España es el tercer país de la UE donde más subió la electricidad durante la segunda mitad de 2011

Sólo Letonia (27%) y Chipre (19%) se colocaron por delante en la escalada del precio de la electricidad, mientras que Luxemburgo fue el único país que presentó una caída del precio (5%).

En el conjunto de la Unión Europea el encarecimiento llegó al 6,3% entre la segunda mitad de 2010 y 2011, después de la subida del 5,6% entre la segunda mitad de 2009 y 2010.

Los precios más bajos de la electricidad fueron los de Bulgaria (8,7 euros por 100 kWh), Estonia (10,4 euros) y Rumanía (10,9 euros) y los más elevados, los de Dinamarca (29,8 euros), Alemania (25,3 euros) y Chipre (24,1 euros).

El precio medio en la Unión Europea fue de 18,4 euros, por encima del cual se sitúa España, donde los 100 kWh se pagaron a 20,9 euros de media.

En cuanto al gas, las subidas más fuertes fueron las de Reino Unido (27%), Luxemburgo (22%) y Bélgica (21%), mientras que los precios en España, Rumanía y Dinamarca permanecieron estables.

En euros, los países que menos pagaron por el gas de media fueron Rumanía (2,8 euros por 100 kWh), Estonia (4,4 euros) y Bulgaria (4,7 euros), y los que más, Suecia (11,7 euros), Dinamarca (10,9 euros) e Italia.

La media en la Unión Europea fue de 6,4 euros por 100 kWh, un nivel que España no superó (5,4 euros).

El 70% de las empresas españolas no compensa sus emisiones de CO2

El documento apuntó que detrás de estas cifras algunas «barreras» que frenan la apuesta por los mecanismos de compensación son la realidad del «elevado precio» de la tonelada de CO2 y la falta de seguridad en las operaciones.

Así, los datos del informe señalan que el 50% de las compensaciones en España se realizan mediante créditos CER y ERU y que el importe pagado por cada tonelada de CO2 compensada en el último año fue de 10,5 euros.

Además, el documento indicó que la principal apuesta para la compensación son los proyectos relacionados con las energías renovables, que se realizan en países terceros sin límite para sus emisiones de gases de efecto invernadero.

De este modo, el estudio reveló que la compensación de emisiones está «en continua expansión» en los últimos años y añadió que, de acuerdo al informe «State of the Voluntary Carbon Markets 2011» de Ecosystem Marketplace y Bloomberg, en 2010 el volumen de transacciones en los mercados voluntarios alcanzó 131 millones de toneladas de CO2, valoradas en 424 millones de dólares. Este dato supone un crecimiento del 34% respecto a los 98 millones de dólares intercambiados en 2009.

Respecto a España, el informe indicó que la compensación de emisiones se está configurando como un instrumento más en materia de reducción de emisiones y reveló que el grado de conocimiento sobre esta práctica es «muy elevado», según afirmó el 80% de los participantes en el estudio, pese a que «solo» el 30% de los encuestados afirmó haber compensado emisiones.

Concretamente, las iniciativas REED de deforestación evitada supusieron el 29%, seguidas por las de reducción de emisiones de metano en vertederos (16%) y las de energía eólica (11%).

Asimismo, destacaron las iniciativas de aforestación/reforestación (6%), de energía hidráulica (6%), de ODS (6%) y de gestión forestal eficiente (5%).

En términos generales, el informe concluyó que la mayor parte de la compensación de emisiones realizada en España cumple con unos criterios de calidad suficiente.

En cuanto a las compensaciones que no superarían el aprobado, destacó la alta presencia de proyectos forestales desarrollados en España. En estos casos existe un potencial problema de «doble contabilidad» así como, en ocasiones, falta de certeza sobre la permanencia de carbono. A menudo, se detectó una falta de información, sobre todo, en lo referente al tipo de créditos utilizados. Por sectores, destacó especialmente la alta presencia del bancario, así como las empresas de la moda y de la aviación.

En cuanto al lugar donde se realiza el proyecto de compensación, destacó que «siempre es más conveniente» reducir en países no industrializados, porque no tiene límite a sus emisiones y, por tanto no hay riesgo de doble contabilidad. De este modo, el informe concluyó que el 74% de las reducciones se realizan en países no industrializados.

España podría ingresar hasta 1.515 millones de euros anuales por participar en las subastas por los derechos de emisiones de GEI’s

En concreto, este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explicó la norma.

Es más, especificó que tales modificaciones consisten en someter al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la competencia sancionadora en la materia.

A modo global, el Ejecutivo detalló que, desde el punto de vista de los Presupuestos, el decreto en sí implica un ingreso y a la vez una reducción de las cargas administrativas. «No suponen un incremento de gastos y sí se espera una aportación de beneficios directos, si bien no es posible cuantificar los mismos», puntualizó.

Entre otras medidas, este decreto plantea una modificación de la Ley de Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.

En este sentido, la memoria detalló que el desarrollo del principio de «recuperación de costes» por la Administración y la adecuación del marco normativo sancionador supondrá un incremento de los ingresos afectados por este concepto.

Eso sí, el informe del Gobierno advirtió de que, la no adopción de tales medidas, causaría perjuicios económicos en el sector, así como la apertura de un procedimiento sancionador por la Unión Europea, por la deficiente trasposición de directivas comunitarias en materia de aguas y de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. «Este decreto evitará tener que hacer frente a procedimientos de infracción por incumplimiento de normativa comunitaria», agrega.

Por otra parte, la aplicación de las previsiones contenidas en este proyecto serán asumidas con los actuales medios de los departamentos ministeriales competentes «sin que ello implique, en ningún momento, modificación o aumento ni de sus dotaciones ni de sus retribuciones», puntualiza la memoria del decreto.

Medidas urgentes ya en vigor

Este decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente fue aprobado en Consejo de Ministros a finales de abril, y se encuentra en vigor al día siguiente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno justificó estas medidas urgentes ante «el desorden legal» en la materia, según explicó en un encuentro informativo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.

En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

En materia de residuos, el decreto cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas.

Referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), se precisa el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones».

El Gobierno priorizará proyectos de reducción de GEI’s en sectores difusos que se realicen en España

Así se acordó en la III reunión del Consejo Rector del Fondo de Carbono, donde se señaló que se primará la adquisición de reducciones verificadas de emisiones en los sectores difusos (transporte, sector residencial, agricultura, residuos), que no están sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de emisión que resulten de proyectos desarrollados en España.

Además, según informó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), está abierta la convocatoria para presentar iniciativas piloto en materia de mitigación del cambio climático.

El Fondo de Carbono, que se creó con la Ley 2/2011 de 4 de marzo, sobre Economía Sostenible, se concibe como «un nuevo instrumento de financiación climática» que busca reorientar la actividad económica hacia modelos bajos en carbono, al mismo tiempo que se contribuye a cumplir los objetivos internacionales en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, el Consejo Rector, el órgano de gobierno del Fondo, aprobó su estrategia de funcionamiento a medio plazo y sus directrices para 2012, que incluyen una apuesta decidida por priorizar el apoyo a los proyectos de reducción de emisiones en España.

Como parte de esta estrategia, la actividad del FES-CO2 podrá, de forma adicional, adquirir créditos internacionales generados al amparo del Protocolo de Kioto, así como cualquier otro tipo de crédito que pueda ser objeto de negociación en los mercados de carbono.

En este contexto, la directora de la oficina de Cambio Climático del MAGRAMA, Susana Magro, subrayó que con esta convocatoria de proyectos piloto que reduzcan emisiones de CO2 se inicia un «cambio de rumbo» en materia de cambio climático en España.

Igualmente, aseguró que el objetivo es «impulsar proyectos» que reduzcan las emisiones de GEI en España ya que con ello se promoverán esfuerzos domésticos de mitigación del cambio climático al tiempo que se aprovecharán las oportunidades de crecimiento y empleo que ofrece la economía verde en España.

De este modo, añadió que los «Proyectos Clima» son el «embrión» de un nuevo modelo en la lucha contra el cambio climático para los próximos años basado en reducir las emisiones «de manera efectiva».

Las condiciones para presentar proyectos pueden consultarse en la página web del la Oficina Española de Cambio Climático y del propio FES-CO2. Asimismo, pueden remitirse solicitudes a la siguiente dirección de correo electrónico: fes-co2@magrama.es.

La CNC multa a Endesa con más de un millón de euros debido a su conducta monopolista en Mallorca

La asociación informó de que tuvo conocimiento de esta resolución, que sanciona a esta empresa por haber incumplido la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia del 14 de diciembre de 2006, que le ordenó «cesar en su conducta derivada de su posición de monopolio en el mercado de las instalaciones no reservadas» en la isla.

La resolución fue confirmada por la Audiencia Nacional el 21 de abril de 2008 y por el Tribunal Supremo en una sentencia del 10 de febrero de 2011, pero, según ASIMEN, denunciante de los hechos, Endesa continuó con su conducta.

La compañía energética fue sancionada con 1.037.000 euros por «haber aprovechado la información privilegiada a la que tiene acceso como distribuidora para distorsionar la competencia en el mercado de instalaciones eléctricas en Mallorca», indicó la asociación.

Asimismo, explicó que Endesa enviaba junto a las condiciones técnico económicas del punto de suministro un presupuesto no solo de las instalaciones reservadas sino también de las no reservadas.

Enagás pide la sustitución de la tarifa del gas por un bono social

Durante su ponencia, «¿Cómo ha afrontado la crisis el sistema gasista español?«, en la reunión anual de Sedigas, Llardén explicó que, a pesar de ser el sector energético más liberalizado de España y de haber generado mucho empleo, «tenemos que hacer un esfuerzo de inversión y de puesta al día importante».

El directivo quiso manifestar el «espectacular» crecimiento de la demanda del gas natural en los años anteriores a la crisis económica mundial, algo que relacionó directamente con la aparición de los ciclos combinados, «que son eficientes energéticamente, mantienen un bajo nivel de emisiones de CO2 y tienen un coste mucho menor», afirmó el directivo. También dejó claro que Enagás «cumple la planificación energética que cada cuatro años aprueba el Gobierno», en cuanto a infraestructuras se refiere, «base fundamental para el desarrollo del sector».

Sin embargo, la «inesperada» crisis económica desembocó en una bajada «alarmante» de la demanda, según explicó Llardén, «con dos submercados que empezaron a divergir de forma no prevista». Por un lado, el convencional, que «razonablemente» se mantuvo y, aunque con ligeras caídas, casi ha recuperado el nivel de 2008. Por el otro, el mercado destinado a generación eléctrica, que se «despeñó», haciendo que la demanda total de gas bajase por encima de la media de lo que bajó en Europa, e incluso de lo que bajó la demanda de generación eléctrica.

Para el presidente de Enagás, esta situación de «descalabro total» se debió a «un incremento absolutamente mayor del previsto de la potencia instalada de renovables» en los últimos cuatro años, y a «un cambio coyuntural en la política del uso del carbón nacional para generación eléctrica», que pasó de unos niveles entre el 8% y el 10% hasta llegar al 20% de su demanda, algo «totalmente incoherente con una política de bajada del CO2 y de renovables», aseguró.

En este sentido, Llardén fue meridiano al afirmar que «el sector ha tenido en los últimos años unas políticas energéticas que entre si han sido incoherentes, lo cual no quiere decir que cada una de ellas tenga una lógica».

Incluso llegó a subrayar que la instalación de renovables y sus correspondientes primas «superaron todas las previsiones», se preguntó «¿por qué no se pueden tocar esas primas?» y enfatizó que su sector afrontó la crisis «sin llorar ni pedir subvenciones».

Todo ello derivó en que el parque de ciclos combinados, construidos entre finales de los años 90 y 2008, «pasó de utilizarse un 52% en su momento más álgido, en 2008, hasta el 25% actual, porcentaje que continúa bajando. Esto, señores, no tiene ningún sentido», sentenció.

Sin embargo, y a pesar de las críticas sobre el exceso de estas infraestructuras en nuestro país, «lo que es evidente, es que con la potencia instalada que tiene España, no podemos prescindir de los ciclos combinados porque en determinados momentos del año los necesitamos todos para asegurar el sistema».

Del mismo modo, Llardén aseguró que a finales de 2009, y como medida frente a la crisis, «hicimos una propuesta al Ministerio de Industria y sugerimos rebajar parte de las necesidades del plan energético estipulado y retrasamos una serie de inversiones hasta que se hiciera un nuevo plan», priorizando las infraestructuras necesarias a desarrollar. Estas inversiones fueron del orden de 1.700 millones de euros para proyectos de Enagás y otros 2.300 millones de euros para inversiones relacionadas con la actividad del transporte del sector.

Otras de las medidas puestas en marcha fueron un plan de eficiencia y contención de costes, se realizaron nuevas inversiones, como la recarga de buques de GNL en plantas de regasificación, y se procedió a un proceso acelerado de desbancalización que «nos permitió afrontar con mucha mas tranquilidad la crisis», según explicó el presidente de Enagás.

Llardén destacó el esfuerzo realizado por el resto de los agentes del sector y que reaccionaron «con gran agilidad». De este modo, tanto comercializadores como distribuidores encontraron mercados y clientes nuevos fuera de España y se gestionaron los contratos de aprovisionamiento, «lo que demuestra la capacidad del sector para encontrar salidas al gas».

Respecto al «desajuste coyuntural» de ingresos y costes en el sistema gasista, aparecido en 2011 y que «nada tiene que ver con el déficit eléctrico», Llardén afirmó que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó recientemente una serie de medidas que, a su juicio, «van en la buena dirección» para resolver «una de las cuestiones que más preocupa al sector».

Cabe recordar que estas medidas hacen referencia al aumento de la vida útil de los almacenamientos subterráneos y la congelación de la entrada en funcionamiento de nuevas infraestructuras, excepto las vinculadas a conexiones internacionales.

Por otra parte, el presidente de Enagás, aseguró que «más de un 90% del gas de España está liberalizado, mientras que el resto permanece bajo el paraguas de la TUR». Una tarifa a la que calificó de «innecesaria» y que «debería ser sustituida por un bono social» que acogiera a ciertos colectivos que lo necesiten, «como personas con pocos ingresos y jubilados».

En cuanto a las previsiones para este año, aseguró que la demanda convencional del gas podría consolidar una subida de entre el 4% y 5%, y que la demanda nacional pudiera subir un 2%.

En su opinión, el sector del gas «goza de buena salud» y tiene un futuro «brillante», ya que ha sabido adaptarse a la crisis, «de modo que ha invertido en los momentos que se ha podido, y se ha apretado el cinturón cuando ha tocado», señaló.

Finalmente, afirmó que el sector «saldrá adelante» en medio de esta recesión si sigue haciendo su trabajo con «racionalidad y con la capacidad de ir adaptándose a la demanda de las necesidades».

El gas natural ya supone más del 27% de la energía que se consume en Madrid, según Ana Botella

Precisamente, Botella destacó que en el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid, elaborado por el Ayuntamiento, la promoción del gas ocupa un lugar destacado en el fomento de combustibles y energías menos contaminantes.

«Así se pone de manifiesto en una de las medidas que ya hemos puesto en marcha, y que consiste en que en 2015 el 100% de las líneas de la EMT que circulen por la zona de bajas emisiones, lo hagan con autobuses limpios«, indicó.

Este objetivo se conseguirá mediante la instalación de filtros en 485 autobuses, 100 de ellos durante el presente año. Además, 235 autobuses de biodiésel se sustituirán por otros de gas natural comprimido, y 23 por autobuses de tecnología híbrida. «Esta será la primera vez que vehículos de este tipo combinen gas natural y tecnología eléctrica».

Estas medidas se sumarán a las que el Ayuntamiento viene realizando en los últimos años para dotar a la ciudad de una flota municipal de vehículos poco contaminantes y que supuso que, en estos momentos, el 41% de sus vehículos (1.839) cumplan los requisitos para ser considerados como flota verde. Concretamente, el 25% de la flota municipal (1.104 vehículos) está propulsada por gas natural comprimido; 671 de estos vehículos pertenecen a la EMT, 418 son camiones de recogida de residuos y 15 son grúas de Madrid Movilidad.

El Ayuntamiento también impulsó en los últimos años una nueva red de repostaje de combustibles alternativos que pronto alcanzará los 16 puntos de suministro de gas natural, 7 de ellos de acceso público. «Esta nueva red facilitará la utilización del gas como combustible para instituciones, empresas y particulares», explicó la alcaldesa.

Otra de las iniciativas que lleva a cabo el Gobierno de la ciudad para conseguir un aire más limpio es el Plan de subvenciones para sustitución de calderas de carbón por otras que utilicen combustibles menos contaminantes. Entre 2003 y 2011 se concedieron 1.455 ayudas de las que el 95% fueron para la instalación de calderas de gas natural.

El 53,71% de toda la energía eléctrica producida en Madrid tiene como fuente de energía primaria el gas natural, según datos recogidos en el último Balance Energético de la Ciudad de Madrid para 2010. Esto se debe fundamentalmente a la cogeneración del secado de lodos de depuradoras de aguas residuales que supone el 41% de toda la energía eléctrica generada en la ciudad.

La alcaldesa también quiso destacar en la producción de energía eléctrica en Madrid el biogás extraído de los lodos de depuración (que supone el 6,72%) y la producida por el biogás de los residuos del parque Tecnológico de Valdemingómez (que representa el 8,68%).

«Un potencial que va a verse reforzado con el nuevo Complejo de Biometanización«. Este complejo permitirá que por primera vez en España el biogás que se extraiga de los residuos, además de utilizarlo como combustible para la producción de energía eléctrica, pueda ser inyectado a la red general de gas natural.

El Gobierno cambia el sistema de derechos de emisiones de CO2

De esta forma, con esta adaptación normativa el Gobierno impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera competitiva e igualitaria con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La Unión Europea en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

Nicosia abrirá el 11 de mayo las ofertas para explotar gas en el mar

La futura concesión para explotar lo que se consideran enormes reservas de gas levantó las suspicacias de Turquía, que desde 1974 ocupa militarmente el tercio norte de la isla en la llamada República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Ankara.

Sin mencionar cuántas empresas se presentaron a la oferta, Christofides citó a más de 80 compañías, que compraron por más de un millón de euros estudios preliminares sobre la investigación sísmica en el fondo marino de esas aguas, a 96 millas náuticas de la costa chipriota.

Según el político, la inversión inicial para la extracción de gas natural es del orden de varios miles de millones de euros, pero sólo la conducción desde los 13 yacimientos hasta la localidad costera meridional chipriota de Vasiliko, entre Limassol y Larnaca, costaría unos 2.500 millones de euros.

Uno de estos yacimientos ya fue adjudicado en una primera fase a la compañía norteamericana Noble Energy, que estima en 7 billones de pies cúbicos las reservas de gas en esa zona, cuyos trabajos de perforación exploratoria en el yacimiento «Afrodita» comenzaron el 18 de septiembre pasado para alcanzar los 1.689 metros de profundidad marina.

Dado que las necesidades nacionales de consumo son muy inferiores a las cantidades que se prevé extraer, Nicosia piensa exportar el excedente como gas licuado, lo que requerirá construir una planta de licuación, así como producir electricidad en centrales alimentadas con gas para suministrarla a la red europea de corriente por un cable submarino, precisó el portavoz gubernamental.

En este sentido, Chipre e Israel ya firmaron un acuerdo para el futuro suministro de electricidad producida en aquel país en centrales propulsadas con gas procedente del Mediterráneo, según Christofides. Para realizar estos planes habrá que esperar, al menos, hasta el año 2017, cuando la extracción de gas del fondo marino esté plenamente desarrollada, comentó el portavoz.

También manifestó que, en principio, todos los habitantes de la isla, tanto grecochipriotas como turcochipriotas, deberán poder beneficiarse de la explotación del gas, pese a las cortapisas y amenazas expresadas por Ankara, que considera que los derechos de prospección de Nicosia son «una provocación». Turquía, el único país que reconoce el norte chipriota, afirmó que cualquier recurso natural también pertenece a ese territorio ocupado por Ankara.

En los últimos meses las conversaciones bilaterales quedaron bloqueadas en un clima de mutuas acusaciones, todo sazonado con una postura inamovible e intransigente, que impide un acercamiento, tras el rechazo popular pronunciado en un referéndum celebrado en 2004 sobre la reunificación de la isla.

Una posible cooperación de Chipre con Israel en la exploración del gas en aguas próximas a ambos países fue un elemento de exasperación adicional para Turquía, cuyas relaciones políticas con Tel Aviv se deterioraron visiblemente en los últimos tiempos.

En cualquier caso, Christofides manifestó que Chipre se reservará el derecho de denegar los derechos de explotación «a un país o compañía que ponga en peligro la seguridad nacional», en alusión a una posible oferta de compañías turcas al proyecto energético.

También confirmó el interés de firmas chinas en los yacimientos gasísticos en el Mediterráneo, sin mencionar ninguna en concreta, tras recordar que las ofertas se revelarán el 11 de mayo, aunque esto no significa que los 12 lugares de explotación vayan a ser concedidos en su totalidad.

El consumo eléctrico desciende un 0,6% hasta abril, según Unesa

Mientras, el mercado peninsular de energía eléctrica cubierto con energía generada en el régimen ordinario fue de 55.250 millones de kWh entre el 1 de enero y el 30 de abril del presente año, lo que supone un descenso del 2,5% respecto del mismo período del pasado ejercicio. Excluyendo el 29 de febrero, dichas magnitudes se cifrarían en 54.652 millones de kWh y en el -3,6%, respectivamente.

El régimen ordinario cubrió el 63,9% de la demanda total peninsular del período citado, que fue de 86.517 millones de kWh, un 0,6% menos que en el mismo período de 2011. El 36,1% restante fue cubierto por la energía generada por los productores en régimen especial y el saldo de los intercambios internacionales de energía eléctrica.

En lo que va de año, la electricidad aportada por los productores en régimen especial, que incluye renovables y cogeneración, fue de 35.321 millones de kWh y creció un 6,5% respecto al mismo período del año anterior y supone el 40,8% de la demanda total peninsular.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, la producción bruta en el régimen ordinario ascendió a 59.749 millones de kWh, lo que supone un descenso del 0,8%. No
considerando el 29 de febrero, dicha producción sería de 59.118 millones de kWh, con un descenso del 1,8%

Por tipos de centrales, tanto la producida mediante termoeléctrica clásica (carbón, fuelóleo y gas), hasta los 32.253 millones de kWh, como la nuclear, hasta los 21.814 millones de kWh, aumentaron en un 17,3% cada una. Por su parte, la de origen hidroeléctrico descendió un 59,8%, hasta los 5.682 millones de kWh. No considerando el 29 de febrero, dicha producción sería de 59.118 millones de kWh, con un descenso del 1,8%.

La diferencia entre la producción bruta y la energía destinada a abastecer el mercado se debe a los consumos propios de las centrales y al consumo en bombeo.