El ponente del informe del Parlamento Europeo sobre esta cuestión, el socialdemócrata alemán Bernhard Rapkay, dijo que propondrá pasar el final de estas ayudas del 1 de julio de 2014 propuesto por la Comisión Europea al 1 de enero de 2018.

Rapkay recordó, durante un debate en la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, propuso inicialmente a la Comisión Europea la fecha de 2018, aunque Bruselas finalmente optó por acortarla en tres años y medio.

«Comparto con él (Almunia) esa fecha. Se necesita un período no excesivo, sino adecuado, para proceder a una reducción progresiva de estas ayudas estatales para la minería del carbón«, añadió el eurodiputado.

La extensión del final de esos subsidios «nos ayudaría a reducir las tensiones sociales, el impacto social que acarrearía», recalcó.

El final de esas ayudas afectará a unos 100.000 trabajadores en la Unión Europea, sobre todo en España, Alemania, Rumanía.

Rapkay advirtió de que si se produce un «abandono rápido de las ayudas en 2014, vamos a grandes tensiones sociales, despidos masivos».

Explicó que la Comisión utilizó un «estupendo» estudio de evaluación del impacto de la medida, pero cuando el colegio de comisarios tomó su decisión «hizo todo lo contrario».

Rapkay avanzó que el pleno de la Eurocámara podría votar su propuesta en su reunión de la cuarta semana de noviembre en Estrasburgo (Francia).

El también alemán Werner Langen (PPE), destacó que si las minas europeas cierran no significará un mix energético más limpio, ya que «lo vamos a sustituir por otro carbón», con un «efecto cero» sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Por ello, dijo que «lo más razonable» es que la Comisión Europea olvide la propuesta de 2014 y vuelva a la propuesta inicial de Almunia de 2018, ya que «él es el comisario de la Competencia».

Langen insistió en que la decisión de la Comisión Europea del 20 de julio fue «insólita», ya que el comisario responsable de Competencia quedó en minoría, algo que «tendría que hacer recapacitar la Comisión».

Por parte del grupo Verde, el belga Philippe Lamberts, manifestó la preferencia por «dar prioridad a la inversión en industrias de futuro».

La propuesta de la Comisión Europea tendrá que ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea, donde están representados los Gobiernos de los Ventisiete, y luego conciliada con la postura que adopte el Parlamento.

Bruselas exigirá que no haya subvenciones después de 2014

Según fuentes comunitarias, la Comisión Europea aprobará el plan español de ayuda al sector del carbón pero exigirá como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.

La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.

El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.

La organización ecologista WWF había denunciado ante el Ejecutivo comunitario que autorizar el plan español contradeciría la propuesta de Bruselas de acabar con las ayudas públicas al carbón de aquí a 2014. «Aunque el actual plan español tiene una duración limitada, si se aprueba España podría notificar una prórroga del régimen basada en derecho teniendo en cuenta su aceptación inicial», alegó WWF.

Con el compromiso del Gobierno español de no dar más ayudas públicas al sector más allá de 2014 se resolvería esta contradicción. Bruselas ha propuesto prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a funcionamiento a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía. La norma debe ser aún aprobada por los Gobiernos de los 27 y algunos quieren ampliar el plazo.

El ponente del informe del Parlamento Europeo sobre esta cuestión, el socialdemócrata alemán Bernhard Rapkay, dijo que propondrá pasar el final de estas ayudas del 1 de julio de 2014 propuesto por la Comisión Europea al 1 de enero de 2018.

Rapkay recordó, durante un debate en la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, propuso inicialmente a la Comisión Europea la fecha de 2018, aunque Bruselas finalmente optó por acortarla en tres años y medio.

«Comparto con él (Almunia) esa fecha. Se necesita un período no excesivo, sino adecuado, para proceder a una reducción progresiva de estas ayudas estatales para la minería del carbón«, añadió el eurodiputado.

La extensión del final de esos subsidios «nos ayudaría a reducir las tensiones sociales, el impacto social que acarrearía», recalcó.

El final de esas ayudas afectará a unos 100.000 trabajadores en la Unión Europea, sobre todo en España, Alemania, Rumanía.

Rapkay advirtió de que si se produce un «abandono rápido de las ayudas en 2014, vamos a grandes tensiones sociales, despidos masivos».

Explicó que la Comisión utilizó un «estupendo» estudio de evaluación del impacto de la medida, pero cuando el colegio de comisarios tomó su decisión «hizo todo lo contrario».

Rapkay avanzó que el pleno de la Eurocámara podría votar su propuesta en su reunión de la cuarta semana de noviembre en Estrasburgo (Francia).

El también alemán Werner Langen (PPE), destacó que si las minas europeas cierran no significará un mix energético más limpio, ya que «lo vamos a sustituir por otro carbón», con un «efecto cero» sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Por ello, dijo que «lo más razonable» es que la Comisión Europea olvide la propuesta de 2014 y vuelva a la propuesta inicial de Almunia de 2018, ya que «él es el comisario de la Competencia».

Langen insistió en que la decisión de la Comisión Europea del 20 de julio fue «insólita», ya que el comisario responsable de Competencia quedó en minoría, algo que «tendría que hacer recapacitar la Comisión».

Por parte del grupo Verde, el belga Philippe Lamberts, manifestó la preferencia por «dar prioridad a la inversión en industrias de futuro».

La propuesta de la Comisión Europea tendrá que ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea, donde están representados los Gobiernos de los Ventisiete, y luego conciliada con la postura que adopte el Parlamento.

Bruselas exigirá que no haya subvenciones después de 2014

Según fuentes comunitarias, la Comisión Europea aprobará el plan español de ayuda al sector del carbón pero exigirá como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.

La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.

El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.

La organización ecologista WWF había denunciado ante el Ejecutivo comunitario que autorizar el plan español contradeciría la propuesta de Bruselas de acabar con las ayudas públicas al carbón de aquí a 2014. «Aunque el actual plan español tiene una duración limitada, si se aprueba España podría notificar una prórroga del régimen basada en derecho teniendo en cuenta su aceptación inicial», alegó WWF.

Con el compromiso del Gobierno español de no dar más ayudas públicas al sector más allá de 2014 se resolvería esta contradicción. Bruselas ha propuesto prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a funcionamiento a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía. La norma debe ser aún aprobada por los Gobiernos de los 27 y algunos quieren ampliar el plazo.

Juan Costa apuntó, en este sentido, que en política energética hay que tener en cuenta «diversos factores», como la seguridad de suministro, la estabilidad ecológica o la eficiencia energética, y el carbón «puede jugar un papel básico y muy importante en cualquier economía mundial».

Así, con estos factores, incidió en que en el ámbito de la política y ayudas europeas debe darse a España «la oportunidad de mantener la capacidad de aportación de un sector económico que puede ser siempre relevante».

El ex ministro insistió en tener en cuenta los citados factores, que considera que son «más importantes» que incluso la parte económica. «Hay iniciativas como la necesidad de avanzar en el secuestro del carbono para garantizar que cualquier central térmica de carbón puede funcionar en condiciones eficientes», añadió.

Costa, que intervino en Valladolid en el VI encuentro del Foro Económico de «El Norte de Castilla» bajo el título «Los retos de la nueva economía. Cambio climático y sostenibilidad», explicó que la economía española tiene «muchos nuevos retos» en un mundo global en el que hay que garantizar que la economía está «en condiciones» de hacer frente a desafíos como el calentamiento global, la escasez de recursos naturales, la necesidad de garantizar el funcionamiento del conjunto del entorno y del medio ambiente y la estabilidad financiera.

«Son desafíos que en el corto plazo no nos parecen importantes pero que van a condicionar el futuro del país», dijo el diputado del PP, quien cree que si España y su economía se preparan «pensando en el futuro» probablemente habrá más garantías de construir un «modelo de desarrollo sostenible» y que tenga más oportunidades.

Costa afirmó que actualmente hay grandes retos como la necesidad de mejorar la estabilidad financiera, las cuentas públicas y la competitividad, todo ello para crear empleo y superar esa situación en la que se encuentra España, «al final de la cola de los países avanzados» con una tasa de paro del 20 por ciento, que calificó de «inaceptable» para cualquier economía avanzada.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido a este problema, que ha provocado las protestas de los mineros ante la pretensión de la Comisión Europea de aprobar un reglamento de ayudas al carbón que fija el cierre de las minas deficitarias en 2014, en una intervención ante los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo ha recordado la situación por la que están pasando los mineros aragoneses y ha expresado su especial sensibilidad por este asunto debido a que León es junto a Asturias una de las zonas donde más repercute el problema del carbón.

Ante esa situación, ha querido lanzar un mensaje de confianza y tranquilidad y ha asegurado que se va a encontrar una solución.

«Vamos a tener un marco con respaldo de la Unión Europea para seguir llevando adelante una política de ayudas, pero también pensando en el futuro», ha añadido.

Un futuro que ha dicho que pasa por ser capaces de que, mediante la investigación y la innovación, el carbón sea menos contaminante y se convierta en una fuente de energía más limpia y rentable y que sirva a los intereses energéticos del país.

Los mineros anuncian «más presión» si en los próximos días no hay soluciones

Por su parte, los representantes sindicales encerrados en el Ministerio de Industria, que se encuentran en huelga de hambre desde hace cinco días, han asegurado que los mineros llevarán a cabo «más presión» si en los próximos días no se pagan las nóminas atrasadas y se garantiza el futuro del sector.

El secretario general de Minería de la UGT, Víctor Fernández, ha señalado que, si tras la huelga general del próximo 29 de septiembre y los paros en la minería del carbón convocados para ese día y para el 30 no se han solucionado sus problemas, los mineros emprenderán «medidas contundentes».

Por su parte, el secretario general de Actividades Extractivas de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, ha asegurado que, si en fechas cercanas no hay una solución por parte del Ministerio de Industria y los empresarios mineros Viloria y Victorino Alonso, «la situación se nos puede ir de las manos a todos».

Asimismo, han indicado que su estado de salud es «bueno» y han recordado que mantendrán su huelga de hambre hasta el próximo miércoles.

Por otro lado, han resaltado que hasta la fecha no han recibido ningún mensaje por parte ni de Industria ni de los empresarios.

Los sindicalistas han señalado que también se prevén nuevas movilizaciones para los días de la huelga, además de la Marcha Negra emprendida por los mineros leoneses, que tiene previsto llegar a León el 29 de septiembre.

En este sentido, varios grupos de mineros han vuelto a cortar la autovía A-66 que une Asturias con la Meseta, así como varias carreteras en otros puntos del Principado.

Por lo que respecta a la existencia de supuestos «infiltrados» en las marchas mineras, han indicado que actuarán para que «no se vuelvan a introducir elementos extraños» en las futuras movilizaciones.

Fernández ha asegurado que, pese a la «tensión» que existe en las cuencas mineras, las protestas se han llevado a cabo «responsablemente» y que los «elementos desestabilizadores» que provocaron altercados en Oviedo y en otros puntos «no estaban dirigidos» por los sindicatos.

No obstante, Fernández ha recordado que el día 27 será «un día bastante atractivo», ya que la Comisión Europea decidirá si incluye en el programa de la reunión del día siguiente el real decreto de apoyo al carbón nacional.

Si en dicha reunión se desbloquea el decreto, las centrales térmicas de carbón nacional tendrán prioridad de funcionamiento, lo que permitirá vender los excedentes de mineral nacional y dará liquidez a las empresas para pagar a sus empleados los sueldos que les adeudan.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido a este problema, que ha provocado las protestas de los mineros ante la pretensión de la Comisión Europea de aprobar un reglamento de ayudas al carbón que fija el cierre de las minas deficitarias en 2014, en una intervención ante los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo ha recordado la situación por la que están pasando los mineros aragoneses y ha expresado su especial sensibilidad por este asunto debido a que León es junto a Asturias una de las zonas donde más repercute el problema del carbón.

Ante esa situación, ha querido lanzar un mensaje de confianza y tranquilidad y ha asegurado que se va a encontrar una solución.

«Vamos a tener un marco con respaldo de la Unión Europea para seguir llevando adelante una política de ayudas, pero también pensando en el futuro», ha añadido.

Un futuro que ha dicho que pasa por ser capaces de que, mediante la investigación y la innovación, el carbón sea menos contaminante y se convierta en una fuente de energía más limpia y rentable y que sirva a los intereses energéticos del país.

Los mineros anuncian «más presión» si en los próximos días no hay soluciones

Por su parte, los representantes sindicales encerrados en el Ministerio de Industria, que se encuentran en huelga de hambre desde hace cinco días, han asegurado que los mineros llevarán a cabo «más presión» si en los próximos días no se pagan las nóminas atrasadas y se garantiza el futuro del sector.

El secretario general de Minería de la UGT, Víctor Fernández, ha señalado que, si tras la huelga general del próximo 29 de septiembre y los paros en la minería del carbón convocados para ese día y para el 30 no se han solucionado sus problemas, los mineros emprenderán «medidas contundentes».

Por su parte, el secretario general de Actividades Extractivas de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, ha asegurado que, si en fechas cercanas no hay una solución por parte del Ministerio de Industria y los empresarios mineros Viloria y Victorino Alonso, «la situación se nos puede ir de las manos a todos».

Asimismo, han indicado que su estado de salud es «bueno» y han recordado que mantendrán su huelga de hambre hasta el próximo miércoles.

Por otro lado, han resaltado que hasta la fecha no han recibido ningún mensaje por parte ni de Industria ni de los empresarios.

Los sindicalistas han señalado que también se prevén nuevas movilizaciones para los días de la huelga, además de la Marcha Negra emprendida por los mineros leoneses, que tiene previsto llegar a León el 29 de septiembre.

En este sentido, varios grupos de mineros han vuelto a cortar la autovía A-66 que une Asturias con la Meseta, así como varias carreteras en otros puntos del Principado.

Por lo que respecta a la existencia de supuestos «infiltrados» en las marchas mineras, han indicado que actuarán para que «no se vuelvan a introducir elementos extraños» en las futuras movilizaciones.

Fernández ha asegurado que, pese a la «tensión» que existe en las cuencas mineras, las protestas se han llevado a cabo «responsablemente» y que los «elementos desestabilizadores» que provocaron altercados en Oviedo y en otros puntos «no estaban dirigidos» por los sindicatos.

No obstante, Fernández ha recordado que el día 27 será «un día bastante atractivo», ya que la Comisión Europea decidirá si incluye en el programa de la reunión del día siguiente el real decreto de apoyo al carbón nacional.

Si en dicha reunión se desbloquea el decreto, las centrales térmicas de carbón nacional tendrán prioridad de funcionamiento, lo que permitirá vender los excedentes de mineral nacional y dará liquidez a las empresas para pagar a sus empleados los sueldos que les adeudan.