La liberalización del mercado eléctrico podría dejar hasta 16,2 millones de consumidores sin TUR

Actualmente, tienen derecho a acogerse a la TUR los consumidores con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (kW) y, según los datos publicados por la CNE, a 31 de diciembre de 2011, había 20,1 millones de usuarios adscritos a esta tarifa, principalmente hogares y pymes.

En dicho informe se desglosó el número de clientes por cada tramo de potencia en el que se indicó el porcentaje de consumidores acogidos a la TUR, la única que desde julio de 2009 fija el Ejecutivo y la que los abonados con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios pueden elegir acogerse a ella o contratar el suministro en el mercado libre.

Posteriormente entró en vigor el bono social, figura por la que el recibo eléctrico quedó congelado a precios de enero de 2009 automáticamente para los usuarios con potencias inferiores a los 3 KW, así como para los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas y los pensionistas mínimos que lo soliciten.

En varias ocasiones, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que el objetivo del Gobierno es aumentar la liberalización del sector eléctrico, para lo que el umbral por encima del cual los clientes deberán ir a mercado pasará de los 10 kW actuales a un nivel aún por determinar, que oscilará entre 3 y 5 kW, como en reiteradas ocasiones solicitó el sector.

En la actualidad hay 26.642.126 de usuarios con potencias inferiores a 10 kW y, por ello, con derecho a TUR, si bien de esta cifra 6.531.130 de clientes, o cerca del 25%, ya contrata el suministro en el mercado libre, mientras que 20,1 millones de usuarios tienen una tarifa regulada.

Si el Gobierno decide recortar el umbral máximo para disfrutar de la TUR a 5 kW, una cuarta parte de los consumidores actualmente acogidos al precio regulado, que suman en total 5.025.435 puntos de suministro, se quedará sin esta modalidad, mientras que si el corte llega a 3 kW, la medida afectará a 16,1 millones, o al 80,6% del total.

De los más de 20 millones de clientes acogidos a la TUR, el grueso tiene contratado entre 3 kW y 5 kW de potencia. En concreto, 233.689 (1,16%) tienen contratado 1 kW; 1.450.419 (7,21%), 2 kW; 2.214.986 (11,01%), 3 kW; 6.854.819 (34,08%), 4 kW; 4.331.648 (21,54%), 5 kW; 3.028.906 (15,06%), 6 kW; 925.387 (4,60%), 7 kW; 197.481, 8 kW; 286.082 (1,42%), 9 kW, y 587.579 (2,92%), 10 kW.

Si la liberalización es menor y deja el umbral en 5 kW, 15.085.561 de consumidores con TUR podrán seguir disfrutándola, lo que supone el 75% del total de puntos de suministro acogidos en la actualidad a esta modalidad.

En términos de electricidad consumida, fijar el nuevo umbral en 3 kW implicaría la liberalización del 90% de la energía actualmente suministrada a tarifa, mientras que fijarlo en 5 kW equivaldría a liberalizar el 40% de la energía.

El organismo que preside Alberto Lafuente afirmó que, adicionalmente, existen otros 900.000 consumidores suministrados por empresas distribuidoras de menor tamaño, de los cuales únicamente 90.000 no se encuentran en el mercado libre.

Por otro lado, el informe de la CNE muestra que Endesa cuenta con 11,3 millones de clientes con potencias inferiores a 10 kW, frente a los 10,34 millones de clientes de Iberdrola y los 3,56 millones de Gas Natural Fenosa.

Medio Ambiente destaca el «acierto» en la compra internacional de unidades de CO2 para cumplir con los compromisos de Kioto

Ramos consideró «muy positivo» el nuevo enfoque del Ejecutivo en su estrategia de compra internacional de créditos de unidades de CO2 para poder cumplir con Kioto, dado que España ya no dispone de margen de maniobra para reducir a corto plazo sus emisiones.

«Con el presupuesto de este 2012 hemos adquirido un volumen de unidades, mediante compra bilateral, muy superior al de todos los años anteriores, consiguiendo un ahorro del 91% por tonelada de CO2 adquirida respecto al mejor precio negociado en la legislatura anterior», explicó.

El secretario de Estado detalló de este modo el acuerdo negociado y firmado con Polonia, «en condiciones inmejorables para nuestro país». Así, con sólo el 12% del presupuesto dedicado en años anteriores a esta compra, subrayó, España va a obtener en torno a un 40,5% más de derechos que en toda la legislatura anterior.

«Mediante este acuerdo de compra ya firmado», prosiguió, «se cubrirá gran parte del déficit estimado, de 105 millones de unidades, consiguiendo más unidades que en todas las compras bilaterales adquiridas entre 2008 y 2011″.

Ramos sentenció que esta compra de derechos de emisión «nos sitúa en posición de poder cumplir el Protocolo de Kioto», unas cuentas que habrá que rendir en 2015.

Añadió que esta adquisición internacional se complementó con la puesta en marcha de operaciones novedosas de optimización de nuestra cartera de créditos, mediante permuta de unidades. «Unas operaciones que nos han permitido aumentar el volumen de nuestra cartera de créditos sin coste alguno», indicó.

Asimismo, destacó el avance en la estrategia de impulsar la actividad económica baja en carbono en España, reduciendo las emisiones con proyectos puestos en marcha por las empresas españolas.

Medio Ambiente destaca el «acierto» en la compra internacional de unidades de CO2 para cumplir con los compromisos de Kioto

Ramos consideró «muy positivo» el nuevo enfoque del Ejecutivo en su estrategia de compra internacional de créditos de unidades de CO2 para poder cumplir con Kioto, dado que España ya no dispone de margen de maniobra para reducir a corto plazo sus emisiones.

«Con el presupuesto de este 2012 hemos adquirido un volumen de unidades, mediante compra bilateral, muy superior al de todos los años anteriores, consiguiendo un ahorro del 91% por tonelada de CO2 adquirida respecto al mejor precio negociado en la legislatura anterior», explicó.

El secretario de Estado detalló de este modo el acuerdo negociado y firmado con Polonia, «en condiciones inmejorables para nuestro país». Así, con sólo el 12% del presupuesto dedicado en años anteriores a esta compra, subrayó, España va a obtener en torno a un 40,5% más de derechos que en toda la legislatura anterior.

«Mediante este acuerdo de compra ya firmado», prosiguió, «se cubrirá gran parte del déficit estimado, de 105 millones de unidades, consiguiendo más unidades que en todas las compras bilaterales adquiridas entre 2008 y 2011″.

Ramos sentenció que esta compra de derechos de emisión «nos sitúa en posición de poder cumplir el Protocolo de Kioto», unas cuentas que habrá que rendir en 2015.

Añadió que esta adquisición internacional se complementó con la puesta en marcha de operaciones novedosas de optimización de nuestra cartera de créditos, mediante permuta de unidades. «Unas operaciones que nos han permitido aumentar el volumen de nuestra cartera de créditos sin coste alguno», indicó.

Asimismo, destacó el avance en la estrategia de impulsar la actividad económica baja en carbono en España, reduciendo las emisiones con proyectos puestos en marcha por las empresas españolas.

La electricidad ya sube hasta un 4,5% en los mercados a plazo por la nueva fiscalidad energética

En concreto, el operador ibérico de la electricidad, OMIP, recoge repuntes de 1,8 euros por megavatio hora (MWh) para las compras de 2013, hasta 53,9 euros por MWh, y de 2,4 euros por MW para las de 2014, hasta 54,7 euros por MWh, según un análisis técnico externo de la consultora Enérgitas incluido en los boletines informativos de la asociación española de cogeneradores, Acogen.

La nueva fiscalidad eléctrica aprobada por el Gobierno, que se tramita como proyecto de ley y que se encuentra en trámite parlamentario, incluye un impuesto del 6% a la generación de electricidad, «céntimos verdes» para distintos productos fósiles y nuevos impuestos para la actividad nuclear e hidráulica.

El impuesto del 6% implicaría, sobre la base de un precio medio del MWh de 50 euros, un encarecimiento de la electricidad de 3 euros por MWh para el régimen ordinario, y casi el doble para el régimen especial, que en muchos casos no podrá trasladar el impuesto al consumidor final.

El nuevo «céntimo verde» del gas natural, que consiste en realidad en la eliminación de unas exenciones fiscales, grava en 2,34 euros por MWh la adquisición de gas en la producción eléctrica con ciclos combinados de gas, y origina un sobreprecio de 3,6 euros por MWh.

Las compras a futuro de electricidad para 2013 ya sufren una tendencia al alza técnicamente conocida con ‘contango‘, en la que se asume la nueva fiscalidad, a pesar de que todavía no ha sido aprobada por el Parlamento.

Para el primer trimestre de 2013, los mercados recogen una subida del 1,8%, mientras que en el segundo trimestre los incrementos oscilan, según el producto, entre el 1,6% y el 4,1%. En el tercer y cuarto trimestre, se aprecian subidas de hasta el 3,8% en el mes de octubre.

En todo caso, hay factores que podrían frenar la subida en los mercados eléctricos relacionada con la nueva fiscalidad, entre ellos las caídas del consumo y la revalorización del euro frente al dólar.

El estudio también advirtió de que el importe del nuevo impuesto es superior al margen de las comercializadoras de electricidad, de modo que estas empresas deben trasladar el incremento al mercado porque, de lo contrario, suspenderían pagos.

Esta circunstancia hace que estas empresas intenten rescindir los contratos a plazo firmados hasta la fecha, y podrían hacerlo de forma unilateral si no se llega a ningún acuerdo.

En el caso hipotético de que las comercializadores desapareciesen, los consumidores tendrían que acudir directamente al mercado mayorista o a algún tipo de remedo legislativo como el Marco Legal y Estable, en el que el mercado estaba completamente regulado mediante tarifa integral de suministro.

La electricidad ya sube hasta un 4,5% en los mercados a plazo por la nueva fiscalidad energética

En concreto, el operador ibérico de la electricidad, OMIP, recoge repuntes de 1,8 euros por megavatio hora (MWh) para las compras de 2013, hasta 53,9 euros por MWh, y de 2,4 euros por MW para las de 2014, hasta 54,7 euros por MWh, según un análisis técnico externo de la consultora Enérgitas incluido en los boletines informativos de la asociación española de cogeneradores, Acogen.

La nueva fiscalidad eléctrica aprobada por el Gobierno, que se tramita como proyecto de ley y que se encuentra en trámite parlamentario, incluye un impuesto del 6% a la generación de electricidad, «céntimos verdes» para distintos productos fósiles y nuevos impuestos para la actividad nuclear e hidráulica.

El impuesto del 6% implicaría, sobre la base de un precio medio del MWh de 50 euros, un encarecimiento de la electricidad de 3 euros por MWh para el régimen ordinario, y casi el doble para el régimen especial, que en muchos casos no podrá trasladar el impuesto al consumidor final.

El nuevo «céntimo verde» del gas natural, que consiste en realidad en la eliminación de unas exenciones fiscales, grava en 2,34 euros por MWh la adquisición de gas en la producción eléctrica con ciclos combinados de gas, y origina un sobreprecio de 3,6 euros por MWh.

Las compras a futuro de electricidad para 2013 ya sufren una tendencia al alza técnicamente conocida con ‘contango‘, en la que se asume la nueva fiscalidad, a pesar de que todavía no ha sido aprobada por el Parlamento.

Para el primer trimestre de 2013, los mercados recogen una subida del 1,8%, mientras que en el segundo trimestre los incrementos oscilan, según el producto, entre el 1,6% y el 4,1%. En el tercer y cuarto trimestre, se aprecian subidas de hasta el 3,8% en el mes de octubre.

En todo caso, hay factores que podrían frenar la subida en los mercados eléctricos relacionada con la nueva fiscalidad, entre ellos las caídas del consumo y la revalorización del euro frente al dólar.

El estudio también advirtió de que el importe del nuevo impuesto es superior al margen de las comercializadoras de electricidad, de modo que estas empresas deben trasladar el incremento al mercado porque, de lo contrario, suspenderían pagos.

Esta circunstancia hace que estas empresas intenten rescindir los contratos a plazo firmados hasta la fecha, y podrían hacerlo de forma unilateral si no se llega a ningún acuerdo.

En el caso hipotético de que las comercializadores desapareciesen, los consumidores tendrían que acudir directamente al mercado mayorista o a algún tipo de remedo legislativo como el Marco Legal y Estable, en el que el mercado estaba completamente regulado mediante tarifa integral de suministro.

El déficit de tarifa duplica hasta agosto el tope legal para 2012 y supera los 3.500 millones de euros

Esta cifra es más del doble del tope legal de 1.500 millones de euros para el conjunto de este año, así como un 34% superior a la prevista en enero, un 128% superior a la estimada en la revisión de tarifas de abril y un 30% superior a la del mismo mes del año pasado.

Sin embargo, la deuda eléctrica bajó hasta agosto un 7,1% con respecto al mes anterior gracias a un ingreso en el sistema eléctrico de 616 millones de euros correspondiente a los remanentes del IDAE. Este pago único fue anunciado en marzo por el Gobierno para aliviar el déficit de tarifa.

Este se genera porque los ingresos obtenidos a través del recibo de la luz no son suficientes para retribuir todos los costes que se pretenden, entre los que se incluye el precio de la energía, las primas a las renovables, las subvenciones al carbón, la distribución, el transporte o la moratoria nuclear.

Pese al abultado déficit, tanto la CNE como el Ejecutivo confían en que 2012 acabe con un desajuste inferior al máximo permitido de 1.500 millones de euros. Las refacturaciones de la luz ordenadas por el Tribunal Supremo, que provocan alzas del 7% del recibo entre agosto y diciembre, y el recorte a las primas fotovoltaicas, que se aplica desde agosto, aliviarán la tarifa eléctrica.

Al cierre de 2011, el déficit de tarifa superaba los 24.000 millones de euros, algo que el Gobierno pretende resolver con el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que recoge varios impuestos para la generación de electricidad.

En la presentación del proyecto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que estas medidas permitirán cumplir el objetivo de dejar de generar déficit en 2013 y que, de no adoptarse, este aumentaría unos 5.000 millones de euros al año.

En su previsión para el año, la CNE calculó que el déficit será de 1.466 millones de euros, 33 millones por debajo del tope. No obstante, el regulador sigue cifrando en 473 millones de euros el coste de la actividad extrapeninsular imputable a la tarifa, dando por hecho que parte de esta partida, de cerca de 2.000 millones al año, la asumirán los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Gobierno ya dejó fuera de los PGE de 2012 este sobrecoste de la actividad en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, e hizo lo mismo en las cuentas de 2013, de modo que la tarifa eléctrica deberá asumir el 100% de este importe.

Mientras, a la espera de las refacturaciones, los consumidores eléctricos pagaron a través de sus recibos un total de 8.657 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 10% con respecto a la cifra del mismo periodo de 2011.

En su liquidación mensual, la CNE también constató que las primas al régimen especial, que incluyen las recibidas por las energías renovables y la cogeneración, ascendieron a 6.331 millones de euros hasta agosto, un 34% más que los previsto a comienzos de año y un 30% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En todo caso, es previsible que las primas se contengan en lo que queda de año, porque el real decreto ley 14/2010 limita las horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas, lo que hace que entre agosto y diciembre muchas plantas dejen de recibir esta retribución regulada.

El sistema eléctrico ingresó hasta agosto 8.500 millones de euros. Una vez descontado el dinero correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registra un desajuste de 2.172 millones de euros.

A este déficit es necesario descontar costes regulados a razón de 963 millones de euros para el transporte y 2.769 millones de euros para la distribución. Además, se reconoció un coste de 98 millones de euros para desajustes de ingresos de 2006, de 7,6 millones de euros para desajustes de ingresos de 2008 y de 69 millones en concepto de la segunda subasta del déficit «ex ante».

El sistema de interrumpibilidad, en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 322 millones de euros hasta agosto.

El déficit de tarifa duplica hasta agosto el tope legal para 2012 y supera los 3.500 millones de euros

Esta cifra es más del doble del tope legal de 1.500 millones de euros para el conjunto de este año, así como un 34% superior a la prevista en enero, un 128% superior a la estimada en la revisión de tarifas de abril y un 30% superior a la del mismo mes del año pasado.

Sin embargo, la deuda eléctrica bajó hasta agosto un 7,1% con respecto al mes anterior gracias a un ingreso en el sistema eléctrico de 616 millones de euros correspondiente a los remanentes del IDAE. Este pago único fue anunciado en marzo por el Gobierno para aliviar el déficit de tarifa.

Este se genera porque los ingresos obtenidos a través del recibo de la luz no son suficientes para retribuir todos los costes que se pretenden, entre los que se incluye el precio de la energía, las primas a las renovables, las subvenciones al carbón, la distribución, el transporte o la moratoria nuclear.

Pese al abultado déficit, tanto la CNE como el Ejecutivo confían en que 2012 acabe con un desajuste inferior al máximo permitido de 1.500 millones de euros. Las refacturaciones de la luz ordenadas por el Tribunal Supremo, que provocan alzas del 7% del recibo entre agosto y diciembre, y el recorte a las primas fotovoltaicas, que se aplica desde agosto, aliviarán la tarifa eléctrica.

Al cierre de 2011, el déficit de tarifa superaba los 24.000 millones de euros, algo que el Gobierno pretende resolver con el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que recoge varios impuestos para la generación de electricidad.

En la presentación del proyecto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que estas medidas permitirán cumplir el objetivo de dejar de generar déficit en 2013 y que, de no adoptarse, este aumentaría unos 5.000 millones de euros al año.

En su previsión para el año, la CNE calculó que el déficit será de 1.466 millones de euros, 33 millones por debajo del tope. No obstante, el regulador sigue cifrando en 473 millones de euros el coste de la actividad extrapeninsular imputable a la tarifa, dando por hecho que parte de esta partida, de cerca de 2.000 millones al año, la asumirán los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Gobierno ya dejó fuera de los PGE de 2012 este sobrecoste de la actividad en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, e hizo lo mismo en las cuentas de 2013, de modo que la tarifa eléctrica deberá asumir el 100% de este importe.

Mientras, a la espera de las refacturaciones, los consumidores eléctricos pagaron a través de sus recibos un total de 8.657 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 10% con respecto a la cifra del mismo periodo de 2011.

En su liquidación mensual, la CNE también constató que las primas al régimen especial, que incluyen las recibidas por las energías renovables y la cogeneración, ascendieron a 6.331 millones de euros hasta agosto, un 34% más que los previsto a comienzos de año y un 30% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En todo caso, es previsible que las primas se contengan en lo que queda de año, porque el real decreto ley 14/2010 limita las horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas, lo que hace que entre agosto y diciembre muchas plantas dejen de recibir esta retribución regulada.

El sistema eléctrico ingresó hasta agosto 8.500 millones de euros. Una vez descontado el dinero correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registra un desajuste de 2.172 millones de euros.

A este déficit es necesario descontar costes regulados a razón de 963 millones de euros para el transporte y 2.769 millones de euros para la distribución. Además, se reconoció un coste de 98 millones de euros para desajustes de ingresos de 2006, de 7,6 millones de euros para desajustes de ingresos de 2008 y de 69 millones en concepto de la segunda subasta del déficit «ex ante».

El sistema de interrumpibilidad, en el que el Gobierno prepara mejoras retributivas para amortiguar el efecto de la subida del coste energético para las grandes industrias, ocasionó un coste de 322 millones de euros hasta agosto.

La CNC ve insuficiente el nivel de competencia en la distribución de carburantes y urge a «la adopción de medidas de mejora regulatoria»

La CNC concluye que la falta de competencia explica el elevado precio de los carburantes en España
Este diagnóstico animó al organismo a publicar un documento de 23 medidas para mejorar la competencia en el sector y consideró «fundamental» que su introducción se realice al mismo tiempo entre mayoristas y minoristas, al tiempo que recomendó al Gobierno, como titular de las competencias en materia de planificación y regulación básica en el sector de los hidrocarburos y de ordenación de la actividad económica en general, una «solución global» y simultánea a los problemas de competencia del sector.

De lo contrario, prosiguió el documento, con la sola aplicación de medidas únicamente en un segmento del mercado la entrada de nuevos operadores y la expansión de otros alternativos no quedaría garantizada y no podría mejorarse la competencia en el sector.

El informe de la CNC ahondó además en algunas de las conclusiones ya publicadas por el organismo en julio, en un documento parecido acerca del sector. En aquel momento, ya aludió a la escasa competencia en el sector de los carburantes, a los altos precios antes de impuestos en España y al fenómeno de los «cohetes y las plumas», por el que las subidas de precios en los mercados internacionales se trasladan con rapidez al surtidor (cohetes), lo que no ocurre cuando hay bajadas (plumas).

En su nuevo informe, el regulador consideró que en el sector de los carburantes de automoción existe un «insuficiente nivel de competencia» tanto en la actividad mayorista como minorista, así como «elementos estructurales» que dificultan la aparición y expansión de nuevos operadores.

En este contexto, se detectó que, al menos desde 2007, los márgenes brutos de distribución (MBD) crecieron en España más que en otros países. Así, entre 2007 y 2010 el margen bruto en España aumentó un 20% en el caso de la gasolina 95 y un 21% en gasóleo A, «pese a partir ya de niveles mucho más elevados que otros países como Reino Unido, Francia y Alemania», y a pesar de la fuerte contracción de la demanda, afirmó el organismo.

De esta forma, España está cerca de los países de más alto crecimiento de los márgenes en gasolina 95 y es el país donde más ha crecido el citado margen en gasóleo, «muy por encima del resto de la Unión Europea».

En este sentido, el informe de Competencia afirmó que «los precios y los márgenes en España siguen estando entre los más altos de la Unión Europea y por encima de economías de tamaño comparable, lo que resulta compatible con un menor nivel de competencia a lo largo de la cadena de comercialización».

Por ello, apeló a que se pongan en marcha medidas dirigidas a «aumentar la competencia mediante la reducción de las barreras de entrada y expansión de los operadores petrolíferos».

Competencia explicó que el sector español de carburantes de automoción está «altamente concentrado» en torno a los tres principales operadores (Repsol, Cepsa y BP), «que disfrutan de ventajas sustanciales respecto al resto de operadores derivadas de su peso e importancia en el mercado, su integración vertical con actividades de refino en España, sus vínculos estructurales con el monopolista de la red de transporte, CLH, que les permite influir en la gestión y acceder a información sobre las infraestructuras de importación, transporte y almacenamiento, y por la capilaridad y estabilidad de sus redes minoristas de estaciones de servicio».

Otra rémora, para la CNC, es que no existe regulación ni control efectivo sobre CLH, empresa titular de las principales instalaciones de recepción, transporte y almacenamiento de carburantes.

A este respecto, reclamó un régimen de incompatibilidades en los órganos de gobierno de CLH y puntualizó que es recomendable limitar al 5% las participaciones directas e indirectas en el accionariado de CLH, además de que sus tarifas de transporte estén sujetas a autorización del regulador.

Añadió que no existe transparencia ni un verdadero control sobre las peticiones de acceso a los almacenamientos, y más de la mitad de la capacidad de almacenamiento en España, ubicada en las refinerías, no está sujeta a las obligaciones generales de dar acceso a terceros.

Asimismo, solicitó reforzar el control sobre el desarrollo de la red de oleoductos o conectar físicamente la red española con la de otros países.

Apuntó también a las barreras administrativas existentes, «desproporcionadas y a veces notoriamente ‘contra legem'», para la apertura de nuevas Estaciones de Servicio, una barrera que se atribuyó fundamentalmente a los ayuntamientos, o favorecer la entrada de nuevos operadores en las adjudicaciones de suelo público en los términos municipales o carreteras de titularidad estatal y autonómica.

Pidió la CNC que se eliminen las trabas para la instalación de nuevas refinerías y que se facilite la apertura de nuevas estaciones de servicio en establecimientos comerciales con las preceptivas modificaciones en los planteamientos urbanísticos.

También en relación con las estaciones de servicio, éstas tienen vínculos contractuales de abanderamiento y suministro en exclusiva a largo o muy largo plazo, lo que puede provocar un efecto de cierre del mercado.

De este modo, la propuesta de la CNC se fijó en la regulación de una duración máxima de estos contratos en exclusiva cuando el suministro se realice por los grandes operadores, y abogóa por prohibir a las petroleras que recomienden precios de venta al público a los gestores de estaciones de servicio. Asimismo, también pidió restringir los derechos de voto y la presencia en órganos de gobierno en más de un operador principal.

La competencia, según este órgano de control, se ve reducida por la existencia de vínculos entre operadores, recomendaciones de precios y asimetría de información.

Al Ministerio de Industria se le pidió ampliar su servicio de información de precios en las gasolineras con la elaboración de listas de las más baratas y la indicación de servicios adicionales.

Competencia afirmó que las recomendaciones de precios y los precios máximos que los suministradores imponen a las estaciones de servicio
«pueden tener un efecto restrictivo
de la competencia dado que permiten al operador reducir la competencia entre las estaciones de su red».

La CNC ve insuficiente el nivel de competencia en la distribución de carburantes y urge a «la adopción de medidas de mejora regulatoria»

La CNC concluye que la falta de competencia explica el elevado precio de los carburantes en España
Este diagnóstico animó al organismo a publicar un documento de 23 medidas para mejorar la competencia en el sector y consideró «fundamental» que su introducción se realice al mismo tiempo entre mayoristas y minoristas, al tiempo que recomendó al Gobierno, como titular de las competencias en materia de planificación y regulación básica en el sector de los hidrocarburos y de ordenación de la actividad económica en general, una «solución global» y simultánea a los problemas de competencia del sector.

De lo contrario, prosiguió el documento, con la sola aplicación de medidas únicamente en un segmento del mercado la entrada de nuevos operadores y la expansión de otros alternativos no quedaría garantizada y no podría mejorarse la competencia en el sector.

El informe de la CNC ahondó además en algunas de las conclusiones ya publicadas por el organismo en julio, en un documento parecido acerca del sector. En aquel momento, ya aludió a la escasa competencia en el sector de los carburantes, a los altos precios antes de impuestos en España y al fenómeno de los «cohetes y las plumas», por el que las subidas de precios en los mercados internacionales se trasladan con rapidez al surtidor (cohetes), lo que no ocurre cuando hay bajadas (plumas).

En su nuevo informe, el regulador consideró que en el sector de los carburantes de automoción existe un «insuficiente nivel de competencia» tanto en la actividad mayorista como minorista, así como «elementos estructurales» que dificultan la aparición y expansión de nuevos operadores.

En este contexto, se detectó que, al menos desde 2007, los márgenes brutos de distribución (MBD) crecieron en España más que en otros países. Así, entre 2007 y 2010 el margen bruto en España aumentó un 20% en el caso de la gasolina 95 y un 21% en gasóleo A, «pese a partir ya de niveles mucho más elevados que otros países como Reino Unido, Francia y Alemania», y a pesar de la fuerte contracción de la demanda, afirmó el organismo.

De esta forma, España está cerca de los países de más alto crecimiento de los márgenes en gasolina 95 y es el país donde más ha crecido el citado margen en gasóleo, «muy por encima del resto de la Unión Europea».

En este sentido, el informe de Competencia afirmó que «los precios y los márgenes en España siguen estando entre los más altos de la Unión Europea y por encima de economías de tamaño comparable, lo que resulta compatible con un menor nivel de competencia a lo largo de la cadena de comercialización».

Por ello, apeló a que se pongan en marcha medidas dirigidas a «aumentar la competencia mediante la reducción de las barreras de entrada y expansión de los operadores petrolíferos».

Competencia explicó que el sector español de carburantes de automoción está «altamente concentrado» en torno a los tres principales operadores (Repsol, Cepsa y BP), «que disfrutan de ventajas sustanciales respecto al resto de operadores derivadas de su peso e importancia en el mercado, su integración vertical con actividades de refino en España, sus vínculos estructurales con el monopolista de la red de transporte, CLH, que les permite influir en la gestión y acceder a información sobre las infraestructuras de importación, transporte y almacenamiento, y por la capilaridad y estabilidad de sus redes minoristas de estaciones de servicio».

Otra rémora, para la CNC, es que no existe regulación ni control efectivo sobre CLH, empresa titular de las principales instalaciones de recepción, transporte y almacenamiento de carburantes.

A este respecto, reclamó un régimen de incompatibilidades en los órganos de gobierno de CLH y puntualizó que es recomendable limitar al 5% las participaciones directas e indirectas en el accionariado de CLH, además de que sus tarifas de transporte estén sujetas a autorización del regulador.

Añadió que no existe transparencia ni un verdadero control sobre las peticiones de acceso a los almacenamientos, y más de la mitad de la capacidad de almacenamiento en España, ubicada en las refinerías, no está sujeta a las obligaciones generales de dar acceso a terceros.

Asimismo, solicitó reforzar el control sobre el desarrollo de la red de oleoductos o conectar físicamente la red española con la de otros países.

Apuntó también a las barreras administrativas existentes, «desproporcionadas y a veces notoriamente ‘contra legem'», para la apertura de nuevas Estaciones de Servicio, una barrera que se atribuyó fundamentalmente a los ayuntamientos, o favorecer la entrada de nuevos operadores en las adjudicaciones de suelo público en los términos municipales o carreteras de titularidad estatal y autonómica.

Pidió la CNC que se eliminen las trabas para la instalación de nuevas refinerías y que se facilite la apertura de nuevas estaciones de servicio en establecimientos comerciales con las preceptivas modificaciones en los planteamientos urbanísticos.

También en relación con las estaciones de servicio, éstas tienen vínculos contractuales de abanderamiento y suministro en exclusiva a largo o muy largo plazo, lo que puede provocar un efecto de cierre del mercado.

De este modo, la propuesta de la CNC se fijó en la regulación de una duración máxima de estos contratos en exclusiva cuando el suministro se realice por los grandes operadores, y abogóa por prohibir a las petroleras que recomienden precios de venta al público a los gestores de estaciones de servicio. Asimismo, también pidió restringir los derechos de voto y la presencia en órganos de gobierno en más de un operador principal.

La competencia, según este órgano de control, se ve reducida por la existencia de vínculos entre operadores, recomendaciones de precios y asimetría de información.

Al Ministerio de Industria se le pidió ampliar su servicio de información de precios en las gasolineras con la elaboración de listas de las más baratas y la indicación de servicios adicionales.

Competencia afirmó que las recomendaciones de precios y los precios máximos que los suministradores imponen a las estaciones de servicio
«pueden tener un efecto restrictivo
de la competencia dado que permiten al operador reducir la competencia entre las estaciones de su red».

El precio de la electricidad sube un 14,6% en el último año y el del gas un 10,5%, según datos del INE

La tasa se sitúa casi diez puntos por encima del IPC general, que se situó en el 3,4% en septiembre.

Pese a que el incremento del IVA se produjo al inicio del mes, la variación del precio de la electricidad respecto al mes de agosto es de un 2,5% mientras que respecto al mes de septiembre de hace un año del 14,6%, igual porcentaje que en lo que va de 2012.

Por su parte, el precio del gas aumentó un 10,5% en lo que va de año. La diferencia en el precio es de un 2,5% respecto al mes de agosto y de un 12,2% si se compara con el mes de septiembre de 2011.