Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el Ministerio Público tomó esta decisión después de haber interrogado como testigos a responsables de Energía entre 2007 y 2010.

Los CTC son una serie de pagos a las eléctricas establecidos durante la liberalización del sector eléctrico en 1997 para protegerlas de posibles caídas del precio del mercado, garantizando así que recuperarían los costes de inversión reconocidos en la legislación previa.

Sin embargo, una serie de subidas inesperadas de precios hizo que se abonaran cantidades de más en este concepto, que nunca fueron reclamadas.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró cuando se conocieron las diligencias de Anticorrupción que en junio de 2012 se solicitó un informe a la Abogacía del Estado con el objeto de aclarar la situación en que se encontraban los CTC y, en su caso, la vía para una posible recuperación de las cantidades pagadas de más.

Por su parte, la Abogacía respondió que la recuperación de estas compensaciones estaba prescrita desde 2010 porque nunca se aprobó la orden ministerial que debía reclamarlas.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció estos hechos por considerar que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, algo que rechazó la Fiscalía al archivar su investigación.

En la puja de la próxima semana, en la que los grandes consumidores de electricidad tendrán una nueva oportunidad para lanzar sus ofertas, se subastarán de partida 50 bloques de 5 MW, con lo que se añadirán 250 MW de interrumpibilidad, según consta en una resolución ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El resultado de la subasta afecta al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, ambos incluidos, y el precio de salida por cada megavatio del bloque de 5 MW será de 195.000 euros, de modo que la puja tomaría un valor de 48,7 millones de euros, si bien está prevista la subasta de megavatios adicionales. En todo caso, el importe final y el número de rondas de megavatios de interrumpibilidad tienen carácter confidencial y no se conocerán hasta la validación de la subasta.

No obstante, la gran industria espera que la subasta extraordinaria alcance un valor de 180 millones de euros, según indicaron fuentes del sector, de modo que la puja pondrá en juego prácticamente el total de los casi 200 millones de euros que se dejaron de asignar en la subasta de noviembre.

El escalón de bajada de precio será de 1.000 euros por megavatio y en el caso de que se realicen subastas de desempate, el escalón de bajada de precio será una décima parte de estos 1.000 euros.

El proceso se celebrará a partir de las 9.00 horas del próximo lunes en el Palacio de Congresos de Zaragoza, según informó el gestor técnico de la red eléctrica, Red Eléctrica de España (REE), en su página web.

Las subastas de interrumpibilidad generaron controversia después de que, tras su celebración, el sector siderúrgico expresase su malestar y Alcoa anunciase despidos y cierres al no conseguir ningún bloque de interrumpibilidad para sus plantas de Avilés y A Coruña.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, respondió a las críticas negando que las subastas estén relacionadas con el ERE de Alcoa y que ésta fue «poco activa» en las subastas que afectaban a sus plantas de La Coruña y Avilés, mientras que sí pujó para conseguir los bloques energéticos en el caso de la planta de San Ciprián (Lugo). No obstante, Soria dijo esperar que Alcoa puje «bien» y pueda «salvar los 900 empleos» con la convocatoria de esta segunda subasta.

En la resolución publicada, Industria convocó la subasta extraordinaria como complemento a la cerrada el 17 de noviembre, en la que se asignaron los 9 bloques de 90 MW dirigidos a grandes industrias y 238 bloques de 5 megavatios (MW) para empresas medianas, aunque muchos de este segundo grupo quedaron sin cubrir.

De esta forma, Alcoa podrá pujar de nuevo para obtener los lotes de energía bonificada después de haber manifestado sus dificultades para mantener sus fábricas de Avilés y La Coruña tras el resultado de la primera subasta.

El departamento dirigido por Soria pidió el 25 de noviembre un informe al operador del sistema acerca de la necesidad de incorporar más bloques de interrumpibilidad, y el 3 de diciembre pasado Red Eléctrica de España (REE) se lo remitió, proponiendo la necesidad de añadir potencia interrumpible adicional, según consta en la resolución del BOE.

El servicio de interrumpibilidad consiste en un pago a los grandes consumidores de luz a cambio de detener o reducir su actividad en momentos en los que exista saturación en el sistema eléctrico. Su coste para la tarifa de la luz, de unos 750 millones de euros anuales, quedará reducido a unos 500 millones de euros, que se cargan sobre la parte regulada del recibo eléctrico y que es financiada por consumidores y tecnologías poco gestionables, como parte de la reforma energética, de la que forman parte las órdenes ministeriales recurridas.

Para asignar la interrumpibilidad, la reforma energética recoge la creación de las nuevas subastas, en las que las empresas pujan por bloques de megavatios a un menor precio eléctrico a cambio de ofrecerse a recortar su consumo si así se lo pide el operador del sistema.

Feijóo destaca que Industria «cumple»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó que «se están cumpliendo los compromisos» al convocar la nueva subasta eléctrica y se mostró convencido de que hay condiciones para que los grandes operadores de uso intensivo de energía puedan acceder a los incentivos. «Veremos a ver qué oferta presenta Alcoa, dependerá del precio que esté dispuesta a pagar» dentro del conjunto de operadores que van a la subasta, apostilló.

Al término del Consello de la Xunta, el presidente aseguró que su Ejecutivo mantiene contactos, «a veces a diario», con el Ministerio de Industria, Red Eléctrica de España (REE) y con Alcoa».

«El compromiso era la segunda puja antes de finalizar el año y que salga a subasta la totalidad de los incentivos de la interrumpibilidad eléctrica de las empresas intensivas en consumo energética», destacó

Dicho esto y aún sin anticipar cuál será el resultado, porque «acreditar que una subasta está amañada sería acreditar una trampa» que no podrían aceptar ni la Unión Europea ni la Comisión Nacional del Mercado de Energía, remarcó que «hay capacidad instalada por el número de megavatios y los bloques que van a salir a subasta» para que los operadores puedan acceder a los incentivos.

Alcoa puede retirar el ERE si consigue un precio «razonable»

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, señaló que la dirección de Alcoa, con la que habla «permanentemente», le aseguró que «de tener un precio razonable para la electricidad que consumen, en línea con el que se corresponde con este año, la empresa retiraría el ERE». «Ese es el compromiso y creo que eso va a ocurrir», apuntó el jefe del Ejecutivo asturiano.

Respecto a la subasta eléctrica, el presidente del Principado hizo hincapié en la necesidad de que la próxima semana «se solucione», esperando que Red Eléctrica garantice «un equilibrio entre oferta y demanda» que permita un precio «razonable» para Aloca y otras empresas.

«A partir de ahí habrá que pensar que no puede ser algo que cada año nos someta a esta incertidumbre, sobre todo a los trabajadores, y las empresas puedan invertir con una expectativa razonable de recuperar esas inversiones», reivindicó.

El PP confía en que «dé satisfacción» a las pretensiones de Alcoa

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, dijo que espera que la nueva puja «dé satisfacción a las pretensiones de Alcoa y que ello suponga la garantía de permanencia, estabilidad y , por tanto, continuidad de la plantilla en Alcoa».

Fernández se mostró satisfecha con el anuncio y comentó que su partido ha venido trabajando para conseguir el objetivo de buscar una solución al problema planteado. «Quizás no hemos dado muchas ruedas de prensa, lo hemos hecho de forma silenciosa y eficaz», apuntó.

La presidenta del PP de Asturias instó también a la compañía Alcoa a que «apueste por Asturias», donde los trabajadores «han demostrado estar a la altura de las circunstancias en momentos muy difíciles».

Los trabajadores de Alcoa exigen que «logre lotes»

Por su parte, el comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés exigió a la empresa que «haga los deberes y consiga los paquetes necesarios» de energía en la subasta de la próxima semana y que permitirán la viabilidad de la planta. También reclamaron que retire el despido colectivo planteado «porque no tiene lógica cuando aún no se ha acabado el proceso», según declaraciones del presidente del comité, Daniel Cuartas.

Los trabajadores de Alcoa en Avilés pidieron de urgencia una reunión con Alcoa tras la convocatoria de la subasta. Están a la espera de que se la confirmen porque para el próximo lunes, día en que comenzará la subasta, ya había prevista una dentro de la negociación del despido que afectaría al medio millar de empleados que tiene en Avilés.

Mientras tanto los trabajadores avilesinos mantienen las movilizaciones previstas. Así este jueves se concentraron en la puerta de las instalaciones durante una media hora, coincidiendo con el descanso del bocadillo. Y hasta las 19 horas participaron en la plaza de España en una recogida de productos para el Banco de Alimentos. Este viernes volverán a concentrarse a media mañana.

Oficemen celebra que Industria «cumpla su promesa»

Finalmente, el presidente de la asociación de empresas fabricantes de cemento (Oficemen), Isidoro Miranda, consideró que el Ministerio de Industria «está cumpliendo su promesa» al convocar una subasta extraordinaria de interrumpibilidad para grandes consumidores de electricidad, que sale al paso del «nerviosismo» del sector.

«Finalmente lo que observamos es que el Gobierno está cumpliendo su promesa. Ahora tenemos que esperar a ver cómo sale esa subasta, pero nuestra situación a día de hoy es que claramente estamos muy por debajo de nuestras expectativas, y de ahí que haya cierto nerviosismo«, afirmó durante la presentación de los resultados anuales del sector cementero.

Para Miranda, la electricidad es un factor clave para garantizar la competitividad de las empresas, por lo que reclamó a Industria una señal de precios no solo adecuada, sino también «clara y estable» para no verse «sometido a incógnitas que puedan poner zancadillas al desarrollo del mercado».

La asociación espera que la segunda subasta sirva para revertir los resultados de la primera, en la que las empresas del cemento obtuvieron unos resultados «muy malos», hasta el punto de sufrir un recorte en la retribución por interrumpibilidad cercano al 50%, frente a sus previsiones del 15%.

«Estábamos ansiosos ante esta promesa de que esta segunda subasta tendría lugar. Al haber menos retribución, el Ministerio se quedó con un paquete de entre 180 y 190 millones de euros sin colocar, y obviamente no sabíamos si iban a sacar esta oferta», añadió.

En un informe sobre las perspectivas de las eléctricas europeas para el próximo año, la agencia también advirtió de que la eficacia de las medidas adoptadas para reducir el déficit de tarifa «aún debe demostrarse», por lo que «no se pueden descartar decisiones adicionales».

Junto a esto, persisten otros riesgos para el sector eléctrico, como la respuesta en los tribunales a algunas de las medidas adoptadas o el resultado de los recientes procesos de internacionalización de algunas de las principales empresas.

Frente a estos riesgos, la agencia de calificación detectó aspectos positivos como la mayor estabilidad del sector tras la reforma energética, la mayor predictibilidad regulatoria, el posible aumento de la demanda y la subida de los precios del «pool».

«Un perfil de negocio más resiliente y la revisión de estrategias debería permitir a las compañías compensar parcialmente el alto coste de la reforma energética y mantener los actuales parámetros crediticios, a pesar de que el recorrido para subidas de rating será más limitado», señaló.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, la nacionalista gallega Rosana Pérez interpeló al ministro en relación con el nuevo sistema de subasta de las ayudas públicas por la interrumpibilidad eléctrica.

Durante su intervención, la diputada abogó por plantear un cambio profundo del sistema atendiendo «inexcusablemente» a varios asuntos. A saber, la supresión de las retribuciones o peajes de la factura y su cargo en los Presupuestos del Estado, la aprobación de un modelo de retribución de costes según la tecnología de producción, y la creación de «tarifas más bajas» para las comunidades autónomas que son netamente productoras, como Galicia.

Además, Pérez acusó al Gobierno de tomar medidas en materia energética que «ponen en gravísimo e irresponsable riesgo a la industria, su competitividad y sus puestos de trabajo», sin que eso suponga ni una reducción de la factura eléctrica para los consumidores ni una disminución del déficit de tarifa.

«La electricidad no es un bien de consumo cualquiera, es fundamental para la industrialización, la competitividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y sus cambios regulatorios amenazan la viabilidad de las empresas grandes consumidoras de energía», añadió, insistiendo en varias ocasiones en que no sólo se refiere a Alcoa, sino a otras compañías como Ferroatlántica o Megasa.

«No es de recibo que se sigan negando a mantener este debate», exigió, apuntando que «sería una paradoja y un despropósito que alguna empresa cerrase o se viese afectada negativamente por los altos precios de la electricidad en un territorio que exporta energía sin conseguir beneficios a cambio».

En concreto, consideró que el nuevo método de subasta puede llevar a «situaciones perversas» ya que la «falta de referencias de precios conocidos» impedirá a la industria prever y planificar sus inversiones, y también conllevará que empresas del mismo sector paguen precios distintos por la energía.

Con respecto al anuncio de ERE de Alcoa, Pérez criticó que el ministro «descargue toda la responsabilidad» en la empresa. «Usted es ministro del Gobierno, deje de eludir sus responsabilidades y de imputárselas únicamente a las empresas. No le niego que puedan tener intereses espurios, pero esto es el Parlamento, no la sede de la patronal, y usted es el ministro que ha ideado y aprobado el actual sistema. Por tanto, asuma su responsabilidad y actúe para que su sistema energético sea impulsor y no verdugo de miles de puestos de trabajo», exigió.

A renglón seguido, pidió que no se aplique una tarifa única en todo el país porque regiones que, como Galicia, son «excedentarias y netamente productoras» deben tener «algún beneficio, alguna ventaja».

Por eso, insistió en reclamar una tarifa propia que, a su juicio, «no es descabellada», tal y como demuestra el hecho de que el Ejecutivo del PP haya aprobado primas más altas para las renovables en las islas o un precio propio para las empresas del País Vasco.

«Atenta contra el principio de solidaridad»

«Plantea usted algo que, en mi opinión, atenta contra uno de los grandes principios en que se sustenta la convivencia en España desde 1978: el principio de solidaridad. Este Gobierno nunca apoyará tarifas eléctricas diferenciadas en una parte de España respecto de otra«, replicó el titular de Industria.

De hecho, recordó que la Unión Europea tiende precisamente a lo contrario, a una mayor integración energética para conseguir precios «más competitivos, más bajos y, además, con menores diferencias de las que hoy se observan» entre unos países y otros.

Por eso, explicó, España ha defendido en las últimas reuniones de jefes de Estado y de Gobierno un aumento de las interconexiones con Francia, de modo que «el consumidor industrial y doméstico pueda suministrarse donde más barata sea en cada momento la energía».

«Por tanto, dentro de España no vamos a plantear (precios diferenciados), porque eso atentaría directamente contra uno de los principios esenciales de nuestra convivencia«, insistió, poniendo como ejemplo de esa solidaridad los 1.800 millones de euros que cada año los consumidores de energía aportan para sufragar los extracostes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

En este punto, reconoció que las primas a las renovables en Canarias son más altas que en el resto del país, pero negó que eso se deba a un interés por beneficiar al archipiélago, sino porque es «bueno para todo el sistema».

Y es que «el número de horas de sol y viento de Canarias hace que producir con esas energías sea más barato que producir con petróleo», que es el único recurso para la producción energética en las islas y que cuesta 1.500 millones de euros anuales. «Si se produce más con renovables se disminuye la factura energética, y eso es menor coste para todas las actividades reguladas del sistema», insistió.

Por último, rechazó la posibilidad de cargar los costes regulados a los Presupuestos porque eso supondría incrementar en 20.000 millones de euros el gasto anual, con lo que «nos cargaríamos todo el trabajo de los últimos tres años para bajar el déficit público», que es lo que está dando «confianza» internacional y está permitiendo «pasar de la recesión al crecimiento» y a la creación de empleo.

Soria culpa a Alcoa de no pujar de forma «activa»

Por otra parte y, en respuesta a la diputada socialista, Mariví Monteserín, y al diputado de Foro Asturias (FAC), Enrique Álvarez Sostres, que le exigieron que tome medidas «urgentes» para evitar el cierre de dos de las plantas de Alcoa, el ministro de Industria responsabilizó «única y exclusivamente» a la multinacional del aluminio de la situación en la que se encuentra por no haber participado adecuadamente en la última subasta de interrumpibilidad, lo que le impidió obtener precios más baratos para la energía consumida y sirvió para que justificara un ERE de extinción en dos de sus fábricas.

Soria recordó que Alcoa «bajó lo suficiente» su puja en la subasta de interrumpibilidad como para conseguir los bloques de 90MW que necesitaba para su planta de San Ciprián (Lugo), donde «realmente le interesaba», mientras que «no hizo la puja conforme a ese mismo criterio» para los casos de Avilés y La Coruña. «El problema es que la empresa adoptó una estrategia deliberada y diferente en una fábrica respecto a las otras, habrá que preguntar a la empresa por qué», añadió el ministro.

La subasta, celebrada hace pocas semanas, asignó todos los bloques de 90 megavatios (MW), dirigidos a grandes industrias, pero quedaron sin cubrir algunos de los bloques de 5 MW, destinados a empresas medianas.

De hecho, precisó que tras no adjudicarse los bloques de 90 MW a los que optaba, Alcoa los dividió en bloques más pequeños de 5 MW, algo que decidió «explícitamente, marcando con una x la casilla correspondiente en el modelo oficial firmado y con DNI del representante de la empresa, y entregado a Red Eléctrica Española (REE) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el objetivo de acudir a la segunda ronda de la subasta.

Sin embargo, Soria añadió que la compañía fue la primera en retirarse de esta segunda ronda para sus fábricas de La Coruña y Avilés, tras apenas participar «diez segundos», a pesar de que las subastas duraron de media dos minutos, y cuando los bloques cotizaban a 250.000 euros, desde los 260.000 euros de salida, lo que, a juicio del ministro, demuestra que fue «poco activa, por no decir nada», donde ni siquiera llegó a los precios de reserva, que son los de referencia basados en sus propios ingresos de 2014. «Ésa fue su actitud», criticó.

«Ha ocurrido la subasta, unos se han llevado y otros no. Es más, algunos tienen más de una fábrica para obtener interrumpibilidad y en unas han bajado mucho y se han llevado (bloques) mientras que en otras no han bajado, se han quedado arriba y, como consecuencia, ahora dicen que van a hacer un ERE. Ésa es la primera preocupación del Gobierno, pero que cada cual responda de lo que ha hecho», reiteró.

No obstante, recordó que hay «una segunda oportunidad» porque «en unos días, antes de que acabe diciembre» se conocerán las condiciones de la segunda subasta que el Ministerio convocará «antes de que acabe diciembre» para adjudicar «la parte que quedó sin cubrir» de la oferta de interrumpibilidad, valorada en unos 200 millones de euros, que «en vez de ir al ahorro del sistema eléctrico y la reducción del déficit tarifario» se destinará a este fin.

«Espero que la empresa puje, puje bien y pueda salvar esos 900 puestos de trabajo», aseguró, recordando sin embargo que «no puede haber una subasta en unas condiciones para unas empresas y para otras no» y que el Gobierno «no puede indicar a ninguna compañía el precio» por el que tiene que pujar.

Sin embargo, sí garantizó que «si las empresas acuden a esa subasta con las mismas condiciones que en la primera, entonces podrán obtener megavatios de ininterrumpibilidad». «Ahora bien, depende de la empresa mostrar un verdadero interés en obtener interrumpibilidad, generar actividad y salvar el empleo», afirmó. Pero si no puja en esos términos, entonces habrá que preguntarle a la empresa, no al Gobierno, las razones por las que en un caso se comporta de una manera y en otro caso, de otra», recalcó.

Sistema «libre, transparente y competitivo»

Soria también recordó que el cambio del sistema de adjudicación de la ininterrumpibilidad entre las empresas electrointensivas «no fue un capricho del Gobierno» sino que se deriva de «un planteamiento de las empresas», por el temor de que el anterior método de asignación fuera denunciado ante la Unión Europea por constituir una ayuda de Estado ilegal, algo que ya sucedió en Italia y conllevó una multa millonaria.

«El sistema que hoy existe se cambió justamente porque las empresas lo solicitaron, y la que más empeño puso en cambiar el sistema fue la empresa de la que usted me habla», apostilló el ministro, en referencia a Alcoa.

Además, explicó que el anterior método «no era competitivo» porque se basaba en «decisiones administrativas» en las que el Gobierno asignaba bloques a las empresas que cumplían ciertos requisitos, mientras que las subastas que se realizan ahora aportan «libertad, transparencia y competencia», al tener todas las empresas las mismas condiciones de acceso a las ayudas a la ininterrumpibilidad, por las que «muchas empresas tienen interés».

Así, tras negociar con Bruselas, el Ejecutivo decidió un sistema de subasta de los 550 millones de euros asignados para el próximo año a la ininterrumpibilidad, cantidad inferior a los 675 millones de euros de este ejercicio, en el que «quien más bajo puja se lo lleva».

El PSOE pide un «gran» pacto de Estado por la Energía

Mariví Monteserín, por su parte, replicó al titular de Industria que «era previsible» que el cambio de método condujera a la actual situación, porque en la subasta «se presentan más actores con menos dinero», lo que lleva a que las empresas «con menos posibilidades de pujar a la baja porque tienen una dependencia energética mucho mayor» se quedaran «fuera» del reparto.

«Que la empresa tuviera la tentación de deslocalizarse, yo no lo discuto, pero que usted le ha puesto la excusa perfecta está bastante claro», acusó, señalando no obstante que ahora «lo verdaderamente importante y preocupante es el efecto del cierre en más de 900 trabajadores» y en las comarcas donde están implantadas las plantas de producción.

Por eso, reclamó al Gobierno una «solución rápida, en horas», para que Alcoa se «replantee» el cierre, y propuso «un gran pacto» de todas las fuerzas políticas para conseguir un «marco estable de costes energéticos» para la industria española, que le permita contar con unos precios competitivos. «Si no, el problema no lo tendrán las empresas, sino ustedes y los vecinos y trabajadores de las comarcas afectadas», zanjó.

Por su parte, Enrique Álvarez Sostres achacó la actual situación a las políticas energéticas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que «elevó un 70% los costes eléctricos para las familias y las empresas», reduciendo la capacidad de competir con las grandes compañías internacionales del acero, el zinc y el aluminio.

Por eso, reclamó que se tomen medidas «urgentes» y «propias del Boletín Oficial del Estado (BOE)» para conseguir precios más competitivos y evitar las deslocalizaciones, así como ayudas similares a las que se han otorgado a otros sectores como el del automóvil o las plantas de ciclo combinado.

«Ahora es momento de soluciones que eviten el cierre de Alcoa. Es un problema que necesita soluciones ya de manera decidida», zanjó el diputado asturiano.

Finalmente, el consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Guillermo Martínez, criticó al ministro por no haber convocado ya la nueva subasta para grandes consumidores y le pidió que aclare el concepto de «pujar bien».

Martínez dijo que es el Gobierno central el que tiene que dar una respuesta «de inmediato», porque lo único que está provocando es «incertidumbre». Es el Ministerio, a su juicio, el que tiene la solución y la responsabilidad sobre este asunto. «La debe ejercer de forma inmediata», aseveró.

Pero además, pidió explicaciones a Soria por la subasta que se realizó y los motivos de que, habiendo doce paquetes de 90 megavatios, los que interesaban a Alcoa, se hubiesen sacado sólo nueve.