La AOGLP aseguró que pierden hasta tres euros por cada bombona de butano, que actualmente cuesta 15,09 euros impuestos incluidos, por la falta de apoyo institucional y a la aparición de nuevos distribuidores.

Durante la presentación del informe «Más allá de la red de Gas«, el director general de la asociación, José Luis Blanco, explicó que, frente al «mito» de que el butano es la energía de los pobres, este producto lo consumen todos los segmentos de población, es barato y se vende a pérdida, porque la fórmula no reconoce los costes reales.

El precio del butano lo determina trimestralmente Industria mediante la aplicación de una fórmula que tiene en cuenta aspectos como los costes de la materia prima, los fletes, el tipo de cambio de la moneda y la comercialización.

«Estamos subvencionando a todo el mundo, hasta los calentadores de las terrazas» donde la gente fuma en invierno, afirmó Blanco, quien lamentó la «falta de apoyo institucional» y cifró en 300 millones las pérdidas del sector desde que en octubre de 2009 se empezara a aplicar la actual fórmula de cálculo del precio regulado. Desde las pasadas elecciones hasta hoy, las pérdidas ascienden a 15 millones de euros.

La situación del mercado del GLP, el 70% del cual corresponde al butano, se agravó debido a una caída del 11% en la demanda en 2011 y a la perspectiva de que, como indicó Blanco, el consumo pueda descender «entre el 3% y el 4%» durante el presente ejercicio.

Blanco insistió en su petición al Gobierno para que se reconozcan los costes reales de su actividad y dijo que están dispuestos a una liberalización total del sector, a una liberalización parcial con la creación de una bombona social para las rentas más bajas, a fórmulas como el déficit de tarifa eléctrico o a regirse por un sistema regulado, pero que reconozca sus costes.

Por su parte, el presidente de la AOGLP, Pedro Zubillaga, explicó que el sector «ha sido sometido a un precio regulado sin justificación razonable por cuestiones sociales o políticas que hace perder dinero y que está perjudicando a las empresas». El precio «artificial» no sirve para promocionar la eficiencia, añadió.

El estudio presentado por AOGLP aseguró que duplicar el consumo de GLP permitiría ahorrar hasta 2030 la emisión de más de 20 millones de toneladas de CO2 y, con ello, cerca de 1.000 millones de euros. Además, supondría una mejora del 7% de la eficiencia energética global del sector residencial y un aumento del 2% en el uso de la energía solar y geotérmica.

Zubillaga recordó que la fórmula actual de revisión del precio de la bombona está recurrida ante el Tribunal Supremo y pidió al nuevo Gobierno «lo mismo que al anterior», esto es, que busque soluciones para la «supervivencia» de un sector que emplea entre 8.000 y 10.000 trabajadores.

AOGLP defendió la liberalización del precio de la bombona, la posibilidad de restringir la tarifa a un pequeño grupo de consumidores vulnerables y que se les reconozca la pérdida provocada por el desajuste entre el coste real y el precio final, lo que equivale a un «déficit de tarifa» del butano.

Por otro lado, los responsables de AOGLP defendieron el autogás como alternativa al coche eléctrico. Blanco explicó que por 2.000 euros es posible instalar un sistema de este tipo en el vehículo y que, incluso sin subvenciones a la compra, esta solución puede ser muy interesante, ya que es probable que los nuevos planes de calidad ambiental faciliten la circulación y el aparcamiento gratuito de estos coches en las ciudades.

La asociación destacó el creciente interés de los gasolineros por instalar puntos de suministro de autogás y esperó que el 10% de las estaciones de servicio lleguen a contar con esta infraestructura, así como que más de cien mil coches puedan disponer de esta tecnología en el futuro.

La compañía aprobó la planificación que permitirá adelantar el inicio de las obras del gasoducto ideado para unir al mayor productor y exportador del gas del mundo con el sur de Europa, por el fondo del mar Negro.

Gazprom cuenta con todos los permisos, estudios y tecnologías para iniciar el proyecto en diciembre de este año, adelantó el consorcio remitido a los medios.

«Tenemos para ello la base jurídica internacional, el gran interés de todos los miembros del proyecto en Europa, los recursos financieros necesarios y una experiencia única en la realización de gasoductos marinos de envergadura. El proyecto es esperado y empezamos a llevarlo a cabo», aseguró Miller.

El último escollo para convertir en realidad South Stream fue superado hace apenas tres semanas, cuando Turquía autorizó a Gazprom el trazado de su gasoducto por el fondo del mar Negro, en aguas de la zona especial económica turca.

El gasoducto, pensado para bombear primero 30.000 millones y luego 63.000 millones de metros cúbicos de gas anuales (un 10% de las necesidades europeas) desde Rusia a Bulgaria, a través del mar Negro, y luego a los Balcanes, podría desembocar en el norte de Italia.

Igualmente, la infraestructura rusa podría llegar hasta los territorios serbios (República Sprska) de Bosnia Herzegovina.

South Stream es un proyecto de gasoducto entre Rusia y los países del sur de Europa participado por las corporaciones Gazprom, la italiana Eni, la francesa EDF y la alemana BASF, que el pasado mes de septiembre sellaron un acuerdo vinculante para convertirlo en una realidad.

El proyecto ruso es competidor del europeo Nabucco, que pretende reducir la dependencia europea del gas ruso con un gasoducto de 4.000 kilómetros desde el Mar Caspio hasta Austria, pasando por Turquía, Bulgaria, Rumanía y Hungría.

A pesar de la participación de los gigantes energéticos europeos en South Stream, es Nabucco quién cuenta con el apoyo oficial de Bruselas, preocupada por la dependencia energética de Europa.

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, describió el proyecto ruso como un intento de frustrar los planes europeos de crear el llamado Corredor Sur de gas.

Y es que actualmente Bruselas importa de Rusia el 25% del gas que consume.

La misma semana que las energéticas europeas daban vida a South Stream tras firmar un acuerdo con Gazprom, la Unión Europea concedía a la Comisión Europea el mandato para que negocie con Azerbaiyán y Turkmenistán el tendido del Nabucco eludiendo territorio ruso.

El planteamiento de Industria parte de que en la configuración de la tarifa entre 2005 y 2008 se asumían unos precios relacionados en parte con el suministro de gas argelino que luego se vieron revisados al alza, de modo que resulta necesario reconocer el coste adicional y trasladarlo a la TUR.

Gas Natural Fenosa ya advirtió durante las negociaciones con Sonatrach para resolver el conflicto del gas de que la revisión retroactiva de precios acabaría repercutiendo sobre los clientes finales de gas.

El diario «Cinco Días«, que adelantó el contenido de la propuesta de Industria, aseguró que la medida permitirá recaudar a través de la tarifa de acceso del gas 157,29 millones de euros en cinco años, lo que supondría una subida de la TUR de gas de un 1% adicional.

Para el análisis de la propuesta de Industria no se espera una resolución urgente de la CNE en diciembre, de modo que no está previsto que el real decreto sea aprobado por el Gobierno en funciones ni que su contenido afecte a la revisión de tarifas de enero.

El organismo tiene quince días hábiles para elaborar su informe preceptivo, periodo que comenzó a correr el pasado 25 de noviembre, cuando se recibió por el Consejo Consultivo de gas. Una vez elaborado, el informe debe remitirse al Ministerio y este departamento elabora el texto definitivo que se envía al Consejo de Ministros para su aprobación.

Laudo arbitral

Un tribunal internacional dio la razón a mediados de 2010 a Sonatrach frente a Gas Natural Fenosa en la revisión retroactiva de los precios de suministro de gas procedente del gasoducto del Magreb (Sagane).

Posteriormente, en junio de 2011, las partes acordaron al margen de los tribunales resolver el asunto con el pago por parte de la gasista española de unos 1.310 millones de euros a la empresa estatal argelina, por la revisión de los contratos objeto de arbitraje internacional así como por los suministros posteriores.

La propuesta de Industria hará que los clientes a tarifa paguen solo una parte de estos importes, ya que en el real decreto se reconocerían exclusivamente las cantidades del gas argelino destinadas al suministro a tarifa.

Refacturación

La propuesta de Industria fue remitida el pasado 21 de noviembre a la CNE y se presentó como una «refacturación» del gas vendido a tarifa entre 2005 y 2008 que supondría «el abono de cantidades adicionales a las ya devengadas (…) como consecuencia del laudo dictado por la Corte de París».

De este modo, si el Real Decreto se aprueba, la empresa gasista podría recuperar parte del coste del pacto con Sonatrach, la referida al gas que se destinó entre 2005 y 2008 al suministro a tarifa.

Los 157,29 millones de euros que se pretenden recaudar con la medida se recuperarían entre 2012 y 2016 a razón de 31,46 millones cada año. Desde 2005 ya viene funcionando un recargo en la tarifa, denominado copete, para cubrir los riesgos del conflicto arbitral relacionado con los contratos de suministro de gas argelino.

La propuesta de real decreto remitida por Industria deja claro que se descontaron las cantidades del copete al calcular el extracoste que ahora debe cargarse sobre la tarifa.

Facua lamenta que Industria prepare una subida del gas por el laudo

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción lamentó que «el Gobierno saliente» haya preparado sin consultarlo previamente con las asociaciones de consumidores una subida de la tarifa del gas para repercutir en los consumidores finales la revisión de precios de este combustible relacionada con el laudo entre Gas Natural Fenosa y Sonatrach.

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, afirmó que «el Gobierno saliente pide un acto de fe a los consumidores» al proponer una «subida considerable sin dar explicaciones» y sin convocar a las asociaciones para explicar esta medida.

Asimismo, lamentó que el Gobierno tampoco explicó «el cargo aplicado a la tarifa en 2005 como provisión de fondos» ante los efectos del laudo. «No sabemos si la cantidad de la nueva subida tiene ya descontado el importe que los consumidores han pagado desde 2005 porque no sabemos los cálculos de Industria», añadió.

Por otro lado, Facua consideró que al ministro saliente de Industria, Miguel Sebastián, «no le corresponde tomar esta decisión» y que se debería esperar al nuevo titular del departamento y a que se produzca un «diálogo previo con las asociaciones de consumidores».

Este descenso se debió a la suavidad del clima de los primeros cuatro meses de 2011, a la situación económica actual, al incremento de actividad del carbón y a las renovables.

En los nueve primeros meses del año, el mercado convencional (residencial y doméstico comercial) mejoró sensiblemente, con un avance del 0,6%, mientras que el de la industria tuvo un mejor comportamiento, con un incremento del 5,2% en su consumo de gas debido, en buena parte, a su actividad cogeneradora.

Por su parte, el sector de generación eléctrica a través de centrales térmicas de ciclo combinado vio reducido el consumo de gas en un 15,1%. Las principales causas fueron el aumento del uso del carbón y las renovables.

En este marco, la generación de electricidad con gas natural aportó el 20% de las necesidades de electricidad en España, dando cobertura al sistema en el momento en que las renovables han demostrado unos menores índices de producción eléctrica.

El principal consumidor de gas continua siendo el sector industrial, con un 53% del consumo total, seguido de las centrales eléctricas (31%) y del grupo doméstico comercial, con un 14% del consumo.