Estos recursos se suman a los presentados el pasado 7 de octubre por las tres compañías ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la norma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 1 de octubre.

De esta forma, las grandes eléctricas completan su estrategia legal de oposición al Real Decreto del Carbón, que implica recurrir ante el Supremo contra la propia norma y ante el Tribunal de la Unión Europea contra la decisión comunitaria que la hizo posible.

Las grandes eléctricas consideran que la decisión de Bruselas de autorizar el Real Decreto del Carbón, adoptada el pasado 29 de septiembre, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión Europea como las que regulan la libre circulación de mercancías y el mercado interior de la electricidad.

Además, creen que la Comisión Europea no ha seguido el procedimiento adecuado para conceder la autorización y no ha recabado las opiniones de todas las partes implicadas.

Las eléctricas solicitan al Tribunal de Luxemburgo la adopción de medidas cautelares, en concreto que la decisión de la Comisión Europea quede en suspenso hasta que se resuelva el recurso.

También piden que el caso se analice mediante un procedimiento acelerado, que obligaría al tribunal a pronunciarse en un plazo de entre seis y nueve meses.

Según fuentes de Iberdrola, la Comisión Europea ha aceptado que el Decreto del Carbón responde a la necesidad de garantizar el suministro energético en España cuando «ni existen ni es previsible que existan a medio plazo» problemas de abastecimiento.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán entiende también que el Ejecutivo comunitario ha autorizado una ayuda de Estado «contraria a los límites materiales y temporales» fijados en el Reglamento que regula las ayudas al sector del carbón.

En cuanto al procedimiento seguido, fuentes de Iberdrola señalan que la Comisión Europea no ha incoado el procedimiento de investigación formal previsto en la legislación comunitaria «a pesar de existir serias dudas sobre la compatibilidad de la ayuda notificada con el mercado interior».

Además, aseguran que la Comisión Europea «ha violado el principio de buena administración» porque no ha recabado «todas las opiniones necesarias para estar plenamente informada» antes de tomar una decisión.

Las grandes eléctricas creen que el Real Decreto del Carbón perjudica a las centrales eléctricas que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas natural), que serían expulsadas del mercado en caso de aplicarse la norma.

La Xunta de Galicia también ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Luxemburgo.

El PSOE pide un colchón mientras se evalúa el impacto del decreto del carbón

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, avanzó que propondrán al Ministerio de Industria la creación de un fondo de compensación durante los próximos seis meses, en los que se evaluará el impacto del decreto del carbón en las térmicas de Meirama y As Pontes.

Vázquez defendió la necesidad de generar «un colchón» al que podrían recurrir las empresas si efectivamente se prueban los efectos nocivos del decreto sobre la producción de las térmicas gallegas y que Industria niega, precisó.

Abundó en que si la nueva normativa supone «un impacto sustantivo» en la actividad de las térmicas gallegas, el Ejecutivo central tendrá que «poner sí o sí medidas compensatorias» sobre la mesa, pero en caso contrario las empresas «tendrán que «aguantar y tirar».

Vázquez garantizó que las centrales de Meirama y As Pontes «no van a cerrar», y aunque dijo comprender la estrategia de «presionar» a Industria adelantó que el PSdeG presionará también «para que las ayudas no vayan a la cuenta de beneficios de las empresas, sino a los sectores productivos que rodean a las mismas».

«No olvidemos que las térmicas de las dos empresas han sacado de ahí más de 20.000 millones de euros y nunca llamaron a nadie para repartirlos. Ahora es el momento de que todos hagamos un esfuerzo», aseveró.

El líder de los socialistas gallegos consideró que las empresas «no pueden usar el decreto para enmascarar su situación», pues recordó que la central de Meirama estaba antes de la aprobación del decreto del carbón «en un 11 por ciento» de su producción, y la de As Pontes, en «aproximadamente un 40 por ciento».

La Comisión Europea aprobó a finales del pasado mes de septiembre el plan español de ayuda al sector del carbón tras concluir que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, aunque exigió al Gobierno de España que no conceda más subvenciones después de 2014.

«Es un mecanismo temporal, la última oportunidad, porque esto se debería haber acabado a finales de 2010, y es el único sector económico que todavía está autorizado a recibir esas ayudas en toda la Unión Europea«, ha dicho Almunia, que ha añadido que «estamos en el minuto 92 del partido, estamos jugando los minutos de prórroga».

«Hay pocos países, entre ellos España, que no han cumplido, o que no están en condiciones de acabar en el 2010. Se ha dado esta última oportunidad y probablemente el plazo final sea 2014 pero también probablemente se modifique, depende de la posición de los estados miembros«, ha matizado.

En este sentido, Almunia ha reconocido que la Comisión Europea está tratando de extender esa prórroga para tres estados miembros de la Unión Europea que «no han llegado a 2010 con los deberes hechos», los cuales son «básicamente Alemania, España y Rumanía, así como alguna otra actividad marginal en Polonia y centroeuropa».

Joaquín Almunia ha efectuado estas declaraciones antes de participar en el Congreso «La aplicación privada del derecho a la competencia«, que se está celebrando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

La Comisión Europea aprobó a finales del pasado mes de septiembre el plan español de ayuda al sector del carbón tras concluir que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, aunque exigió al Gobierno de España que no conceda más subvenciones después de 2014.

«Es un mecanismo temporal, la última oportunidad, porque esto se debería haber acabado a finales de 2010, y es el único sector económico que todavía está autorizado a recibir esas ayudas en toda la Unión Europea«, ha dicho Almunia, que ha añadido que «estamos en el minuto 92 del partido, estamos jugando los minutos de prórroga».

«Hay pocos países, entre ellos España, que no han cumplido, o que no están en condiciones de acabar en el 2010. Se ha dado esta última oportunidad y probablemente el plazo final sea 2014 pero también probablemente se modifique, depende de la posición de los estados miembros«, ha matizado.

En este sentido, Almunia ha reconocido que la Comisión Europea está tratando de extender esa prórroga para tres estados miembros de la Unión Europea que «no han llegado a 2010 con los deberes hechos», los cuales son «básicamente Alemania, España y Rumanía, así como alguna otra actividad marginal en Polonia y centroeuropa».

Joaquín Almunia ha efectuado estas declaraciones antes de participar en el Congreso «La aplicación privada del derecho a la competencia«, que se está celebrando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

En declaraciones a los medios y en respuesta a las críticas realizadas por el ministro de Fomento, José Blanco, que le acusó de estar «más pendiente» de su persona que de la llegada del AVE a Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha reiterado que defenderá «siempre lo mismo, los intereses generales de Galicia«.

«Voy a defenderlos cuando hay una actuación irresponsable del Gobierno de España, poniendo en riesgo más de 3.000 empleos de los trabajadores de las centrales térmicas, cuando no hay interés del Gobierno de tomarse en serio el dumping que se está produciendo en el precio de la leche y también cuando hay un desinterés en los astilleros gallegos o en el Xacobeo», ha sentenciado el presidente de la Xunta.

La Xunta de Galicia y dos municipios preparan el recurso al Decreto del Carbón

Del mismo modo, se sabe que la Xunta de Galicia y los municipios de Cerceda y As Pontes, de gobierno socialista, han anunciado que preparan conjuntamente la parte jurídica del recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo contra el Decreto del Carbón.

El consejero de Economía e Industria, Javier Guerra, se reunió con la teniente de alcalde de As Pontes, Monserrat García, en representación del alcalde, Valentín Formoso, que participa en la marcha que iniciaron los trabajadores de la térmica de Endesa hacia Coruña, y el alcalde de Cerceda, José García Liñares. Asimismo, Guerra aclaró que la Xunta prepara otro recurso que presentará ante el Tribunal de Luxemburgo.

Tanto la Xunta como los municipios estudian, además, que los transportistas afectados por el Decreto puedan trasladar el carbón importado que se descarga en el puerto de Ferrol a la térmica de Endesa en Anllares, en el municipio de Ponferrada (León), que ahora se realiza a través de la red ferroviaria. El propósito es salvar el puesto de trabajo de 120 transportistas que hasta ahora cargaban carbón de importación para su traslado a la térmica de Endesa de As Pontes.

La térmica ponferradina importa entre 200.000 y 300.000 toneladas de este mineral al año con mayor poder calorífico para mezclarlo en un diez por ciento con el que se extrae en las minas de las cuencas españolas.

Montserrat García declaró que en su reunión de la semana pasada con el secretario de Estadio de Energía en Madrid no se encontró solución para el sector minero gallego, por lo que se siente «defraudada» porque el Ministerio, dijo, no quiere dar el mismo trato que a las comarcas mineras de Asturias y de León.

El alcalde de Cerceda dijo, en cuanto a los recursos, que se siente «optimistas» porque cree que tiene la razón, e insiste en que el Decreto es «a todas luces injusto».

El consejero de Economía insistió en que este «no es un tema con color político ni de ataque hacia nadie porque estamos defendiendo los tres mil puestos de trabajo» que dependen de las térmicas gallegas.

También dijo que la Xunta solicitó tres veces reuniones con el Ministerio y no ha obtenido, de momento, ningún tipo de respuesta.

«Nos asiste el derecho de representar a Galicia y a los gallegos. Le pedimos al Ministerio que se ponga en contacto con este Gobierno para tratar de conocer de primera mano cuáles son las iniciativas que se van a plantear con respecto a estas áreas tan perjudicadas con este Decreto», dijo.

«Galicia tiene que estar unida, y por este motivo la Xunta y los concellos de Cerceda y As Pontes trabajan conjuntamente para hacer un frente común contra el Real Decreto que prima la quema de carbón nacional», concluyó.