EFE.- A pesar de que el mercado aplaudió la propuesta del Gobierno de Brasil de privatizar la estatal Eletrobras, la mayor empresa de energía del país, en una medida que ayudará al Ejecutivo a reducir el déficit de las cuentas públicas, la agencia de calificación de riesgo Moody’s considera que la propuesta gubernamental supondría un factor negativo en la calificación de la deuda de la compañía.

«El plan del Gobierno de privatizar a Eletrobras es un factor de crédito negativo, sobre todo porque introduce incertidumbre sobre en qué medida el Gobierno soportaría a Eletrobras en momentos de necesidades inesperadas», destaca la vicepresidenta de Moody’s, Cristiane Spercel. Según Moody’s, el plan de privatización de Eletrobras crea «distracciones» para la administración que pueden «perjudicar otras iniciativas, incluyendo la estrategia de reestructuración de la compañía iniciada en noviembre del año pasado». La agencia advirtió de que cualquier impacto en la nota de crédito de la estatal «dependerá de mayores detalles sobre la forma de privatización, probables compradores potenciales, así como un cronograma específico para cualquier conclusión de la operación».

El Ministerio de Minas y Energías anunció su intención de vender el control de Eletrobras. La propuesta deberá ser analizada en el seno del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI) de la Presidencia, un órgano multiministerial que es responsable de los procesos de privatización de estatales brasileñas y por las concesiones a la iniciativa privada. Una decisión aplaudida por el mercado ya que el valor de mercado de la estatal pasó de 5.435 millones de euros hasta los 7.397 millones en una sesión, según la consultora Economática. Las acciones de la eléctrica se dispararon y las preferenciales escalaron cerca de un 50% poco antes del cierre de la sesión en la Bolsa de Sao Paulo.

La venta del control de Eletrobras excluye inicialmente tanto la gigantesca hidroeléctrica Itaipú, que Brasil comparte con Paraguay, como las plantas nucleares operadas por la compañía, según aclararon portavoces del Ministerio. «Si llegamos a la conclusión de que el proyecto nuclear no puede ser privatizado, así como la central hidroeléctrica de Itaipú, esos proyectos serán separados del proceso de venta», afirmó el secretario ejecutivo del Ministerio, Paulo Pedrosa. Según explicó Pedrosa, la participación brasileña en la hidroeléctrica binacional (50%) no puede separarse de la participación paraguaya (50%) ya que el tratado internacional que permitió la construcción y que regula Itaipú está por encima de las leyes internas de cada país.

Itaipú, construida sobre el río Paraná en la frontera entre ambos países, es la segunda mayor hidroeléctrica del mundo por su capacidad para generar 14.000 megavatios en 20 turbinas. La participación brasileña en la hidroeléctrica la ejerce Eletrobras. Asimismo, Eletronuclear, una subsidiaria de Eletrobras, opera 2 plantas nucleares en Angra dos Reis y está construyendo una tercera generadora. Actualmente su capacidad es de 2.007 megavatios.

El ministro de Minas y Energía, Fernando Coelho, por su parte, afirmó que la intención del Gobierno es poder concluir el proceso de privatización en la primera mitad de 2018 para que no sufra interferencias por las elecciones presidenciales de octubre del próximo año. La propuesta ministerial es que el proceso permita la reducción significativa de la participación del Estado brasileño en Eletrobras, actualmente del 51% de las acciones ordinarias (con derecho a voto) y del 40,99% del capital total, para que la empresa pueda ser gestionada por la iniciativa privada y sin interferencias políticas, pero sin que el Gobierno pierda el derecho a veto.

«El Gobierno tendrá menos acciones de una empresa mucho más valorada. Las ganancias con dividendos podrán aumentar incluso si consideramos que Eletrobras pasará a ser una corporación de mercado que generará lucro», sostuvo Pedrosa. El mercado ha recibido con euforia las noticias relacionadas con la decisión de privatizar Eletrobras, a pesar de que no las esperaba. «El anuncio es bastante positivo, tanto por el lado micro como macro. Va a mejorar la gobernanza de la empresa y tenemos que tener en consideración la recaudación para las cuentas públicas», apuntó Ignacio Crespo, analista de Guide Investimentos.

Tras el anuncio, la expresidenta Dilma Rousseff, destituida el pasado año por unas irregularidades en las cuentas públicas, criticó la decisión del Gobierno y denunció que la privatización amenaza la seguridad energética de Brasil. «Después de la farra de la compra de votos, el Gobierno ilegítimo anuncia una meta irreal y quiere vender el patrimonio del pueblo para cumplirla», aseguró Rousseff a través de Twitter.