Europa Press.- El Gobierno, dentro del paquete de medidas recogidas en el decreto-ley aprobado para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ha decidido suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, durante 6 meses, así como introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde.
En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4% y supondrán «un alivio» para trabajar en medidas de más calado como la revisión del mercado eléctrico, la fiscalidad, «que es compleja y no es la óptima», así como el almacenamiento.
El Ministerio para la Transición Ecológica señaló que el «mal llamado» céntimo verde, pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta, ya que es trasladado a los precios de la electricidad cuando tecnologías como el gas a través de los ciclos combinados fijan los precios en el mercado mayorista.
Según el gabinete dirigido por Ribera, la evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Para un hogar con un consumo de unos 2.600 kilovatios hora (kWh) anuales, la subida podría ser de 23,4 euros para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4 euros en todo el año. Con estas medidas fiscales, el Gobierno prevé ahorrar a los consumidores unos 6,2 euros y unos 8,5 euros según la cuantía de los consumos.
Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico con la generación de déficit de tarifa, el Gobierno eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones anuales. Además, el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico podrá ser aplicado a los desajustes que se pudieran producir en 2018 y 2019.
Por otra parte, el Gobierno también ha adoptado medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables, fijados por la Unión Europea para 2020 en el 20%. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre. Mediante esta prórroga, hasta marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos, ya que, en la actualidad, apenas se han instalado 100 MW.
Con esta medida, se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España, según considera el gabinete dirigido por Ribera. En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.
Actuar sobre las cargas fiscales
Por su parte, Endesa considera una medida «razonable y positiva» para reducir los costes del sistema y beneficiar de manera directa a los consumidores la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fuentes de la compañía recuerdan que, para bajar de manera sustancial los precios eléctricos, la vía «más eficaz» es actuar sobre las cargas fiscales que encarecen «notablemente las tarifas y no tienen relación con los costes del suministro».
En lo que respecta al bono social, la energética subraya que siempre ha considerado positivo su existencia para permitir el acceso al servicio eléctrico a los consumidores de rentas más bajas y señala que es también «favorable» a que se definan con rigor las condiciones para su aplicación, «sobre la base de procedimientos simples y eficaces, a fin de que se beneficien de él las familias que realmente lo necesitan».
Además, también recibe de «manera positiva» la intención de crear un marco «estable y duradero» que dé seguridad a su implementación. No obstante, la compañía se suma a quienes consideran que es una medida de política social y que, en consecuencia, «su financiación debe ser asumida por parte de los presupuestos públicos, como señalan diversos informes de expertos y de organismos de la Unión Europea».
En lo que se refiere a la derogación del conocido como impuesto al sol, Endesa afirma que no solo es muy favorable al desarrollo del autoconsumo, sino que ofrece a los consumidores soluciones comerciales de muy diverso tipo para promover su implantación. En todo caso, recuerda que «ese mal llamado impuesto» no afecta en ningún caso a los ingresos de la compañía por cuanto que, tras su eliminación, los costes regulados del sistema serán los mismos». Sin embargo, destaca que en la medida en que los clientes que tengan instalaciones de autoconsumo no asumirán la totalidad del pago de esos costes, «será el resto de los consumidores quien lo haga».
