Cientos de personas protestan ante el Ministerio de Industria contra el decreto del carbón

Según los organizadores de la protesta, frente a las puertas de Industria se encontraban unas 2.000 personas, entre ellas una agrupación de gaiteros, mientras que fuentes policiales rebajan la cifra a 600.

Los alcaldes de As Pontes, Valentín Formoso, y de Cerceda, José Liñares, además del presidente del comité de empresa de Endesa, Miguel López, y el portavoz del sector transportista del carbón en la región, Manuel Bouza, se reunieron con representantes de Industria.

Tras el encuentro, Formoso aseguró que Industria ha admitido que, con la entrada en vigor del decreto, existe un riesgo laboral para las centrales de carbón importado.

Añadió que la comisión de seguimiento que se creará para evaluar el impacto del decreto en las dos centrales térmicas gallegas y que integrará a representantes de Industria, Fomento, sindicatos, administraciones locales, eléctricas y transportista, se reunirá mensualmente y mantendrá su primer encuentro el próximo miércoles.

Durante la reunión, los representantes de Industria les transmitieron que las centrales térmicas que tendrán futuro son aquellas que tienen «los deberes hechos», es decir, que han sido transformadas y que son más eficientes, dijo Formoso, que, por ello, considero que las dos plantas galletas «están aseguradas».

Esta previsto que en la protesta ante Industria participaran un centenar de camiones llegados desde Galicia, que no pudieron entrar en Madrid después de que la Guardia Civil les obligara a detenerse en Villalba (a unos 50 kilómetros de la capital), explicó Bouza, que apuntó que próximamente decidirán si levantan el campamento que instalaron ante el Ayuntamiento de As Pontes.

Otras dos mil personas se concentran en As Pontes

Por su parte, cerca de dos mil personas, según fuentes de la Policía Local, se han concentrado en la plaza del Carmen de As Pontes, coincidiendo con la «marcha negra» que se ha llevado a cabo frente al Ministerio de Industria, en Madrid, en contra del decreto del carbón.

El 95 por ciento del comercio local de As Pontes ha cerrado sus puertas en solidaridad con los vecinos que se desplazaron a Madrid para protestar contra los efectos de la aplicación del decreto del carbón en Galicia, informaron las mismas fuentes.

Desde As Pontes partieron una docena de autobuses, un centenar de camiones y decenas de coches particulares en dirección a Madrid, junto a varios autobuses y coches fletados por los vecinos de Cerceda.

Las dos grandes centrales de As Pontes y Meirama emplean carbón importado, y el decreto prioriza en la producción eléctrica a las plantas que empleen mineral nacional para dar salida a millones de toneladas de carbón autóctono de las cuencas de Asturias y León.

Por otra parte, el diputado socialista Francisco Jorquera y el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza visitaron en la villa pontesa a los dos sindicalistas de la CIG en huelga de hambre desde el pasado sábado para exigir una reunión con el ministro de Industria.

La Plataforma en Defensa da Producción Eléctrica, en la que se integran BNG y los sindicatos CIG y USTG, ha convocado para el domingo 24 una manifestación en Ferrol contra el decreto del carbón que saldrá a las 12:00 horas desde la plaza de España en dirección al Ayuntamiento, para exigir una modificación del decreto que reparta el peso del carbón entre todas las fuentes energéticas.

Cientos de personas protestan ante el Ministerio de Industria contra el decreto del carbón

Según los organizadores de la protesta, frente a las puertas de Industria se encontraban unas 2.000 personas, entre ellas una agrupación de gaiteros, mientras que fuentes policiales rebajan la cifra a 600.

Los alcaldes de As Pontes, Valentín Formoso, y de Cerceda, José Liñares, además del presidente del comité de empresa de Endesa, Miguel López, y el portavoz del sector transportista del carbón en la región, Manuel Bouza, se reunieron con representantes de Industria.

Tras el encuentro, Formoso aseguró que Industria ha admitido que, con la entrada en vigor del decreto, existe un riesgo laboral para las centrales de carbón importado.

Añadió que la comisión de seguimiento que se creará para evaluar el impacto del decreto en las dos centrales térmicas gallegas y que integrará a representantes de Industria, Fomento, sindicatos, administraciones locales, eléctricas y transportista, se reunirá mensualmente y mantendrá su primer encuentro el próximo miércoles.

Durante la reunión, los representantes de Industria les transmitieron que las centrales térmicas que tendrán futuro son aquellas que tienen «los deberes hechos», es decir, que han sido transformadas y que son más eficientes, dijo Formoso, que, por ello, considero que las dos plantas galletas «están aseguradas».

Esta previsto que en la protesta ante Industria participaran un centenar de camiones llegados desde Galicia, que no pudieron entrar en Madrid después de que la Guardia Civil les obligara a detenerse en Villalba (a unos 50 kilómetros de la capital), explicó Bouza, que apuntó que próximamente decidirán si levantan el campamento que instalaron ante el Ayuntamiento de As Pontes.

Otras dos mil personas se concentran en As Pontes

Por su parte, cerca de dos mil personas, según fuentes de la Policía Local, se han concentrado en la plaza del Carmen de As Pontes, coincidiendo con la «marcha negra» que se ha llevado a cabo frente al Ministerio de Industria, en Madrid, en contra del decreto del carbón.

El 95 por ciento del comercio local de As Pontes ha cerrado sus puertas en solidaridad con los vecinos que se desplazaron a Madrid para protestar contra los efectos de la aplicación del decreto del carbón en Galicia, informaron las mismas fuentes.

Desde As Pontes partieron una docena de autobuses, un centenar de camiones y decenas de coches particulares en dirección a Madrid, junto a varios autobuses y coches fletados por los vecinos de Cerceda.

Las dos grandes centrales de As Pontes y Meirama emplean carbón importado, y el decreto prioriza en la producción eléctrica a las plantas que empleen mineral nacional para dar salida a millones de toneladas de carbón autóctono de las cuencas de Asturias y León.

Por otra parte, el diputado socialista Francisco Jorquera y el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza visitaron en la villa pontesa a los dos sindicalistas de la CIG en huelga de hambre desde el pasado sábado para exigir una reunión con el ministro de Industria.

La Plataforma en Defensa da Producción Eléctrica, en la que se integran BNG y los sindicatos CIG y USTG, ha convocado para el domingo 24 una manifestación en Ferrol contra el decreto del carbón que saldrá a las 12:00 horas desde la plaza de España en dirección al Ayuntamiento, para exigir una modificación del decreto que reparta el peso del carbón entre todas las fuentes energéticas.

Cientos de personas protestan ante el Ministerio de Industria contra el decreto del carbón

Según los organizadores de la protesta, frente a las puertas de Industria se encontraban unas 2.000 personas, entre ellas una agrupación de gaiteros, mientras que fuentes policiales rebajan la cifra a 600.

Los alcaldes de As Pontes, Valentín Formoso, y de Cerceda, José Liñares, además del presidente del comité de empresa de Endesa, Miguel López, y el portavoz del sector transportista del carbón en la región, Manuel Bouza, se reunieron con representantes de Industria.

Tras el encuentro, Formoso aseguró que Industria ha admitido que, con la entrada en vigor del decreto, existe un riesgo laboral para las centrales de carbón importado.

Añadió que la comisión de seguimiento que se creará para evaluar el impacto del decreto en las dos centrales térmicas gallegas y que integrará a representantes de Industria, Fomento, sindicatos, administraciones locales, eléctricas y transportista, se reunirá mensualmente y mantendrá su primer encuentro el próximo miércoles.

Durante la reunión, los representantes de Industria les transmitieron que las centrales térmicas que tendrán futuro son aquellas que tienen «los deberes hechos», es decir, que han sido transformadas y que son más eficientes, dijo Formoso, que, por ello, considero que las dos plantas galletas «están aseguradas».

Esta previsto que en la protesta ante Industria participaran un centenar de camiones llegados desde Galicia, que no pudieron entrar en Madrid después de que la Guardia Civil les obligara a detenerse en Villalba (a unos 50 kilómetros de la capital), explicó Bouza, que apuntó que próximamente decidirán si levantan el campamento que instalaron ante el Ayuntamiento de As Pontes.

Otras dos mil personas se concentran en As Pontes

Por su parte, cerca de dos mil personas, según fuentes de la Policía Local, se han concentrado en la plaza del Carmen de As Pontes, coincidiendo con la «marcha negra» que se ha llevado a cabo frente al Ministerio de Industria, en Madrid, en contra del decreto del carbón.

El 95 por ciento del comercio local de As Pontes ha cerrado sus puertas en solidaridad con los vecinos que se desplazaron a Madrid para protestar contra los efectos de la aplicación del decreto del carbón en Galicia, informaron las mismas fuentes.

Desde As Pontes partieron una docena de autobuses, un centenar de camiones y decenas de coches particulares en dirección a Madrid, junto a varios autobuses y coches fletados por los vecinos de Cerceda.

Las dos grandes centrales de As Pontes y Meirama emplean carbón importado, y el decreto prioriza en la producción eléctrica a las plantas que empleen mineral nacional para dar salida a millones de toneladas de carbón autóctono de las cuencas de Asturias y León.

Por otra parte, el diputado socialista Francisco Jorquera y el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza visitaron en la villa pontesa a los dos sindicalistas de la CIG en huelga de hambre desde el pasado sábado para exigir una reunión con el ministro de Industria.

La Plataforma en Defensa da Producción Eléctrica, en la que se integran BNG y los sindicatos CIG y USTG, ha convocado para el domingo 24 una manifestación en Ferrol contra el decreto del carbón que saldrá a las 12:00 horas desde la plaza de España en dirección al Ayuntamiento, para exigir una modificación del decreto que reparta el peso del carbón entre todas las fuentes energéticas.

El presidente de Carbunión elude dos años de prisión y pagará casi medio millón de euros por fraude a Hacienda

Gracias a ese acuerdo, la pena inicial de dos años de cárcel que se solicitaba para el empresario minero se reduce a seis meses de prisión, a lo que se suma una multa por el valor de lo defraudado. Como el presidente de Carbunión carece de antecedentes penales, no tendrá que entrar en prisión, aunque sí abonará una cuantía de diez euros diarios por ese periodo.

La Fiscalía solicitaba dos años de prisión para el presidente de Carbunión y propietario de Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC) por un presunto delito contra la Hacienda pública ocurrido en 1996 cuando era vicepresidente y consejero delegado de MSP.

La vista oral estaba prevista que se celebrase a primera hora de la mañana del 21 de octubre en el Juzgado de lo Penal número uno de León. Al final no tuvo lugar, debido a que Alonso aceptó el pago de la multa.

Los hechos se remontan al año 1996 cuando, según el Ministerio Fiscal, el acusado adquirió a las sociedades Norfesa y Obricosa maquinaria de origen ruso y ucraniano por precios muy superiores a los declarados en las aduanas. En esas operaciones, el verdadero importador de la maquinaria era la MSP, actual Coto Minero Cantábrico, que utilizaba a las otras dos sociedades como «testaferros con fines de elusivo den el IVA».

De este modo, se defraudó una cuantía total que asciende a 201.901 euros, por lo que el Ministerio Fiscal reclama dos años de prisión, así como el pago de la cuantía defraudada, con personalidad penal subsidiaria, lo que supondría la pérdida de la posibilidad de obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.

El presidente de Carbunión elude dos años de prisión y pagará casi medio millón de euros por fraude a Hacienda

Gracias a ese acuerdo, la pena inicial de dos años de cárcel que se solicitaba para el empresario minero se reduce a seis meses de prisión, a lo que se suma una multa por el valor de lo defraudado. Como el presidente de Carbunión carece de antecedentes penales, no tendrá que entrar en prisión, aunque sí abonará una cuantía de diez euros diarios por ese periodo.

La Fiscalía solicitaba dos años de prisión para el presidente de Carbunión y propietario de Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC) por un presunto delito contra la Hacienda pública ocurrido en 1996 cuando era vicepresidente y consejero delegado de MSP.

La vista oral estaba prevista que se celebrase a primera hora de la mañana del 21 de octubre en el Juzgado de lo Penal número uno de León. Al final no tuvo lugar, debido a que Alonso aceptó el pago de la multa.

Los hechos se remontan al año 1996 cuando, según el Ministerio Fiscal, el acusado adquirió a las sociedades Norfesa y Obricosa maquinaria de origen ruso y ucraniano por precios muy superiores a los declarados en las aduanas. En esas operaciones, el verdadero importador de la maquinaria era la MSP, actual Coto Minero Cantábrico, que utilizaba a las otras dos sociedades como «testaferros con fines de elusivo den el IVA».

De este modo, se defraudó una cuantía total que asciende a 201.901 euros, por lo que el Ministerio Fiscal reclama dos años de prisión, así como el pago de la cuantía defraudada, con personalidad penal subsidiaria, lo que supondría la pérdida de la posibilidad de obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.

El presidente de Carbunión elude dos años de prisión y pagará casi medio millón de euros por fraude a Hacienda

Gracias a ese acuerdo, la pena inicial de dos años de cárcel que se solicitaba para el empresario minero se reduce a seis meses de prisión, a lo que se suma una multa por el valor de lo defraudado. Como el presidente de Carbunión carece de antecedentes penales, no tendrá que entrar en prisión, aunque sí abonará una cuantía de diez euros diarios por ese periodo.

La Fiscalía solicitaba dos años de prisión para el presidente de Carbunión y propietario de Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC) por un presunto delito contra la Hacienda pública ocurrido en 1996 cuando era vicepresidente y consejero delegado de MSP.

La vista oral estaba prevista que se celebrase a primera hora de la mañana del 21 de octubre en el Juzgado de lo Penal número uno de León. Al final no tuvo lugar, debido a que Alonso aceptó el pago de la multa.

Los hechos se remontan al año 1996 cuando, según el Ministerio Fiscal, el acusado adquirió a las sociedades Norfesa y Obricosa maquinaria de origen ruso y ucraniano por precios muy superiores a los declarados en las aduanas. En esas operaciones, el verdadero importador de la maquinaria era la MSP, actual Coto Minero Cantábrico, que utilizaba a las otras dos sociedades como «testaferros con fines de elusivo den el IVA».

De este modo, se defraudó una cuantía total que asciende a 201.901 euros, por lo que el Ministerio Fiscal reclama dos años de prisión, así como el pago de la cuantía defraudada, con personalidad penal subsidiaria, lo que supondría la pérdida de la posibilidad de obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.

La Xunta interpondrá ante el Tribunal Supremo el recurso contra el decreto del carbón

«Lo hicimos todo con respeto, solidaridad, verdad y coherencia, pero no queda más remedio que acudir a la Justicia«, ha lamentado el presidente, quien ha insistido en que la aprobación de la norma estatal supondrá la pérdida de unos 3.500 empleos en la comunidad y el «posible cierre» de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.

Según ha concretado, tras el Consello de la Xunta, se demanda la «suspensión cautelar» del decreto en base a «los perjuicios de imposible o difícil reparación» que supondría para el sector, la existencia de «perturbación grave» para los intereses generales y a la «nulidad» de la norma.

No es la primera vez que el presidente de la Xunta valora este asunto. En declaraciones a los medios de comunicación la semana pasada ya consideró «irresponsable» la actuación del Gobierno central por «poner en riesgo» los más de 3.000 empleos de las térmicas gallegas tras la aprobación del Decreto del Carbón.

Mientras tanto, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró a los mineros gallegos que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, le transmitió la «garantía absoluta» de que las centrales térmicas «no se van a cerrar porque son imprescindibles para el desarrollo estratégico del plan energético de España».

La Xunta interpondrá ante el Tribunal Supremo el recurso contra el decreto del carbón

«Lo hicimos todo con respeto, solidaridad, verdad y coherencia, pero no queda más remedio que acudir a la Justicia«, ha lamentado el presidente, quien ha insistido en que la aprobación de la norma estatal supondrá la pérdida de unos 3.500 empleos en la comunidad y el «posible cierre» de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.

Según ha concretado, tras el Consello de la Xunta, se demanda la «suspensión cautelar» del decreto en base a «los perjuicios de imposible o difícil reparación» que supondría para el sector, la existencia de «perturbación grave» para los intereses generales y a la «nulidad» de la norma.

No es la primera vez que el presidente de la Xunta valora este asunto. En declaraciones a los medios de comunicación la semana pasada ya consideró «irresponsable» la actuación del Gobierno central por «poner en riesgo» los más de 3.000 empleos de las térmicas gallegas tras la aprobación del Decreto del Carbón.

Mientras tanto, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró a los mineros gallegos que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, le transmitió la «garantía absoluta» de que las centrales térmicas «no se van a cerrar porque son imprescindibles para el desarrollo estratégico del plan energético de España».

La Xunta interpondrá ante el Tribunal Supremo el recurso contra el decreto del carbón

«Lo hicimos todo con respeto, solidaridad, verdad y coherencia, pero no queda más remedio que acudir a la Justicia«, ha lamentado el presidente, quien ha insistido en que la aprobación de la norma estatal supondrá la pérdida de unos 3.500 empleos en la comunidad y el «posible cierre» de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.

Según ha concretado, tras el Consello de la Xunta, se demanda la «suspensión cautelar» del decreto en base a «los perjuicios de imposible o difícil reparación» que supondría para el sector, la existencia de «perturbación grave» para los intereses generales y a la «nulidad» de la norma.

No es la primera vez que el presidente de la Xunta valora este asunto. En declaraciones a los medios de comunicación la semana pasada ya consideró «irresponsable» la actuación del Gobierno central por «poner en riesgo» los más de 3.000 empleos de las térmicas gallegas tras la aprobación del Decreto del Carbón.

Mientras tanto, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró a los mineros gallegos que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, le transmitió la «garantía absoluta» de que las centrales térmicas «no se van a cerrar porque son imprescindibles para el desarrollo estratégico del plan energético de España».

Miguel Sebastián propondrá a la Unión Europea ampliar en ocho años el cierre de las minas de carbón deficitarias

Durante una interpelación del senador José Valín Alonso en la Cámara Alta sobre el régimen de ayudas al carbón, el ministro explicó que España intenta acercar posturas con los países más afectados por el reglamento, entre ellos Alemania, Polonia, Hungría y Rumanía, y pidió la «ayuda» del PP para «que todos los europarlamentarios españoles tengan una misma voz» para que superen sus «contradicciones» sobre esta fuente de energía y apoyen la extensión del cierre a 2022.

De este modo aludió a la postura del PP frente al llamado decreto del carbón, apoyado por el PP castellanoleonés pero no por el de Galicia, al tiempo que pidió al PP que «hable» con su eurodiputado Alejo Vidal-Quadras para que «no vuelva a enviar una carta pidiendo el bloqueo de las ayudas españolas al carbón».

Asimismo, arremetió contra las principales compañías eléctricas por su campaña en contra de este mineral al recurrir el decreto del carbón ante el Tribunal Supremo y en Luxemburgo la citada normativa. «Las eléctricas españolas creo que no han jugado limpio con el tema del carbón en Europa», afirmó.

Sobre el reglamento comunitario que fija en 2014 el cierre de minas deficitarias, celebró que, «afortunadamente», sea el Consejo Europeo y no la Comisión Europea el que tome la decisión final, lo que permitirá a los Estados miembro afectados participar en la elaboración del texto.

El cierre en 2014, señaló, «tendría importantes y negativas consecuencias sociales y económicas para España, donde el empleo del carbón sigue siendo importante, y más en un momento de crisis». Por este motivo, calificó de «inaceptable» la fecha propuesta y defendió la fecha «alternativa» de 2022. «Hemos logrado que la nueva fecha se ponga en estudio y se pueda negociar», indicó.

«Ahora nuestro esfuerzo está orientado a buscar el máximo número de Estados que nos apoyen para lograr una fecha que sea coherente con la realidad del sector«, afirmó, antes de resaltar algunas carencias de la propuesta de reglamento, entre las que figuran la falta de consideración hacia la situación concreta de algunas regiones, el olvido del carácter estratégico del carbón o el plazo «corto e irreal» manejado.

Sebastián dijo que «lo que nos estamos jugando en Europa requiere que España tenga una única voz. Hay que convencer a muchos países que tienen que votar, y estos se confunden si oyen a algunos españoles diciendo que el carbón es malo«, dijo.

La postura española, señaló, evita «los traumas» y, tras los primeros contactos, ha sido bien acogida por instituciones como la Comisaría de Energía, que consideró «razonable» esta propuesta. En las próximas semanas se entrará en contacto con las delegaciones nacionales para que el reglamento pueda cerrarse en diciembre y entrar en vigor en enero, añadió. «Esperemos que se haga realidad» la prórroga, que sería «un reconocimiento de que la postura española es más que razonable», dijo el ministro.

Al margen del reglamento sobre el carbón, el ministro defendió el decreto que prima la quema de carbón nacional y repasó la situación del sector eléctrico español, con centrales con un grado de funcionamiento del 30%. Además, recordó que Hunosa está comprando desde julio de 2009 la producción de las minas, y cifró en 215 millones el importe de este ‘stock’, cuyo volumen supera los tres millones de toneladas.

El nuevo decreto del carbón permitirá la quema de mineral autóctono en centrales eléctricas en un porcentaje inferior al 9% de la demanda del país y «no introducirá distorsiones en el mercado ni en el precio de la energía», sostuvo.

Las centrales de carbón importado «en ningún caso van a cerrar»

El ministro de Industria, además, pidió «tranquilidad» a las comarcas con centrales térmicas de carbón importado porque estas plantas «en ningún caso van a cerrar» como consecuencia de la entrada en vigor del decreto que prima la utilización del mineral autóctono.

Sebastián realizó esta consideración en respuesta a una pregunta del senador del BNG José Manuel Pérez Bouza, quien lamentó los «perjuicios» que el nuevo decreto del carbón provocará a las comarcas de As Pontes y Meirama, y propuso al ministro que «reparta» el coste de primar la quema de carbón nacional para que lo soporten todas las tecnologías, y no sólo las de carbón de importación.

Sebastián contestó que «la normativa europea permite e impide algunas cosas», y que las «ayudas» al carbón autóctono se aprueban sobre la base de la «seguridad de suministro en España» y de forma «compatible» con la actividad de las centrales gallegas que utilizan mineral de importación. «En ningún caso existe la posibilidad de que vayan a cerrar», aseguró.

El ministro aludió a las ayudas de varios millones de euros recibidas por estas plantas y elogió «su eficiencia» y contribución al empleo. Además, advirtió de que en septiembre su porcentaje de funcionamiento rondaba el 50%, sin que estuviese en vigor la nueva norma, por lo que «el problema no es el decreto», sino «la caída de la demanda eléctrica y la fuerte entrada de las renovables», debido a una importantísima crisis económica.

«Cuando se recupere la demanda, veremos qué medidas se pueden tomar, pero lo importante es transmitir tranquilidad a dos comarcas que van a tener el respaldo del Gobierno, y que son las de As Pontes y Meirama», añadió.

Con todo, defendió la voluntad del Gobierno de apoyar al carbón, el único recurso energético autóctono fósil con que cuenta España, «claramente arraigado en el tejido productivo y social de algunas zonas del país» y de importante valor estratégico, para la reducción de la dependencia energética.

A pesar de su coste medioambiental, el carbón se caracteriza por una gran gestionabilidad que lo convierte en un «aliado de las renovables».