La citada ONG informó de que los países africanos rechazan proseguir las conversaciones a menos que el compromiso para un segundo período de Kyoto se sitúe en el centro del debate.

Desde la ONG destacan las reticencias de las naciones ricas, encabezadas por Australia y Japón, a la hora de discutir la prohibición legal de emisiones, «lo que ha llevado el caos a la cumbre».

Los países pobres pretenden que se fije un objetivo serio de reducción de emisiones, explica Oxfam, mientras que «las naciones desarrolladas intentan retrasar la discusión sobre el único mecanismo que tenemos para conseguirlo: el Protocolo de Kyoto».

En opinión del director ejecutivo de la ONG, Jeremy Hobbs, «África ha tirado del freno de emergencia hoy para evitar que el tren descarrile definitivamente al terminar la semana».

«No se trata de bloquear la cumbre, sino de asegurar que los países ricos garantizan su acción contra el cambio climático y a favor de la supervivencia en África y en el resto del mundo», añadió.

Con todo, Oxfam asegura que antes de la suspensión formal de negociaciones éstas se encontraban ya estancadas, pues «hasta ahora los países ricos no se han mostrado dispuestos a ceder ni en financiación climática ni en metas de limitación de emisiones y, además, los actores principales tampoco quieren hablar sobre la naturaleza jurídica del acuerdo que resultará de la cumbre».

La ley se limita a regular la actividad de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, y sólo contiene previsiones puntuales en relación con la captura y el transporte.

En relación con la captura, las instalaciones dedicadas a esta actividad se someten a la normativa sobre control integrado de la contaminación, por lo que necesitarán obtener la correspondiente autorización ambiental integrada, y quedan sujetas también a la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. Además, se contempla que las redes de transporte por tubería deban someterse a declaración de impacto ambiental.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino recuerda que el Panel Intergubernamental de expertos contra el cambio climático (IPCC) contempla estas tecnologías entre las medidas que se pueden adoptar para la reducción de emisiones.

En su tercer informe de evaluación, el IPCC señalaba la necesidad de una combinación de opciones tecnológicas de mitigación para lograr las reducciones necesarias. La captura y almacenamiento de carbono sería, en su opinión, una opción apropiada para los países que tienen un número considerable de fuentes de CO2 adecuadas para la captación, acceso a lugares de almacenamiento y experiencia en actividades con petróleo y gas, y que necesitan cumplir sus objetivos de desarrollo en un entorno en el que el carbono está restringido.

España se encuentra en este supuesto, por lo que Medio Ambiente cree que el empleo de esta técnica «puede contribuir a hacer posible la consecución de sus objetivos en materia de cambio climático».

La captura y almacenamiento de carbono consiste en captar el dióxido de carbono emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y finalmente inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada, con vista a su almacenamiento permanente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que «no están determinados los sitios» en los que se ubicarán estos almacenes.

Según dijo, «se está hablando con las comunidades autónomas para buscar los lugares donde se puedan establecer los centros de almacenamiento», e insistió en que, «desde luego, se hará respetando todas las normas de impacto ambiental para garantizar la seguridad».

No obstante, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para declarar «zona de reserva provisional a favor del Estado» la comprendida en el área denominada «Asturias Centro», situada en el Principado de Asturias y parte de la plataforma continental, y cuyo perímetro delimita una superficie de 31.040 cuadrículas mineras.

Dicha zona se dedicará a la exploración de recursos de la «sección B», que comprenden estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono (CO2).

La exploración de esta zona de reserva será realizada por Hunosa, de acuerdo con el programa general de exploración aprobado. La zona de reserva a favor del Estado tendrá una vigencia de un año, un plazo que será prorrogable por orden ministerial si las circunstancias lo aconsejan de acuerdo a los resultados obtenidos.

Recientemente, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, explicó que «el texto que salió a información pública» hace meses ha requerido «la introducción de más matices», por lo que «se ha ultimado una nueva versión donde queda mejor resuelto».

La intención del Gobierno era que el texto pasara por Consejo de Ministros y enviarlo posteriormente al Consejo de Estado para que «entre enero y principios de febrero pueda remitirse a las Cortes».

Greenpeace: «Los almacenes de CO2 bajo tierra son caros e implican riesgos»

Las tecnologías para la captura y almacenamiento de CO2 generan «elevados costes» e implican «graves riesgos», según Greenpeace, que alerta de la posibilidad de que se produzcan fugas en los depósitos geológicos que albergarán este gas e, incluso, «se pongan en peligro vidas humanas».

Según dijo la ONG, entre sus «riesgos medioambientales» se encuentra la posibilidad de que se produzca una «emisión lenta y a largo plazo» de CO2 en los lugares de almacenamiento, a través de fallas y grietas geológicas, o de fugas puntuales, con el consiguiente «escape a gran escala» de dióxido de carbono por grietas en los pozos de inyección.

Los ecologistas señalan también la posibilidad de que se produzcan escapes de CO2 en las aguas subterráneas poco profundas o de que «se liberen otros gases y materiales nocivos capturados con la corriente de dióxido de carbono». Greenpeace cree que si el CO2 de estos depósitos alcanza la superficie y las concentraciones son elevadas, «se pondrían en peligro vidas humanas».

Por otra parte, critican su «elevado coste» ya que, según estima Greenpeace, «supone un aumento del 40 al 80% de los gastos de generación de energía respecto de los gastos de las centrales eléctricas convencionales«, dependiendo de la localización de las instalaciones y el lugar del almacenaje, el transporte y la tecnología de captura utilizada.

La posibilidad de realizar también almacenamiento de CO2 en océanos podría, según indican, «acelerar enormemente la acidificación (reducción del pH) de grandes áreas», lo que «sería perjudicial para muchos organismos y ecosistemas enteros».

Los ecologistas se oponen a que se dé «prioridad financiera o política» a esta técnica, frente a «soluciones reales como la promoción de las energías renovables o de la eficiencia energética».