«La electricidad es cara y lo seguirá siendo mientras se mantengan las políticas energéticas heredadas de muchos gobiernos anteriores», aseveró el presidente del ‘superregulador’.
En este sentido, Marín Quemada reconoció que reducir el precio de la electricidad es «muy difícil» porque requeriría «tomar decisiones impensables» desde el punto de vista político.
«El recibo de la electricidad en España muestra un precio muy alto como consecuencia de una política energética de muchos años atrás, que además nos ha dotado de una energía que, paradójicamente, no es de última generación», lamentó durante una comparecencia en el Senado.
A este respecto, apuntó a las inversiones realizadas en instalaciones de energías renovables y en ciclos combinados y señaló que «todo eso, todas esas decisiones, van al recibo de la luz y hacen que sea alto y reste competitividad a las empresas que tienen a la electricidad como uno de sus principales costes de explotación».
El presidente de la CNMC reconoció que el Ministerio de Industria trata, «con su mejor intención», de reducir el precio de la luz, y que se han dado pasos, como la disminución de las subvenciones a las renovables, pero apuntó que «quedan otros muchos más por dar». «Algunos, soy el primero en reconocerlo, son impensables desde el punto de visto político», añadió.
«Hay muchas posibilidades de mejora, pero deben de ser pausadas, prudentes y cargadas de reflexión desde el punto de vista de las demandas sociales», advirtió.
Durante su intervención en el Senado, el presidente del ‘superregulador’ alertó de que las «injustificadas» restricciones a la competencia que aún presentan muchos sectores de actividad pueden suponer un «freno a al crecimiento económico a medio y largo plazo».
El sector eléctrico es uno de estos sectores, a los que añadió el de la distribución de carburantes, la distribución comercial, el transporte ferroviario, la competencia entre los aeropuertos y los aprovisionamientos públicos.
Entre ellos, aseveró que «las compañías eléctricas y de distribución de hidroarburos están entre las prioridades de vigilancia y de supervisión de la CNMC, como no puede ser de otra forma».
Marín Quemada subrayó así la necesidad de reformar sectores de servicios profesionales para introducir competencia «sobre todo en la actual coyuntura económica».
«A pesar de que la economía ha comenzado a recuperarse, impulsar la competencia contribuiría a intensificar y hacer más duradero, sostenible y robusto ese crecimiento», defendió. «La competencia fomenta la innovación y contribuye a aumentar la tasa de crecimiento, la productividad, el empleo y el bienestar social», añadió.
«Tanto la regulación de competencia, como el cumplimiento de esa regulación se encuentran en el núcleo del problema del crecimiento económico a largo plazo y, por tanto, también está en el núcleo para su solución», sentenció, al tiempo que alertó de que «la iniciativa privada genera mucha riqueza, pero también puede caer en la tentación de confiarse y abusar del mercado o fijar precios, lo que supone una grave amenaza para la economía, los ciudadanos y las propias empresas».
La CNMC anuncia multas de hasta 60.000 euros a directivos que atenten contra la competencia
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) prevé comenzar a imponer multas de hasta 60.000 euros a los gestores y directivos de empresas que incumplan «reiteradamente» las normas de competencia o participen o intervengan en actuaciones prohibidas.
Estas nuevas sanciones se sumarán así a las que el ‘superregulador’ ya impone a las compañías que cometen infracciones contra la Ley de Defensa de la Competencia que, en el caso de sanciones muy graves, pueden ascender al 10% de la facturación de la empresa.
El ‘superregulador’ pretende «potenciar la capacidad disuasoria» que el régimen sancionador debe tener a la hora de evitar que las empresas incurran en prácticas anticompetitivas, según explicó el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.
En este sentido, durante su comparecencia en el Senado, Marín Quemada dio la «bienvenida» a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el régimen de sanciones del organismo, que clarifica que las multas de la CNMC deben calcularse sobre el volumen de negocio total de la empresa infractora.
«La sentencia determina con nitidez el marco en el que la CNMC debe basar su actividad sancionadora, de forma que ya es indiscutible cuál es el valor del negocio sobre el que se debe calcular», aseguró el presidente. «Es una responsabilidad que debemos ahora sacar adelante con responsabilidad, mesura y proporcionalidad», añadió Marín Quemada.
El presidente de la CNMC, recordando lo dictado en dicha sentencia, indicó que las sanciones que se impongan a las conductas ilícitas para la competencia «deben ser a la vez proporcionadas y disuasorias, de forma que su cuantía no permita que a la empresa le resulte económicamente rentable actuar en contra de la ley».
Asi, subrayó, que tras lo aclarado por el Alto Tribunal, las conductas en contra de la libre competencia de las empresas que sean tipificadas como ‘muy graves’ según la ley pueden afrontar multas de hasta el 10% de su volumen de negocio total.
