y perjudica principalmente a España y Alemania.

El consejero ha valorado la cohesión social, política y sindical que se «está alcanzando» en torno al rechazo a la propuesta inicial de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la extracción de carbón nacional para el año 2014.

En ese sentido, ha dicho que la iniciativa «es contradictoria» con la financiación con fondos de la Unión Europea de las investigaciones sobre el consumo limpio de carbón, que preven el desarrollo de esta tecnología para el año 2022.

«Es difícil de entender que se hagan este tipo de investigaciones para ser aplicadas sólo con carbón de importación», ha afirmado.

Así lo ha exigido el presidente de Carbunión, Victorino Alonso, quien se ha reunido en Gijón con la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y el director general de Minería de Asturias, Isaac Pola.

Alonso ha anunciado que el primer pago de Hunosa permitirá abonar a los mineros el cincuenta por ciento de los salarios de julio y en cuanto se reciba el segundo ingreso -a lo largo de la próxima semana si la empresa no utiliza alguna «trampa, ha dicho- se pagará el resto de la nómina del citado mes.

El presidente de la patronal ha aclarado que los empresarios no pueden pagar porque no reciben ni el dinero del Gobierno ni la ayuda y ha cifrado en 175 millones de euros la deuda del «almacén energético».

Ha advertido de que, aunque el decreto del carbón se desbloquee en septiembre, hasta noviembre no se realizarán las primeras operaciones, que se cobrarían en diciembre, y ha exigido que el Gobierno pague mientras tanto un mes y medio por cada mes de nóminas.

ACOM ha redactado en su reunión una carta dirigida a los miembros del Colegio de Comisarios de Europa con el objetivo de impulsar la aprobación del citado decreto.

«El retraso por parte del Colegio de Comisarios, en la decisión de evaluar la conformidad con las Leyes de la Unión Europea del Real Decreto134/2010, produciría el colapso de las empresas mineras y el cierre del sector, con terribles consecuencias a añadir a la ya difícil situación socio-económica de las regiones mineras», advierte.

El documento subraya que las empresas españolas productoras de carbón están ante una «situación límite» como resultado de la falta del marco estable que permite el consumo de carbón autóctono para la producción de electricidad.

La asociación recuerda que, a pesar de su desarrollo, el campo de las energías renovables «no es completamente gestionable, programable» y está sometido a las variaciones climáticas, por lo que requiere un apoyo adicional de energías térmicas convencionales.

Isaac Pola ha reivindicado el carácter «urgente» de la aprobación de la norma ante la situación «francamente difícil» del sector.

Por su parte, el presidente de ACOM, Gabriel Pérez Villalta, ha considerado también fundamental aprobar un reglamento del sector y ha insistido en que sin el decreto no tendría sentido puesto que el sector estaría abocado al cierre.

La organización ha solicitado una entrevista con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, para expresarle sus reivindicaciones y desea conocer la postura del resto de países.

Pérez Villalta ha reconocido que aquellos que carecen de industria del carbón son «lo que están generando mayores problemas».

Por último, el vicepresidente de ACOM y alcalde del municipio leonés de Páramo del Sil, Ángel Calvo, ha recordado la situación que viven los mineros encerrados en defensa de sus intereses luchando por el pago de sus salarios.

Sebastián denuncia que algunas empresas incumplen los acuerdos

Por su parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaró en los pasillos del Senado que algunas empresas de la minería del carbón incumplen lo acuerdos adoptados en la comisión de seguimiento respecto al pago de nóminas a los empleados y calificó esta actitud de inaceptable.

Sebastián pidió a la patronal del sector, Carbunión, que denuncie los comportamientos de estas empresas y añadió que su departamento «está tomando buena nota de ello».

Sin estos desmarques empresariales de los acuerdos, para Sebastián, «la situación se calmaría y volvería a su cauce».

El ministro recordó que dentro de la Comisión de Seguimiento del Plan General de la Minería del Carbón prima un acuerdo con Carbunión y con los sindicatos del sector, que dotaba de liquidez a las empresas mineras para pagar las nóminas a los empleados a la espera del decreto que va a aprobar la Comisión Europea.

Sebastián dijo que confía en que este mes se pueda aprobar el decreto en Bruselas y, con ello, se acabe esta situación de incertidumbre.

Hunosa atribuye el conflicto a la estrategia empresarial desde 2007

Asimismo, el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, ha atribuido el conflicto en la minería privada derivado del impago de las nóminas por parte de varias compañías del sector a una estrategia empresarial que arranca en 2007.

En una rueda de prensa, Secades ha incidido en que en esta situación «todo el mundo tiene culpa y disculpa», tanto las eléctricas, incapaces de consumir la producción acumulada por las empresas mineras, como las compañías productoras de carbón.

No obstante, ha subrayado que también Hunosa ha sufrido problemas similares con su principal cliente, HC Energía, y lo ha «resuelto» lo que le ha permitido mantener las entregas de carbón y que la empresa eléctrica siguiera pagando por el mineral adquirido.

«Y ahora no me gustaría oír el chiste fácil de que como somos una empresa pública hacemos lo que sea», ha advertido Secades tras recordar que desde el pasado 31 de agosto estaban a disposición de los grupos Victorino Alonso y Viloria los contratos para que Hunosa les comprase la producción correspondiente a quince días de producción.

A su juicio, es «evidente» que si, ambas empresas hubiesen suscrito al igual que el resto los contratos correspondientes con la compañía pública, que reportarán 7,4 millones de euros al Grupo Victorino Alonso y 0,7 millones a Viloria, «parece evidente que podrían haber pagado parte de los salarios».

En este sentido, ha reiterado que Hunosa se ha limitado a cumplir con el mandato del Consejo de Ministros de adquirir quince días de producción correspondiente a marzo y que era el Instituto del Carbón el encargado de determinar las cantidades que correspondía adquirir a cada empresa privada.

Secades ha lamentado además el «ruido» en torno a este conflicto y ha subrayado que «el más legítimo es que el que generan los trabajadores que no cobran sus salarios» y ha lamentado además el retraso en la aprobación por parte de la Unión Europea del Real Decreto que obliga a las eléctricas a consumir las cantidades de carbón nacional pactadas en el plan del sector vigente hasta 2012.

Este retraso, ha admitido, «dificulta» la situación del sector y ha considerado que si el texto fue remitido a Bruselas el pasado mes de febrero «a estas alturas habría que saber si sí, o si no» y ha cuestionado si «alguien» no debería haber sido «un poco más diligente» a la hora de tramitarlo ante los organismos comunitarios.

Así lo ha exigido el presidente de Carbunión, Victorino Alonso, quien se ha reunido en Gijón con la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y el director general de Minería de Asturias, Isaac Pola.

Alonso ha anunciado que el primer pago de Hunosa permitirá abonar a los mineros el cincuenta por ciento de los salarios de julio y en cuanto se reciba el segundo ingreso -a lo largo de la próxima semana si la empresa no utiliza alguna «trampa, ha dicho- se pagará el resto de la nómina del citado mes.

El presidente de la patronal ha aclarado que los empresarios no pueden pagar porque no reciben ni el dinero del Gobierno ni la ayuda y ha cifrado en 175 millones de euros la deuda del «almacén energético».

Ha advertido de que, aunque el decreto del carbón se desbloquee en septiembre, hasta noviembre no se realizarán las primeras operaciones, que se cobrarían en diciembre, y ha exigido que el Gobierno pague mientras tanto un mes y medio por cada mes de nóminas.

ACOM ha redactado en su reunión una carta dirigida a los miembros del Colegio de Comisarios de Europa con el objetivo de impulsar la aprobación del citado decreto.

«El retraso por parte del Colegio de Comisarios, en la decisión de evaluar la conformidad con las Leyes de la Unión Europea del Real Decreto134/2010, produciría el colapso de las empresas mineras y el cierre del sector, con terribles consecuencias a añadir a la ya difícil situación socio-económica de las regiones mineras», advierte.

El documento subraya que las empresas españolas productoras de carbón están ante una «situación límite» como resultado de la falta del marco estable que permite el consumo de carbón autóctono para la producción de electricidad.

La asociación recuerda que, a pesar de su desarrollo, el campo de las energías renovables «no es completamente gestionable, programable» y está sometido a las variaciones climáticas, por lo que requiere un apoyo adicional de energías térmicas convencionales.

Isaac Pola ha reivindicado el carácter «urgente» de la aprobación de la norma ante la situación «francamente difícil» del sector.

Por su parte, el presidente de ACOM, Gabriel Pérez Villalta, ha considerado también fundamental aprobar un reglamento del sector y ha insistido en que sin el decreto no tendría sentido puesto que el sector estaría abocado al cierre.

La organización ha solicitado una entrevista con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, para expresarle sus reivindicaciones y desea conocer la postura del resto de países.

Pérez Villalta ha reconocido que aquellos que carecen de industria del carbón son «lo que están generando mayores problemas».

Por último, el vicepresidente de ACOM y alcalde del municipio leonés de Páramo del Sil, Ángel Calvo, ha recordado la situación que viven los mineros encerrados en defensa de sus intereses luchando por el pago de sus salarios.

Sebastián denuncia que algunas empresas incumplen los acuerdos

Por su parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaró en los pasillos del Senado que algunas empresas de la minería del carbón incumplen lo acuerdos adoptados en la comisión de seguimiento respecto al pago de nóminas a los empleados y calificó esta actitud de inaceptable.

Sebastián pidió a la patronal del sector, Carbunión, que denuncie los comportamientos de estas empresas y añadió que su departamento «está tomando buena nota de ello».

Sin estos desmarques empresariales de los acuerdos, para Sebastián, «la situación se calmaría y volvería a su cauce».

El ministro recordó que dentro de la Comisión de Seguimiento del Plan General de la Minería del Carbón prima un acuerdo con Carbunión y con los sindicatos del sector, que dotaba de liquidez a las empresas mineras para pagar las nóminas a los empleados a la espera del decreto que va a aprobar la Comisión Europea.

Sebastián dijo que confía en que este mes se pueda aprobar el decreto en Bruselas y, con ello, se acabe esta situación de incertidumbre.

Hunosa atribuye el conflicto a la estrategia empresarial desde 2007

Asimismo, el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, ha atribuido el conflicto en la minería privada derivado del impago de las nóminas por parte de varias compañías del sector a una estrategia empresarial que arranca en 2007.

En una rueda de prensa, Secades ha incidido en que en esta situación «todo el mundo tiene culpa y disculpa», tanto las eléctricas, incapaces de consumir la producción acumulada por las empresas mineras, como las compañías productoras de carbón.

No obstante, ha subrayado que también Hunosa ha sufrido problemas similares con su principal cliente, HC Energía, y lo ha «resuelto» lo que le ha permitido mantener las entregas de carbón y que la empresa eléctrica siguiera pagando por el mineral adquirido.

«Y ahora no me gustaría oír el chiste fácil de que como somos una empresa pública hacemos lo que sea», ha advertido Secades tras recordar que desde el pasado 31 de agosto estaban a disposición de los grupos Victorino Alonso y Viloria los contratos para que Hunosa les comprase la producción correspondiente a quince días de producción.

A su juicio, es «evidente» que si, ambas empresas hubiesen suscrito al igual que el resto los contratos correspondientes con la compañía pública, que reportarán 7,4 millones de euros al Grupo Victorino Alonso y 0,7 millones a Viloria, «parece evidente que podrían haber pagado parte de los salarios».

En este sentido, ha reiterado que Hunosa se ha limitado a cumplir con el mandato del Consejo de Ministros de adquirir quince días de producción correspondiente a marzo y que era el Instituto del Carbón el encargado de determinar las cantidades que correspondía adquirir a cada empresa privada.

Secades ha lamentado además el «ruido» en torno a este conflicto y ha subrayado que «el más legítimo es que el que generan los trabajadores que no cobran sus salarios» y ha lamentado además el retraso en la aprobación por parte de la Unión Europea del Real Decreto que obliga a las eléctricas a consumir las cantidades de carbón nacional pactadas en el plan del sector vigente hasta 2012.

Este retraso, ha admitido, «dificulta» la situación del sector y ha considerado que si el texto fue remitido a Bruselas el pasado mes de febrero «a estas alturas habría que saber si sí, o si no» y ha cuestionado si «alguien» no debería haber sido «un poco más diligente» a la hora de tramitarlo ante los organismos comunitarios.

Estos fondos proceden de la prórroga aprobada por el Gobierno del almacenamiento estratégico temporal de carbón nacional por parte de Hunosa, creado en julio de 2009 y que funcionó hasta febrero de 2010 ante la incapacidad del mercado eléctrica de absorber su producción.

Tras conocer la decisión del Gobierno, la compañía pública se comprometió a agilizar la compra a las empresas privadas para aligerar una parte de su stock ante el retraso de la Unión Europea en autorizar el Real Decreto que obliga a las eléctricas a consumir las cantidades de carbón nacional pactadas en el plan del sector vigente hasta 2012.

Hunosa ha asegurado que los días 31 de agosto y 1 de septiembre se enviaron las adendas de los contratos a todos los suministradores de carbón para que las devolvieran firmadas junto con las correspondientes facturas y certificaciones previstas en los contratos y referentes a las producciones autorizadas por el Gobierno para la primera quincena de marzo.

Según la compañía, todos los suministradores salvo el Grupo Victorino Alonso (UMINSA y CMC) y el Grupo Viloria (ALBISA y HBG), enviaron a partir del 2 de septiembre la documentación necesaria para proceder a la adquisición de carbón y comenzó a realizar los pagos correspondientes.

Ambos grupos privados habían manifestado que la compra de la producción de la primera quincena del mes de marzo autorizada por el Gobierno no les permitiría hacer frente a los pagos atrasados «de todo tipo» y comunicaron a Hunosa que no enviarían las adendas firmadas ni las certificaciones y facturas correspondientes.

Según la empresa de la SEPI, sin esta documentación justificativa no era posible la adquisición del carbón de ambos grupos hasta que el pasado 10 de septiembre las dos sociedades enviaron la documentación requerida lo que ha permitido que Hunosa autorice el pago de 7,3 millones al Grupo Victorino Alonso y 0,79 millones al Grupo Viloria.

Ecologistas en Acción ve «inadmisible» el «chantaje» de la patronal

Por su parte, Ecologistas en Acción pidió al Gobierno que «tome de una vez por todas» medidas para eliminar el carbón de la generación eléctrica, y que «no se deje influir por una patronal que vive desde hace tiempo de las subvenciones», en el conflicto por el impago de salarios.

Para la organización ecologista, que considera «inadmisible» el «chantaje» de la patronal, éste es un conflicto que «debería estar cerrado desde hace años».

Según la ONG, el carbón es el combustible fósil que más contamina, ya que emite tres veces más gases de efecto invernadero que el gas y emite dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que provocan lluvia ácida.

Además, asegura que, económicamente, el carbón español «es inviable en las condiciones actuales». «Teniendo los medios del siglo XXI y las energías renovables, es inconsistente e irracional continuar tirando el dinero para mantener una actividad obsoleta», concluyen los ecologistas.