Europa Press / EFE.- Mientras el lehendakari vasco Iñigo Urkullu ha asegurado que Garoña «está más que amortizada» y ha advertido de que constituye «un riesgo cierto» y «evitable», el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, ha indicado que la política de la Comisión Europea acerca de la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares pasa por dejar la decisión en manos de los Estados, que deberán garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad para la continuidad de la instalación.
Tendrá que notificarse a Bruselas
«Si la prorrogan», afirmó Cañete en alusión a la eventual decisión de un Estado de ampliar la vida útil de una central, la política de la Comisión es “que se pongan en marcha inversiones necesarias para garantizar la seguridad en el funcionamiento al máximo nivel» y que se disponga del visto bueno de «las autoridades regulatorias nacionales«. Por tanto, sin aludir de forma expresa a la central nuclear de Santa María de Garoña, sí señaló que la prórroga de una central requerirá su notificación para que la Comisión Europea «se exprese«, en virtud del artículo 41 de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).
«En la Unión Europea tenemos 129 reactores nucleares en funcionamiento con una edad media que supera los 30 años, muchos de ellos al final de su vida útil», señaló el comisario, antes de indicar que los Estados deben tomar la decisión sobre si prorrogarán su funcionamiento. «Estamos en una fase en la que muchos países tienen que tomar decisiones sobre prorrogación de la vida útil dado que la edad media es de 30 años», añadió. Por tanto, el caso de la central burgalesa no es único en Europa, insistió Cañete.
Urkullu: “riesgo cierto y evitable»
Por su parte, el lehandakari Urkullu ha recordado que la sociedad alavesa y la vasca, además de las instituciones de Euskadi, y todos los partidos políticos, «también el PP del País Vasco» se han manifestado de manera unánime en contra de la reapertura de la central nuclear. Por ello, ha afirmado que «resulta incomprensible» que no se pudiera sacar adelante una declaración institucional conjunta en la Cámara vasca, «quizás porque ante la decisión del CSN parece que la responsabilidad recae ya en el Gobierno español» y se opusieron los populares.
Subrayó que hay «una interpretación, quizás», de la decisión del CSN en sentido de que la decisión relativa a Garoña «pudiera sentar un precedente» con respecto a otras centrales nucleares en el Estado. «La central de Garoña ha cubierto su función, desde el 1971 ya está más que amortizada, con unas instalaciones obsoletas, con unas empresas que participan de la central nuclear y que dicen que no es rentable las inversiones que se pudieran acometer», explicó. Urkullu apuntó que en la central «hay riesgos ciertos que hay que abordar» pero también «riesgos evitables». «Garoña es un riesgo cierto, pero evitable después de 40 años», sentenció.
