«En enero la luz ha subido un 3,2%, pero lo que marcan los mercados a futuro es que ese precio va a tender a la baja, entre otras cuestiones porque influyen factores meteorológicos, y cuando hay más viento baja la luz», afirmó el ministro en una entrevista en el programa «Espejo Público» de Antena 3.

Por este motivo, el ministro dijo que el encarecimiento del recibo en el inicio del año se debe al incremento de la demanda, la menor intensidad del viento y el mayor uso del carbón.

En cualquier caso, el ministro sostuvo que «cuando se considera cómo ha evolucionado el precio de un servicio, hay que considerar todo un año», y pronosticó, en base a lo que marcan los mercados a futuro, que el precio «tenderá a bajar».

No obstante, precisó que confirmar una bajada en el conjunto de este ejercicio «no lo puede asegurar nadie», puesto que «el precio de la electricidad varía cada hora», si bien, considerando «todos los elementos», como la demanda, el viento o el agua, hay una «tendencia a la baja» en el precio de la factura.

La mayor eolicidad, indicó, «ahora sí se traslada directamente al precio de la luz, cosa que antes no ocurría», al tiempo que la generación eléctrica con carbón u otras fuentes «está ya menos subvencionada de lo que estaba». Otro factor que puede contribuir a la bajada de precios es la posible entrada de más producción hidráulica, indicó.

Sobre las subidas del precio de la electricidad en enero, Soria indicó que a mediados de mes había negado que se fuese a producir «con los datos de ese momento», al tiempo que atribuyó el encarecimiento a una mayor demanda, una menor eolicidad y una mayor participación del carbón.

Asimismo, recordó que el recibo de la luz se abarató en 2013 y en 2014, frente a las subidas superiores al 5% de media registradas durante el período 2004-2012 e indicó además que las bajadas del recibo en 2014 a las que alude Industria, con datos de Red Eléctrica de España (REE), difieren de las subidas comunicadas por el Institutro Nacional de Estadística (INE) y por Facua debido a que estas dos últimas «no han tenido en cuenta» las devoluciones que se practicaron en el recibo a mediados del año pasado a los consumidores.

«Como ha reconocido el INE, en la medición no se ha tenido en cuenta una devolución a los consumidores por primera vez en la historia», afirmó el ministro, que añadió que «ii se incluye la devolución, esa discrepancia ya no existe».

Además, el titular de Industria defendió que el actual sistema de la luz genera «más seguridad» y recordó que el consumidor puede acogerse a tres modalidades (PVPC, contrato bilateral o contrato estándar).

En cuanto a la pobreza energética, Soria defendió que «la mejor política para frenar la pobreza energética es crear empleo», y aunque reconoció que «siempre se puede hacer más», el camino emprendido por el Gobierno «va en la dirección muy adecuada».

A su juicio, al igual que para la pobreza alimentaria, la mejor política para la pobreza energética es «dar oportunidades para que se puedan pagar los servicios básicos».

Preguntado por una posible disminución del IVA, Soria respondió que «no nos los hemos planteado», y recordó la existencia del bono social, con un 25% de descuento en la factura eléctrica para las familias vulnerables, y que «un 72% de españoles en enero ha tenido una disminución del 23% en el IRPF». Esto significa «tener más renta disponible para lo que se quiera, para combatir la pobreza energética, alimentaria u otro tipo de problema», agregó.

En declaraciones a la prensa tras inaugurar en Barcelona el III Simposio Empresarial Internacional Funseam, que este año lleva por título «Mercados y sostenibilidad para un sector energético competitivo«, explicó que «2015 ha empezado el mes de enero con menos viento y menos agua, que son energías más baratas pero tienen incentivos a la inversión superiores, pero eso no quiere decir que eso vaya a ser la evolución del precio de la electricidad de todo el año».

El ministro se refirió así al hecho de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en enero en una media de 51,6 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un repunte del 8,7% con respecto a diciembre de 2014, lo que presiona al alza la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Según Facua-Consumidores en Acción, la tarifa media de enero de 2015 situó el recibo de la electricidad del usuario medio en 79,62 euros mensuales, doce euros más que hace un año, lo que supone una subida en la tasa interanual del 17,7%.

El ministro resaltó que el precio de la electricidad disminuyó tanto en 2013 como en 2014, por lo que subrayó que «sólo al concluir el año podremos decir si ha disminuido o no», al margen de las oscilaciones a la baja o al alza que se vayan dando.

Soria aseguró que en enero el precio de la electricidad tuvo esa evolución «adversa» debido a las condiciones meteorológicas, que hicieron que entraran menos en juego la eólica y la hidráulica, como dijo anteriormente.

En la inauguración del simposio, el ministro afirmó que, desde que se inició Funseam hace tres años, todos los ámbitos del sector energético español han sido objeto de reforma por parte del Gobierno, «en algunos casos profunda», y que el Ejecutivo central va a persistir en la senda de las reformas para contar con un sistema eficiente y competitivo, con sostenibilidad ambiental, económica y financiera.

En ese balance más a largo plazo, Soria remarcó que los precios de la electricidad han comenzado a disminuir en los últimos años después de una década de aumentos, y apuntó que las reformas del Gobierno han permitido «encauzar» el déficit del sistema eléctrico y el del gasista, que era mucho menor.

«El objetivo del Gobierno seguirá siendo tener un sistema seguro, equilibrado entre fuentes energéticas y sostenible, pero también profundizar en el proceso reformista que nos permita seguir ganando competitividad, atrayendo inversiones, creciendo y creando empleo», sostuvo.

Directiva de eficiencia energética incumplida

En su discurso en el simposio, el ministro también argumentó por qué España incumple la directiva europea de octubre de 2012 de eficiencia energética en edificación, y consideró «una carga desproporcionada» las exigencias de reducción del 26,4% del consumo energético para España hasta 2020, con un objetivo para el país que lamentó que es «muy superior a la media de la Unión Europea».

Soria defendió que España ya hizo un esfuerzo hasta 2014 mayor que otros países en el pasado, asi como que este objetivo puede suponer «un extracoste» para la economía española y que las mayores exigencias europeas respecto a otros países desincentivan inversiones además de frenar la generación de crecimiento económico y empleo.

Soria señaló que España ya logró un ahorro del 23% respecto a los objetivos marcados hasta 2014, por lo que no se le puede pedir «más» que a otros países, sino «el mismo trato que el resto» de países, argumentó tras asegurar que España está comprometida con el objetivo de sostenibilidad y eficiencia energética.

El ministro recordó que la economía española cerró el año pasado con un crecimiento del 1,4%, y confió en que este año crezca «algunas décimas» más del 2%, que es el objetivo oficial marcado por el momento por el Gobierno para este ejercicio. «Entre los dos años, 2014 y 2015, habremos creado un millón de nuevos empleos en España», insistió.

Los precios de la energía deben ser «asumibles»

Por otra parte, el ministro aseguró que más allá de garantizar la sostenibilidad medioambiental del sistema energético español, también se debe poner el foco en hacer que los precios de la energía sean «asumibles» para familias y empresas, ya que si las importaciones de hidrocarburos suponen «un 99,5% del consumo» del país, ello liquida «el extraordinario balance neto del sector turístico en España».

Por ello, Soria volvió a justificar la apuesta del Gobierno por impulsar los «sondeos, las investigaciones o las prospecciones, sean de recursos convencionales o no convencionales, siempre y cuando haya operadores dispuestos a asumir el riesgo de este tipo de operaciones», dijo en referencia al gas no convencional, extraído mediante la técnica del «fracking».

Preguntado por la vía judicial que tomó el fallido proyecto del almacén Castor de almacén subterráneo de gas frente a la costa de Castellón, que se finiquitó con una indemnización millonaria tras verse inviable por los terremotos que produjo en la zona, Soria se mostró muy respetuoso con las acciones judiciales, aunque confió en que «todo se aclare», y sostuvo que en el Ministerio hay funcionarios ejemplares que están ahí dando un servicio público. Lo mismo dijo sobre el recorte de las primas a las renovables.

Respecto a si se sancionará a Repsol en caso de que no realice el segundo sondeo al que se comprometió en aguas cercanas a Canarias, el ministro comentó que primero la compañía debe plantear esa renuncia y luego «los servicios jurídicos del ministerio serán los que actúen».

El presidente de Funseam y de Enagás, Antonio Llardén, destacó la importancia de la interconexión de redes de gas y electricidad con Europa y resaltó que el precio de la energía es «fundamental» para la competitividad de la industria.

Funseam reunió a directivos del sector como los presidentes de Repsol, Antoni Brufau y de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró.

Esta denuncia trae causa de otra presentada en 2013 y que fue archivada por prescripción de la posibilidad de reclamar a las eléctricas este importe y considerar que estos hechos no constituyeron ningún delito, y se basa en la publicación en varios medios de comunicación de nuevos documentos que, a juicio de los demandantes, probarían delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tanto por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del actual Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Y es que ninguno de los dos gobiernos reclamó la realización de esta última liquidación, a pesar de que según los denunciantes el plazo para efectuar esa reclamación no prescribió hasta el año pasado.

Además, los denunciantes esgrimieron un borrador de orden ministerial sobre cómo realizar las liquidaciones y recuperar el dinero, así como sendos informes de la Asesoría Jurídica del Estado y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) instando al Ejecutivo a reclamar dichas cantidades.

El director general de la empresa renovable Geoatlanter, Jorge Morales de Labra, explicó, antes de la presentación de las firmas, que según la jurisprudencia de la Audiencia Nacional las liquidaciones del sector eléctrico no son firmes hasta que pasan cuatro años, y que no sería hasta ese momento cuando comenzaría el plazo de cuatro ejercicios hasta la prescripción. De esta forma, el plazo para reclamar importes de la liquidación de 2006 se alargaría hasta 2014.

Por eso, los denunciantes creen que el Gobierno podría haber reclamado la devolución del dinero hasta el año pasado, por lo que cuando presentaron su demanda inicial (sobre las puertas giratorias en el sector eléctrico) y su ampliación en relación con los CTC los presuntos delitos aún estaban en vigor.

«Todo esto lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía por si tiene a bien reabrir la investigación. Sería muy llamativo que, con todos estos documentos demoledores sobre la necesidad de exigir la devolución, considerara que no hay caso y lo archivara. Porque alguien tuvo que tomar la decisión de no reclamar el dinero», añadió Morales de Labra, que rechazó que éste sea un tema del pasado ya que aún hoy en día afecta a la competencia en el sector e impacta en los «desorbitados» precios que los españoles pagan por la energía.

«Regalo» a las eléctricas

La coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero, criticó el «regalo» de 3.400 millones de euros realizados a varias empresas eléctricas, que a su juicio es «responsabilidad» tanto del Gobierno de Zapatero como del de Mariano Rajoy, ya que ninguno de los dos ha «hecho nada para reclamar esta tremenda deuda» que podría haber evitado recortes en muchos servicios sociales.

«Esto es la punta del iceberg. Queremos que ese dinero no quede en el olvido, sino que se devuelva a los consumidores«, exigió, avanzando que a las cinco denuncias que ya hay presentadas contra España ante la Comisión Europea se sumarán otras dos «en breve» por temas relacionados con la eficiencia energética y las renovables.

Por su parte, la responsable de campañas de Avaaz en España, Patricia Martín, exigió saber si «hubo padrinos» en este «regalo» a las eléctricas» que constituye «la mayor estafa» desde el inicio de la Democracia. «Exigimos que el Gobierno y la Fiscalía actúen de oficio para llegar hasta el fondo de este asunto», apostilló.

«Estafa a dos manos»

El portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, coincidió en que ésta es «una de las grandes estafas de este país, cometida a dos manos por el Gobierno del PSOE en su momento y por el del PP actual» y «fruto de la doble moral del poder económico y político, que para los trabajadores y los ciudadanos dan austeridad y para el poder económico, regalos».

Joan Baldoví, diputado de Compromís, también reclamó un «esfuerzo» para dar a conocer este «escándalo», que equivale a «70 veces los millones de (Luis) Bárcenas en Suiza», y exigió que «el que ha regalado 3.400 millones de euros a los poderosos la pague y la pague bien» yendo a la cárcel.

El coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, destacó que esclarecer este asunto es básico para avanzar hacia un cambio de modelo energético basado en las renovables, y exigió asimismo que se devuelva a los ciudadanos el dinero que el «oligopolio eléctrico» se ha quedado.

Ramón Marcos, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, denunció que esta «estafa» es «una prueba más del capitalismo de amiguetes» que ha funcionado durante años en España, donde «los políticos de los viejos partidos, del PP y el PSOE, y los empresarios se han ido confundiendo año tras año».

Por su parte, la subsecretaria de Implantación de Ciudadanos, Marta Marbán, apoyó la petición de reapertura de la investigación porque «en una situación de crisis como la actual a quien hay que perdonar las deudas es a las familias que no pueden llegar a fin de mes y a los empresarios, pymes y autónomos que necesitan ayuda». «Las administraciones no deben estar para los amigos sino para la sociedad», apostilló.

«Que se vayan a la mierda»

Por parte de la Chunta Aragonesista (CHA), Chuse Inazio Felices se preguntó si la decisión de PP y PSOE de no reclamar este dinero «tiene que ver con que dos expresidentes estén en los consejos de administración de las empresas eléctricas» y aseguró que si la Fiscalía no reabre la investigación llevarán el asunto a Bruselas, porque podría constituir un caso de ayudas de Estado ilegales.

«Esto no quedará aquí», avisó, criticando que los Gobiernos, que tan diligentes son en investigar a los ciudadanos antes de concederles cualquier ayuda, no hagan lo mismo con las empresas eléctricas. «Recordando a nuestro diputado José Antonio Labordeta, cuando uno ve este diferente comportamiento con los ciudadanos y las empresas dan ganas de decirles otra vez que se vayan a la mierda«, zanjó.

Por parte de Podemos, su secretario de Política, Iñigo Errejón, lamentó que «cada vez más» los ciudadanos tengan que exigir una cosa «de sentido común» como que «se cumpla la ley», y criticó que PP y PSOE hayan «decidido perdonar las deudas a los que más tienen, a los privilegiados, al oligopolio de las eléctricas». «Cada vez que el Gobierno tiene que elegir entre ponerse del lado de los ciudadanos o de los privilegiados lo tiene inmediatamente claro», añadió.

Y es que, según recordó, en España «los únicos que no pagan sus deudas son los principales partidos políticos y las eléctricas», y señaló que no reclamar los 3.400 millones de euros supone una «estafa social» porque al mismo tiempo se decía que «no hay dinero» para necesidades de los ciudadanos; una «estafa democrática» en la que «una minoría se pone por encima del Estado de Derecho y secuestra las instituciones para ponerlas al servicio de sus intereses particulares»; y un «problema de ineficacia económica» porque esos millones podrían haber contribuido a reactivar la economía y el empleo.

Finalmente, en nombre de las organizaciones ecologistas incluidas en la Plataforma, se instó a los españoles a «cambiar» el modelo energético» basado en energías fósiles, que «está en el centro de la crisis energética, ambiental y social» actual.

Los CTC son una serie de pagos a las eléctricas establecidos durante la liberalización del sector eléctrico en 1997 para protegerlas de posibles caídas del precio del mercado, garantizando así que recuperarían los costes de inversión reconocidos en la legislación previa.

Sin embargo, una serie de subidas inesperadas de precios hizo que se abonaran cantidades de más en este concepto, alrededor de 3.400 millones de euros, que nunca fueron reclamadas por el Gobierno a pesar de que se iniciaron los trámites para ello en 2008.

Así, hace unos meses, Anticorrupción inició una investigación para determinar por qué no se habían reclamado esos 3.400 millones de euros y si esto podría constituir un delito, una opción que fue finalmente descartada, lo que llevó al archivo de las diligencias en diciembre del año pasado.

Esta subida es la mayor en un mes registrada por el consumo de electricidad desde el año 2010, después de que el año pasado ya se registraran algunos meses en positivo.

Por su parte, la demanda bruta alcanzó los 22.676 gigavatios hora (GWh), lo que supone un 2,8% más que en enero del 2014.

Asimismo, durante este mes se alcanzaron diversos máximos históricos, como el de potencia instantánea de producción de energía eólica, que alcanzó los 17.553 megavatios (MW) a las 19.27 horas del pasado jueves, un 2,9% superior que el anterior récord, anotado el 6 de febrero de 2013 con 17.056 MW.

Además, se registró el máximo de energía horaria, con 17.436 MWh entre las 19.00 y las 20.00 horas del jueves, lo que supuso un incremento del 3,1% respecto al anterior récord, de 16.918 MWh, registrado también el 6 de febrero de 2013.

No obstante, la producción de origen eólico en los 30 primeros días del mes alcanzó los 4.677 GWh, un 26,3% menos que en enero de 2013, representando el 20,8% de la producción total.

Asimismo, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 36,2% de la producción total. Por último, Red Eléctrica apuntó que el 57% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

En el primer mes del año, la nuclear es la tecnología con más contribución a la generación eléctrica, con un 22,6%, frente al 21,8% del carbón, el 20,8% de la eólica, el 10,6% de la hidráulica, el 9,9% de la cogeneración y otros y el 9,6% de los ciclos combinados.