En sus tres autos dictados, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional mantiene la suspensión de esta obligación hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas contra el Real Decreto del carbón.

Los jueces de la Audiencia Nacional recuerdan que ya el propio Tribunal Supremo reconoció la «perentoriedad» del plazo de tres días que establece el Real Decreto, y que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendó ampliar dicho plazo a un mes. Las partes tienen cinco días para presentar recurso de reposición.

En concreto, las eléctricas recurrieron la resolución de la Secretaría de Estado de Energía del pasado 22 de octubre, fecha a partir de la que comenzaba a contar el plazo de tres días, y en la que se fijaron las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía con el objetivo de incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.

La Audiencia Nacional acepta así las alegaciones de las eléctricas, que consideran que la obligación de presentar las cartas de compromiso provocaría un daño económico irreversible y distorsionaría el mercado de la energía por la imposibilidad de negociar los precios.

Por su parte, el abogado del Estado defendió que el posible daño económico a las eléctricas no justificaba la retirada del Real Decreto, porque su finalidad es evitar que las empresas de extracción y las centrales de quema de carbón entren en quiebra.

De hecho, fuentes del Ministerio de Industria señalaron que lo dictado por la Audiencia Nacional «se refiere únicamente a un aspecto menor» (al citado plazo de tres días) y explicaron que la Audiencia no ha paralizado en ningún caso el decreto.

Por tanto, el Supremo tendrá que resolver las medidas cautelares de suspensión del Real Decreto 1221/2010, aprobado el pasado 1 de octubre, y que modificó el Real Decreto 134/2010, aprobado el 12 de febrero.

La normativa aprobada en febrero fijaba un plazo de dos meses para que las eléctricas y las empresas de almacenamiento de esta materia prima presentaran las cartas de compromiso ante la CNE. Sin embargo, la modificación de octubre rebajó este plazo a tres días, lo que dio lugar a que las eléctricas recurrieran ante la Audiencia Nacional.

Según fuentes jurídicas, el Supremo todavía tardará varias semanas en pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas contra la normativa entera, ya que el proceso se encuentra en fase de contestación del recurso por las partes. La sentencia sobre el fondo del asunto podría tardar un año.

Guerra a tres frentes

Las compañías Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa están abiertamente en contra del llamado Real Decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro y han abierto tres frentes diferentes contra el mismo.

Estas empresas entienden que esta normativa perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado, que quedarían fuera del mercado cuando no hubiera hueco para ellas, dado que el nuevo decreto da prioridad a la entrada de las plantas que consumen carbón español.

Estas compañías, a título siempre individual, han acudido a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo en contra de este decreto. Así, el pasado 7 de octubre presentaron sendos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Supremo.

Asimismo, el día 18 de octubre abrieron el tercer frente al acudir al Tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, en contra de la decisión de la Comisión Europea de autorizar esta normativa que, a su entender, entraña una ayuda de Estado, incompatible con el derecho comunitario, y daña a sus intereses comerciales.

El tribunal europeo decidió también aplicar medidas cautelarísimas, en este caso contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar el decreto (es decir, contra la decisión de Bruselas de declarar compatible con el derecho comunitario el real decreto).

Esto significa que la ejecución de la decisión de Bruselas queda suspendida hasta que Luxemburgo dicte un auto al respecto; algo que podría tardar entre dos o tres meses, aproximadamente, y que podría requerir que, previamente, comparezcan las partes.

En el auto del Tribunal de Luxemburgo, el juez ordena a la Comisión que informe a las autoridades españolas de esta decisión y les solicite la adopción de todas las medidas que sean necesarias para evitar o, en su caso, suspender la aplicación en la práctica del citado real decreto, hasta que el Tribunal se haya pronunciado.

Carbunión solicita su personación ante la Audiencia Nacional

Además, la patronal del sector del carbón, Carbunión, solicitó su personación ante la Audiencia Nacional para defender la posición de las empresas extractivas y solicitar que se levanten las cautelarísimas que impiden la aplicación del real decreto que incentiva la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.

Según informa Hullera Vasco-Leonesa, la petición de la patronal, en la que «vierte los argumentos que avalan la necesidad de dejar sin efecto la suspensión», se produjo después de que la Audiencia Nacional citara a las partes implicadas para analizar el caso.

El desarrollo normativo paralizado por el tribunal fue publicado el pasado 26 de octubre y constituye una de las dos resoluciones técnicas necesarias para permitir la entrada en vigor del decreto.

Si bien las eléctricas alegan el poco tiempo establecido para la remisión de las cartas de compromiso de compra de carbón hasta 2012, Hullera Vasco-Leonesa afirmó que Iberdrola ya remitió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el mismo 28 de octubre su misiva, y que el 28 de octubre firmó el contrato de suministro de carbón a su central palentina de Guardo.

Sin embargo, la empresa minera aseguró que Iberdrola ha remitido otra carta en la que deja en suspenso el contrato a la vista de la decisión tomada por la Audiencia Nacional. Hullera Vasco-Leonesa «ha respondido manifestando la más absoluta disconformidad con su contenido toda vez que el mencionado contrato de adquisición de carbón entre ambas compañías ha sido suscrito en cumplimiento del Real Decreto 134/2010, y no de la citada resolución» sobre la que se pronunció la Audiencia.

En cuanto a su negociación con Gas Natural Fenosa, Hullera Vasco-Leonesa aseguró que se ha producido un acuerdo sobre la carta de compromiso de la eléctrica de compra de carbón hasta 2012 y sobre las condiciones de entrega. No obstante, afirmó, Gas Natural Fenosa ha aplazado la firma de este acuerdo por decisión unilateral.

El Gobierno «trabaja» para que Luxemburgo levante las medidas cautelares

Por su parte, el Gobierno español está «trabajando» para que el tribunal de justicia de la Unión Europea levante las medidas cautelarísimas adoptadas contra la decisión de Bruselas de autorizar el real decreto de ayudas al carbón español.

Así lo afirmó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dejó clara la «voluntad política» del Ejecutivo en defensa del sector de la minería del carbón.

«Mantenemos nuestra posición con respecto al carbón» que, además, «estamos defendiendo jurídicamente», indicó.

Según explicó, «tiene que existir un sector energético ligado al carbón autóctono«. «Es nuestra posición y la vamos a defender en los tribunales; es lo que estamos haciendo», dijo.

Rubalcaba indicó que en el Gobierno «somos respetuosos con los tribunales», en alusión a los recursos presentados por tres compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el tribunal de Luxemburgo, para frenar este decreto.

No obstante, insistió en que el Gobierno trabaja para que Luxemburgo levante las medidas cautelarísimas que adoptó el pasado miércoles e incidió en que «confiamos» en que, efectivamente, así ocurrirá.

Esta valoración llega en medio de la polémica que el real decreto de ayudas al carbón nacional está generando en el sector eléctrico, que ha recurrido a la justicia europea y española en contra de una norma que, a su entender, va contra sus intereses.

El Icog considera que «es un mito que el carbón en España se encuentre en desigualdad de condiciones con el que se exporta de Europa, a pesar de que el sector atraviese un evidente retroceso desde hace algunos años».

En palabras del geólogo experto en minería y responsable de política energética de este colegio, Rafael Varea, «no es verdad que sea más caro que el del exterior, porque a las compañías eléctricas se les vende al mismo precio que el carbón de importación, y el Estado subvenciona los costes al empresario carbonero por encima del precio de venta; por tanto a las eléctricas no les cuesta más caro nuestro carbón».

Tampoco es cierto, añadió, que sea de peor calidad porque depende del tipo de carbón. «En León y Palencia tenemos antracita que tiene un poder calorífico cercano a las 7.200 termias», señala Varea. «En Cangas de Narcea, la hulla, por el contrario, es de menor poder calorífico, pero esa circunstancia se tiene en cuenta en el precio final del carbón», dijo.

Asimismo, incidió en que el carbón español cumple con los requisitos medioambientales exigidos por la Unión Europea en cuanto a emisiones contaminantes.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras, se encarga de canalizar las ayudas al sector. Unas van dirigidas a los empresarios mineros para compensar sus pérdidas de explotación, otras a prejubilaciones y desarrollos locales, creación de infraestructuras en las comarcas mineras y apoyo a las empresas que se instalan allí y generan empleos en estas comarcas deprimidas.

«Las explotaciones de carbón no son rentables y necesitan subvenciones de la Administración, que están autorizadas por la Unión Europea, lo mismo que le sucede a Alemania o Polonia», puntualizó el responsable del Icog. Esas ayudas directas también se utilizan para fomentar otras industrias en la zona.

Progresivamente se han ido cerrando las minas de carbón existentes. «En la actualidad sólo quedan explotaciones en Asturias, al norte de la provincia de León y Palencia, en Puertollano (Ciudad Real), en Peñarroya (Córdoba) y en zonas localizadas de Aragón«, explicó Varea.

Con todo, a su juicio, «no es una cuestión económica», sino que estas ayudas «se siguen manteniendo porque hay un problema social con todas las familias y comarcas que viven del carbón y no tienen ninguna alternativa».

El decreto del carbón, aprobado el 1 de octubre de 2010 por el Consejo de Ministros, recoge una partida presupuestaria para financiar el déficit del sector. Gracias a este decreto, las compañías mineras pueden hacer frente al pago de las nóminas de sus trabajadores, concluyó.

«La Comisión cree que su decisión de finales de septiembre está bien fundada desde el punto de vista jurídico«, ha dicho el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.

La paralización por parte del Tribunal de la luz verde que Bruselas había dado al decreto del carbón es un «procedimiento rutinario», ha proseguido el portavoz, porque varias empresas -Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa- han pedido «medidas provisionales para suspender la decisión de la Comisión».

«El presidente del Tribunal ha decidido que necesita más tiempo para analizar esta petición de medidas provisionales. Todavía no ha habido una decisión sobre las medidas cautelares ni mucho menos sobre el fondo», ha resaltado Todd.

«Durante el tiempo en que el presidente del Tribunal decide si las medidas cautelares están o no justificadas, la decisión de la Comisión está suspendida. Es cuestión de algunas semanas», ha concluido el portavoz.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pedirá más argumentos a la Comisión Europea que respalden su decisión de autorizar las ayudas de España al sector del carbón, tras suspender cautelarmente dicha medida, según han anunciado fuentes oficiales de la corte de Luxemburgo.

El Tribunal de la Unión Europea, que ha decidido suspender de forma cautelar la decisión de la Comisión Europea de autorizar dichas ayudas con vistas a analizar más información todas las partes implicadas, convocará próximamente a la Comisión y a las citadas compañías españolas a que presenten sus argumentos en una vista oral o por escrito, según las mismas fuentes.

El auto provisional del Tribunal de Luxemburgo no se dirige a España sino que suspende temporalmente la decisión del Ejecutivo comunitario de declarar el plan del carbón compatible con la legislación comunitaria, pero en ningún caso, la suspensión cautelar prejuzga el resultado de las deliberaciones de los jueces, según han recordado las fuentes judiciales.

«La concesión de las ayudas queda bajo responsabilidad de quien las da. Pero si se sigue adelante con las subvenciones y finalmente el Tribunal de Justicia no las autoriza, deberán devolverse«, han resaltado.

Tras esta decisión provisional del Tribunal, el siguiente paso del caso será la emisión de un auto en el que se mantendrá o se levantará la suspensión de las ayudas, lo que podría llevar varias semanas o varios meses, según las mismas fuentes.

Por último, la corte de Luxemburgo dictará sentencia sobre el caso, un proceso cuya duración media es de unos dos años.

CCOO asegura que la suspensión del decreto del carbón creará convulsión

El secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, ha afirmado que con la suspensión temporal del decreto del carbón devuelve la incertidumbre y la convulsión a las comarcas mineras.

Álvarez ha asegurado que con este hecho se hace evidente la «ineficiente» gestión del Gobierno, que elaboró con demora el decreto que autoriza las ayudas a las empresas eléctricas que consuman carbón autóctono hasta finales de 2014.

El sindicalista ha agregado que a esta situación se suma la presión que ejercen sobre el Tribunal, con sede en Luxemburgo, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa en defensa de sus propios intereses.

Por ello, Álvarez ha pedido al Gobierno que «no titubee» con un tema estratégico para el país y que sea contundente a la hora de defender el decreto, y al mismo tiempo, la soberanía y el interés general de la nación. Además, ha agregado que el Ejecutivo también «debe demostrar» que las tres grandes empresas eléctricas españolas no tienen más poder que la Administración nacional.

Igualmente, ha solicitado a los partidos políticos que tengan una unidad de criterio a la hora de examinar las ayudas al carbón y ha criticado especialmente al PP ya que, según Álvarez, «dice una cosa en Castilla y León, y otra muy distinta en Galicia».

Castilla y León avisa a las eléctricas por rechazar el decreto del carbón

Entre tanto, la Junta de Castilla y León ha avisado a Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa de que «en algún momento» necesitarán de su «apoyo y consejo» para sacar adelante algún proyecto y que «será el momento de recordarles» que «no actuaron como tenían que actuar» ante el decreto de apoyo al carbón.

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se ha referido al recurso planteado por las compañías eléctricas ante el Tribunal de la Unión Europea contra el decreto de apoyo al consumo de carbón autóctono aprobado por el Gobierno de España y autorizado por la Comisión Europea y ha dicho que el Gobierno autonómico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Industria para «conocer los distintos procedimientos judiciales abiertos», ya que hace unas semanas anunció su intención de personarse en estos contenciosos judiciales.

«Ya os esperaremos», ha dicho a las eléctricas De Santiago-Juárez, convencido de que no se trata de «transmitir miedos» a la sociedad, sino de transmitir «tranquilidad y confianza».

El portavoz se ha quejado de que las empresas eléctricas ni siquiera informaran a la Junta de Castilla y León de su intención de plantear este recurso judicial y, aunque ha defendido la legitimidad de las compañías para presentarlo, ha insistido en que el Gobierno autonómico jugará sus bazas en negociaciones futuras.

Feijóo asegura que la Xunta no recurre las normas «sin razones jurídicas»

Asimismo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, ha mostrado su alegría por la decisión del Tribunal de Luxemburgo de retrasar la entrada en vigor del decreto del carbón del Gobierno central y ha asegurado que el Ejecutivo gallego no recurre las normas «sin razones jurídicas».

«Lamento que haya sido la justicia la que tenga que frenar las injusticias del Gobierno central«, ha dicho el presidente gallego para mostrar luego su confianza en que el Ejecutivo central acepte que «hay que cumplir las leyes» y reflexione sobre el «trato injusto» a 3.500 familias gallegas que se verían afectadas por el decreto. Según Núñez Feijóo, el Gobierno «debe hablar más y no imponer y decidir unilateralmente».