Durante su visita para inaugurar la nueva terminal del Aeropuerto de León, José Luis Rodríguez Zapatero se ha congratulado por la aprobación por parte de la Comisión Europea del Real Decreto que incentiva la compra del carbón nacional, algo que «ha costado esfuerzo», pero que «ha valido la pena».

El presidente ha incidido en que conoce y le preocupa el tema de la minería, y ha llamado a todos los agentes implicados en el sector en los diferentes puntos de España a comportarse con responsabilidad.

«Soy consciente de la preocupación» existente «y quiero que los leoneses sean conscientes de mi dedicación al tema«, ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su confianza en que los recursos que prepara el Ejecutivo gallego contra el decreto del carbón estén presentados antes del viernes, ya que pretende solicitar «medidas cautelares» para suspender su aplicación.

Núñez Feijóo ha indicado que la Asesoría Jurídica de la Xunta tiene el encargo de redactar «de forma inmediata esos recursos y de personarse en las jurisdicciones donde corresponda».

El Gobierno autonómico tiene previsto presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, al igual que ya han hecho las empresas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, así como el sindicato CIG, y también otro recurso ante el tribunal de Luxemburgo.

El presidente gallego no concretó la fecha para presentar estos recursos, aunque señaló que lo hará «de forma inmediata», ya que la Xunta tiene intención de pedir «medidas cautelares para que se suspenda la aplicación del decreto», puesto que lo considera «injusto» y «atenta contra libertades de la Constitución».

Para Núñez Feijóo, el decreto aprobado por el Gobierno «rompe el equilibrio y atenta contra libertad económica».

Según el titular de la Xunta, con la entrada en vigor de este decreto, que prima la quema del carbón nacional frente al de importación, las posibilidades para las dos centrales térmicas de As Pontes y Cerceda (A Coruña) son «complicadas», ya que en la práctica supone que les obligan a quemar un carbón para el que sus calderas no están preparadas.

Por otra parte, los alcaldes socialistas de As Pontes y Cerceda, Valentín González Formoso y José García Liñares, han convocado a los trabajadores y vecinos de las dos localidades vinculadas a las centrales térmicas a una «marcha negra», en protesta por el decreto del carbón, que los llevará entre el miércoles y el sábado a la Delegación del Gobierno en A Coruña.

Asimismo, quieren recordar al Ministerio de Industria que las comarcas gallegas tienen «el mismo derecho que las de León y Asturias».

La «marcha negra» será secundada por políticos, por camioneros y por trabajadores, según han avanzado. Se iniciará el miércoles a las 10.00 horas en As Pontes mientras que, desde Cerceda, por su proximidad a A Coruña, comenzará el viernes. El punto de encuentro será la zona de O Burgo (A Coruña) sobre las 12.00 horas del sábado y, a continuación, la manifestación proseguirá hasta finalizar ante la Delegación del Gobierno.

El alcalde de As Pontes se ha mostrado seguro de que va a haber una «respuesta contundente» en esta «gran expresión de protesta», ante la que al Gobierno no le quedará «más remedio que reconsiderar» su postura en Galicia. Para facilitar la participación ciudadana, los Ayuntamientos habilitarán autobuses. González Formoso confía también en la participación de los alcaldes de las dos comarcas mineras.

Las compañías piden al Supremo la suspensión cautelar de la norma para que no llegue a aplicarse y, en algún aspecto, incluso la suspensión cautelarísima, que se puede decretar sin escuchar a las partes.

Según las fuentes consultadas, los recursos no van contra el sector de la minería del carbón y su único propósito es hacer frente a los efectos negativos de la norma, que, a juicio de las eléctricas, perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas), que serían expulsadas del mercado.

Además, las eléctricas señalan que el Gobierno ha omitido trámites legales preceptivos, entre otros el dictamen definitivo del Consejo de Estado, lo que «vicia de nulidad» la norma.

Las compañías reclaman que se suspenda de forma cautelarísima la obligación impuesta a las centrales de entregar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una carta de compromiso de compra de carbón nacional. La norma obliga a las centrales a hacerlo en un plazo de tres días desde que la Secretaría de Estado de Energía fije sus volúmenes máximos de producción anuales.

Las compañías rechazan esta obligación porque, en su opinión, el plazo fijado es muy breve y su cumplimiento causaría efectos irreversibles de forma inmediata.

Fuentes de Iberdrola indicaron que el real decreto atenta contra el libre mercado, incrementará los costes del sistema eléctrico e impedirá a España cumplir sus objetivos medioambientales.

Según la compañía, la Ley del Sector Eléctrico autoriza al Gobierno a fijar procedimientos para promover el consumo de fuentes autóctonas de energía, con un límite del 15 por ciento, pero no le atribuye una potestad incondicional. A juicio de Iberdrola, la actuación del Ejecutivo debe ser compatible con la libre competencia en el mercado de producción y no alterar los precios.

En la misma línea, el recurso de Endesa asegura que el real decreto es contrario a la libertad de empresas al limitar la libertad de contratación. En su opinión, el mecanismo previsto en la norma causaría gravísimos perjuicios a la competencia en el mercado eléctrico y afectaría a la formación de precios, a los incentivos a la inversión y al comportamiento estratégico de los agentes.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Endesa ha presentado junto al recurso un dictamen pericial que acredita que sus centrales tienen almacenado carbón nacional para más de trescientos días de funcionamiento en la zona de León y para ochocientos días, en la de Teruel.

El sindicato CIG también recurrirá ante el Supremo el decreto de carbón

También el sindicato gallego CIG ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto del carbón en el que pedirá su suspensión cautelar porque supone la paralización de las centrales gallegas.

Así lo adelantaron responsables de la CIG y de los comités de empresa de las centrales gallegas, que también informaron que han pedido una entrevista urgente con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para reclamar la modificación del decreto.

En caso contrario, advierte el sindicato, la central intersindical «irá incrementando progresivamente» las medidas de presión social.

La propuesta de la CIG sobre modificación del decreto del carbón pasa por distribuir de forma proporcional el 9% de la cuota asignada al carbón español entre todas las tecnologías de producción eléctrica, de forma que el impedimento para producir no recaiga «fundamentalmente» en el carbón importado y los ciclos combinados, que son los que utilizan las centrales gallegas de Meirama, As Pontes y Sabón.

De lograrse esta medida, continuaron los sindicalistas, la repercusión en Galicia sería de un 1 o 2 por ciento en un «año normal», aunque «es peor esperar» al 31 de diciembre de 2014, fecha hasta la que se autoriza la concesión de compensaciones a las compañías eléctricas que utilicen carbón nacional.

De este modo, el impedimento para producir no recaerá «fundamentalmente» en el carbón importado y los ciclos combinados, que son los que utilizan las centrales gallegas de Meirama, As Pontes y Sabón.

«Exigimos ser escuchados», insistieron los sindicalistas, quienes aludieron nuevamente a Sebastián para advertirle de que los reciba en este tiempo «prudencial» porque no admiten «ningún interlocutor» en su nombre.

Las compañías piden al Supremo la suspensión cautelar de la norma para que no llegue a aplicarse y, en algún aspecto, incluso la suspensión cautelarísima, que se puede decretar sin escuchar a las partes.

Según las fuentes consultadas, los recursos no van contra el sector de la minería del carbón y su único propósito es hacer frente a los efectos negativos de la norma, que, a juicio de las eléctricas, perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas), que serían expulsadas del mercado.

Además, las eléctricas señalan que el Gobierno ha omitido trámites legales preceptivos, entre otros el dictamen definitivo del Consejo de Estado, lo que «vicia de nulidad» la norma.

Las compañías reclaman que se suspenda de forma cautelarísima la obligación impuesta a las centrales de entregar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una carta de compromiso de compra de carbón nacional. La norma obliga a las centrales a hacerlo en un plazo de tres días desde que la Secretaría de Estado de Energía fije sus volúmenes máximos de producción anuales.

Las compañías rechazan esta obligación porque, en su opinión, el plazo fijado es muy breve y su cumplimiento causaría efectos irreversibles de forma inmediata.

Fuentes de Iberdrola indicaron que el real decreto atenta contra el libre mercado, incrementará los costes del sistema eléctrico e impedirá a España cumplir sus objetivos medioambientales.

Según la compañía, la Ley del Sector Eléctrico autoriza al Gobierno a fijar procedimientos para promover el consumo de fuentes autóctonas de energía, con un límite del 15 por ciento, pero no le atribuye una potestad incondicional. A juicio de Iberdrola, la actuación del Ejecutivo debe ser compatible con la libre competencia en el mercado de producción y no alterar los precios.

En la misma línea, el recurso de Endesa asegura que el real decreto es contrario a la libertad de empresas al limitar la libertad de contratación. En su opinión, el mecanismo previsto en la norma causaría gravísimos perjuicios a la competencia en el mercado eléctrico y afectaría a la formación de precios, a los incentivos a la inversión y al comportamiento estratégico de los agentes.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Endesa ha presentado junto al recurso un dictamen pericial que acredita que sus centrales tienen almacenado carbón nacional para más de trescientos días de funcionamiento en la zona de León y para ochocientos días, en la de Teruel.

El sindicato CIG también recurrirá ante el Supremo el decreto de carbón

También el sindicato gallego CIG ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto del carbón en el que pedirá su suspensión cautelar porque supone la paralización de las centrales gallegas.

Así lo adelantaron responsables de la CIG y de los comités de empresa de las centrales gallegas, que también informaron que han pedido una entrevista urgente con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, para reclamar la modificación del decreto.

En caso contrario, advierte el sindicato, la central intersindical «irá incrementando progresivamente» las medidas de presión social.

La propuesta de la CIG sobre modificación del decreto del carbón pasa por distribuir de forma proporcional el 9% de la cuota asignada al carbón español entre todas las tecnologías de producción eléctrica, de forma que el impedimento para producir no recaiga «fundamentalmente» en el carbón importado y los ciclos combinados, que son los que utilizan las centrales gallegas de Meirama, As Pontes y Sabón.

De lograrse esta medida, continuaron los sindicalistas, la repercusión en Galicia sería de un 1 o 2 por ciento en un «año normal», aunque «es peor esperar» al 31 de diciembre de 2014, fecha hasta la que se autoriza la concesión de compensaciones a las compañías eléctricas que utilicen carbón nacional.

De este modo, el impedimento para producir no recaerá «fundamentalmente» en el carbón importado y los ciclos combinados, que son los que utilizan las centrales gallegas de Meirama, As Pontes y Sabón.

«Exigimos ser escuchados», insistieron los sindicalistas, quienes aludieron nuevamente a Sebastián para advertirle de que los reciba en este tiempo «prudencial» porque no admiten «ningún interlocutor» en su nombre.