El Gobierno no ve riesgo de multa de Bruselas por el conflicto por los peajes eléctricos con la CNMC

Europa Press.- El Gobierno no ve un «riesgo de multa» por parte de la Comisión Europea por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad ya que considera que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que se están trabajando con Bruselas «con textos concretos» al respecto y que existe con la Comisión Europea un «diálogo constructivo». Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo «era correcta», aunque consideró que actualmente existe «una discusión a nivel europeo» respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Se sigue el modelo francés

En concreto, Navia indicó que el conflicto se refiere a los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros del total de 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Por ello, adelantó que se ha presentado un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía señaló que actualmente no existe ninguna «notificación oficial» por parte de Endesa para cerrar sus centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), y destacó que ambas plantas «están realizando una aportación positiva» al sistema eléctrico español en un contexto de sequía y de tensión en Europa. Navia insistió en que el objetivo del Gobierno con el real decreto para el cierre de centrales es que exista «una regulación específica» al respecto y subrayó que esta normativa no está dirigida solamente a las plantas de carbón sino «a cualquier tipo de tecnología».

De esta manera, recordó que la intención del Gobierno es trabajar en la tramitación de este proyecto, para el que quiere contar con «el mayor apoyo», a pesar de que determinados pronunciamientos que se realizan por distintas formaciones políticas «no contribuyen a ello». «Exigen el cierre de las centrales de carbón y creo que eso genera una situación de incertidumbre que no facilita la continuidad de estas centrales», concluyó Navia.

Unidos Podemos denuncia ayudas encubiertas a la industria con la interrumpibilidad y pide abaratar su coste y limitar la potencia

Europa Press.- Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso limitar el valor máximo de las retribuciones de la interrumpibilidad, fórmula por la cual las grandes industrias detienen su producción en momentos de tensión en el sistema eléctrico, así como reducir el volumen de potencia interrumpible. En este sentido, la portavoz de Podemos En Marea, Yolanda Díaz, destaca que el coste de la interrumpibilidad en España es «a todas luces exagerado» y con un volumen de potencia «innecesario».

Durante toda la iniciativa, Díaz realiza una comparativa entre la gestión que realizan de este recurso países europeos por cuyo tamaño España debe compararse, como Francia, Alemania e Italia, concluyendo que España, a pesar de tener menor riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad casi tanto como Italia (el país que más lo hace), pero abonando mucho más que el resto de países de su entorno.

Díaz señala que si en 2016 en España se adjudicaron 2.895 megavatios (MW), con un coste de medio de 173.920 euros/MW, y un coste total de 503,5 millones de euros, los consumidores españoles pagaron por este recurso más que los abonados por Alemania, Francia e Italia juntas. Así, señala que la máxima retribución en Alemania en 2016 hubiera supuesto 39 millones de euros, en Francia 96 millones y en Italia 297 millones. Sumados todos juntos contabilizan 432 millones de euros, casi 100 millones menos que los 503,5 millones que España desembolsó en concepto de interrumpibilidad.

Todo ello a pesar de que, según sostiene en la iniciativa Yolanda Díaz, España contrate un mayor volumen de potencia que todos los países, menos Italia, a pesar de registrar puntas de demanda inferiores (40,5 GW frente a los 87 GW en Alemania, los 88 GW en Francia o los 54 GW en Italia). «Resulta sorprendente que el sistema eléctrico español necesite el doble de potencia interrumpible que Francia o Alemania, con puntas de demanda muy superiores, y solo algo menos que Italia, con una punta de demanda superior», destaca.

Realizando una comparativa entre la punta de demanda anual y la potencia instalada, aunque sin tener en cuenta la disponibilidad de las diferentes tecnologías, se «da una idea de la probabilidad de tener que recurrir» a la desconexión por la falta de energía, España ocupa el último puesto en este coeficiente de riesgo. Todo ello lleva a la diputada a concluir que el sistema de interrumpibilidad no deja de ser una forma de compensar a las industrias electrointensivas. «La causa última de estas distorsiones está en que es, en realidad, una mezcla de herramienta técnica y de ayuda a la industria general, pero de forma particular a la electrointensiva», argumenta.

Unas ayudas de las que, si bien Díaz no rechaza su existencia, critica que se carguen sobre los consumidores. Por ello, aboga por que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con carácter trienal, al amparo de las directivas europeas sobre ayudas a la protección medioambiental, y con el fin de compensar el apoyo a la energía renovable y a la colaboración con la transición energética condicionadas, eso sí, en determinados supuestos.

También llama a reformar la gestión de la interrumpibilidad con el fin de que «responda estrictamente» a necesidades derivadas de la seguridad del sistema, flexibilice las condiciones de ejecución para que, además de cubrir situaciones de emergencia, «sea efectivamente un sistema de gestión de la demanda», y habilitar mecanismos de recompra para que los adjudicatarios de potencia puedan cancelar sus obligaciones de reducir la demanda.

Por otro lado, pide que la adjudicación se pueda realizar con carácter anual, mensual o semanal, se garantice la retribución y volumen de potencia máxima por un período de 3 años, y que todos los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos. Aunque el resto de países también cuentan con un mecanismo de subasta, España es el único donde esta subasta es presencial, sin que esta circunstancia se justifique en la normativa que regula estas subastas, gravándose su coste, con el consiguiente despliegue de instalaciones, equipos y desplazamiento a la sede de la subasta, a la factura de los consumidores.

Facua pide al Gobierno poner fin a la comercialización de luz y gas en los domicilios a puerta fría

Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción insta al Gobierno a poner en marcha las iniciativas legislativas «necesarias» para prohibir la comercialización puerta a puerta desarrollada por muchas compañías de luz y gas para ofrecer supuestos descuentos que «acaban inflando las facturas de los usuarios».

En concreto, la asociación ha remitido un escrito a los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Sanidad, Dolors Montserrat, competente en consumo, en el que pide tomar estas medidas y advierte de que resultan especialmente gravosos para los usuarios «los cambios fraudulentos» del mercado semirregulado, el denominado PVPC en electricidad y TUR en gas, al mercado libre. Facua advierte de que tras estas prácticas, conocidas como comercialización a puerta fría, hay «un fraude» masivo por el que los comerciales acuden a los domicilios de los usuarios para cambiarles sus contratos «mediante todo tipo de engaños, ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas«.

En 2016 la asociación trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denuncias de 270 usuarios de toda España que habían sido víctimas de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas. La CNMC ha sancionado a varias compañías por este tipo de fraudes y en la actualidad analiza los casos denunciados por la asociación, añadió Facua, que reclama al Gobierno que actúe para eliminar «una práctica agresiva que deja desprotegidos a los consumidores ante los abusos y ofertas engañosas que reciben con estas visitas«.

Facua señala que ha contabilizado hasta 17 tipos de engaños para realizar las modificaciones contractuales. «En muchos casos, los comerciales ni siquiera aclaran a los usuarios que les están ofertando otras tarifas, sino que les hacen creer que tienen que firmar un documento para autorizar a su compañía al cambio o reparación del contador, a la aplicación de un descuento o a actualizar su contrato porque el vigente ya no se ajusta a la ley», añaden.Además, advierte que con el cambio al mercado libre los usuarios con bono social pierden el derecho a este descuento, «agravando su situación económica”.

De todas maneras, algunas compañías ya han adoptado medidas para intentar atajar las malas prácticas en esta comercialización puerta a puerta.Así, por ejemplo, Gas Natural Fenosa ha inhabilitado este año a un total de 190 vendedores por llevar a cabo malas prácticas comerciales en la venta presencial a clientes, lo que supone el 4% de sus comerciales acreditados, y ha puesto en marcha un teléfono gratuito (900649243) donde los clientes pueden consultar si el vendedor tiene la acreditación en vigor y si las ventajas de las ofertas que ofrece se corresponden con la realidad.

Narbona afirma que la sustitución de las centrales térmicas de carbón por energías renovables reduciría el precio de la electricidad

Europa Press.- La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido que en España «no hay un problema de precios» de la energía y que, «en contra de lo que dice el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el cierre de las centrales térmicas de carbón en nuestro país y su sustitución por energías renovables supondría una reducción en el precio de la electricidad».

La exministra ha lamentado que el mercado eléctrico español «en absoluto es el idóneo para el desarrollo masivo de las energías renovables», que es «lo que necesitamos impulsar». En este sentido, ha manifestado que el mercado eléctrico estatal se ha construido «de acuerdo con las energías que dominaban el mix en nuestro país y con la distribución del poder económico propia de los combustibles convencionales, energía nuclear, petróleo, carbón o gas, y para la utilización de estas energías son necesarias muy importantes inversiones para la construcción de las correspondientes plantas, para mantener el proceso dentro de límites de control del riesgo, en el caso de la nuclear» y en manos de «pocas empresas poderosas económicamente».

Narbona ha destacado que este modelo «sobrerretribuye» el precio de las energías fósiles y de la electricidad en España, situándolo «entre los más altos de Europa», pese a que nuestro país es «excedente» en su capacidad de generación de electricidad, y así hay «muchísimas plantas de ciclo combinado que están paradas«. En este contexto, asegura que en España «no hay en absoluto un problema de precios, como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el supuesto de que se eliminen gradualmente las plantas de carbón o las centrales nucleares».

Narbona aseveró que está demostrado que, «en contra de lo que dice Nadal, no solamente no subiría el precio de la electricidad con el cierre de las centrales térmicas de carbón, sino que, si se sustituyen por energías renovables, habría una reducción en el precio de la electricidad». Al respecto, ha sostenido que cualquier transición energética «seria» en España requiere de una «reforma en profundidad» del mercado energético, de manera que cuente «con un sistema diferente de formación de los precios que permita la entrada de las energías renovables sin provocar desajustes en el sistema».

Además, ha censurado que España es el único país de Europa donde se está «penalizando» el autoconsumo de energía, en lugar de estimularlo como promueve la Comisión Europea. Narbona ha abogado así por un mercado energético que favorezca el autoconsumo, las renovables, para lo cual «las subastas energéticas deberían de ser por tecnologías» y que vaya prescindiendo «de manera gradual» de la energía nuclear, de manera que la vida de las centrales nucleares no se prolongue más de 40 años.

Por otro lado, Narbona ha apostado por que la futura Ley de cambio climático y transición energética contemple horizontes a 2030 y 2050 con revisiones cada 5 años, para ver cómo se cumplen los objetivos que se establezcan, que contemple una fiscalidad que incentive el abandono «gradual» de los combustibles fósiles y un fondo para la transición «justa» en las comarcas más afectadas por el cambio en el modelo energético.

Sobre esta cuestión, ha recordado que el PSOE ha propuesto que si se creara, como propone el Gobierno central, una figura de «pago por capacidad» a las centrales térmicas o nucleares que considere que no tienen que cerrarse, algo que va «en contra de los criterios» de la Comisión Europea y que es «inviable desde el punto de vista jurídico», esa figura «en todo caso beneficie exclusivamente al carbón autóctono, en ningún caso al importado«. Además, ha apostado por adoptar medidas «concretas de transición justa en las comarcas afectadas con centrales térmicas y nucleares» y ofrecer «nuevos puestos de trabajo con la formación requerible» para que los trabajadores de estas infraestructuras puedan cambiar de actividad.

Por ejemplo, sugiere la celebración de subastas de energías renovables en esas comarcas para «ir reconstruyendo tejido productivo asociado a la transición energética y garantizando empleo y bienestar en esas zonas» y lamenta que el Gobierno central del PP «dice no» a esta propuesta porque «no le importa en absoluto la minería del carbón», pero sí lo hace para «mantener el parque nuclear con una compensación económica que las grandes eléctricas le vienen pidiendo de manera explícita desde hace años».

En este contexto, Narbona ha lamentado la «posición nefasta» del Gobierno central en la negociación paquete de invierno, medidas planteadas por la Comisión Europea sobre política energética, ya que «no quiere aceptar» el incremento hasta el 35% del peso de las energías renovables respecto al consumo final de energía para 2030, algo que, a su juicio, es «absolutamente viable«. Por otro lado, ha opinado que España debería incorporar la obligación para las empresas cotizadas de presentar un informe anual «sobre sus riesgos financieros de origen climático», es decir, los «asociados a sus inversiones en sectores de combustibles fósiles», algo que «ya se está dando en Reino Unido y en Australia».

También ha propuesto consensuar «a escala europea» la fiscalidad sobre CO2 ya que esto «sería de mucha utilidad» y proporcionaría «un paraguas a todos para desarrollar la fiscalidad adecuadamente», así como «instrumentar exigencias claras» en la política de compras públicas, que representan el 20% del PIB, no solo en lo relativo a la energía sino también, por ejemplo, en lo que se refiere a la alimentación en la escuela pública».

Además ha incidido en la necesidad de generar «pautas de consumo sostenibles» y apoyar a los países en desarrollo para facilitarles el acceso a las energías renovables. Finalmente, Narbona ha opinado que la «planificación de la transición energética» desde las administraciones públicas debe permitir una «gradualidad» para que sea «lo menos traumática posible». Por su parte, el diputado foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, destacó que el cambio climático «va a incidir en nuestro día a día» y Guipúzcoa «debe prepararse para hacer frente a este desafío».

Energía aprueba el nuevo plan invernal, que eleva de 2 días a 3,5 días las exigencias de almacenamiento de gas

Europa Press.- El Ministerio de Energía ha aprobado el plan de actuación invernal de este año para la operación gasista, que eleva la obligación de exigencias de almacenamiento de gas para los operadores a 3,5 días, frente a los 2 días anteriores. En la elaboración de este plan se han tenido en cuenta «las tensiones producidas en el mercado gasista durante el invierno 2016-2017 como consecuencia de las olas de frío y del incremento de la demanda de gas para generación eléctrica».

De esta manera, se ha incrementado un 75% el volumen de reservas que se han de aportar, pasando de los 2 días que hasta ahora estaban establecidos a 3,5 días de la capacidad contratada. Asimismo, se ha establecido un mecanismo flexible para la movilización de la reserva invernal, previa nota de la operación del Gestor Técnico del Sistema (GTS), Enagás, que permite que cada usuario emplee el volumen autorizado en función de sus necesidades, favoreciendo la libre actuación del mercado.

Finalmente, se establece una exención para aquellos usuarios para los que la suma de obligaciones de suministro sea inferior a 15 gigavatios hora (GWh), debido a que en su mayor parte se abastecen directamente en el punto virtual de balance (PVB), y no realizan habitualmente operaciones en las instalaciones en las que se requiere constituir las reservas. Se trata de otra más de las medidas adoptadas por el Gobierno, como obligar a los dos operadores dominantes del sector gasista, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas, con el objetivo de aumentar su liquidez y conseguir que exista una menor volatilidad que logre así evitar su impacto en los precios del gas.

El Gobierno quiere analizar técnica y económicamente las alternativas en el almacén de gas Castor antes de empezar su desmantelamiento

Europa Press.- El almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) está en la actualidad en una situación «estable» y el Gobierno considera «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas para proceder de forma segura para las personas y el medioambiente y de la manera más eficiente de cara a su futuro desmantelamiento seguro.

En una respuesta del Gobierno al senador de Compromis, Carles Mulet, el Ejecutivo recuerda que se acordó la hibernación segura del almacén subterráneo de gas cuyas tareas de llenado provocaron movimientos sísmicos en agosto de 2013 que motivaron su posterior cierre. Entonces, el Ejecutivo acordó hibernar las instalaciones asociadas al almacenamiento y extinguió la concesión de explotación a su titular, Escal UGS, cuyas instalaciones pasaron a ser administradas por Enagás para garantizar la seguridad de las personas, los bienes, el medioambiente y el correcto mantenimiento de la operatividad del almacén Castor y optimizar los recursos disponibles del sistema gasista español. Desde entonces, el Gobierno asegura que Enagás «ha adoptado las medidas técnicas necesarias para la hibernación segura de la instalación».

En este contexto, añade el Gobierno en su respuesta, que el estudio encargado por Enagás al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a expertos de la Universidad de Harvard concluyó con claridad que volver a operar Castor podría desencadenar «con muy alta probabilidad» por la desestabilización de las fallas de la zona «nuevos episodios sísmicos«. En definitiva, el Gobierno considera que ahora que Castor está en situación estable y teniendo como prioritaria la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, «antes de proceder a cualquier operación tendente al desmantelamiento» ve «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas a ello de forma segura.

El senador de Compromis, Carles Mulet, lamenta la falta de «medidas reales» para desmantelar el almacén al que define como un «amasijo de ferralla en el mar» y critica la falta de «transparencia en todo lo que rodea al proyecto de almacén de gas. Así, reprochó la práctica «enquistada» en las respuestas del Gobierno respecto a este «proyecto energético fracasado» porque considera que el Ejecutivo no concreta las medidas que se adoptarán para su desmantelamiento.

Mulet critica que el Gobierno le conteste que ha decidido que la instalación de almacén gasista Castor siga «en su estado actual de hibernación que garantiza la estabilidad del mismo». El senador denuncia que «el método Rajoy» de resolver los conflictos no sirve a los vecinos afectados por los terremotos y considera que no se puede tener sine die «toda esa ferralla en medio del mar a expensas de algún accidente o movimiento geológico que genere peligro a la población.

Por ello el senador propone sellar el almacén de la mano de expertos, como ya hizo la empresa Shell cuando abandonó la planta al haber constatado durante décadas los episodios sísmicos que producía la explotación del yacimiento petrolífero. Por otro lado, Mulet considera que el coste de desmantelar la planta deberían abonarlo «quienes planificaron mal» y ejecutaron con más de un año de retraso un proyecto innecesario y que dio toda clase de problemas. En definitiva, Compromis lamenta que 2017 vaya a terminar sin tomar medidas reales tras el estudio que se encargó al MIT.

Bruselas analiza la compatibilidad del decreto del Gobierno contra el cierre de centrales de generación eléctrica con las normas europeas

Europa Press.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha confirmado que Bruselas está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética.

Así lo aseguró el comisario español, que ha anunciado que mantuvieron una reunión sobre este asunto el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la que también abordaron otros temas como la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «El mensaje es que cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria y se están viendo los términos en que se puede producir el decreto definitivo para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique», ha señalado.

Arias Cañete ha explicado que la reunión entre Ristori y Navia fue un «intercambio preliminar de posiciones» que «va a continuar en el tiempo«. No obstante, el comisario ha insistido en que por ahora se trata únicamente de «la fase previa de un borrador» y no de un real decreto que deba ser analizado en su totalidad. «Estamos hablando de un borrador muy preliminar, lo que pasa es que la Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender lo que está ocurriendo en los Estados miembros», ha argumentado Arias Cañete.

«Seguirá el análisis técnico y cuando la Comisión Europea tenga una postura la trasladará al Gobierno español y esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión y se adapte a las normas del derecho comunitario», ha manifestado el comisario, para después añadir que intervendrá «a nivel político» si fuese necesario. Sin embargo, el comisario ha señalado que en estos momentos no tiene previsto ningún contacto sobre este asunto ni con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ni con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Galán reiteró recientemente el compromiso de la compañía de cerrar sus centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Por su parte, Nadal señaló que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos».

El Supremo restablece los 25 años de ayudas a las plantas de purines para generar electricidad

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha restablecido los 25 años de ayudas para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas, según indicó la organización agraria COAG. En concreto, el alto tribunal ha declarado nula la decisión del Ministerio de Industria y Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del 8 de noviembre.

De esta forma, dicha sentencia permite reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años. Según COAG, las 29 plantas de purines tienen capacidad para gestionar anualmente más de 2.500 millones de litros de purines procedentes de 2 millares de granjas de porcino. En este sentido, desde la organización agraria se reclama a las administraciones estatales y autonómicas agilizar los trámites necesarios para reabrir todas las instalaciones.

Asimismo, COAG solicita que los años que las plantas han tenido que estar cerradas por el recorte del Gobierno no computen dentro de los 25 años de vida útil establecidos por la normativa inicial, finalmente restablecida. En 2014, fecha en la que se tuvieron que cerrar las plantas, COAG se opuso a la decisión del Gobierno, organizando manifestaciones mientras mantenía reuniones para intentar revertir una situación que perjudicaba «enormemente» a los productores de porcino españoles.

Los operadores de explotaciones de hidrocarburos en el mar tienen 6 meses para implantar la nueva normativa de seguridad

Europa Press.- Los titulares y operadores de explotaciones de hidrocarburos en el mar dispondrán de 6 meses para cumplir con las disposiciones del real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros y aún pendiente de ser convalidado en el Congreso desde su fecha de publicación en el BOE, pudiendo enfrentarse a multas de hasta 30 millones de euros si incumplen la nueva normativa.

Los operadores deberán cumplir con una serie de obligaciones para reducir los riesgos y garantizar la seguridad en el diseño y las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos en el mar. Entre estas obligaciones, figura la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves, actualizado para cada una de las instalaciones, en el que se contará con la participación de los trabajadores. Asimismo, los operadores o propietarios elaborarán planes internos de emergencia que incluirán un análisis de la eficacia de la respuesta ante derrames de hidrocarburos y reflejarán las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a limitar las consecuencias de un accidente.

La norma recoge la creación de la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas en materia de hidrocarburos (ACSOM), cuya función esencial será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad, y que contará con amplios poderes para prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes, así como para oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no cuenta con capacidad técnica y económica suficiente.

Los operadores en medio marino y los propietarios deberán proporcionar a ACSOM los medios logísticos necesarios para desarrollar sus funciones y deberán elaborar una política corporativa de prevención de accidentes graves y aplicarla en todas sus operaciones en el medio marítimo, incluyendo mecanismos de seguimiento apropiados para garantizar su eficacia. Por otra parte, el texto exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador, quien deberá responder al dictamen de este verificador independiente y ponerlo a disposición de ACSOM. Asimismo, la Administración General del Estado elaborará un plan de emergencia externo en el que se especificará las obligaciones financieras de los titulares.

Otro de los requerimientos que se exige a los operadores y a los propietarios es que someterán periódicamente a prueba su grado de preparación para responder de forma eficaz en caso de accidente grave y participarán en ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia, con el fin de evaluar su competencia. Por último, se establece la publicación de informes e información sobre el desarrollo de estas actividades que estarán públicamente disponibles, en línea con las políticas de transparencia del Gobierno.

Este real decreto-ley traspone la directiva 2013/30/UE del 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que debería haberse aplicado al ordenamiento interno antes de julio de 2015. Según explica el texto, su aprobación urgente trata de cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la demora y evitar así la imposición de sanciones económicas a España. Desde su convalidación, y en un máximo de tres meses, el Ministerio de Energía aprobará un real decreto que desarrolle lo dispuesto en este real decreto-ley, que entrará en vigor el día de su publicación en el BOE.

En el caso de que los operadores y titulares de las explotaciones de hidrocarburos en el mar incumplan las obligaciones dispuestas en la norma, el texto establece una serie de sanciones económicas que deberán afrontar en función de factores como el peligro resultante para la salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente, la importancia del daño causado, el grado de participación y el beneficio obtenido, la intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración de la infracción.

De esta manera, se establecen multas de hasta 600.000 euros en el caso de infracciones leves, de hasta seis millones de euros para infracciones graves y de hasta 30 millones cuando se produzcan infracciones muy graves de la norma. Además, cuando a consecuencia de la infracción el operador obtenga un beneficio cuantificable, la sanción económica podrá alcanzar hasta el doble de este beneficio obtenido, incluso si se superan los límites máximos establecidos. Una infracción muy grave podrá conllevar la extinción de los permisos y concesiones.

La sequía eleva las emisiones de CO2 de la electricidad un 6,67% por el mayor peso de carbón y gas

Europa Press.- Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la generación eléctrica entre enero y octubre de 2017 han aumentado un 6,67% respecto al mismo periodo de 2016, ya que a consecuencia de la sequía la energía hidráulica cayó casi a la mitad hasta el 30 de octubre, según datos de Red Eléctrica de España.

En concreto, la energía hidráulica, que no emite CO2, disminuyó un 49,3% desde enero hasta octubre y un 50,7% durante el mes de octubre respecto a octubre de 2016, al tiempo que cayó un 44,6% acumulado entre octubre de 2016 y 2017, es decir, en los últimos 365 días, a consecuencia de la falta de agua. Esta demanda se ha visto compensada por la energía producida con carbón o con ciclo combinado, que en los últimos 365 días crecieron un 24% y un 39,5% respectivamente.

En lo que va de año, la electricidad ha generado 60.053.357 toneladas de CO2, lo que supone un 6,67% más que en el mismo periodo de 2016. Del total de estas emisiones, el 57%, 34.234.604 toneladas de CO2 fueron emitidas por el carbón y otras 16.534.593 toneladas de CO2 se debieron a los ciclos combinados de gas. Aunque la energía procedente de carbón disminuyó un 8,5% en octubre de 2017 respecto al mismo mes del año pasado, acumula un crecimiento de enero a octubre del 31,5%. Asimismo, la energía producida con ciclo combinado, que en el mes de octubre subió un 18,8% respecto al mismo mes del año pasado, acumula un aumento del 38,7% en lo que va de año.

Nuclear, ciclo combinado y carbón

Precisamente, la energía eólica también sufrió un retroceso en lo que va de año a consecuencia de la ausencia de viento, ya que ha disminuido un 7,3%. Sin embargo, si se compara octubre de este año con el de 2016, la eólica creció un 31%. A lo largo del mes la energía nuclear volvió a ser la principal fuente de generación en España, con el 21,5% del total de la electricidad generada. A esta le siguieron el ciclo combinado, con un 19,6%, y el carbón con un 19,5% del total.

La solar fotovoltaica creció un 14,6% en octubre de 2017 respecto al mismo mes del 2016 y la solar térmica un 48,6%, aunque el crecimiento acumulado del año es más moderado, del 2,8% para la primera y un 4,5% para la segunda. Las renovables aportaron el 26,4% de la producción peninsular de electricidad. En cuanto a las emisiones, el 47,6% de la generación peninsular fue libre de CO2, lo que supone un 2,6% menos que en octubre del año pasado.

En cuanto a la reserva hidráulica para generación, Red Eléctrica explica que en octubre se situaba en el 27,7%, lo que supone casi 13,5 puntos porcentuales menos que el nivel del año pasado y en la misma situación respecto al mes anterior. Así, estima que en términos hidroeléctricos el mes de octubre «ha sido un mes seco respecto a la media histórica para este mes». En general, igual que ocurrió en septiembre, en octubre la falta de agua se compensó con carbón, ciclo combinado y carbón, que son más caras y más emisoras de CO2.