Así lo apuntó en el pleno del Parlamento gallego en respuesta al diputado nacionalista Henrique Viéitez, que recordó las diversas movilizaciones convocadas contra las «nefastas» consecuencias que, a su juicio, tendrá el decreto para la actividad económica de las térmicas y para la generación de empleo.

Además, el parlamentario del BNG negó que el Ejecutivo autónomo haya liderado el proceso contra esta disposición y, por el contrario, dijo que han estado «ausentes, negando el impacto del decreto cuando los nacionalistas lo estábamos denunciando» desde el primer momento.

El consejero de Industria le replicó que esta es una de las «grandes preocupaciones» del Gobierno gallego, no así del central, que trata de «condenar al ostracismo a las minas gallegas y a 3.500 trabajadores».

Insistió en que la Xunta ha sido la «primera en decir a las claras que era un problema para Galicia» y el decreto es lesivo para los intereses de la Comunidad, motivo por el cual insistió en que el Gobierno autónomo, «desde los instrumentos que pone el Estado de derecho», hará todo lo que está en su mano para «frenar el decreto».

Apuntó también que el Gobierno está desatendiendo «una gestión equilibrada de todas las CCAA», mientras también niega la realidad, incluso en la intervención que sobre este asunto protagonizó el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

«El Gobierno socialista niega permanentemente los perjuicios» que la norma tendrá para la minería gallega, señaló el consejero, que insistió en que rechaza «con firmeza ese decreto».

«Nuestro planteamiento es claro: paralización del decreto», insistió Javier Guerra. «No vamos a descansar» hasta conseguirlo, ante lo que insistió en que irán por la vía judicial para paralizar las consecuencias del decreto «ante el Supremo y Luxemburgo».

IU cree que el decreto del carbón es un paso adelante para las zonas mineras

Por su parte, Izquierda Unida considera que el decreto del carbón es un pequeño avance ya que supone un paso adelante para resolver los problemas por los que atraviesan las comarcas mineras españolas.

Sin embargo, IU cree que es «imprescindible» que el Gobierno plantee de forma urgente alternativas para garantizar el futuro de las cuencas mineras más allá de 2014, fecha hasta la que se autoriza la concesión de compensaciones económicas a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono.

Según subrayó el responsable federal de Energía de IU, Adolfo Barrena, el decreto del carbón marca un plazo de tiempo «insuficiente» para implantar alternativas de empleo que impidan la despoblación de las comarcas mineras españolas.

Por ello, Barrena pide al Ejecutivo que luche para conseguir ampliar estas ayudas hasta el año 2018 como mínimo y para conseguir que el carbón autóctono sea declarado como reserva estratégica necesaria para asegurar el mix energético.

El Gobierno aprobó el decreto del carbón el pasado 1 de octubre, dos días después de que la Comisión Europea autorizara este tipo de ayudas, con el propósito de evitar que el mineral nacional sea relegado ante el descenso en el consumo de electricidad que se ha producido como consecuencia de la crisis económica.

Areces pide no cerrar las minas porque se trabaja en sistemas de captura de CO2

Asimismo, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, pidió «tiempo» a la Unión Europea para que se prolongue el cierre de minas deficitarias de carbón en 2014 porque «se está trabajando» en la solución del problema ambiental que generan, con la investigación de sistemas de captura del dióxido de carbono (CO2).

Muestra de ese trabajo «en tiempo real» es el inicio de la construcción de una planta de captura de CO2 en Mieres -junto a la central térmica de La Pereda-, en cuyo acto Areces advirtió: «Tendría poco sentido seguir investigando cosas que a lo mejor se liquidan antes en el ámbito político».

Areces deseó que el Europarlamento muestre en noviembre su rechazo a la decisión inicial de ese cierre de minas de carbón europeas en 2014, y especialmente de que también lo haga el Consejo, que tomará la decisión final este diciembre.

El hecho de que ya se haya iniciado la construcción de la planta de captura de CO2, según dijo el presidente regional, «da credibilidad al argumento» de que es viable el secuestro del CO2 para que la combustión del carbón no coadyuve al cambio climático.

La nueva planta que se ha comenzado a construir en Mieres utilizará la técnica de la carbonatación-calcinación para la captura del CO2 después de la combustión y comenzará su fase de ensayos a partir de junio de 2011, una vez que desde 2000 se han realizado pruebas en laboratorio.

Areces pidió que no exista competencia entre las diversas plantas de investigación que están surgiendo en España sobre el «carbón limpio» en las diferentes técnicas que usen, ya que los resultados que obtengan serán siempre en beneficio de toda España y Europa.

«Es absolutamente falso asociar la imagen del carbón al pasado, a lo obsoleto, a lo que no tiene sentido», dijo Areces, que ve «perfectamente asumible en Asturias combinar el carbón con las renovables».

En su informe sobre la propuesta de resolución por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía que se aplicarán en 2010, el organismo supervisor cifra en 89 millones el coste de la medida para este año, si comienza a aplicarse en noviembre.

Para el próximo ejercicio, el coste del decreto, que será sufragado con cargo a los «pagos por capacidad» -para los que anualmente se reserva una parte en las tarifas de acceso y que retribuyen a centrales por estar operativas para atender puntas de demanda-, se eleva a 503 millones de euros.

El saldo previsto en 2010 para los pagos por capacidad es de 551 millones de euros, cifra que para el año que viene quedaría reducida a 406 millones.

Según la CNE, la propuesta de la Secretaría de Estado de Energía implica que este año, un coste medio por megavatio hora (MWh) para las diez centrales que participarán en el procedimiento de 60,26 euros, frente a un precio medio de mercado estimado en 46 MWh. En 2011, el coste medio (que incluye parte variable y fija), se elevará a 66,62 euros, mientras que el precio medio del mercado rondará los 45 euros.

Los cálculos del regulador parten de la hipotética entrada en funcionamiento del decreto el próximo 1 de noviembre y de que, como establece Industria, cada año se programará una producción de 23 teravatios hora (TWh) de electricidad en las centrales de carbón nacional, lo que permitirá dar salida a 10,1 millones de toneladas de carbón autóctono.

Estos 23 TWh equivaldrían en 2011 a un 9% de la demanda eléctrica estimada peninsular, de 263,6 TWh, y a un 6% si sólo se toma en cuenta el carbón nacional dentro de la mezcla de distintos combustibles utilizada por las plantas.

Estos porcentajes no alcanzarán en ningún caso el límite del 15% hasta el que la Comisión Europea permite primar el combustible nacional para reducir la dependencia energética de los Estados miembros.

Por otro lado, dados los compromisos de compra de carbón nacional por parte de las centrales, la CNE calcula que el ‘stock’ de Hunosa, de unos 10 millones de toneladas, irá reduciéndose a un ritmo de un millón de toneladas al año.

Los 23 TWh programados al año son, de hecho, inferiores a la producción anual de las minas de carbón españolas, de cerca de 34 TWh. Esta circunstancia contribuye a que «la producción con carbón de importación sería reducida de forma importante», advierte la CNE.

En el informe, la CNE añade que la producción máxima de 2010, si bien resulta físicamente posible, podría no alcanzarse por indisponibilidad fortuita de centrales o por que el operador del sistema no programa suficiente generación por limitaciones de seguridad.

Según el regulador energético, esto impediría el consumo de las adquisiciones de carbón autóctono fijado por la propuesta y, por tanto, no conllevaría la reducción del stock de estas centrales (que se estima que almacenan el equivalente a un año normal del consumo). La propuesta fija para 2010 la adquisición de 4,1 millones de toneladas de carbón autóctono.

La CNE añade que si se mantiene un escenario similar al de 2009, la producción con carbón de importación hasta 2014 (año hasta el que se extenderán los incentivos) se verá reducida «de forma importante».

A la vista de que el uso de estas centrales de importación se limitará a resolver los problemas puntuales de demanda y de que los propietarios «pudieran plantearse el cierre» de las instalaciones, la CNE propone revisar el sistema de incentivos mediante pagos por capacidad.

Por su parte, las centrales de ciclo combinado (gas natural) no se verían, «en principio», desplazadas por la puesta en marcha del mecanismo de restricciones por garantía de suministro en el que se basa el real decreto del carbón.

En este proceso podrán participar las centrales de Soto de Ribera, Narcea, Anllares, La Robla, Compostilla, Teruel, Velilla, Puente Nuevo y Escucha y Elcogas.

El mecanismo de resolución de restricciones permite modificar el programa diario del mercado eléctrico para cumplir los criterios de seguridad de suministro.