Marcos Martínez, en rueda de prensa en la sede gijonesa de USO, ha expresado su temor a que las eléctricas, que están ejerciendo una presión para que no entre en aplicación el Real Decreto, que obtuvo luz verde de la Unión Europea el pasado 29 de septiembre y que posteriormente fue refrendado por el Consejo de Ministros, intenten hacerlo coincidir con la aprobación del Reglamento -el actual expira el próximo mes de diciembre–, cuya propuesta inicial en verano era comprometer las ayudas al cierre de las minas deficitarias en 2014.

Mientras tanto, ha avisado que se sigue sin vender la producción de carbón nacional desde el pasado mes de marzo, cerca de cinco millones de toneladas, y que si no se aplica el Real Decreto podría obligar a devolver las ayudas del carbón no vendido. Todo ello en conjunto redundaría, en su opinión, en posibles nuevos impagos.

Así lo ha avisado de cara a la decisión que deberá adoptar la Audiencia Nacional sobre si dictamina o no medidas cautelares que retrasen aún más el Real Decreto. También ha apuntado a los dos meses de reflexión sugeridos desde el Tribunal Europeo.

Además, ha explicado que si se retrasa el Real Decreto y se aprueba el Reglamento Europeo, puede llevar a la necesidad de un nuevo Plan del Carbón, si es que el Reglamento discrepa mucho del contenido del actual Plan, que cubre el periodo 2006-2012. En este caso, USO exige que el nuevo Plan del Carbón se cumpla, al contrario de lo que pasa con el actual, y que el tema estrella sea el trabajador. «No se puede estar jugando con el interés general del país ni el particular de los trabajadores», ha dicho.

Según él, cuando se habla de energía es una cuestión de Estado, «no puede haber divisiones por problemas territoriales», ha indicado antes de culpar de la situación en parte a la «inapetencia» del Gobierno y, por otro lado, a la presión de las eléctricas por un tema económico. Asimismo, ha criticado que se utilice políticamente «de forma desastrosa». «España se acordará un día del carbón», ha augurado antes de cifrar en unos 9,5 millones de tonelaads de carbón la producción nacional anual.

Martínez ha lamentado, también, que parezca que la clase política no lo tenga claro y que esté «disgregada», lo que le hace dudar del peso que pueda tener España ante la Unión Europea para mantener las ayudas más allá de 2022, al menos. «Si como país no somos capaces de defender esto, sobran las palabras», ha apostillado.

El Reglamento Europeo, que permite ayudas para compensar la producción y precio de venta del carbón mientras que el Real Decreto obliga a las térmicas a usar el mineral nacional, puede llevar, de aprobarse la propuesta del pasado mes de julio, a que se vayan reduciendo un 33 por ciento las subvenciones cada 15 meses hasta 2014, lo que haría desaparecer a las minas menos competitivas. Según USO, en Asturias habrá tres o cuatro que puedan competir, el resto cerrará.

Por todo ello, ha insistido en activar el Real Decreto para quemar la producción del carbón nacional de manera «inmediata» y que las ayudas no estén condicionadas al cierre de las minas, sino más bien a un descenso de las mismas pero con medidas complementarias de seguir reconvertiendo el sector minero. Además, ha incidido en que las ayudas no pueden ser para que especulen los empresarios y ha criticado que algunos de ellos tengan «carta blanca», con alusión especialmente a Victorino Alonso.

En este sentido, ha pedido a José Luis Rodríguez Zapatero que aproveche «los reparos formulados» por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo para derogar el decreto, y establezca un calendario para el cierre de las térmicas. A su juicio, la sustitución del carbón «debería ser una prioridad de las políticas energéticas».

«Prolongar indefinidamente, con ayudas públicas directas e indirectas, la vida de las térmicas de carbón, centrales eléctricas muy ineficientes e intensivas en emisiones de dióxido de carbono, resulta irresponsable en el contexto de una crisis ecológico-energética», ha criticado la asociación ecologista.

De este modo, la asociación resalta que «los costes de renunciar al carbón son muy inferiores a los costes de usarlo», al tiempo que han resaltado los beneficios económicos y socioambientales que conllevaría sustituirlo.

Por su parte, Greenpeace ha celebrado el bloqueo temporal promovido por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al desarrollo del «dañino» real decreto que incentiva la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.

Para la organización ecologista, se trata de una decisión judicial positiva, al entender que la medida de ayudas al carbón hasta 2014 perjudica el medio ambiente, es un gasto «innecesario» y retrasa la reconversión del sector minero.

Además, la organización reitera la «total incompatibilidad» de esta normativa con el futuro régimen europeo de ayudas al carbón y con la estrategia europea a 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Según Greenpeace, se trata de una medida «exclusivamente destinada a beneficiar al empresariado minero que retrasa la necesaria reconversión del sector y, por lo tanto, no garantiza un futuro a sus trabajadores».

«La aceptación de las medidas cautelares solicitadas por las partes en un proceso es el primer indicio de que la autoridad judicial considera razonables sus argumentos y dañina la aplicación de la normativa impugnada por las eléctricas» explicó la responsable de la campaña cambio climático y energía de Greenpeace, Aida Vila.

En este sentido, ha pedido a José Luis Rodríguez Zapatero que aproveche «los reparos formulados» por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo para derogar el decreto, y establezca un calendario para el cierre de las térmicas. A su juicio, la sustitución del carbón «debería ser una prioridad de las políticas energéticas».

«Prolongar indefinidamente, con ayudas públicas directas e indirectas, la vida de las térmicas de carbón, centrales eléctricas muy ineficientes e intensivas en emisiones de dióxido de carbono, resulta irresponsable en el contexto de una crisis ecológico-energética», ha criticado la asociación ecologista.

De este modo, la asociación resalta que «los costes de renunciar al carbón son muy inferiores a los costes de usarlo», al tiempo que han resaltado los beneficios económicos y socioambientales que conllevaría sustituirlo.

Por su parte, Greenpeace ha celebrado el bloqueo temporal promovido por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al desarrollo del «dañino» real decreto que incentiva la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.

Para la organización ecologista, se trata de una decisión judicial positiva, al entender que la medida de ayudas al carbón hasta 2014 perjudica el medio ambiente, es un gasto «innecesario» y retrasa la reconversión del sector minero.

Además, la organización reitera la «total incompatibilidad» de esta normativa con el futuro régimen europeo de ayudas al carbón y con la estrategia europea a 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Según Greenpeace, se trata de una medida «exclusivamente destinada a beneficiar al empresariado minero que retrasa la necesaria reconversión del sector y, por lo tanto, no garantiza un futuro a sus trabajadores».

«La aceptación de las medidas cautelares solicitadas por las partes en un proceso es el primer indicio de que la autoridad judicial considera razonables sus argumentos y dañina la aplicación de la normativa impugnada por las eléctricas» explicó la responsable de la campaña cambio climático y energía de Greenpeace, Aida Vila.