Esta medida ha sido adoptada apenas dos semanas después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentaran ante la Justicia Europea sendos recursos contra la decisión de la Comisión Europea.

Los recursos, que se presentaron de forma individual, toman como base la interpretación de las eléctricas de que el real decreto del carbón no es compatible con el derecho comunitario y no se ha elaborado conforme al reglamento comunitario.

En los mismos, las eléctricas solicitan la aplicación de medidas cautelares y la suspensión provisional y con urgencia de la decisión de la Comisión Europea hasta que el tribunal analice el caso mediante un procedimiento acelerado.

Las eléctricas esgrimen, entre otros argumentos, que la medida del Ejecutivo comunitario no ha sido analizada en profundidad, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde a un riesgo real para garantizar el suministro energético y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón.

Además, entienden que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos mediambientales en España.

La semana pasada, Luxemburgo ya remitió un escrito no vinculante al Gobierno en el que se sugiere la posibilidad de retrasar la aplicación del decreto a la espera de que se resuelvan algunas cuestiones técnicas.

Frentes contra el decreto

El decreto del carbón, aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Comisión Europea descartase ayudas de Estado, ha sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque este uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados.

En este contexto, las compañías han abierto al menos otros dos frentes judiciales, uno ante el Tribunal Supremo y otros ante la Audiencia Nacional. En el primero de ellos, el Supremo ha rechazado la solicitud de medidas cautelarísimas.

Con respecto al frente abierto ante la Audiencia Nacional, las eléctricas denuncian que en uno de los desarrollos normativos del decreto del carbón se da un plazo insuficiente de tres días a las centrales térmicas para que remitan su compromiso de compra de carbón nacional.

La Audiencia decidió la semana pasada paralizar la aplicación de este desarrollo normativo y convocó para una vista para estudiar si aplica medidas cautelarísimas.

Esta medida ha sido adoptada apenas dos semanas después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentaran ante la Justicia Europea sendos recursos contra la decisión de la Comisión Europea.

Los recursos, que se presentaron de forma individual, toman como base la interpretación de las eléctricas de que el real decreto del carbón no es compatible con el derecho comunitario y no se ha elaborado conforme al reglamento comunitario.

En los mismos, las eléctricas solicitan la aplicación de medidas cautelares y la suspensión provisional y con urgencia de la decisión de la Comisión Europea hasta que el tribunal analice el caso mediante un procedimiento acelerado.

Las eléctricas esgrimen, entre otros argumentos, que la medida del Ejecutivo comunitario no ha sido analizada en profundidad, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde a un riesgo real para garantizar el suministro energético y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón.

Además, entienden que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos mediambientales en España.

La semana pasada, Luxemburgo ya remitió un escrito no vinculante al Gobierno en el que se sugiere la posibilidad de retrasar la aplicación del decreto a la espera de que se resuelvan algunas cuestiones técnicas.

Frentes contra el decreto

El decreto del carbón, aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Comisión Europea descartase ayudas de Estado, ha sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque este uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados.

En este contexto, las compañías han abierto al menos otros dos frentes judiciales, uno ante el Tribunal Supremo y otros ante la Audiencia Nacional. En el primero de ellos, el Supremo ha rechazado la solicitud de medidas cautelarísimas.

Con respecto al frente abierto ante la Audiencia Nacional, las eléctricas denuncian que en uno de los desarrollos normativos del decreto del carbón se da un plazo insuficiente de tres días a las centrales térmicas para que remitan su compromiso de compra de carbón nacional.

La Audiencia decidió la semana pasada paralizar la aplicación de este desarrollo normativo y convocó para una vista para estudiar si aplica medidas cautelarísimas.

El pasado viernes, la Audiencia Nacional suspendió de forma cuatelarísima (sin escuchar a las partes) la obligación de presentar las citadas cartas y tras las vistas celebradas deberá decidir si se ratifica en su decisión, cuestión que se espera que resuelva esta misma semana.

La suspensión judicial llegó después de que las tres compañías impugnaran ante la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecen las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010.

El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas deben presentar una carta con compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días a contar a partir de la entrada en efecto de dicha resolución (lo que ocurrió con su publicación en el BOE el 26 de octubre).

Las tres compañías pidieron al tribunal que la suspensión se mantenga al menos mientras la Audiencia Nacional resuelve sobre las cautelares solicitadas en sus respectivos recursos, lo que podría llevar entre 20 días o un mes, o hasta que el Tribunal Supremo decida sobre la suspensión cautelar de real decreto, lo que podría conllevar unos dos meses.

Las eléctricas consideran que las cartas constituyen verdaderos «contratos» y que el plazo de tres días es insuficiente para establecer sus términos, al tiempo que subrayan que el margen de negociación en lo que respecta a precios es prácticamente nulo.

Sus abogados añadieron que el real decreto distorsionará al alza los precios de mercado, con el consecuente perjuicio para el consumidor, y perjudicará a las centrales de carbón importado y ciclos combinados.

Por su parte, el representante de la Abogacía del Estado subrayó que la resolución de Energía se remitió a las compañías con antelación a su publicación en el BOE para que tuvieran más tiempo para redactar las cartas y apuntó que, de hecho, tres de las eléctricas (Iberdrola, E.On y HC Energía) y Elcogás las presentaron en plazo.

Destacó que la obligación de presentar las cartas no viene contemplada en la resolución, sino en el real decreto que prima el uso de carbón nacional para la generación de electricidad, sobre el que sólo tiene competencia para pronunciarse el Supremo.

Apuntó que las cartas no son contratos, ya que con ellas sólo se quiere que las eléctricas expresen su voluntad de cumplir con lo establecido en la normativa, y consideró que el único objetivo de las compañías es no hacer frente a posibles «perjuicios económicos».

En su opinión, el perjuicio que supondría el cierre de centrales eléctricas que queman carbón autóctono por quedarse sin suministradores (cierre de empresas mineras) es mucho mayor que el supuesto «sobreprecio» que deberán pagar las eléctricas a las carboneras, «si es que éste existe».

Aseguró que se ha dispuesto todo para que el carbón nacional no cubra más del 9% del consumo nacional de electricidad, por lo que no conllevará la desaparición de las plantas que funcionan con carbón importado ni de ciclos combinados (gas natural), que deberán ceder espacio al mineral autóctono.

El abogado del Estado añadió que la normativa que realmente pone en marcha el mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro en el que se basa la normativa en el que se basa el real decreto, es la resolución sobre procedimientos publicada el jueves por el BOE y que no ha sido impugnada por las eléctricas.

El pasado viernes, la Audiencia Nacional suspendió de forma cuatelarísima (sin escuchar a las partes) la obligación de que las eléctricas presentaran en un plazo de tres días una carta de compromiso de compra a las empresas mineras de carbón autóctono.

Según fuentes cercanas al proceso, la Sección Cuarta de la Audiencia ha citado a las partes para escuchar los argumentos de cada una de ellas a favor y en contra de que se mantenga de forma cautelar dicha suspensión.

La decisión judicial llegó después de que las tres compañías recurrieran ante lo contencioso-administrativo la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecen las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010.

El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas debían presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días a contar a partir de la entrada en vigor de dicha resolución (que entró en vigor con su publicación en el BOE el 26 de octubre).

Según Industria, la aceptación de las medidas cautelarísimas referentes a la carta afectan a un «asunto menor» que quedará resuelto y no bloquea la entrada en vigor del decreto, ya que hay mucho carbón almacenado por Hunosa pendiente de ser quemado (aproximadamente el equivalente a un año de consumo).

Fuentes del sector eléctrico reconocieron que esta medida no bloquea el decreto del carbón en su conjunto, aunque subrayaron que ponen en cuestión uno de sus pilares fundamentales, como es el compromiso de compra de carbón.

Por otra parte, las eléctricas han recurrido la decisión de la Comisión Europea de aprobar el decreto ante el Tribunal de la Unión Europea, que en una comunicación no vinculante ha sugerido a Industria que aplace durante dos meses la aplicación del decreto.

El tercer frente judicial que mantienen abierto las empresas eléctricas contra el decreto está en el Tribunal Supremo, ante el que recurrieron la normativa a comienzos de mes. El Supremo ha rechazado la suspensión cautelarísima de la norma y por el momento aún no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas por las compañías, que también incluían la paralización de su entrada en vigor.

Las compañías entienden que el decreto perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas) y vulnera las leyes del libre mercado.

El pasado viernes, la Audiencia Nacional suspendió de forma cuatelarísima (sin escuchar a las partes) la obligación de que las eléctricas presentaran en un plazo de tres días una carta de compromiso de compra a las empresas mineras de carbón autóctono.

Según fuentes cercanas al proceso, la Sección Cuarta de la Audiencia ha citado a las partes para escuchar los argumentos de cada una de ellas a favor y en contra de que se mantenga de forma cautelar dicha suspensión.

La decisión judicial llegó después de que las tres compañías recurrieran ante lo contencioso-administrativo la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecen las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010.

El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas debían presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días a contar a partir de la entrada en vigor de dicha resolución (que entró en vigor con su publicación en el BOE el 26 de octubre).

Según Industria, la aceptación de las medidas cautelarísimas referentes a la carta afectan a un «asunto menor» que quedará resuelto y no bloquea la entrada en vigor del decreto, ya que hay mucho carbón almacenado por Hunosa pendiente de ser quemado (aproximadamente el equivalente a un año de consumo).

Fuentes del sector eléctrico reconocieron que esta medida no bloquea el decreto del carbón en su conjunto, aunque subrayaron que ponen en cuestión uno de sus pilares fundamentales, como es el compromiso de compra de carbón.

Por otra parte, las eléctricas han recurrido la decisión de la Comisión Europea de aprobar el decreto ante el Tribunal de la Unión Europea, que en una comunicación no vinculante ha sugerido a Industria que aplace durante dos meses la aplicación del decreto.

El tercer frente judicial que mantienen abierto las empresas eléctricas contra el decreto está en el Tribunal Supremo, ante el que recurrieron la normativa a comienzos de mes. El Supremo ha rechazado la suspensión cautelarísima de la norma y por el momento aún no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas por las compañías, que también incluían la paralización de su entrada en vigor.

Las compañías entienden que el decreto perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas) y vulnera las leyes del libre mercado.