Así se recoge en la propuesta de orden ministerial para la revisión de las tarifas de acceso remitida a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Según fuentes del mercado, este aumento en los peajes de acceso supondría un incremento de en torno al 4 por ciento de la tarifa de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y a la que pueden acogerse 26,8 millones de hogares y pymes.

Además, en julio el IVA que se aplica en el recibo de la luz se elevará del 16 al 18 por ciento.

En el cálculo de la TUR influyen los peajes de acceso los impuestos y el resultado de las subastas CESUR para la adquisición de la energía, que, según los expertos, arrojarán un precio superior al de las celebradas para establecer la tarifa del primer semestre.

El borrador de Orden fija un incremento de los peajes del 10% para la baja tensión (hogares y pequeños negocios), del 5% para la alta tensión del escalón 1 (industria en zona urbana) y del 0% para el resto de la alta tensión (grandes consumos).

Entre otros conceptos, los peajes retribuyen elementos regulados como las primas a las renovables o el déficit de tarifa que se genera porque los ingresos obtenidos vía recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema.

En la propuesta, el Gobierno añade que las condiciones económicas del primer trimestre obligan a revisar al alza las previsiones de demanda para 2010 realizadas en diciembre de 2009.

Así, este año se cerrará con un incremento de la demanda eléctrica del 1,5% respecto a 2009, según el documento, en el que se considera que el consumo será un 2,25% superior al previsto en diciembre del año pasado.

Por otra parte, la Orden establece una previsión final de costes de actividades reguladas para el conjunto del año de 13.090 millones de euros, mientras que los ingresos de acceso se cifran en 13.100 millones de euros, lo que arrojará un «superávit» de 10 millones de euros.

Sin embargo, en la orden sobre peajes que entró en vigor en enero se establecían unos costes por actividades reguladas de 16.050 millones -con unas primas al régimen especial de 5.888 millones de euros- y unos ingresos de 13.784 millones.

El Gobierno, que actualmente trabaja en la revisión del sistema a las primas a las renovables había fijado para este año que el déficit de tarifa eléctrica no podía superar los 3.000 millones de euros.

La tarifa de la luz depende de las subastas de energía

No obstante, el Ministerio de Industria insistió en que no puede dar cifras sobre cuál será la evolución de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) en julio, ya que aún no se han celebrado las subastas CESUR para la adquisición de la energía, que se harán a finales de mes.

Fuentes del ministerio recordaron que, además, se van a introducir «mejoras técnicas» en los mecanismos que rigen estas subastas, al tiempo que se estudia rebajar su periodicidad (actualmente semestral) con el objetivo de que los consumidores paguen el menor precio posible.

Además, Industria ha decidido eliminar de la factura el pago por el alquiler de los contadores analógicos, que son los que tiene la gran mayoría de los usuarios y que suponen en torno al 1,4% del recibo.

Las asociaciones de consumo rechazan la subida de la luz de julio

Por su parte, las principales asociaciones de consumidores han mostrado su total oposición a la posible subida de la luz propuesta por el Gobierno para el próximo mes de julio porque, en un momento de crisis como el actual, esta una medida es «del todo inaceptable» para las familias.

Este incremento de precios no afectaría, sin embargo, a los grandes consumidores (cementeras, químicas o siderúrgicas), tal y como precisa la propuesta de orden ministerial remitida por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El portavoz de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), Antonio López, ha manifestado que «si finalmente este aumento del precio de la luz es aceptado por la CNE», será «absolutamente inaceptable que, en un momento de crisis profunda y con una inflación que no llega al uno por ciento, se penalice así a familias y pequeños consumidores«.

«Es una afrenta en toda regla, en este momento de crisis. Si la subida rondase la inflación o incluso estuviera unas décimas por encima del IPC, podríamos estar de acuerdo, pero en ningún caso podemos aprobar una subida del diez por ciento porque es una cifra del todo descabellada», ha advertido.

En la misma línea, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha rechazado frontalmente una subida de la luz por encima del IPC porque, en estos momentos, cualquier aumento superior a esa cifra es «un golpe directo a la línea de flotación del consumidor».

Tras recordar que en este contexto de crisis, «con expectativas de mejora aún muy lejanas, una subida en un servicio básico como la luz, aunque sea en la tarifa de acceso, es un golpe importante para los bolsillos, que además coincidirá con el aumento del IVA de julio y puede que a algún otro incremento fiscal» y, de confirmarse este incremento, se trataría de «una subida grandísima, por encima del IPC.

La portavoz de la OCU ha advertido además de que este aumento aplicado en la tarifa de acceso repercutirá sobre muchas personas que han traspasado su contrato a compañías liberalizadas y que «no saben que estas empresas actualizan sus precios con las tarifas de acceso y no con las de último recurso».

Por eso, la OCU hace un llamamiento a los consumidores no acogidos a la TUR (por lo tanto, con un contrato en el mercado libre) para que revisen sus contratos y vigilen el incremento de precios.

A juicio de esta organización, «la liberalización ha servido de poco, porque no ha mejorado ni la calidad ni el precio de la electricidad, que, eso sí, sigue un ascenso imparable de precios«.

Para la OCU, antes de aprobar una tarifa de la luz, es necesario hacer una reflexión «clara» del déficit tarifario, «para ver cuánto cuesta la generación de cada kilowatio, porque no cuesta lo mismo si procede de energía nuclear, eólica o hidráulica, y aclarar y hacer transparente esa factura».

También la Unión de Consumidores de España (UCE) ha criticado la subida de la tarifa eléctrica que prevé aprobar el Ejecutivo y considera que este hecho refleja que «no hay competencia» en el mercado, sino que es «un mercado intervenido por el Gobierno y demuestra el fracaso de la liberalización del sector eléctrico».

UCE estima que la propuesta remitida por el Ministerio de Industria a la CNE «no es una buena noticia» para los ciudadanos.

«No es de recibo esta subida en pleno debate fotovoltaico, de las renovables y en general sobre el sector eléctrico. La incertidumbre la pagan las familias frente a sectores primados«, afirma la organización.

Ante ello, propone la constitución de una mesa de reflexión sobre el mercado eléctrico con la participación de los consumidores en igualdad de condiciones con el sector para buscar «un mercado libre y en competencia».

Por último, la organización de consumidores Facua considera que una subida del recibo de la luz como la que el Ministerio de Industria ha planteado a la CNE demuestra que «al Gobierno le interesa más la cuenta de resultados de las eléctricas que la economía de los consumidores».

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, se posicionó en contra de esta propuesta, más aún «teniendo en cuenta la coyuntura económica que atraviesan los hogares y que las eléctricas no están atravesando ninguna grave crisis».

De aprobarse finalmente, este incremento, sería «especialmente lesivo al coincidir con el del IVA», agregó. «Se suponía que, tras la liberalización del sector, los precios iban a ser más atractivos y competitivos. No es así y, pese a ello, el Gobierno sigue aprobando subidas«, dijo Sánchez.

El portavoz de Facua expresó su preocupación por la marcha de la liberalización eléctrica. «Parece ser que la apuesta del Ministerio es aplicar grandes subidas en la TUR haciéndola, poco a poco, cada vez menos atractiva, de forma que sea tan cara que, en comparación, las tarifas del mercado libre parezcan mejores, aunque sean altas», dijo.