El TUE ve ilegal que los países graven la exportación de electricidad y avala un precio máximo para el butano

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Europa Press.- El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Evgeni Tanchev, avaló la fijación de un precio máximo en España para la bombona de butano y su distribución obligatoria como medidas de protección a los usuarios socialmente vulnerables. Asimismo, el TUE dictaminó que los Estados no pueden aplicar un impuesto a la exportación de la electricidad generada en su territorio puesto que este gravamen no está justificado por el objetivo de garantizar el suministro a nivel nacional.

La Justicia europea resuelve así la cuestión elevada por el Tribunal Comarcal de Bratislava, que preguntó al TUE si la tasa que había creado el país para gravar la exportación de electricidad producida en territorio eslovaco, incluida la que se vende a otros socios comunitarios, es contraria a la legislación europea. Este impuesto obligó a Korlea Invest, proveedor de electricidad eslovaco, el pago de un importe de alrededor de 6,8 millones, pero la firma impugnó este gravamen alegando que constituye una tasa equivalente a un derecho de aduana, cuya imposición está prohibida por el principio de libre circulación de mercancías.

En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo concluye que este impuesto constituye «una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana», tanto con respecto a la electricidad exportada a otro Estado miembro como a un territorio fuera del bloque comunitario. En concreto, sobre las exportaciones a países que no son comunitarios, el TUE subraya que los Veintiocho se han comprometido a aplicar una política comercial común «cuyo funcionamiento se pondría en peligro si se les autorizara a imponer unilateralmente exenciones de efecto equivalente a derechos de aduana«.

Por último, la Justicia europea remarca que la prohibición de que los Estados miembros impongan derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente «es una regla esencial del Derecho comunitario» sobre la que la legislación comunitaria «no establece ninguna posibilidad de excepción ni de justificación». En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que la tasa que Eslovaquia creó para gravar todas las exportaciones de electricidad generada en su territorio «no es compatible con el principio de libre circulación de mercancías».

Precio máximo para el butano

Por su parte, el Abogado General del TUE avaló el precio máximo para el butano al pronunciarse sobre la cuestión elevada a la Justicia europea por el Tribunal Supremo en julio de 2017. Se trata, sin embargo, de una opinión que no es vinculante, aunque las sentencias posteriores suelen seguir el criterio del abogado en la mayoría de los casos. El Supremo albergaba dudas sobre si la fijación de un precio máximo para el butano y la obligación de su suministro domiciliario, establecidos en la legislación española, son compatibles con la normativa europea y no representan un obstáculo a la liberalización del mercado. El Supremo debe pronunciarse tras un recurso contencioso-administrativo presentado por Repsol Butano.

Concretamente, el Supremo preguntaba si la normativa española es compatible con la europea a pesar de que la medida se adopta con carácter general para todos los consumidores y por un periodo indefinido. La medida se prolonga ya 18 años y podría coadyuvar a congelar la situación de escasa competencia al suponer un obstáculo a la entrada de nuevos operadores. El Abogado General, en sus conclusiones, ha recomendado al TUE que en su futura sentencia declare que la jurisprudencia europea no se opone a estas medidas del Estado español a pesar de que se produzcan alguna de las circunstancias que cita el Alto Tribunal español.

Cáritas urge a fijar un plan para salvar el planeta en la conferencia COP24 de la ONU sobre cambio climático

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Europa Press.- Una delegación de Cáritas Internationalis participa en las conversaciones de la ONU sobre el cambio climático (COP24) para pedir que los Gobiernos adopten objetivos «más ambiciosos» y «reemplacen los combustibles fósiles con energía renovable» para 2050. La COP24 avanza en la puesta en marcha del Acuerdo de París contra el cambio climático, que se firmó en 2015, con el reto de elevar la ambición para poder alcanzar los objetivos establecidos.

Las conversaciones deberán culminar con la aprobación de un plan para frenar el cambio climático durante la próxima década y abordar sus efectos devastadores en la vida humana, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y del agua. Para la red internacional de Cáritas, presente en 165 países y más de 200 territorios del mundo, el coste que el calentamiento global está suponiendo en términos de aumento de desastres naturales y riesgos de sostenibilidad medioambiental «es ya inasumible para las comunidades más vulnerables acuciadas por la pobreza».

Los delegados que participan en la Conferencia anual de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) esperan consensuar el Libro de Normas sobre la implementación del Acuerdo de París. Para Cáritas, el Libro de Normas también debe proteger los derechos humanos y hacer que las políticas climáticas nacionales estén abiertas a la gente. Además, se espera consensuar un nuevo marco para la acción mundial sobre el cambio climático, uno de cuyos artículos clave establece el objetivo a largo plazo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y, si es posible, a menos de 1,5 grados.

«Todos los días, somos testigos de los efectos del cambio climático en las personas pobres y vulnerables de todo el mundo. La equidad, la igualdad y la justicia intergeneracional deben ser los criterios guía para las nuevas políticas climáticas», subraya la responsable de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en Cáritas Internationalis, Adriana Opromolla. A su juicio, «la transformación es posible, pero se necesita voluntad política para que esto ocurra». Los países desarrollados han prometido una aportación colectiva anual de 100.000 millones de dólares a partir de 2020 a través del Fondo Verde para el Clima.

Limitar el calentamiento del planeta

El pasado mes de noviembre, el Grupo de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicó un estudio que analiza las diferencias entre que la ambición mundial se centre en limitar el aumento de la temperatura global en 2 grados centígrados o bien, si se da un paso más y el objetivo es reducir el calentamiento a 1,5 grados.

El copresidente del Grupo de trabajo I del IPCC, Panmao Zhai, destacó durante la presentación de resultados que uno de los mensajes fundamentales «arrojado de forma contundente» por el informe es que ya se están viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 grado con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios.

El informe del IPCC advierte de que para limitar el calentamiento a 1,5ºC se necesitarán transiciones «rápidas y de gran alcance» en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades y que será necesario que las emisiones netas globales de dióxido de carbono (CO2) disminuyan un 45% en 2030 respecto a los niveles de 2010 y alcanzar un balance de cero emisiones en 2050. «Limitar el calentamiento a 1,5°C es posible según las leyes de la química y la física, pero para ello se necesitarían cambios sin precedentes», destacó el copresidente del grupo de trabajo III del IPCC, Jim Skea.

La directora de la oficina española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, señaló que el Gobierno considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a una transición justa y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno en octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea “aplicable de manera urgente” y que se pueda medir “lo lejos” que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Avanzar hacia una economía descarbonizada

Asimismo, añadió que en la COP24 hay que hablar de “ambición” para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. “Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía“, manifestó.

La directora subraya que a postura y la ambición de España en la COP es “clara” y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció “claramente” que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030. Ha admitido que estos objetivos repercutirán en “todos” los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan “credibilidad, certidumbre” y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo.

A la cumbre asisten además de las delegaciones de gobiernos de todo el mundo, representantes de instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, la ONG SEO/BirdLife participa en calidad de observador en la COP24, donde exigirá la máxima ambición mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La ONG denuncia la creciente preocupación por los impactos del cambio climático y la falta de progreso en la reducción de emisiones a nivel mundial. «El mundo está todavía lejos de la senda correcta de descarbonización», ha advertido David Howell, de SEO/BirdLife.

La Comisión Europea ha hecho pública su propuesta por la que quiere eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, para lo que admite que se requerirán «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará «efectos positivos«. Howell ha recordado que ya se están sufriendo las consecuencias en todos los continentes, mares, culturas y países. «La Comisión Europea ha empezado a reconocer que los compromisos legales de nuestro continente ante este reto son insuficientes y desde SEO/BirdLife instamos a la Unión Europea y el Gobierno español a redoblar sus esfuerzos en las negociaciones y a prestar el máximo de apoyo a la Presidencia polaca en su difícil tarea», concluyó.

El precio de la gasolina y del gasóleo sigue a la baja y se abarata un 1,7%

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Europa Press. – El precio de la gasolina y del gasóleo ha proseguido su tendencia bajista y se ha abaratado un 1,7%, alejándose aún más de los máximos anuales que tocó a finales de octubre.

De esta manera,  el precio medio del litro de gasolina ha encadenado su sexto descenso consecutivo, tras abaratarse un 1,77% esta semana, situándose en los 1,272 euros, su nivel más bajo desde finales de abril, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Si se habla del precio del litro de gasóleo, cuya tributación prevé encarecer el Gobierno en 2019, estos días ha sumado su cuarta caída consecutiva, tras experimentar un descenso del 1,76%, para situarse en los 1,225 euros, su precio más barato desde finales de julio.

En este sentido, ambos carburantes se alejan algo más de los records anuales, y máximos desde finales de 2014, que habían tocado a mediados de octubre tras la espiral alcista en la que entraron desde agosto en relación a la subida en los precios del crudo.

Así, el precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba por debajo de los 58 dólares, mientras que el barril de Texas americano se intercambiaba a 50 dólares.

Aún así, el abaratamiento registrado en las últimas semanas por los carburantes no impide que sus precios acumulen un encarecimiento de casi el 2,4%, en el caso de la gasolina, con respecto a principios de año, y de más de un 6,8%, en el gasóleo.

La Asociación Española de Biogás (Aebig) defiende el gas renovable como solución energética de presente y futuro para la movilidad

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Europa Press.- La Asociación Española de Biogás (Aebig) ha defendido la introducción del gas renovable como solución energética de presente y futuro para la movilidad. La asociación, que agrupa a más de 20 empresas españolas del sector del gas renovable, entre las que se encuentran Nedgia y Naturgy Iberia, ha valorado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética «por su foco en el desarrollo de energías renovables y porque posiciona los gases renovables como vector de desarrollo de futuro».

Aebig señala que, de acuerdo con el anteproyecto de Ley, se habilita al Gobierno a aprobar mecanismos de apoyo al biometano y que permitan su inyección en la red de gas natural, que podrán ser financiados con los ingresos regulados del sector del gas natural. Por otra parte, destaca que el posicionamiento de movilidad sin emisiones directas de carbono en el ámbito de turismos y vehículos ligeros y el uso del biometano en la movilidad se contempla «como sin emisiones directas de dióxido de carbono».

El gas renovable es una energía inagotable con emisión nula de CO2 que es totalmente intercambiable por el gas natural, por lo que puede distribuirse a través de los más de 13.000 kilómetros de gasoductos de transporte que hay en España. En Europa ya existen más de 600 plantas inyectando a la red de gasoductos, mientras que en España hay una única planta en operación.

España destina como contribución voluntaria 450.000 euros a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución voluntaria con un total de 450.000 a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático. Así, se ha acordado destinar 200.000 euros al Fondo de Actividades Suplementarias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC), que es el principal instrumento internacional para atajar este problema global, así como al Acuerdo de París.

CMNUCC fue adoptada en 1992 (entró en vigor en 1994), y ha sido ratificada por 197 partes, incluida España, y su objetivo último es la estabilización de las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera. Además, el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, ha sido ratificado por 134 países hasta la fecha. Tras la cumbre de París se constituyó el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA), como órgano subsidiario adicional para el desarrollo de todos los elementos del Acuerdo.

Sus actividades se financian por las contribuciones obligatorias y voluntarias de sus miembros a través de dos fondos, el Fondo de Actividades Suplementarias, destinado a numerosas actividades relacionadas con los resultados de la negociación. También a través del Fondo de Participación destinado a financiar los gastos correspondientes a la participación de delegados de países en desarrollo en las reuniones de la Conferencia de las Partes y de los Órganos Subsidiarios. El presupuesto para el bienio 2018-2020 incluye las necesidades financieras del fondo de actividades suplementarias y el importe de la contribución voluntaria para el ejercicio 2018 es de 200.000 euros.

Por otro lado, el Gobierno ha autorizado la contribución voluntaria de 200.000 euros a la Comisión Económica para América Latina y Caribe para las actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCCC). Entre las actuaciones de cooperación de España en la lucha contra el cambio climático destacan las desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana de Oficina de Cambio Climático (RIOCC), en la que la OECC ejerce las labores de secretariado desde su creación en 2004 por mandato del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente.

En la misma línea, el Gobierno ha aprobado un acuerdo que autoriza la contribución voluntaria de 50.000 euros al Paternariado Internacional de Acción de Carbono. El Partenariado Internacional de Acción de Carbono (ICAP) es un foro internacional compuesto por gobiernos y autoridades públicas que han implementado, o prevén implementar, sistemas obligatorios de comercio de derechos de emisión para regular las emisiones efecto invernadero en el ámbito territorial que les compete.

ICAP funciona mediante programas de trabajo que se establecen para un periodo de dos años. Para cada actividad recogida en el programa de trabajo se estima un presupuesto asociado. Transcurrido un año desde el inicio de la aplicación del programa se valora la introducción de modificaciones. Los gastos de funcionamiento del secretariado de ICAP se han estimado en unos 650.000 euros/año. España destinará en 2018 un total de 50.000 euros.

España emitió 344 millones de toneladas de CO2 en 2017, tras aumentar un 12,2% en actividades vinculadas al sector energético

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Europa Press.- La economía española aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2017 en un 2,6% más respecto al año anterior y emitió en total 344 millones de toneladas de GEI a la atmósfera, según el avance de las Cuentas medioambientales publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la Cuenta de emisiones a la atmósfera: avance 2017 y año 2016 del INE, el año 2017 rompió la tendencia a la reducción de las emisiones que comenzó en 2008, cuando se emitieron 416,4 millones de toneladas de CO2 y que continuó, salvo en 2015 cuando hubo un “ligero repunte», hasta 2016, cuando la economía española emitió 335,1 millones de toneladas de GEI. Entre los principales GEI, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el Óxido nitroso (N2O), el primero, el CO2 registró un aumento de las emisiones en un 3,8%; las de metano, un 0,9% y el óxido nitroso, un 4,1%.

Suministro energético aumenta sus emisiones

Precisamente, según las cuentas del INE, las emisiones de CO2 fueron las que más contribuyeron a aumentar la tasa de variación anual y aportaron 3,116 puntos al crecimiento. Por el contrario, las de otros GEI, como los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de azufre (SF6) se redujeron en un 21% y tuvieron la mayor influencia negativa (-0,769 puntos). Por sectores, el suministro de energía eléctrica y gas fue el que más aumentó sus emisiones, con un 12,2%, seguido por las industrias extractivas, con un 6,6% más emisiones que en 2016. Los hogares también emitieron más, un 1%.

Por el contrario, el sector de la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca fue el grupo que más retrajo sus emisiones, en un 7,7%. Si bien, la industria manufacturera fue el que más GEI emitió, con el 24,7% del total; seguido por el 23,1% del total de emisiones que representa el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua y, el tercer puesto lo ocupan los hogares, con un 20,9%. En cantidades absolutas, la industria manufacturera emitió 77,8 millones de toneladas; los hogares 68,4 millones; el suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua (67,3 millones). En su conjunto, los tres sectores concentraron el 74,8% del total de emisiones de CO2 a la atmósfera.

B&B Hotels reduce sus emisiones

El grupo hotelero B&B Hotels ha anunciado que sustituirá el plástico por cartón en sus habitaciones y que con ello prevé evitar la emisión de 92 toneladas de Co2 al planeta, equivalente a 24 toneladas de plástico. La apuesta de B&B Hotels por el entorno se extiende también al conjunto de sus establecimientos. La construcción de los hoteles está pensada para generar muy poco mantenimiento, con un consumo energético mínimo.

Los establecimientos, que disponen de iluminación LED, cuentan con equipos de ahorro energético de altas prestaciones (climatización, calefacción y/o placas solares fototérmicas), además de cargadores para vehículos eléctricos de uso gratuito para sus clientes, formando parte de la red de Destination Charging de Tesla. Asimismo, la cadena hotelera apuesta por las energías limpias como en su B&B Hotel Valencia Paterna Aeropuerto, en el que redujo al mínimo el consumo de combustibles fósiles contaminantes, sustituyéndolos por una energía de origen solar.

Ribera asegura que la inversión en el almacén gasista Castor estaba avalada por técnicos y ella hubiera sido «irresponsable» oponiéndose

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que Castor fue una inversión avalada por 2 técnicos del Ministerio, por lo que hubiera resultado «irresponsable» por su parte oponerse al criterio técnico e, incluso, hubiera supuesto negarse a cumplir la legalidad. «Los técnicos tuvieron la cautela de introducir un sistema de seguimiento a tiempo real», explicó la ministra.

Según Ribera, este sistema funcionó, al haber alertado de los posibles riesgos que podían producirse y haber procedido a cesar el funcionamiento de la instalación. Por otro lado, Ribera ha cuestionado las «intensas» financiaciones públicas que se destinan a infraestructuras de gas, alegando que el futuro está en alternativas como las renovables y que las inversiones en fuentes de energía deben gestionarse «de otro modo».

Cataluña y el Tribunal Supremo

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha celebrado que el Tribunal Supremo haya sentenciado que los consumidores no tengan que pagar los costes de mantenimiento y operatividad de Castor correspondientes al 2015, según indicó la Consejería de Empresa y Conocimiento. El departamento ha explicado que el alto tribunal ha estimado un recurso presentado por Cataluña para evitar que los usuarios asumieran alrededor de 18 millones de euros de gasto generados por el almacén de gas, en referencia a los peajes y cánones de gas.

Ha indicado que la decisión del Supremo va en línea con la que tomó el Tribunal Constitucional en 2017, que también estimó un recurso de la Generalitat de Cataluña, y ha agregado que también ha impugnado las órdenes de peajes y cánones del gas que afectan a los gastos de 2016, 2017 y 2018 en la misma línea argumental que la de la sentencia actual.

El Supremo obliga a devolver los más de 17 millones percibidos por Enagás por el Castor en 2014 y 2015

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Europa Press.- El presidente de la patronal catalana Cecot, Antoni Abad, ha afirmado que el almacén subterráneo de gas Castor fue «una inversión fallida» después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que ha estimado un recurso contencioso-administrativo presentado por Cecot, obligando así a la devolución a los consumidores de gas de los más de 17 millones de euros percibidos por Enagás en concepto de operación y mantenimiento del almacén subterráneo de gas durante 2014 y 2015.

El Tribunal Supremo señala que «la Administración debe obrar en consecuencia para llevar a efecto ese pronunciamiento anulatorio y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la orden que se declara nula». A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional ya declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.

En concreto, el Supremo se refiere en esta nueva sentencia a los importes percibidos por Enagás por este concepto de operación y mantenimiento en 2014, durante el mes de diciembre, y en el año 2015. No obstante, el Alto Tribunal señala que siendo la devolución de las cantidades «una consecuencia natural del fallo, no procede sin embargo que haga un pronunciamiento específico en el sentido que se propugna, que no dejaría de ser hipotético, pues en el curso del proceso no ha quedado debidamente acreditado que efectivamente se hayan realizado pagos ni, por tanto, las fechas y cuantías de los que se hayan podido realizar».

Fuentes de Enagás indicaron que confían en que este tema «se resolverá con agilidad» ya que se refiere a costes auditados que corresponden a materias de seguridad. Asimismo, subrayaron que la compañía va a seguir realizando estas tareas «sí o sí, ya que se trata de un tema de seguridad y responsabilidad». En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un decreto de urgencia.

A finales de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, según consta en el informe de la liquidación provisional del sector gasista correspondiente a noviembre. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Aún así, el reconocimiento de los pagos a Enagás por esas labores de mantenimiento y seguridad del Castor podrían incorporarse por el Gobierno en una próxima orden de peajes del sistema gasista.

«Una inversión fallida» para Cecot

Por su parte, Cecot ha indicado que Castor fue una inversión «en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad» y ha criticado que se haya pagado un mantenimiento cuando no se ha puesto en marcha. Ha alertado también de la afectación a la competitividad del sector industrial, que consume más del 60% de gas, ya que el incremento de costes no supondrá una mejora en los servicios de suministro. La organización empresarial interpuso un recurso en 2015 para evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, asumieran el coste de compensación a la constructora y concesionaria de Castor.

A finales de abril de 2015, la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a tomar medidas para evitar que los españoles abonaran los 1.350 millones de euros de compensaciones y en 2017 el Tribunal Constitucional avaló la medida de la Eurocámara, argumento que ha usado la patronal en las demandas de impugnación de las distintas órdenes ministeriales publicadas a partir del Decreto-ley 13/2014. También mantiene la impugnación de las órdenes para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y espera que las sentencias también sean favorables y significaría que se debería reintegrar una cuantía de unos 200 millones de euros.

Cecot ha recordado que hay un estudio del INE, llamado Panorámica Industrial, que ha apuntado quea partir de 2016 el coste del Castor está perjudicando la continuidad de sectores como la industria extractiva, la manufacturera española y la química, entre otros, teniendo en cuenta que España es lo de los países de la Unión Europea con la energía más cara. El consumo de gas energético en la industria extractiva y manufacturera española es del 28%, mientras que en la química puede alcanzar el 43%.

Las organizaciones ecologistas ven bien la propuesta de Ley de Cambio Climático pero piden más ambición para reducir las emisiones

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Europa Press.- Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ven con buenos ojos que el Ministerio para la Transición Ecológica haya lanzado el documento base sobre el cual se elaborará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque «era urgente» aunque reclaman mayor ambición en el objetivo de reducir las emisiones de gases invernadero.

En una primera valoración hasta el análisis pormenorizado de la propuesta, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, señala que el plazo que plantea el Ejecutivo para dejar de matricular vehículos de gasolina, diesel o híbridos, es decir todos los que emitan CO2, es «poco ambicioso» porque precisamente el sector del transporte es el más emisor en España.

En todo caso, observa que en un futuro descarbonizado «no tienen ningún espacio» los vehículos contaminantes, puesto que la carretera es el principal emisor al que hasta ahora no se le puso coto. Por eso, pese a considerar que se podría ir a una mayor ambición, cree que con este planteamiento se envía un mensaje claro a la industria sobre lo que es «más conveniente».

«Los coches contaminantes son una tecnología obsoleta que, además de cambio climático, provocan otros muchos problemas en las ciudades», asegura. Añade que aún falta mayor concreción en el texto pero confía en que las medidas se darán a conocer en el Plan Nacional de Energía y Clima que espera ver pronto y en el que confía que haya «más ambición«.

Del mismo modo y sin profundizar en la valoración del texto hasta su análisis pormenorizado, el coordinador de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, celebra que las «primeras señales son positivas y van en la buena dirección» y ha destacado que el texto recoge «muchas» de las reclamaciones que la ONG planteó al Ejecutivo en una lista de propuestas. «Las señales son buenas pero, a primera vista, la propuesta no es tan ambiciosa como esperábamos en cuanto a reducción de emisiones. Animamos a los partidos a que de aquí hasta su aprobación los políticos se pongan a trabajar a favor de la ambición e intentar consensuar un buen texto», concluye.

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera que “el aspecto inicial es bueno. Suena bien e incluye propuestas interesantes que ahora debemos analizar». Asimismo, cree que el proceso de tramitación para que se llegue a un acuerdo de consenso será «rápido». En definitiva, pronostica que una vez se apruebe la Ley de Cambio Climático, el Gobierno marcará la línea a seguir, algo «muy importante» porque guiará a la sociedad y a los sectores económicos hacia donde van las cosas y por dónde deben continuar.

Insiste en que lo que han podido conocer del texto o borrador «tiene buen aspecto» e incluye propuestas interesantes. «La Ley es la música y el Plan nacional de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa son la letra», compara. Por último, el responsable de WWF ha apuntado que «lo recibimos bien. El Gobierno lleva poco tiempo y ha trabajado rápido». Las ONG ambientales forman parte del Consejo Nacional del Clima al que se presentará formalmente el borrador del texto para que puedan aportar sus comentarios y sugerencias.

La subasta de interrumpibilidad de diciembre volverá a ser sólo para el primer semestre y pondrá 2.600 MW en juego

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Europa Press.- La asignación del servicio de interrumpibilidad para el primer semestre del año próximo se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre, con una subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para grandes consumidores de electricidad. La subasta de estos 2.600 MW se llevará a cabo en diferentes lotes entre dichos días del próximo mes de diciembre, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Hace unos días, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció el lanzamiento «antes de finales de año» de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de dióxido de carbono (CO2).

Todo ello tras el anuncio de Alcoa del cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. La compañía ha prolongado el plazo para negociar el ERE de extinción y ha aceptado negociar con el Gobierno la venta de estas plantas a «la mejor inversión«. Además, confirmó que acudirá a la subasta de interrumpibilidad en una reunión con trabajadores de la factoría asturiana de Avilés.

En la última subasta, celebrada en mayo y correspondiente al segundo semestre de 2018, se asignaron, a través de Red Eléctrica, la totalidad de los 2.600 MW que se subastaron en 25 bloques de 40 MW y 320 bloques de 5 MW. El precio medio de asignación fue de 174.174 euros por megavatio y año para los bloques de 40 MW, mientras que se situó en 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía fueron de 200.000 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 150.000 euros/MW y año para los de 5 MW.