Una nueva prórroga a las ayudas para el carbón más allá de 2014 «no es razonable», ha afirmado César Dopazo a los medios informativos después de pronunciar en Valladolid la conferencia inaugural del Congreso Nacional «La energía, un sector en transformación. Retos y oportunidades«, organizado por la Junta de Castilla y León.

Ha propuesto, dentro de esta línea, la reconversión de las minas y de los empleos «en sectores más productivos» como la aplicación de las tecnologías de la información a sectores energéticos, ya que tanto «los mineros como sus hijos» pueden aprender a manejar «chips» y trabajar con electrónica.

Dopazo ha advertido también de que el cierre de centrales nucleares es un «error» siempre que se demuestre que están en condiciones de funcionar de forma segura y de aportar energía.

Los números han demostrado que la producción de «un poco más de energía nuclear resultaría más barato para el consumidor», ha agregado este asesor del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González, ha sido otro de los ponentes que ha acudido al congreso para hablar sobre las nuevas tendencias del sector energético.

González ha considerado la necesidad de una «voluntad política real» para cumplir los objetivos marcados por Europa en cuanto a las energías renovables, así como «eliminar barreras» y «dar a conocer a la sociedad civil que estas energías son necesarias».

El congreso nacional acoge a treinta ponentes entre los que se encuentran todos los agentes implicados en el desarrollo del ámbito energético, legisladores, distribuidores, instaladores o usuarios.

Este foro de debate y análisis se estructura en distintas mesas redondas y conferencias magistrales que se centrarán en el análisis de la política energética, desde la perspectiva de la Unión Europea y las administraciones autonómicas, y el estudio de la evolución del sector.

Entre los asuntos que se tratarán en el congreso figuran las tendencias del sector energético, la financiación de iniciativas energéticas, la legislación y normativa del sector y los agentes sociales.

Vicente Álvarez Areces se ha expresado así en declaraciones a periodistas en Bruselas, en la sede de la Comisión Europea, tras reunirse durante cerca de una hora con el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia.

«Ya no depende de la Comisión, sino del Consejo», ha recalcado el presidente asturiano acerca de la propuesta que hizo la Comisión para fijar en octubre de 2014 la fecha de cierre de las minas europeas que sean deficitarias.

Areces ha recordado que hay países europeos que «no están por la labor» de que las ayudas públicas al carbón se den a partir de 2014, por lo que la principal misión de Alemania, España y Rumanía es «convencer al resto de que es razonable». Si no es conseguido antes de diciembre, ha advertido, «entraría mecánicamente un sistema que sería muy lesivo» para el carbón español.

El «objetivo inicial», ha recordado Areces, es que las ayudas al carbón puedan otorgarse hasta 2018, año ya establecido por Alemania en sus planes.

El Gobierno español «está convencido» en la defensa de la prolongación de ayudas al carbón, ha remarcado Areces, por lo que no requiere de un «empuje» por parte de las comunidades autónomas.

No obstante, las cinco comunidades con más interés en el sector del carbón (Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía) colaborarán con el Gobierno para «arroparlo» y tratar de convencer a otras regiones y países europeos.

Sobre el pago de las nóminas atrasadas a los trabajadores de la minería del carbón de empresas privadas, Areces se ha felicitado de que el asunto esté «resuelto». Y ha vinculado la solución de ese conflicto con la aprobación la semana pasada de las ayudas al carbón autóctono por parte del Gobierno español tras la autorización de la Comisión Europea.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes y publicado en el BOE del sábado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha enviado a la Comisión Nacional de Energía (CNE), para su informe preceptivo, tres propuestas que desarrollan la puesta en marcha del llamado procedimiento de resolución de restricciones técnicas por garantía de suministro contenido en el Real Decreto.

Dichas propuestas contienen tres desarrollos normativos necesarios para la priorización del uso del carbón autóctono.

En primer lugar, los Procedimientos de Operación (POs) del Operador del Sistema, que perfilarán las reglas de funcionamiento de las centrales, de forma que el sistema pueda disponer de la energía que será producida con carbón autóctono en su programación a lo largo del año, preferentemente para cubrir los meses de demanda punta del sistema. Estos procedimientos serán elaborados por Red Eléctrica de España (REE) y e informados por la CNE, previamente a su aprobación por la Secretaría de Estado de Energía.

En segundo lugar, la orden ministerial sobre la metodología de cálculo de los derechos de CO2. Su finalidad es asegurar la correcta aplicación de la normativa europea sobre ayudas de Estado por la prestación de servicio público.

Esta metodología se hace necesaria porque los derechos de CO2 asignados de forma gratuita en el sector eléctrico que se utilicen para la prestación del servicio por garantía de suministro deben ser valorados a precio cero, de acuerdo con la normativa europea; en este caso, la prestación del servicio público es la garantía de suministro. La propuesta será informada por la CNE.

Por último, una resolución de la Secretaría de Estado de Energía fijará con carácter anual las cantidades y el precio del carbón autóctono que deberán adquirir las centrales a las empresas mineras; en los próximos días se cuantificarán esas cifras de aquí a final de año.

Durante el periodo de tramitación de la misma las empresas mineras y las eléctricas podrán negociar los acuerdos que reiniciarán el suministro de carbón a las centrales y que a mediados de mes deberá estar en marcha, «garantizándose por tanto el pago de los salarios a los empleados».

Los mineros del grupo Alonso reciben su salario y terminan sus protestas

Por su parte, los trabajadores de las empresas Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (UMINSA), del Grupo Alonso, han recibido el pago de sus salarios de agosto y han decidido poner fin a sus movilizaciones, entre las que se encontraba un campamento en Ponferrada frente a las oficinas de su empresa.

Así lo ha asegurado el secretario de Industria Extractiva de la Federación Industria de CCOO de Castilla y León, Augusto Pires, quien ha insistido en que tanto él como sus dos otros compañeros sindicalistas encerrados en la Catedral de León desde el pasado jueves continuarán con su reivindicación hasta que el otro grupo que queda por pagar, Viloria, salde sus deudas con los empleados.

Pires ha dicho que los responsables de esta compañía «llevan retrasando» la emisión de orden de pago durante todo el día y que, «como mínimo», sus trabajadores de Hijos de Baldomero García y Alto Bierzo no cobrarán hasta mañana.

El presidente del Comité de Empresa de esta última, Rubén Fernández, ha informado de que los trescientos trabajadores no abandonarán la huelga hasta que no les abonen lo que les adeudan, por lo que tampoco está previsto que hoy se levante el campamento que mantienen en Ponferrada cuatro mineros frente a las oficinas de Viloria.

Entre las protestas mineras por la mejora de la situación del sector que se han registrado este mes se encuentra la instalación de dos campamentos frente a las sedes de Alonso y Viloria en el municipio leonés de Ponferrada, con cuatro mineros cada uno.

El presidente del Grupo Viloria, Manuel Lamelas, ha subrayado que «seguramente» emitirá la orden para abonar los salarios a sus empleados en el día de hoy.

El empresario ha recordado que este pago se producirá gracias a que los bancos han recuperado la confianza en estos grupos después de que se aprobara el Real Decreto de incentivo al carbón nacional, lo que «les dio garantías».

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes y publicado en el BOE del sábado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha enviado a la Comisión Nacional de Energía (CNE), para su informe preceptivo, tres propuestas que desarrollan la puesta en marcha del llamado procedimiento de resolución de restricciones técnicas por garantía de suministro contenido en el Real Decreto.

Dichas propuestas contienen tres desarrollos normativos necesarios para la priorización del uso del carbón autóctono.

En primer lugar, los Procedimientos de Operación (POs) del Operador del Sistema, que perfilarán las reglas de funcionamiento de las centrales, de forma que el sistema pueda disponer de la energía que será producida con carbón autóctono en su programación a lo largo del año, preferentemente para cubrir los meses de demanda punta del sistema. Estos procedimientos serán elaborados por Red Eléctrica de España (REE) y e informados por la CNE, previamente a su aprobación por la Secretaría de Estado de Energía.

En segundo lugar, la orden ministerial sobre la metodología de cálculo de los derechos de CO2. Su finalidad es asegurar la correcta aplicación de la normativa europea sobre ayudas de Estado por la prestación de servicio público.

Esta metodología se hace necesaria porque los derechos de CO2 asignados de forma gratuita en el sector eléctrico que se utilicen para la prestación del servicio por garantía de suministro deben ser valorados a precio cero, de acuerdo con la normativa europea; en este caso, la prestación del servicio público es la garantía de suministro. La propuesta será informada por la CNE.

Por último, una resolución de la Secretaría de Estado de Energía fijará con carácter anual las cantidades y el precio del carbón autóctono que deberán adquirir las centrales a las empresas mineras; en los próximos días se cuantificarán esas cifras de aquí a final de año.

Durante el periodo de tramitación de la misma las empresas mineras y las eléctricas podrán negociar los acuerdos que reiniciarán el suministro de carbón a las centrales y que a mediados de mes deberá estar en marcha, «garantizándose por tanto el pago de los salarios a los empleados».

Los mineros del grupo Alonso reciben su salario y terminan sus protestas

Por su parte, los trabajadores de las empresas Coto Minero Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte (UMINSA), del Grupo Alonso, han recibido el pago de sus salarios de agosto y han decidido poner fin a sus movilizaciones, entre las que se encontraba un campamento en Ponferrada frente a las oficinas de su empresa.

Así lo ha asegurado el secretario de Industria Extractiva de la Federación Industria de CCOO de Castilla y León, Augusto Pires, quien ha insistido en que tanto él como sus dos otros compañeros sindicalistas encerrados en la Catedral de León desde el pasado jueves continuarán con su reivindicación hasta que el otro grupo que queda por pagar, Viloria, salde sus deudas con los empleados.

Pires ha dicho que los responsables de esta compañía «llevan retrasando» la emisión de orden de pago durante todo el día y que, «como mínimo», sus trabajadores de Hijos de Baldomero García y Alto Bierzo no cobrarán hasta mañana.

El presidente del Comité de Empresa de esta última, Rubén Fernández, ha informado de que los trescientos trabajadores no abandonarán la huelga hasta que no les abonen lo que les adeudan, por lo que tampoco está previsto que hoy se levante el campamento que mantienen en Ponferrada cuatro mineros frente a las oficinas de Viloria.

Entre las protestas mineras por la mejora de la situación del sector que se han registrado este mes se encuentra la instalación de dos campamentos frente a las sedes de Alonso y Viloria en el municipio leonés de Ponferrada, con cuatro mineros cada uno.

El presidente del Grupo Viloria, Manuel Lamelas, ha subrayado que «seguramente» emitirá la orden para abonar los salarios a sus empleados en el día de hoy.

El empresario ha recordado que este pago se producirá gracias a que los bancos han recuperado la confianza en estos grupos después de que se aprobara el Real Decreto de incentivo al carbón nacional, lo que «les dio garantías».