El presidente del comité de empresa de Coto Minero Cantábrico (CMC), Francisco Aller, ha confirmado , que los seiscientos empleados de esta empresa del Grupo Alonso han decidido en asamblea abandonar las movilizaciones y volver a la mina.

La misma determinación han tomado en una reunión asamblearia las cerca de mil personas que trabajan -entre mineros y subcontratas- en Unión Minera del Norte (UMINSA), según ha destacado el presidente de su Comité Intercentros, Guillermo Sánchez.

Sánchez ha incidido en que la decisión se ha producido después de que el Grupo Alonso se comprometiera a pagar las nóminas y de que el Ministerio de Industria acordara establecer un mecanismo de control para asegurar el cobro adecuado de sus salarios en el futuro.

Los casi noventa mineros de Hijos de Baldomero García, del Grupo Viloria, también han desconvocado las protestas y regresarán a sus puestos el próximo martes si el lunes reciben el salario del mes de agosto, ha precisado el delegado sindical de CCOO de la empresa, Adelino Pires.

Hasta que se decida en asamblea, queda pendiente si cesan las movilizaciones los cerca de trescientos empleados de Alto Bierzo, también de Viloria.

Además, los siete mineros que están encerrados desde hace 24 días a 200 metros bajo tierra, en Tremor de Arriba (León), han decidido que abandonarán esta medida de protesta.

Por su parte, los seis responsables de minería de CCOO y UGT encerrados en la sede del Ministerio de Industria desde hace 16 días han decidido poner fin a su protesta tras una reunión con el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, que, a su juicio, ha «desbloqueado» la situación.

El secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, ha dicho que el Gobierno ha cerrado los tres frentes abiertos el carbón: la aprobación del real decreto de ayudas al mineral nacional, el abono de los salarios adeudados y la concreción de un grupo de trabajo para defender el sector.

Además, ha asegurado el líder minero de CCOO, en la reunión se ha avanzado en la definición del grupo de trabajo para la defensa conjunta del carbón nacional ante la Unión Europea, una iniciativa que fue anunciada el pasado 15 de septiembre por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Este grupo de trabajo celebrará su primera reunión en las próximas dos semanas y en ella se definirán tanto el calendario del foro como sus contenidos, entre los que se encontrará la elaboración de un nuevo Plan del Carbón más allá de 2012, cuando terminará la vigencia del actual.

Pero no todas las reacciones han sido positivas. El Gobierno gallego ha asegurado que «empleará todas las herramientas de las que disponga» para frenar la aplicación del decreto.

Según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo perjudica a las centrales térmicas de la región que adaptaron sus calderas al carbón de importación.

No obstante, el Gobierno ha querido lanzar un «rotundo mensaje de tranquilidad» y ha asegurado que el decreto aprobado hoy no afectará «para nada» a las centrales térmicas gallegas.

El presidente de Carbunión, Victorino Alonso, aseguró que si el Consejo del Ministros aprueba el real decreto de ayudas al carbón nacional como está previsto, los grupos mineros estarán en condiciones de conseguir préstamos con los que abonar los salarios que deben a sus empleados.

Así lo afirmó junto con representantes de las otras dos principales empresas que operan en Castilla y León, Hullera Vasco Leonesa y Grupo Viloria, tras haberse reunido con el vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

Alonso insistió en que, tras la aprobación del decreto, las entidades financieras accederán «con toda probabilidad» a adelantar los fondos necesarios para sufragar la deuda que los grupos Alonso y Viloria tienen con sus trabajadores.

El presidente de Carbunión indicó que era «absolutamente imposible» pagar las nóminas de agosto porque las empresas llevaban «siete meses sin ingresos de ningún tipo por la producción» y las ayudas públicas recibidas sólo equivalen al salario de «un mes y medio» de ese periodo. «A pesar de esa situación hemos pagado las nóminas hasta julio».

El empresario puntualizó, sin embargo, que, tras este desembolso, «va a pasar otro plazo con liquidez nula» de las empresas, aunque espera que las compañías eléctricas abonen próximamente los «dos tercios de la facturación» que están pendientes desde marzo pasado.

El empresario agradeció a las administraciones públicas y a los eurodiputados españoles las acciones tomadas para que la Comisión Europea haya dado su visto bueno al Real Decreto español.

La Comisión Europea decidió desbloquear esta normativa, que garantiza la viabilidad de la minería española hasta 2014, pero esta medida fue considerada insuficiente por buena parte de los mineros, que decidieron secundar la cuarta jornada de huelga en el sector para exigir el pago de los salarios.

«Nos tranquiliza mucho a todos», expresó Alonso sobre la posibilidad de que las ayudas públicas previstas por el Gobierno vayan a mantenerse al menos hasta 2014, aunque seguidamente planteó la necesidad de que el reglamento que debe aprobarse en los próximos meses amplíe este plazo al menos hasta 2020.

En concreto, el empresario leonés habló de un «nicho estable de empleo, de producción y de ayudas» para los próximos diez años, ya que de lo contrario será «el desastre absoluto», en palabras de Alonso.

La huelga, sin embargo, tuvo un seguimiento desigual, ya que ha paralizado el sector en Asturias, León y Puertollano, pero apenas ha tenido repercusión en los yacimientos aragoneses.

El presidente del comité de empresa de Coto Minero Cantábrico (CMC) en Laciana (León), Francisco Aller, manifestó que los integrantes de la «Marcha Negra» no continuarán el trayecto hasta Madrid, aunque un grupo de tres trabajadores se encerró en la Catedral de León para exigir el cobro de las nóminas pendientes, con el consentimiento del Obispado.

Con este acto reivindicativo se unieron a los nueve mineros encerrados en un pozo de Tremor de Arriba (León) desde hace veinticinco días y a los seis representantes sindicales que permanecen desde el pasado 15 de septiembre en la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El resto de encierros, así como todas las huelgas de hambre, fueron abandonados después de que Bruselas diera el visto bueno al real decreto español de apoyo al carbón.

Los mineros asturianos cortaron varias carreteras del Principado, mientras que los trabajadores de Puertollano quemaron neumáticos en los accesos al yacimiento para pedir que las ayudas al carbón se prorroguen más allá de 2014.

Por su parte, el grupo de mineros acampado frente a las oficinas del grupo Alonso en Ponferrada (León) fueron sustituidos por otros compañeros para continuar la protesta, ya que su salud se encontraba muy deteriorada tras 17 días en huelga de hambre.

Mientras tanto, en Madrid, los líderes de las secciones de minería de CCOO y UGT se reunieron con representantes de Industria para revisar el texto del real decreto de ayudas al carbón validado por Bruselas.

Este encuentro, de carácter técnico, resolvió las dudas surgidas en la lectura del texto, aunque los sindicatos adelantaron que aprovecharon la ocasión para «abordar el tema de las garantías en el pago de salarios y dibujar la hoja de ruta del futuro del sector».

De esta manera, los sindicatos quieren empezar a trabajar en el grupo de trabajo anunciado el pasado 15 de septiembre por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para la elaboración del Plan del Carbón 2006-2012.

«Lo llevamos al Consejo de Ministros», afirmó Miguel Sebastián en declaraciones a la prensa tras participar en Madrid en el XXIII Congreso Internacional de Gas Licuado del Petróleo.

El ministro explicó que la norma entrará en funcionamiento «lo antes posible», ya que «se necesita un tiempo para su puesta en marcha». El texto que apruebe el Gobierno, indicó, no difiere del remitido antes del verano por el Ministerio de Industria a la Comisión Europea.

Sebastián aseguró además que el texto ha sufrido un «retraso procedimental» relacionado con el análisis al que ha sido sometido por parte de Bruselas para establecer si existe en su articulado algún tipo de ayuda de Estado.

La Comisión Europea aprobó el real decreto al considerar que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, pero exigió al Ejecutivo, en la línea con el reglamento que elabora para la Unión Europea, que no conceda más subvenciones después de 2014.

Fuentes de Industria expresaron su «enorme satisfacción» por la decisión de Bruselas, ya que aportará al sector la «tranquilidad necesaria para abordar los graves problemas con los que se enfrenta». El Ministerio confía en que a partir de ahora «se imponga en el sector el clima de sosiego y de entendimiento necesario para colaborar entre todos, Gobierno, empresas y sindicatos».

El nuevo real decreto, que está sólo pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros y que ya ha sido estudiado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), Comisión Nacional de Competencia (CNC) y Consejo de Estado (no como informabamos ayer de manera errónea), modificará al real decreto 134/2010, publicado en febrero.

Esta norma reconocía el lucro cesante de tecnologías que, como los ciclos combinados de gas, quedarían desplazadas por el mayor uso del carbón. Ante la advertencia de Bruselas de que este incentivo a centrales desplazadas podría ser ayuda de Estado, Industria decidió retirar este aspecto de la norma y dedicarla exclusivamente a la quema de carbón nacional en las centrales térmicas.

Reglamento hasta 2014

En paralelo, Bruselas trabaja en un reglamento que eliminará en 2014 todas las ayudas al carbón. «Hay que pelear un reglamento europeo que afecta a todos los países europeos, y la semana que viene empezaremos la negociación», afirmó Sebastián.

El ministro explicó que el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se reunirá con agentes del sector para departir no sólo acerca del nuevo decreto del carbón, sino también para «fijar una posición común española» ante el futuro reglamento. «Necesitamos una sola voz entre los mineros, las empresas y los grupos políticos, porque si no crearemos una enorme confusión», añadió.

El PSOE de CyL asegura que el futuro del carbón está garantizado

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, consideró que la decisión de la Comisión Europea supone «una victoria muy importante en Europa para salvar el carbón nacional», cuyo futuro va a quedar, a su juicio, garantizado.

No obstante, López explicó que todavía quedan «retos pendientes» en torno al futuro de la minería, el primero de los cuales es que «los empresarios tienen que pagar las nóminas, y punto».

El diputado socialista también dijo que ahora hay que discutir un reglamento que permita pagar las ayudas más allá del límite del año 2014. «El Gobierno y el PSOE va a defender que se pueda alargar lo más posible el apoyo al carbón nacional, y si puede ser más allá del 2014, mejor».

La Junta de CyL cree que el decreto sólo es una «tirita» y reclama «estabilidad» tras 2014

Asimismo, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró que el real decreto es sólo una «tirita» para un «enfermo muy grave» y reclamó que se «trabaje» para dar «estabilidad» al sector más allá de 2014.

El portavoz de la Junta valoró que la Comisión Europea convalidara el plan español de ayuda al carbón porque «sin duda» devuelve la «tranquilidad» a la minería, pero señaló que lo importante ahora es que los trabajadores cobren sus nóminas.

La Xunta presentará un recurso ante el Tribunal Supremo

Sin embargo, el consejero de Economía e Industria, Javier Guerra, avanzó que la Xunta presentará recurso ante el Tribunal Supremo una vez que el real decreto que prima la quema del carbón nacional esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el fin de solicitar una paralización cautelar en su aplicación mientras no haya una sentencia. Junto a ello, también recurrirá ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión en base al derecho de las comunidades afectadas «a ser escuchadas».

Guerra comunicó que envió –por tercera vez– una carta en la que «exige» al ministro de Industria, Miguel Sebastián, una reunión para que «escuche» al Gobierno gallego y «busque soluciones para que la decisión sea equilibrada».

Sobre esta cuestión, el consejero de Economía e Industria acusó al Gobierno central de «no explicar» ante la Comisión Europea «los efectos reales» que la aplicación del decreto tienen sobre Galicia. Por ello, explicó que la Xunta «tiene toda la documentación» para «estudiar los caminos jurídicos» a seguir.

De este modo, Guerra mostró el rechazo del Gobierno gallego «completo y contundente» al decreto, pues según denunció «no fueron escuchados los intereses de Galicia», los cuales «no fueron trasladados a la Comisión Europea más que por las cartas emitidas desde la Consejería de Economía» al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.

De este modo, se refirió a los efectos «perniciosos» sobre la economía gallega que tendrá, según dijo, esta decisión que afectará a más de 3.500 trabajadores y a unas inversiones totales de más de 1.200 millones de euros.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico rechazó la vía de las compensaciones como solución, ya que lo «único» que demanda es que las centrales térmicas gallegas «funcionen como estaban funcionando», es decir, «seguir fabricando energía en las mismas condiciones».

A pesar de esto, Guerra matizó que si el Gobierno de España establece compensaciones «tiene que comunicarlas», a lo que añadió que «es curioso» que en el decreto se establezca compensaciones para aquellas centrales que utilizan carbón nacional y «no para las que utilicen carbón de importación».

«Lo llevamos al Consejo de Ministros», afirmó Miguel Sebastián en declaraciones a la prensa tras participar en Madrid en el XXIII Congreso Internacional de Gas Licuado del Petróleo.

El ministro explicó que la norma entrará en funcionamiento «lo antes posible», ya que «se necesita un tiempo para su puesta en marcha». El texto que apruebe el Gobierno, indicó, no difiere del remitido antes del verano por el Ministerio de Industria a la Comisión Europea.

Sebastián aseguró además que el texto ha sufrido un «retraso procedimental» relacionado con el análisis al que ha sido sometido por parte de Bruselas para establecer si existe en su articulado algún tipo de ayuda de Estado.

La Comisión Europea aprobó el real decreto al considerar que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, pero exigió al Ejecutivo, en la línea con el reglamento que elabora para la Unión Europea, que no conceda más subvenciones después de 2014.

Fuentes de Industria expresaron su «enorme satisfacción» por la decisión de Bruselas, ya que aportará al sector la «tranquilidad necesaria para abordar los graves problemas con los que se enfrenta». El Ministerio confía en que a partir de ahora «se imponga en el sector el clima de sosiego y de entendimiento necesario para colaborar entre todos, Gobierno, empresas y sindicatos».

El nuevo real decreto, que está sólo pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros y que ya ha sido estudiado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), Comisión Nacional de Competencia (CNC) y Consejo de Estado (no como informabamos ayer de manera errónea), modificará al real decreto 134/2010, publicado en febrero.

Esta norma reconocía el lucro cesante de tecnologías que, como los ciclos combinados de gas, quedarían desplazadas por el mayor uso del carbón. Ante la advertencia de Bruselas de que este incentivo a centrales desplazadas podría ser ayuda de Estado, Industria decidió retirar este aspecto de la norma y dedicarla exclusivamente a la quema de carbón nacional en las centrales térmicas.

Reglamento hasta 2014

En paralelo, Bruselas trabaja en un reglamento que eliminará en 2014 todas las ayudas al carbón. «Hay que pelear un reglamento europeo que afecta a todos los países europeos, y la semana que viene empezaremos la negociación», afirmó Sebastián.

El ministro explicó que el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se reunirá con agentes del sector para departir no sólo acerca del nuevo decreto del carbón, sino también para «fijar una posición común española» ante el futuro reglamento. «Necesitamos una sola voz entre los mineros, las empresas y los grupos políticos, porque si no crearemos una enorme confusión», añadió.

El PSOE de CyL asegura que el futuro del carbón está garantizado

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, consideró que la decisión de la Comisión Europea supone «una victoria muy importante en Europa para salvar el carbón nacional», cuyo futuro va a quedar, a su juicio, garantizado.

No obstante, López explicó que todavía quedan «retos pendientes» en torno al futuro de la minería, el primero de los cuales es que «los empresarios tienen que pagar las nóminas, y punto».

El diputado socialista también dijo que ahora hay que discutir un reglamento que permita pagar las ayudas más allá del límite del año 2014. «El Gobierno y el PSOE va a defender que se pueda alargar lo más posible el apoyo al carbón nacional, y si puede ser más allá del 2014, mejor».

La Junta de CyL cree que el decreto sólo es una «tirita» y reclama «estabilidad» tras 2014

Asimismo, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, consideró que el real decreto es sólo una «tirita» para un «enfermo muy grave» y reclamó que se «trabaje» para dar «estabilidad» al sector más allá de 2014.

El portavoz de la Junta valoró que la Comisión Europea convalidara el plan español de ayuda al carbón porque «sin duda» devuelve la «tranquilidad» a la minería, pero señaló que lo importante ahora es que los trabajadores cobren sus nóminas.

La Xunta presentará un recurso ante el Tribunal Supremo

Sin embargo, el consejero de Economía e Industria, Javier Guerra, avanzó que la Xunta presentará recurso ante el Tribunal Supremo una vez que el real decreto que prima la quema del carbón nacional esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el fin de solicitar una paralización cautelar en su aplicación mientras no haya una sentencia. Junto a ello, también recurrirá ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión en base al derecho de las comunidades afectadas «a ser escuchadas».

Guerra comunicó que envió –por tercera vez– una carta en la que «exige» al ministro de Industria, Miguel Sebastián, una reunión para que «escuche» al Gobierno gallego y «busque soluciones para que la decisión sea equilibrada».

Sobre esta cuestión, el consejero de Economía e Industria acusó al Gobierno central de «no explicar» ante la Comisión Europea «los efectos reales» que la aplicación del decreto tienen sobre Galicia. Por ello, explicó que la Xunta «tiene toda la documentación» para «estudiar los caminos jurídicos» a seguir.

De este modo, Guerra mostró el rechazo del Gobierno gallego «completo y contundente» al decreto, pues según denunció «no fueron escuchados los intereses de Galicia», los cuales «no fueron trasladados a la Comisión Europea más que por las cartas emitidas desde la Consejería de Economía» al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.

De este modo, se refirió a los efectos «perniciosos» sobre la economía gallega que tendrá, según dijo, esta decisión que afectará a más de 3.500 trabajadores y a unas inversiones totales de más de 1.200 millones de euros.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico rechazó la vía de las compensaciones como solución, ya que lo «único» que demanda es que las centrales térmicas gallegas «funcionen como estaban funcionando», es decir, «seguir fabricando energía en las mismas condiciones».

A pesar de esto, Guerra matizó que si el Gobierno de España establece compensaciones «tiene que comunicarlas», a lo que añadió que «es curioso» que en el decreto se establezca compensaciones para aquellas centrales que utilizan carbón nacional y «no para las que utilicen carbón de importación».