Durante una interpelación del senador José Valín Alonso en la Cámara Alta sobre el régimen de ayudas al carbón, el ministro explicó que España intenta acercar posturas con los países más afectados por el reglamento, entre ellos Alemania, Polonia, Hungría y Rumanía, y pidió la «ayuda» del PP para «que todos los europarlamentarios españoles tengan una misma voz» para que superen sus «contradicciones» sobre esta fuente de energía y apoyen la extensión del cierre a 2022.

De este modo aludió a la postura del PP frente al llamado decreto del carbón, apoyado por el PP castellanoleonés pero no por el de Galicia, al tiempo que pidió al PP que «hable» con su eurodiputado Alejo Vidal-Quadras para que «no vuelva a enviar una carta pidiendo el bloqueo de las ayudas españolas al carbón».

Asimismo, arremetió contra las principales compañías eléctricas por su campaña en contra de este mineral al recurrir el decreto del carbón ante el Tribunal Supremo y en Luxemburgo la citada normativa. «Las eléctricas españolas creo que no han jugado limpio con el tema del carbón en Europa», afirmó.

Sobre el reglamento comunitario que fija en 2014 el cierre de minas deficitarias, celebró que, «afortunadamente», sea el Consejo Europeo y no la Comisión Europea el que tome la decisión final, lo que permitirá a los Estados miembro afectados participar en la elaboración del texto.

El cierre en 2014, señaló, «tendría importantes y negativas consecuencias sociales y económicas para España, donde el empleo del carbón sigue siendo importante, y más en un momento de crisis». Por este motivo, calificó de «inaceptable» la fecha propuesta y defendió la fecha «alternativa» de 2022. «Hemos logrado que la nueva fecha se ponga en estudio y se pueda negociar», indicó.

«Ahora nuestro esfuerzo está orientado a buscar el máximo número de Estados que nos apoyen para lograr una fecha que sea coherente con la realidad del sector«, afirmó, antes de resaltar algunas carencias de la propuesta de reglamento, entre las que figuran la falta de consideración hacia la situación concreta de algunas regiones, el olvido del carácter estratégico del carbón o el plazo «corto e irreal» manejado.

Sebastián dijo que «lo que nos estamos jugando en Europa requiere que España tenga una única voz. Hay que convencer a muchos países que tienen que votar, y estos se confunden si oyen a algunos españoles diciendo que el carbón es malo«, dijo.

La postura española, señaló, evita «los traumas» y, tras los primeros contactos, ha sido bien acogida por instituciones como la Comisaría de Energía, que consideró «razonable» esta propuesta. En las próximas semanas se entrará en contacto con las delegaciones nacionales para que el reglamento pueda cerrarse en diciembre y entrar en vigor en enero, añadió. «Esperemos que se haga realidad» la prórroga, que sería «un reconocimiento de que la postura española es más que razonable», dijo el ministro.

Al margen del reglamento sobre el carbón, el ministro defendió el decreto que prima la quema de carbón nacional y repasó la situación del sector eléctrico español, con centrales con un grado de funcionamiento del 30%. Además, recordó que Hunosa está comprando desde julio de 2009 la producción de las minas, y cifró en 215 millones el importe de este ‘stock’, cuyo volumen supera los tres millones de toneladas.

El nuevo decreto del carbón permitirá la quema de mineral autóctono en centrales eléctricas en un porcentaje inferior al 9% de la demanda del país y «no introducirá distorsiones en el mercado ni en el precio de la energía», sostuvo.

Las centrales de carbón importado «en ningún caso van a cerrar»

El ministro de Industria, además, pidió «tranquilidad» a las comarcas con centrales térmicas de carbón importado porque estas plantas «en ningún caso van a cerrar» como consecuencia de la entrada en vigor del decreto que prima la utilización del mineral autóctono.

Sebastián realizó esta consideración en respuesta a una pregunta del senador del BNG José Manuel Pérez Bouza, quien lamentó los «perjuicios» que el nuevo decreto del carbón provocará a las comarcas de As Pontes y Meirama, y propuso al ministro que «reparta» el coste de primar la quema de carbón nacional para que lo soporten todas las tecnologías, y no sólo las de carbón de importación.

Sebastián contestó que «la normativa europea permite e impide algunas cosas», y que las «ayudas» al carbón autóctono se aprueban sobre la base de la «seguridad de suministro en España» y de forma «compatible» con la actividad de las centrales gallegas que utilizan mineral de importación. «En ningún caso existe la posibilidad de que vayan a cerrar», aseguró.

El ministro aludió a las ayudas de varios millones de euros recibidas por estas plantas y elogió «su eficiencia» y contribución al empleo. Además, advirtió de que en septiembre su porcentaje de funcionamiento rondaba el 50%, sin que estuviese en vigor la nueva norma, por lo que «el problema no es el decreto», sino «la caída de la demanda eléctrica y la fuerte entrada de las renovables», debido a una importantísima crisis económica.

«Cuando se recupere la demanda, veremos qué medidas se pueden tomar, pero lo importante es transmitir tranquilidad a dos comarcas que van a tener el respaldo del Gobierno, y que son las de As Pontes y Meirama», añadió.

Con todo, defendió la voluntad del Gobierno de apoyar al carbón, el único recurso energético autóctono fósil con que cuenta España, «claramente arraigado en el tejido productivo y social de algunas zonas del país» y de importante valor estratégico, para la reducción de la dependencia energética.

A pesar de su coste medioambiental, el carbón se caracteriza por una gran gestionabilidad que lo convierte en un «aliado de las renovables».

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han presentado una demanda contra la Comisión Europea al considerar que su decisión del pasado 29 de septiembre, por la que autorizó las medidas del Real Decreto, no está en línea con las normas comunitarias.

Una de sus peticiones al máximo órgano jurídico de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, es que suspenda cautelarmente la medida, pues a juicio de los demandantes la aplicación del Real Decreto puede suponer perjuicios o daños económicos.

No obstante, la decisión en la que el Colegio de comisarios respaldó el Real Decreto aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, requisito imprescindible para que pueda aplicarse.

Fuentes del Ejecutivo de la Unión Europea explicaron que la publicación aún «puede llevar semanas», ya que los expertos de la Comisión todavía esperan recibir del Gobierno español algunos elementos últimos de información, después de lo cual Bruselas decidirá qué aspecto de la decisión puede hacer públicos.

Respecto al pleito planteado por las eléctricas, las fuentes de la Comisión Europea añadieron que la Comisión «argumentará» y «defenderá» ante la Corte la legalidad de su autorización, al considerar que es correcta y no vulnera la normativa de la Unión Europea.

El otro asunto sobre el que tendrá que pronunciarse el Tribunal es la «urgencia» del caso. Así, en unos quince días, podría determinar si tramitará el asunto por el procedimiento acelerado, como ha solicitado la parte demandante, o por la vía habitual, según confirmaron fuentes del Tribunal.

Si decide que el asunto reúne los elementos necesarios para ser procesado de urgencia, la parte demandada, la Comisión, dispondrá de un mes y no de dos para preparar su «memoria de defensa».

En ese caso, además, la vista podría tener lugar en enero. De seguirse el procedimiento normal, la vista se celebraría probablemente en verano, precisaron las fuentes jurídicas.

Señalaron que el Tribunal tardará más en pronunciarse sobre la posible suspensión cautelar que sobre la forma del procedimiento, al tener que examinar para ello el «fondo» de la demanda.

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han presentado una demanda contra la Comisión Europea al considerar que su decisión del pasado 29 de septiembre, por la que autorizó las medidas del Real Decreto, no está en línea con las normas comunitarias.

Una de sus peticiones al máximo órgano jurídico de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, es que suspenda cautelarmente la medida, pues a juicio de los demandantes la aplicación del Real Decreto puede suponer perjuicios o daños económicos.

No obstante, la decisión en la que el Colegio de comisarios respaldó el Real Decreto aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, requisito imprescindible para que pueda aplicarse.

Fuentes del Ejecutivo de la Unión Europea explicaron que la publicación aún «puede llevar semanas», ya que los expertos de la Comisión todavía esperan recibir del Gobierno español algunos elementos últimos de información, después de lo cual Bruselas decidirá qué aspecto de la decisión puede hacer públicos.

Respecto al pleito planteado por las eléctricas, las fuentes de la Comisión Europea añadieron que la Comisión «argumentará» y «defenderá» ante la Corte la legalidad de su autorización, al considerar que es correcta y no vulnera la normativa de la Unión Europea.

El otro asunto sobre el que tendrá que pronunciarse el Tribunal es la «urgencia» del caso. Así, en unos quince días, podría determinar si tramitará el asunto por el procedimiento acelerado, como ha solicitado la parte demandante, o por la vía habitual, según confirmaron fuentes del Tribunal.

Si decide que el asunto reúne los elementos necesarios para ser procesado de urgencia, la parte demandada, la Comisión, dispondrá de un mes y no de dos para preparar su «memoria de defensa».

En ese caso, además, la vista podría tener lugar en enero. De seguirse el procedimiento normal, la vista se celebraría probablemente en verano, precisaron las fuentes jurídicas.

Señalaron que el Tribunal tardará más en pronunciarse sobre la posible suspensión cautelar que sobre la forma del procedimiento, al tener que examinar para ello el «fondo» de la demanda.