Fabrizio Hernández prevé que en este año se titulizarán los más de 13.000 millones de deuda eléctrica

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La reducción del déficit tarifario «es una de las prioridades absolutas» del Gobierno, continuó Hernández, quien afirmó que se debe evitar que crezca más mientras se siguen titulizando las cantidades pendientes.

Pese a ello, admitió que las condiciones del mercado de la zona euro «son difíciles», por lo que «uno debe ser cuidadoso con la manera como se va titulizando, porque los costes repercutirán en la factura energética de los próximos años».

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía, Hernández aseguró que las compañías eléctricas acordaron renovar hasta el cierre del año los derechos de cobro que habían cedido hasta julio al FADE, creado para convertir en títulos negociables la deuda eléctrica, que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico vía tarifa no son suficientes para cubrir los costes.

«Así lo han hecho», indicó Hernández en alusión de las eléctricas, que con este gesto muestran «su confianza» en el proceso de colocación de la deuda eléctrica en los mercados. «Las titulizaciones se están llevando a cabo con gran éxito», aseguró.

«Se va a seguir titulizando, si bien las condiciones de mercado han sido difíciles y tenemos que ser cuidadosos para que los costes no repercutan en la tarifa», señaló el secretario de Estado. «El objetivo del Gobierno», añadió, «implica que el déficit de tarifa no crezca y que se titulicen las cantidades previstas».

El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) colocó ya a través del Tesoro 7.000 millones en cuatro emisiones (tres de 2.000 millones cada una y una cuarta de 1.000 millones) y el sector espera que a lo largo de esta semana se produzca una nueva emisión de 2.000 millones si así lo permiten las condiciones financieras. Hasta el momento quedan pendientes de titulizar cerca de 6.000 millones.

Consenso sobre el ATC y el cierre de Garoña

Por otro lado, Hernández aseguró que Industria percibe «cierto grado de consenso» en las localidades candidatas a la instalación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) tras las últimas elecciones municipales, en las que todos los alcaldes renovaron sus cargos. Esta circunstancia sugiere que el proceso podría ser ahora «relativamente rápido», si bien «el Gobierno es el que debe tomar la decisión», señaló.

Con respecto al parque nuclear, Hernández no prevé cambios con respecto al cierre de la central burgalesa de Garoña aunque esta decisión, al igual que el futuro del resto de las nucleares, dependerá de los resultados de los test de estrés.

«El cierre de Garoña» está decidido, aseguró, aunque si no cumple los requisitos de seguridad su cierre podría ser anterior si así lo acuerda el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Hernández se refirió también a la decisión alemana de cerrar todas las centrales entre 2015 y 2022 y advirtió de que «va a implicar efectos importantes en los mercados europeos».

Detalló que dicha decisión supone la desaparición de más de 21.000 megavatios de potencia, una cantidad similar a la producida en España ahora mismo, que tendrá que ser sustituida por gas natural, energías renovables o mayores importaciones del resto de países europeos.

Por ello, defendió que más allá de situaciones coyunturales, «la mayor parte de las decisiones energéticas deben ser pensadas a largo plazo».

Por otro lado, aseguró que el peaje de 0,5 euros por megavatio hora (MWh) que las eléctricas deberán abonar por generar electricidad es «correcto» y en línea con las directivas europeas y señaló que su posible repercusión a la factura que pagan los consumidores, como señaló recientemente la Comisión Nacional de Energía (CNE), dependerá de la competencia del mercado.

Además, consideró que «no era normal» que «la generación no contribuyera a sufragar el coste de las redes». A pesar de ello, la llegada a la factura de este peaje «dependerá del grado de competitividad de las empresas eléctricas, que compiten en el mercado con sus estructuras de costes».

Además, anunció que el Ministerio de Industria prevé tener listo este año el nuevo plan de ahorro y eficiencia energética, el plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, la planificación de redes de gas y electricidad y la planificación indicativa.

Asimismo, anunció que en breve se elaborará una normativa que defina los proyectos en eólica marina (offshore) y recordó que en este campo España está realizando proyectos experimentales como el que lleva a cabo en la costa de Tarragona.

El Tesoro prevé realizar este martes otra emisión del déficit de tarifa

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Según informaron fuentes del sector, se intentarán retomar las colocaciones de esta deuda, acumulada por el desfase entre los ingresos y los costes del sistema, aunque siempre en función de que las condiciones del mercado lo permitan.

Sería la quinta colocación tras las tres primeras de 2.000 millones cada una y una cuarta de 1.000 millones de euros.

El Gobierno seleccionó ya las entidades financieras que actuarán como colocadoras en ésta y en la próxima emisión: Santander, Citi, Credit Agricole, Credit Suisse y Deutsche Bank.

En enero, el fondo emitió 2.000 millones en bonos a 3 años al 4,8%, mientras que en febrero ofreció un 5% para colocar la misma cantidad con vencimiento en junio de 2015.

Posteriormente, en la tercera emisión, que se realizó en marzo, el FADE emitió otros 2.000 millones con una rentabilidad fija anual del 5,9% durante diez años mientras que en mayo colocó 1.000 millones en una emisión de deuda a siete años y con una rentabilidad fija anual del 5,6%.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) insistió en que los costes de estas colocaciones están siendo elevados y recordó que los pagarán los consumidores a través de los recibos de la luz.

Para «equilibrar» esta situación, la CNE propuso que se realice un «descuento o quita» en el precio de cesión que reciben las empresas en el proceso de titulización.

Según los últimos datos de la CNE, el déficit tarifario asciende ya a 22.850 millones de euros y la colocación en el mercado de los primeros 7.000 millones supuso un aumento adicional de 127 millones en las anualidades que pagan los consumidores a través de los peajes.

El Gobierno fijó para este año un límite de 3.000 millones para el déficit de tarifa y de 1.500 millones para 2012, con el objetivo de que en 2013 los ingresos sean suficientes para cubrir los costes y se acabe con la generación de esta deuda.

El CO2 que emite España cabría en un depósito de 40 kilómetros de largo por 200 metros de alto

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Así lo afirmó el director del programa de Almacenamiento de CO2 de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), Modesto Montoto, en un viaje para mostrar a la prensa el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2 de Cubillos del Sil (León).

Una vez desarrollada, puesta en marcha y extendida, con la apuesta de la captura y almacenamiento profundo de CO2, se podría evitar entre un 18 y un 20 por ciento de emisiones en 2050, una fecha en la que se tendrá que reducir las emisiones globales de CO2 en un 80 por ciento, si se quiere cumplir con el objetivo de volver a los niveles de emisión que había hace 80 años. Para ello, la electricidad deberá emitir un 99 por ciento menos de CO2 a la atmósfera. A nivel mundial, el CO2 que se emite a la atmósfera ocuparía un depósito de 350 kilómetros de largo por 200 metros de metros de alto.

«Se trata de un objetivo modulable según las características de cada país y en España se espera que en 2050, el 50 por ciento de la energía sea de origen renovable», señaló, al tiempo que añadió que de las 32 gigatoneladas de CO2 que se emiten en el mundo al año el 27 por ciento proceden del sector industrial; el 35 por ciento de la energía eléctrica y el 38 por ciento del sector doméstico y del transporte.

Según los directivos de CIUDEN, esta tecnología permitirá reducir en un 90% las emisiones de dióxido de carbono en las centrales térmicas, refinerías de petróleo, fábricas de cemento e industrias siderúrgicas.

«Todas las emisiones mundiales anuales no presurizadas cubrirían una superficie de 350 kilómetros de diámetro y 200 metros de altura. En el caso de España, se necesitarían 40 kilómetros de diámetro», señaló Montoto.

Ante estos «colosales volúmenes», CIUDEN apostó por buscar esos «depósitos» en el subsuelo geológico. «Tenemos que ir a algo que exista en la naturaleza, y esto no es algo nuevo, sino algo que la naturaleza ha hecho a lo largo de todo la historia reciente de la Tierra», agregó.

En el caso de CIUDEN, el CO2 se almacenará a 800 metros de profundidad, donde este gas cambia bruscamente de densidad y reduce su volumen, ocupando «400 y pico veces menos superficie que en la atmósfera».

El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2 de León ocupa una superficie de 64.500 metros cuadrados y emplea a más de medio centenar de personas, entre investigadores, técnicos y personal administrativo. El total de su inversión asciende a 128,4 millones de euros.

Su puesta en marcha arrancó en 2006 con la fundación pública estatal Ciudad de la Energía (CIUDEN), que cuenta con el respaldo de los ministerios de Ciencia e Innovación; Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, e Industria, Turismo y Comercio.

El proceso principal de la captura de CO2 de las instalaciones de CIUDEN se basa en la separación del dióxido de carbono del resto de gases que se originan en ciertas industrias, y se basa en la oxicombustión.

Dado que actualmente no existe experiencia en el mundo aplicable a centrales completas con captura, CIUDEN se fijó un objetivo: «crear un centro de referencia mundial» en torno a estas técnicas.

La primera fase del proyecto (iniciada en 2009) se prolongará hasta 2012 para finalizar la construcción y poner en marcha las instalaciones de desarrollo tecnológico del proyecto, momento en el que se ensayará a pleno rendimiento la captura de este gas, que posteriormente se almacenará bajo tierra en un yacimiento geológico de la localidad de Hontomín (Burgos), donde se ubicará la planta de captura de León y las instalaciones para el desarrollo del transporte y del almacenamiento geológico.

La segunda, que abarcará de 2012 a 2015, validará la tecnología desarrollada a una mayor escala. El proyecto prevé la construcción de una planta en la central térmica de Endesa de Cubillos del Sil, para inyectar el CO2 producido en un almacenamiento cercano a la planta.

A través de la fundación CIUDEN, el Gobierno está poniendo también en marcha en Ponferrada (León) el Museo Nacional de la Energía (ENE), para acercar la ciencia a la población y contribuir al desarrollo de la comarca de El Bierzo.

Según José Ángel Azuara, director de CIUDEN, en este centro se informará sobre la cuestión energética «de forma objetiva». «Lo importante es que el visitante empiece a formarse un criterio y a hacerse preguntas», aseguró Azuara.

Abrirá sus puertas el próximo 14 de julio y contará con tres espacios: uno ubicado en una central abandonada contruida entre 1920 y 1930; otro, sobre la antigua térmica de Compostilla I, que albergará exposiciones sobre la energía como motor de vida y sus usos, y un jardín botánico que recreará ecosistemas similares a los existentes en la península hace 300 millones de años, durante el periodo de formación de los yacimientos de carbón.

La gasolina comienza el periodo vacacional con subidas del 0,3%

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En todo caso, la gasolina y el gasóleo se encarecieron un 4,2% y un 4,6%, respectivamente, desde comienzos de año, y cuestan en la actualidad un 11% y un 13,5% más que en el inicio de las vacaciones del año pasado.

El litro de gasolina se situó esta semana en 1,309 euros, 0,4 céntimos más que hace una semana, pero inicia el mes un 1,1% más barata que a comienzos de julio, cuando se encontraba en plena tendencia descendente tras haber alcanzado en abril su máximo histórico de 1,381 euros el litro.

En cuanto al gasóleo, el abaratamiento de esta semana es de 0,1 céntimos, y sitúa el precio de este combustible un 0,7% por debajo de la cota de hace un mes y en niveles similares a los de febrero.

En el escenario actual, el llenado de un depósito medio de gasolina de 55 litros alcanza un coste de 71,9 euros, frente a 64,8 euros hace un año, mientras que en el caso del gasóleo asciende a 68,3 euros, 8,2 euros más que los 60,1 euros de hace un año.

Desde el pasado viernes se desarrolla la operación especial de Tráfico para el verano, que concluirá el 31 de agosto y en la que se esperan unos 83 millones de desplazamientos (800.000 más que los previstos en 2010). Además, esta semana se reinstauró el límite de velocidad en autovías y autopistas de 120 kilómetros por hora.

La subida del precio de los carburantes coincide con un repunte en los últimos días del barril de crudo. El precio del barril de calidad Brent cotizaba en 114,5 dólares, frente a 110 dólares hace una semana, mientras que el Texas rondaba los 97,4 dólares, frente a 93,8 dólares hace una semana.

Los precios de venta al público de los carburantes en España se encuentran por debajo de la media europea. De hecho, la gasolina alcanza los 1,471 euros el litro en la Unión Europea de los 27 y los 1,491 euros en la zona euro. En el caso del gasóleo, el precio se sitúa en 1,338 euros en la Unión Europea de los 27 y en 1,321 euros en la eurozona.

El Parlamento Europeo rechaza aumentar la reducción obligatoria de emisiones de CO2 para 2020

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Pese a que en comisión parlamentaria el informe fue respaldado, en el pleno predominó la enmienda introducida por el grupo popular europeo (PPE), que reducía un 5% la propuesta inicial del eurodiputado holandés de los Verdes Bas Eickout.

Según el autor de la enmienda, el popular italiano Salvatore Tatarella, «este no era el momento de recomendar esa reducción».

Los socialistas españoles emitieron un comunicado denunciando «el freno de la derecha europea al liderazgo de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático».

Los socialistas denuncian que el Partido Popular Europeo (PPE) votó en contra de todas las propuestas que aspiraban a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% para 2020.

Para Andrés Perelló, eurodiputado socialista, este voto del PPE «supone un frenazo al liderazgo mundial que la Unión Europea ha venido ejerciendo en la lucha contra el cambio climático».

El bono social ahorra ya 188 euros al año al consumidor de luz tras la subida de julio, según dice la CNE

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Este bono social, del que pueden beneficiarse familias numerosas, familias con todos los miembros en paro, pensiones mínimas y hogares con tarifa social, garantiza al consumidor hasta 2013 una tarifa similar a la que regía en el momento de la liberalización eléctrica para los hogares, en julio de 2009.

De hecho, estos 188 euros de diferencia entre el bono social y la TUR equivale también al encarecimiento del recibo para el consumidor medio, que corresponde a un hogar con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo anual de 4.392 kilovatios hora (kWh).

Un domicilio con esta tarifa especial paga 699,3 euros de media al año, o 58 euros al mes, mientras que si dispone de la TUR convencional sin discriminación horaria deberá dedicar 887,9 euros al mismo concepto, o 74 euros al mes.

La ventaja del bono social es mayor cuanto más se encarece la luz. El pasado 1 de julio, el Ministerio de Industria aplicó una subida media de la TUR del 1,5%, que se suma a la del 9,8% de enero. De media, los beneficiarios de la medida pagan 15,6 euros menos al mes.

Por otro lado, en el comparador de ofertas de la CNE se aprecia que las ofertas de electricidad en el mercado libre tras la última revisión de tarifas siguen sin suponer un ahorro significativos para el consumidor, de apenas 26 euros al año en el mejor de los casos.

En concreto, la oferta más competitiva en el mercado corresponde a la Tarifa Hogar, de la comercializadora AE 3000, en la que el consumidor de perfil medio desembolsa 861,4 euros al año.

España reclama una fórmula «ambiciosa» que satisfaga a todos los países y que permita seguir con el protocolo de Kioto pasado 2012

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Así, en el encuentro en el que participan 35 países, Ribera insistió en que el segundo periodo de compromiso «no debe ser un problema sino un eslabón para alcanzar el objetivo de converger en un marco global jurídicamente vinculante» que ayude a desbloquear las negociaciones del Acuerdo a Largo Plazo (LCA, por sus siglas en inglés).

En este sentido, añadió además que en un segundo periodo del Protocolo de Kioto es necesario reforzar y ampliar la dinámica de los compromisos para alcanzar unos objetivos ambiciosos que protejan con eficacia el clima.

Asimismo, indicó que España se ofreció a trabajar para favorecer contactos informales a lo largo de 2011 para avanzar en la determinación de la forma legal del proceso de Acuerdo a Largo Plazo y explorar los diferentes escenarios posibles.

La secretaria de Estado representó a España en la segunda edición de los Diálogos del Clima de Pertersberg, celebrados en Berlín, del 3 al 4 de julio y en el que participaron expertos de 35 países. El objetivo es abrir vías de negociación y puntos de encuentro de cara a la próxima Cumbre Mundial sobre Cambio Climático que se celebrará a finales de este año en Durban (Sudáfrica).

En este sentido, Teresa Ribera estimó que el éxito de la Cumbre de Durban dependerá de los avances colectivos en la mitigación y en los mecanismos de verificación (MRV, por sus siglas en inglés), la forma legal y el equilibrio en los elementos de implantación de los mandatos de Cancún.

En materia de mitigación, señaló que las estrategias de desarrollo bajas en carbono cobran especial importancia ya que facilitarán los procesos de planificación y coherencia de las medias y acciones en las políticas nacionales.

El Gobierno asigna 7,2 millones en derechos de emisión de gases de CO2 a 30 nuevas instalaciones

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El Plan Nacional de Asignación 2008-2012 establece reglas de aplicación a la gestión de la reserva de nuevos entrantes para el citado periodo, y prevé la asignación de derechos a los nuevos entrantes siempre que cumplan una serie de condiciones y se lleve a cabo la tramitación requerida, es decir, que, a solicitud del interesado, la asignación sea aprobada por el Consejo de Ministros, previa consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y después de pasar el trámite de información pública.

Hasta la fecha, el Consejo de Ministros había acordado la asignación definitiva a cuatro grupos de nuevos entrantes del Plan Nacional de asignación de derechos de emisión 2008-2012. Los acuerdos fueron adoptados con fecha 20 de marzo de 2009 (los dos primeros grupos), 19 de marzo de 2010 y 30 de diciembre de 2010. En su conjunto, la asignación a estos grupos de nuevos entrantes había supuesto un total de 28,6 millones de derechos de emisión, a los que se suman los 7,2 millones de este quinto grupo.

Respecto del uso de unidades procedentes de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto (RCE y URE) por estas instalaciones, por vez primera se limita su empleo para las instalaciones objeto de asignación, por haberse alcanzado el cupo máximo autorizado por el Plan Nacional de Asignación, según detalla Medio Ambiente.

La demanda eléctrica peninsular cayó el 0,7 % en lo que va de año

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El consumo de electricidad cubierto con energía generada en el régimen ordinario (nuclear, hidroeléctrica y térmicas de gas, carbón y fuel) descendió el 3,2%, hasta 83.466 millones de kWh y representó el 65,1% de la demanda total peninsular en dicho periodo.

Por su parte, el 34,9% restante se cubrió por la energía generada por los productores en régimen especial, entre los que se incluyen las energías renovables, y el saldo de los intercambios internacionales de energía eléctrica, y alcanzó los 48.184 millones de kWh.

Entre enero y junio la electricidad aportada por los productores en régimen especial se incrementó un 3,9% respecto al mismo período del año anterior, hasta alcanzar el 37,6% de la demanda total peninsular.

En el primer semestre del año, la producción bruta en el régimen ordinario fue de 88.526 millones de KWh, lo que supone un descenso del 3,6%.

La diferencia entre la producción bruta y la energía destinada a abastecer el mercado se debe a los consumos propios de las centrales y al consumo en bombeo.

Por tipos de centrales, la producción de origen hidroeléctrico disminuyó un 26,6%, mientras que la producida mediante carbón, fuelóleo y gas aumentó un 14,4% y la nuclear descendió un 6,6%.

El gas natural y la bombona de butano suben un 5,7 % desde julio

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En el caso del gas natural, la subida supondrá un incremento del 5,69%, que se traducirá en un aumento de 2,37 euros al mes para un usuario medio, o de 28,4 euros más al año, y será superior para los hogares en los que el gas se utilice para calefacción, además de para cocina y el calentamiento de agua.

La Tarifa de Último Recurso 1 (TUR 1) registrará un incremento del 4,61%, lo que supone una subida de 0,68 euros al mes para el consumidor medio. Esta tarifa corresponde a consumos de menos de 5.000 kilovatios hora (kWh), propios de viviendas en las que el gas se utiliza para cocina y agua caliente.

En el caso de la TUR 2, de más de 5.000 kWh al año y habitual en hogares de gas para calefacción, la subida será superior, del 5,95%, o de una media de 2,78 euros al mes.

La subida de julio del gas natural se suma a la del 4,1% aplicada en abril (lo que representó un incremento medio mensual de 1,44 euros), mientras que en enero, las tarifas reguladas del gas subieron un 3,9 % de media, situando en el 9,5% el encarecimiento de este producto en lo que va de año.

Al igual que en la electricidad, la estructura de precios del gas está determinada por el valor de los peajes de acceso destinados a financiar las infraestructuras y por el coste de la energía, que se determina mediante una fórmula que emplea los precios obtenidos en las subastas de gas y las cotizaciones internacionales del crudo Brent y de los mercados de futuros del gas.

En la revisión de julio, la subida se debe al encarecimiento de la materia prima. Industria mantuvo los peajes del gas, que recogen los costes regulados, pero el precio del gas subió un 13,65%.

En la actualidad, hay unos 7,3 millones de clientes susceptibles de acogerse a la TUR de gas, de los que 3 millones ya lo hacen –1,8 millones están en la TUR 1 y 1,2 millones en la TUR 2–, mientras que 4,3 millones tienen un contrato en el mercado libre. No obstante, los precios de la subasta de gas marcan también las ofertas que se hacen en el mercado libre.

Paralelamente, el precio después de impuestos de la bombona media de butano, de 12,5 kilogramos, se situará en julio en 14,8 euros, lo que supone un incremento del 5,7%, o de 80 céntimos, con respecto a los 14 euros del trimestre anterior.

Con esta subida, la bombona acumula un encarecimiento del 12,2% con respecto a enero, después de haber registrado un incremento del 6% en la anterior revisión trimestral.

En su resolución de revisión de precios, Industria indicó que el precio máximo de venta antes de impuestos de los gases licuados del petróleo envasados en recipientes de entre 8 y 20 kilogramos se situará en 100,365 céntimos por kilogramo.

La subida del butano, que en el conjunto de 2010 fue del 16,6%, afectará a los entre 8 y 10 millones de usuarios que hay en España de este producto, cuyo precio revisa trimestralmente el ministerio de Industria mediante una fórmula que recoge las cotizaciones internacionales del propano y del butano.

Los butaneros consideran insuficiente la subida del butano

Por su parte, la subida del 5,7% en el precio del butano sigue siendo insuficiente para la Asociación de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP) porque «aun siendo considerable, mantiene el precio final de esta materia prima por debajo de los costes reales y prolonga la situación de venta a pérdidas que viene sufriendo el sector desde hace 19 años».

Según señaló esta organización, la fórmula actual de fijación de precios ya generó un déficit de tarifa acumulado cercano a los 550 millones de euros.

Solamente durante los primeros cinco meses del 2011, los operadores registraron pérdidas superiores a los 68 millones de euros, cifra que según previsiones crecerá a un ritmo medio diario de 500.000 euros y que se incrementará a medida que sube el precio de las materias primas. Actualmente, por cada bombona de butano que vende en España un operador de gas licuado pierde cerca de tres euros.

La regulación del precio del GLP envasado «coloca a las empresas que operan en España en una situación de precariedad económica en relación a los países de su entorno». En Portugal, la botella de butano es un 60% más cara que en España (21 euros frente a los 14 euros de España) mientras en Francia el coste de la bombona se duplica con relación al español, añadió la AOGLP. De hecho, «cada vez son más frecuentes las compras de butano español por parte de consumidores portugueses y franceses que cruzan ex profeso la frontera», añadió.

Esta organización interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra la reglamentación gubernamental que determina el precio del butano, así como una denuncia ante la Unión Europea contra el Reino de España por incumplimiento de las normas en materia de libertad de establecimiento (artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «TFUE»).

Según señaló José Luis Blanco, director general de AOGLP, la asociación continúa atenta a las posibles valoraciones que sobre el tema realicen tanto el Tribunal Supremo como la Unión Europea». Mientras tanto «se mantiene la voluntad de colaborar con las distintas instituciones en la búsqueda de soluciones y consenso para llegar a acuerdos en pro de los consumidores y que protejan los intereses de todos los actores del sector».

También recordó que «este sector es fundamental para la sociedad española, ya que suministra energía a más de ocho millones de hogares y mantiene cerca de nueve mil empleos directos e indirectos».

Asimismo, la Unión de Consumidores de España (UCE) manifestó su más absoluto rechazo a la decisión del Ejecutivo de incrementar los precios del gas y el butano, cuya repercusión sobre las economías domésticas va a ser «catastrófica».

«El aumento en el precio del gas, y del butano nos parece absolutamente fuera de lugar«, más aún cuando la subida representa casi el doble de la inflación.

Del mismo modo, quiso puntualizar que los usuarios de butano suelen ser, en su mayoría, familias de bajo poder adquisitivo o personas mayores con pocos ingresos, «por lo que este incremento se ceba, una vez más, con los ciudadanos más afectados por la crisis».