Anpier dice que el mal diseño del «pool» energético y la moratoria nuclear explican un 32% del déficit de tarifa del sistema eléctrico

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La asociación calificó de «virtual» este 32% del déficit de tarifa y lamentó que estas incorrecciones del sistema generen «unas deudas inexistentes que pagan todos los españoles».

Junto a esto, consideró que la propuesta del PP de trasladar de la tarifa eléctrica a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un 38% de las primas a las renovables no es más que un «parche» que no ataja el problema «esencial», que es la necesidad de definir un nuevo modelo energético sostenible.

El porcentaje del 32% ofrecido por Anpier parte de un eventual déficit de tarifa de 5.000 millones de euros, de los que 52,3 millones proceden de la moratoria nuclear, 962,6 millones de los beneficios obtenidos por estas tecnologías en el «pool» a través de los «windfall profits» y 602,4 millones de euros del beneficio de las hidráulicas por este mismo concepto.

Anpier recordó que el mecanismo del «pool» retribuye todos los megavatios con el mismo precio, que es el que marca la última tecnología en participar en el mercado, que es la más cara de todas.

Esta retribución, señaló la asociación, se hace «con independencia del origen» de cada megavatio. En 2012 se pagó el megavatio hora a 57,5 euros, cuando la producción de nuclear cuesta 44,3 euros y la hidráulica 39 euros.

«Teniendo en cuenta que cerca del 30% de la energía consumida en nuestro país es nuclear o hidroeléctrica, resulta evidente que se está generando una enorme deuda virtual», afirmó la asociación fotovoltaica.

Por su parte, Anpier indicó que la moratoria nuclear supuso el desembolso de 4.000 millones de euros en los últimos años. Esta medida «no cuenta con el respaldo de la ciudadanía» y consiste en retribuir a una tecnología «cuestionada» tras el accidente nuclear de Fukushima, aseguró.

Gas Natural Fenosa y E.ON lideran la captación de clientes de gas en el primer semestre, según la CNE

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Tras estas nuevas captaciones, Gas Natural Fenosa se mantiene como el grupo con mayores ventas de gas natural, con un 42,46% del total durante el periodo, por delante del 14,5% de Endesa, del 12,8% de UF Gas Comercializadora, del 6,9% de Cepsa, del 6,7% de EDP-Naturgas y del 4,2% de Iberdrola.

En número de clientes, Gas Natural Fenosa también lidera la clasificación con 4,18 millones de usuarios, o un 57% del total, frente a los 1,2 millones de Endesa, que concentra el 17,2%, o los 777.719 usuarios de Iberdrola, que tiene un 10,6%. Naturgas, con 765.914 altas, tiene una cuota del 10,4%, mientras que Galp (4,2%) y E.ON (0,6%) tienen 307.565 y 45.373 clientes, respectivamente.

La CNE indicó que la incorporación de clientes en el primer semestre del año ascendió a 62.160, lo que elevó a 7,3 millones el número total de consumidores en el mercado del gas natural en España.

El número de consumidores suministrados a precio libre aumentó en 145.614 con respecto a marzo de 2012, y alcanzó los 4,95 millones, lo que representa el 67,5% del total de clientes del mercado nacional, frente al 32,5% de consumidores que permanecen acogidos a las tarifas de gas último recurso.

El total de cambios de suministrador de gas natural fue de 860.000 durante el primer semestre, lo que supone que uno de cada nueve clientes de gas cambió de suministrador en este semestre, es decir, un 31% más respecto al mismo periodo del año anterior.

La CNE también constató que el consumo total de gas natural se situó en 194.585 gigavatios hora (GWh) en el primer semestre, lo que supone un descenso del 3,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Gas Natural Fenosa y E.ON lideran la captación de clientes de gas en el primer semestre, según la CNE

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Tras estas nuevas captaciones, Gas Natural Fenosa se mantiene como el grupo con mayores ventas de gas natural, con un 42,46% del total durante el periodo, por delante del 14,5% de Endesa, del 12,8% de UF Gas Comercializadora, del 6,9% de Cepsa, del 6,7% de EDP-Naturgas y del 4,2% de Iberdrola.

En número de clientes, Gas Natural Fenosa también lidera la clasificación con 4,18 millones de usuarios, o un 57% del total, frente a los 1,2 millones de Endesa, que concentra el 17,2%, o los 777.719 usuarios de Iberdrola, que tiene un 10,6%. Naturgas, con 765.914 altas, tiene una cuota del 10,4%, mientras que Galp (4,2%) y E.ON (0,6%) tienen 307.565 y 45.373 clientes, respectivamente.

La CNE indicó que la incorporación de clientes en el primer semestre del año ascendió a 62.160, lo que elevó a 7,3 millones el número total de consumidores en el mercado del gas natural en España.

El número de consumidores suministrados a precio libre aumentó en 145.614 con respecto a marzo de 2012, y alcanzó los 4,95 millones, lo que representa el 67,5% del total de clientes del mercado nacional, frente al 32,5% de consumidores que permanecen acogidos a las tarifas de gas último recurso.

El total de cambios de suministrador de gas natural fue de 860.000 durante el primer semestre, lo que supone que uno de cada nueve clientes de gas cambió de suministrador en este semestre, es decir, un 31% más respecto al mismo periodo del año anterior.

La CNE también constató que el consumo total de gas natural se situó en 194.585 gigavatios hora (GWh) en el primer semestre, lo que supone un descenso del 3,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La emisiones descendieron en 2011 en Europa un 2,5%, aunque en España crecieron un 0,1%

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La directora ejecutiva de EEA, Jacqueline McGlade, señaló que la Unión Europea en su conjunto debe «sobre-cumplir» su objetivo de Kioto» y alertó de que «en dos meses ya se va a cumplir el final del primer período de compromiso». A su juicio, en líneas generales «se han hecho considerables progresos desde 1997, pero todos los Estados miembros tienen que cumplir con sus planes» hasta el final.

En este sentido, McGlade indicó que «los miembros de la Unión Europea que no han alcanzado su objetivo a través de la reducción de emisiones nacionales, aún tendrán disponibles los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto hasta 2015».

Concretamente, el informe de EEA indicó que los países que registraron una mayor reducción de sus emisiones en términos porcentuales son Chipre (13%), seguido de Bélgica, Finlandia y Dinamarca, todas con un 8%. La agencia también destacó Reino Unido como el país donde se registraron los mayores recortes de emisiones en términos absolutos, con una reducción de 36 millones de toneladas equivalente de CO2 (un 6%).

Del mismo modo, indicó que nueve países de la Unión Europea aumentaron las emisiones entre 2010 y 2011. Bulgaria es quien más las aumentó con un 11%, por delante de Lituania (3%) y Rumania (2%). Sin embargo, el informe indicó que estos países hicieron «algunos de los más profundos recortes en las emisiones globales desde 1990».

Entre los nueve Estados que aumentaron sus emisiones se encuentra España con un 0,1%. Al respecto, la EEA indicó que, aunque haya países cuyo porcentaje de crecimiento sea mínimo, se demuestra que no están en el camino correcto hacia el cumplimiento del Protocolo de Kioto.

En cuanto a las causas de esta reducción general de emisiones en Europa, la EEA señaló que el invierno cálido en la mayoría de los países podría ser «un factor clave» para obtener esta cifra del 2,5%, ya que, según explicó McGlide, «la demanda de combustibles fósiles para la calefacción fue menor que en años anteriores».

Estas cifras se consolidarán a mediados de 2013 en el inventario de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, según indicó la agencia, que apuntó que el inventario permitirá un análisis detallado de las tendencias de las emisiones en todos los países miembros.

La emisiones descendieron en 2011 en Europa un 2,5%, aunque en España crecieron un 0,1%

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La directora ejecutiva de EEA, Jacqueline McGlade, señaló que la Unión Europea en su conjunto debe «sobre-cumplir» su objetivo de Kioto» y alertó de que «en dos meses ya se va a cumplir el final del primer período de compromiso». A su juicio, en líneas generales «se han hecho considerables progresos desde 1997, pero todos los Estados miembros tienen que cumplir con sus planes» hasta el final.

En este sentido, McGlade indicó que «los miembros de la Unión Europea que no han alcanzado su objetivo a través de la reducción de emisiones nacionales, aún tendrán disponibles los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto hasta 2015».

Concretamente, el informe de EEA indicó que los países que registraron una mayor reducción de sus emisiones en términos porcentuales son Chipre (13%), seguido de Bélgica, Finlandia y Dinamarca, todas con un 8%. La agencia también destacó Reino Unido como el país donde se registraron los mayores recortes de emisiones en términos absolutos, con una reducción de 36 millones de toneladas equivalente de CO2 (un 6%).

Del mismo modo, indicó que nueve países de la Unión Europea aumentaron las emisiones entre 2010 y 2011. Bulgaria es quien más las aumentó con un 11%, por delante de Lituania (3%) y Rumania (2%). Sin embargo, el informe indicó que estos países hicieron «algunos de los más profundos recortes en las emisiones globales desde 1990».

Entre los nueve Estados que aumentaron sus emisiones se encuentra España con un 0,1%. Al respecto, la EEA indicó que, aunque haya países cuyo porcentaje de crecimiento sea mínimo, se demuestra que no están en el camino correcto hacia el cumplimiento del Protocolo de Kioto.

En cuanto a las causas de esta reducción general de emisiones en Europa, la EEA señaló que el invierno cálido en la mayoría de los países podría ser «un factor clave» para obtener esta cifra del 2,5%, ya que, según explicó McGlide, «la demanda de combustibles fósiles para la calefacción fue menor que en años anteriores».

Estas cifras se consolidarán a mediados de 2013 en el inventario de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, según indicó la agencia, que apuntó que el inventario permitirá un análisis detallado de las tendencias de las emisiones en todos los países miembros.

La CNC no detecta prácticas que justifiquen abrir expedientes sancionadores a las petroleras tal y como pidieron los transportistas

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El organismo consideró que las «características estructurales del mercado español de carburantes facilitan situaciones restrictivas de la competencia no necesariamente derivadas de comportamientos de los operadores contrarios a la normativa».

Así lo apuntó Competencia en la respuesta que envió a Fenadismer para rechazar la solicitud que esta patronal de transporte de mercancías por carretera le realiza para que abra un expediente sancionador contra las petroleras por «presuntas prácticas colusorias restrictivas de la competencia».

En su respuesta, con fecha del 18 de octubre, el organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós recordó que el sector de los carburantes fue objeto de análisis en numerosas ocasiones por parte de la CNC, «que ha publicado varias resoluciones e informes sectoriales, el último de ellos el pasado 15 de octubre».

«Las evidencias contenidas en los diferentes informes y en las fuentes consultadas permiten cuestionar la existencia de competencia efectiva suficiente en el mercado de carburantes en España», indicó la CNC en su contestación.

En este punto, Competencia consideró que cuando dicha situación deriva de comportamientos anticompetitivos, «la CNC dispone de facultades para sancionar dichas conductas.

«No obstante, tal como la CNC ha indicado en ocasiones anteriores, las características estructurales del mercado español de carburantes facilitan situaciones restrictivas de la competencia no necesariamente derivadas de comportamientos de los operadores contrarios a la normativa de competencia«, indicó el organismo que, para paliar esta situación propuso «soluciones de carácter regulatorio».

«A la vista de la información disponible hasta la fecha, no puede concluirse la existencia de prácticas colusorias por parte de los operadores que justifiquen la incoación de un expediente sancionador, tal como solicitan, sin perjuicio de que la aparición futura de nueva información pudiera suponer la iniciación de actuaciones al respecto», concluyó la CNC.

Los transportistas advierten de una situación límite

De su lado, Fenadismer estimó necesario que, ante «la actual falta de competencia real en el sector de los carburantes, se inicie un procedimiento sancionador contra las compañías petrolíferas con imposición de multas ejemplarizantes que las disuada de continuar en dichas prácticas y cuya cuantía tenga en cuenta su volumen de facturación anual».

La patronal de transportistas recordó que el sector del transporte por carreteras está considerado como el principal consumidor de carburante en España, con el 41% del total. Además, el gasto en combustible representa el 40% del coste de explotación total de estas empresas, desde el 30% que acaparaba recientemente. «Por ello, la variación en el precio tiene una especial repercusión en estas compañías«, recordó.

Asimismo, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) consideró que el progresivo incremento de los precios de los carburantes coloca al sector en una situación «límite» al no poder repercutir esta subida en el precio de los servicios por la debilidad de la demanda.

Astic demandó a las autoridades de control de la competencia que impulsen las modificaciones legales que corrijan el «defectuoso» funcionamiento del mercado del gasóleo.

Por ello, solicitaron al Ministerio de Fomento que establezca cláusulas de repercusión obligatorias, cuya aplicación no dependa de una negociación con los clientes de los transportistas, que consideran actualmente «totalmente desequilibrada».

De no corregirse este desequilibrio, la asociación advirtió de un progresivo cierre de empresas de transporte y alertó de las consecuencias negativas que esto tendrá en el número de desempleados y en la disminución de la recaudación de impuestos.

Además, señaló la dificultad añadida para el sector del comercio exterior español, uno de los que más contribuye a suavizar las caídas del PIB y que utiliza para su actividad en gran medida los servicios del transporte por carretera. Por último, subrayaron el desequilibrio que hay actualmente en las relaciones comerciales del sector del transporte por carretera.

La CNC no detecta prácticas que justifiquen abrir expedientes sancionadores a las petroleras tal y como pidieron los transportistas

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El organismo consideró que las «características estructurales del mercado español de carburantes facilitan situaciones restrictivas de la competencia no necesariamente derivadas de comportamientos de los operadores contrarios a la normativa».

Así lo apuntó Competencia en la respuesta que envió a Fenadismer para rechazar la solicitud que esta patronal de transporte de mercancías por carretera le realiza para que abra un expediente sancionador contra las petroleras por «presuntas prácticas colusorias restrictivas de la competencia».

En su respuesta, con fecha del 18 de octubre, el organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós recordó que el sector de los carburantes fue objeto de análisis en numerosas ocasiones por parte de la CNC, «que ha publicado varias resoluciones e informes sectoriales, el último de ellos el pasado 15 de octubre».

«Las evidencias contenidas en los diferentes informes y en las fuentes consultadas permiten cuestionar la existencia de competencia efectiva suficiente en el mercado de carburantes en España», indicó la CNC en su contestación.

En este punto, Competencia consideró que cuando dicha situación deriva de comportamientos anticompetitivos, «la CNC dispone de facultades para sancionar dichas conductas.

«No obstante, tal como la CNC ha indicado en ocasiones anteriores, las características estructurales del mercado español de carburantes facilitan situaciones restrictivas de la competencia no necesariamente derivadas de comportamientos de los operadores contrarios a la normativa de competencia«, indicó el organismo que, para paliar esta situación propuso «soluciones de carácter regulatorio».

«A la vista de la información disponible hasta la fecha, no puede concluirse la existencia de prácticas colusorias por parte de los operadores que justifiquen la incoación de un expediente sancionador, tal como solicitan, sin perjuicio de que la aparición futura de nueva información pudiera suponer la iniciación de actuaciones al respecto», concluyó la CNC.

Los transportistas advierten de una situación límite

De su lado, Fenadismer estimó necesario que, ante «la actual falta de competencia real en el sector de los carburantes, se inicie un procedimiento sancionador contra las compañías petrolíferas con imposición de multas ejemplarizantes que las disuada de continuar en dichas prácticas y cuya cuantía tenga en cuenta su volumen de facturación anual».

La patronal de transportistas recordó que el sector del transporte por carreteras está considerado como el principal consumidor de carburante en España, con el 41% del total. Además, el gasto en combustible representa el 40% del coste de explotación total de estas empresas, desde el 30% que acaparaba recientemente. «Por ello, la variación en el precio tiene una especial repercusión en estas compañías«, recordó.

Asimismo, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) consideró que el progresivo incremento de los precios de los carburantes coloca al sector en una situación «límite» al no poder repercutir esta subida en el precio de los servicios por la debilidad de la demanda.

Astic demandó a las autoridades de control de la competencia que impulsen las modificaciones legales que corrijan el «defectuoso» funcionamiento del mercado del gasóleo.

Por ello, solicitaron al Ministerio de Fomento que establezca cláusulas de repercusión obligatorias, cuya aplicación no dependa de una negociación con los clientes de los transportistas, que consideran actualmente «totalmente desequilibrada».

De no corregirse este desequilibrio, la asociación advirtió de un progresivo cierre de empresas de transporte y alertó de las consecuencias negativas que esto tendrá en el número de desempleados y en la disminución de la recaudación de impuestos.

Además, señaló la dificultad añadida para el sector del comercio exterior español, uno de los que más contribuye a suavizar las caídas del PIB y que utiliza para su actividad en gran medida los servicios del transporte por carretera. Por último, subrayaron el desequilibrio que hay actualmente en las relaciones comerciales del sector del transporte por carretera.

El fondo de la deuda eléctrica reinicia casi ocho meses después las emisiones del déficit de tarifa

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«Ayer se hizo la primera colocación privada, que continuará en los próximos días y semanas», señaló el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, antes de indicar que Iberdrola se encuentra «en contacto» con las administraciones y confía en su compromiso con las titulizaciones.

Las nuevas titulizaciones se realizan casi ocho meses después de la última de estas colocaciones, realizada en marzo, y menos de un mes después de que el comité de seguimiento del FADE validara la cesión a esta entidad de otros 7.000 millones de euros del déficit de tarifa, con vistas a su posterior colocación en los mercados de deuda.

El director financiero de la eléctrica, José Sainz Armada, explicó que Iberdrola mantuvo una reunión «con el Tesoro» en la que se confirmó la colocación de 122 millones de euros y en la que se les informó de que «en los próximos meses» habrá más colocaciones. «Estamos convencidos del compromiso del Gobierno con las titulizaciones de los 7.000 millones transferidos» por las eléctricas, señaló.

De este importe, 2.450 millones corresponden a Iberdrola, que confía en las titulizaciones del déficit de tarifa para recortar en 6.000 millones de euros su deuda hasta 2014. La legislación actual establece que, una vez transferidos los derechos de cobro al FADE, las colocaciones deben realizarse en un periodo máximo de doce meses.

Este nuevo traslado de deuda eléctrica de los balances de las empresas al fondo de titulización elevará de 13.885 millones de euros a 20.885 millones de euros el importe del déficit de tarifa que las cinco principales compañías del sector dejaron de financiar en sus balances, lo que rebajará la presión de las agencias de calificación crediticia sobre sus respectivos «rating».

Por otro lado, Iberdrola calculó que el déficit de tarifa hasta septiembre de 2012 se encuentra ligeramente por debajo de los 3.000 millones de euros, lo que supone un descenso con respecto a los 3.611 millones hasta agosto, si bien esta cifra aún está muy por encima de los 1.500 millones de tope legal para el ejercicio.

Los consumidores de luz son los que deben pagar la deuda eléctrica, generada porque los ingresos vía tarifa son inferiores a los costes reales. Hasta ahora, las eléctricas financiaban esta deuda al Euríbor más un pequeño diferencial, pero con las colocaciones los tipos de interés han llegado a alcanzar niveles del 6%.

El fondo de la deuda eléctrica reinicia casi ocho meses después las emisiones del déficit de tarifa

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«Ayer se hizo la primera colocación privada, que continuará en los próximos días y semanas», señaló el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, antes de indicar que Iberdrola se encuentra «en contacto» con las administraciones y confía en su compromiso con las titulizaciones.

Las nuevas titulizaciones se realizan casi ocho meses después de la última de estas colocaciones, realizada en marzo, y menos de un mes después de que el comité de seguimiento del FADE validara la cesión a esta entidad de otros 7.000 millones de euros del déficit de tarifa, con vistas a su posterior colocación en los mercados de deuda.

El director financiero de la eléctrica, José Sainz Armada, explicó que Iberdrola mantuvo una reunión «con el Tesoro» en la que se confirmó la colocación de 122 millones de euros y en la que se les informó de que «en los próximos meses» habrá más colocaciones. «Estamos convencidos del compromiso del Gobierno con las titulizaciones de los 7.000 millones transferidos» por las eléctricas, señaló.

De este importe, 2.450 millones corresponden a Iberdrola, que confía en las titulizaciones del déficit de tarifa para recortar en 6.000 millones de euros su deuda hasta 2014. La legislación actual establece que, una vez transferidos los derechos de cobro al FADE, las colocaciones deben realizarse en un periodo máximo de doce meses.

Este nuevo traslado de deuda eléctrica de los balances de las empresas al fondo de titulización elevará de 13.885 millones de euros a 20.885 millones de euros el importe del déficit de tarifa que las cinco principales compañías del sector dejaron de financiar en sus balances, lo que rebajará la presión de las agencias de calificación crediticia sobre sus respectivos «rating».

Por otro lado, Iberdrola calculó que el déficit de tarifa hasta septiembre de 2012 se encuentra ligeramente por debajo de los 3.000 millones de euros, lo que supone un descenso con respecto a los 3.611 millones hasta agosto, si bien esta cifra aún está muy por encima de los 1.500 millones de tope legal para el ejercicio.

Los consumidores de luz son los que deben pagar la deuda eléctrica, generada porque los ingresos vía tarifa son inferiores a los costes reales. Hasta ahora, las eléctricas financiaban esta deuda al Euríbor más un pequeño diferencial, pero con las colocaciones los tipos de interés han llegado a alcanzar niveles del 6%.

La liberalización del mercado eléctrico podría dejar hasta 16,2 millones de consumidores sin TUR

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Actualmente, tienen derecho a acogerse a la TUR los consumidores con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (kW) y, según los datos publicados por la CNE, a 31 de diciembre de 2011, había 20,1 millones de usuarios adscritos a esta tarifa, principalmente hogares y pymes.

En dicho informe se desglosó el número de clientes por cada tramo de potencia en el que se indicó el porcentaje de consumidores acogidos a la TUR, la única que desde julio de 2009 fija el Ejecutivo y la que los abonados con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios pueden elegir acogerse a ella o contratar el suministro en el mercado libre.

Posteriormente entró en vigor el bono social, figura por la que el recibo eléctrico quedó congelado a precios de enero de 2009 automáticamente para los usuarios con potencias inferiores a los 3 KW, así como para los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas y los pensionistas mínimos que lo soliciten.

En varias ocasiones, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que el objetivo del Gobierno es aumentar la liberalización del sector eléctrico, para lo que el umbral por encima del cual los clientes deberán ir a mercado pasará de los 10 kW actuales a un nivel aún por determinar, que oscilará entre 3 y 5 kW, como en reiteradas ocasiones solicitó el sector.

En la actualidad hay 26.642.126 de usuarios con potencias inferiores a 10 kW y, por ello, con derecho a TUR, si bien de esta cifra 6.531.130 de clientes, o cerca del 25%, ya contrata el suministro en el mercado libre, mientras que 20,1 millones de usuarios tienen una tarifa regulada.

Si el Gobierno decide recortar el umbral máximo para disfrutar de la TUR a 5 kW, una cuarta parte de los consumidores actualmente acogidos al precio regulado, que suman en total 5.025.435 puntos de suministro, se quedará sin esta modalidad, mientras que si el corte llega a 3 kW, la medida afectará a 16,1 millones, o al 80,6% del total.

De los más de 20 millones de clientes acogidos a la TUR, el grueso tiene contratado entre 3 kW y 5 kW de potencia. En concreto, 233.689 (1,16%) tienen contratado 1 kW; 1.450.419 (7,21%), 2 kW; 2.214.986 (11,01%), 3 kW; 6.854.819 (34,08%), 4 kW; 4.331.648 (21,54%), 5 kW; 3.028.906 (15,06%), 6 kW; 925.387 (4,60%), 7 kW; 197.481, 8 kW; 286.082 (1,42%), 9 kW, y 587.579 (2,92%), 10 kW.

Si la liberalización es menor y deja el umbral en 5 kW, 15.085.561 de consumidores con TUR podrán seguir disfrutándola, lo que supone el 75% del total de puntos de suministro acogidos en la actualidad a esta modalidad.

En términos de electricidad consumida, fijar el nuevo umbral en 3 kW implicaría la liberalización del 90% de la energía actualmente suministrada a tarifa, mientras que fijarlo en 5 kW equivaldría a liberalizar el 40% de la energía.

El organismo que preside Alberto Lafuente afirmó que, adicionalmente, existen otros 900.000 consumidores suministrados por empresas distribuidoras de menor tamaño, de los cuales únicamente 90.000 no se encuentran en el mercado libre.

Por otro lado, el informe de la CNE muestra que Endesa cuenta con 11,3 millones de clientes con potencias inferiores a 10 kW, frente a los 10,34 millones de clientes de Iberdrola y los 3,56 millones de Gas Natural Fenosa.