Pedro Zubillaga, recién elegido presidente de la Asociacón de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), denunció la problemática del sector del butano envasado que se deriva de un «sistema de precios injusto que nos obliga a vender a pérdidas» y que está poniendo en riesgo el futuro de este negocio, «que forma parte de la cultura española».
De este modo, Zubillaga consideró que el precio de la bombona debería subir «al menos dos euros, hasta el nivel de cobertura de los costes», para que las empresas dejen de perder dinero.
Según adelantó el presidente de la AOGLP, Industria ya ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una propuesta de revisión del precio de la bombona para el mes de abril en la que contempla un incremento del 6%, pasando de los 13,19 euros actuales a los 14 euros, IVA incluido.
Por tanto, para Zubillaga, el precio del gas licuado debería alcanzar los 16 euros, lo que supone un incremento en torno al 21% con respecto a los niveles actuales y recordó que en Portugal o Francia el precio de la bombona es un 80% superior al de España.
Por su parte, José Luis Blanco, secretario y director general de la AOGLP, aseguró que «el GLP está en una encrucijada que podría llevarle a su desaparición».
«Nunca antes en la historia de la comercialización del GLP, los operadores habíamos pasado un periodo tan prolongado y pronunciado de ventas a pérdidas como el actual. Cada bombona de butano y propano que se vende en España está ocasionando al operador una pérdida media de dos euros y se da la paradoja de que cuanto más se vende, más se pierde«, dijo.
Según Blanco, «la venta a pérdidas es una figura prohibida en la legislación española y produce un quebranto tanto al que vende como al que compra, puesto que está poniendo en riesgo el abastecimiento a domicilio, uno de los sistemas con más arraigo y fundamentación social en España».
Para la AOGLP, lo «más duro» para el sector fue la fórmula que se puso en marcha mediante la Orden ITC 2608/2009 que modificó dos elementos esenciales del esquema de determinación del precio máximo del GLP envasado. Por una parte, el coste de aprovisionamiento de la materia prima, al que hay que sumar el flete y, por otra parte, los costes de comerciaalización, conocido como el término C, «que incluye desde la llegada del buque del gas hasta la llegada al cliente final, con todos los costes asociados que ello conlleva».
Esta orden introdujo el término Landa, con el que se pretendía retrasar la incorporación al precio de venta del incremento de coste de la materia prima. Ese término quedó «encapsulado» en un 25% calculado con el esquema regido por la regulación anterior a octubre de 2009, y el 75% dependiente del trimestre anterior, que genera «un efecto retardo».
Según argumentó Blanco, «esto provoca que en cinco años todavía sigamos referenciándonos a cuando más bajo estaba el gas, que era abril de 2009» y que los operadores ingresen 536 euros por tonelada, frente a los 700 euros de precio de compra que correspondería con la fórmula anterior. «Esto es lo que llamamos vender a pérdidas», sentenció.
«Sin duda, es una fórmula totalmente injusta porque no reconoce el coste real de la materia prima, lo que produce márgenes negativos a los operadores«, afirmó. De hecho, el efecto de los costes bajos se prolongará en el tiempo durante cinco años, hasta 2014.
Según la ley vigente, sólo se procederá a la actualización del precio si la media de las cotizaciones del butano y el propano que se emplea para definir los precios sufre variaciones trimestrales superiores al 2%.
Todo ello ha supuesto «unas pérdidas importantísimas» a los operadores que alcanzaron los 152 millones de euros durante el año 2010 y cerca de 35 millones de euros en los dos primeros meses de este año, con lo que arrastran un déficil cercano a los 200 millones de euros en los últimos 14 meses y cercano a los 500 millones de euros en los últimos diez años. De este monto, el 31 % corresponderían a la actividad en Andalucía; el 14 % a la zona de Levante; el 10 % a Galicia; el 9 % a Cataluña; el 4 % a Baleares y el 3 %, a Madrid.
De hecho, Blanco puntualizó que los operadores pierden 500.000 euros de media al día, «una cifra absolutamente brutal», debido a que «los precios están muy por debajo a los que los operadores están obligados a pagar cuando compran el producto».
Como consecuencia de esta problemática, Blanco anunció que, el pasado lunes, la AOGLP interpuso una denuncia ante la Unión Europea contra el reino de España por incumplir el Tratado de Funcionamiento europeo en materia de libertad de establecimiento de empresas. Una denuncia que se une al recurso presentado ante el Tribunal Surpemo contra la citada Orden ITC 2608/2009, es decir, la reglamentación gubernamental que actualmente determina el precio del gas licuado envasado entre los 8 y los 20 kilogramos, donde está la bombona de butano.
Asimismo, la AOGLP dijo que remite cada mes una carta para denunciar la situación del sector al ministro de Industria, Miguel Sebastián, a la presidenta de la CNE, María Teresa Costa, a parlamentarios y eurodiputados y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Por todo ello, «el sector necesita clara y urgentemente un marco legal que refleje los costes reales de materias primas y de comercialización, lo que viene siendo la liberalización del sector», exigió Blanco. Algo que la CNE estimó que se fijara como fecha máxima en el año 2010. Sin embargo, «somos el único país europeo, junto a Bégica, con precios regulados», concluyó.
La AOGLP reúne a Cepsa, Disa, Galp Enegía, Primagas, Repsol y Vitogas España, los operadores activos en el mercado español, que dan empleo a más de 9.000 personas y que dan suministro a más de ocho millones de hogares españoles. Su misión es, según palabras de Zubillaga «promover y defender el GLP en el mix eléctrico español».
