Standard&Poor’s considera que la retribución de REE y Enagás debería vincularse al IPC y denuncia la ausencia del regulador independiente

Europa Press.- Standard&Poor’s (S&P) considera que el marco regulatorio para las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas en España es «adecuado», pero detecta varias «debilidades» en el sistema, entre ellas la de que las retribuciones de Red Eléctrica de España (REE) y Enagás no estén vinculadas al IPC. S&P indica que «por ley las tarifas para los operadores de transporte de gas y electricidad no están vinculadas al IPC».

Otros puntos débiles son, desde su punto de vista, «la ausencia de un regulador independiente», en referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «el déficit de tarifa remanente en el sistema» y «la sensibilidad de los distribuidores y transportistas de gas hacia los volúmenes de gas«. En todo caso, también realza que el entorno regulatorio ofrece «características consistentes con una ventaja regulatoria adecuada y fuerte». Los operadores de gas y de electricidad se benefician, según indica, de unos marcos regulatorios recientemente establecidos que se asimilan a los de un sistema «maduro» y en el que las condiciones se definen cada 6 años de forma «transparente».

Andalucía abre el 15 de mayo el plazo para solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios

EFE.- La Junta de Andalucía abrirá el próximo 15 de mayo el plazo para que los ciudadanos, las pymes y las entidades locales soliciten las nuevas ayudas a la mejora energética de edificios e infraestructuras. Esta convocatoria, dotada con 163,7 millones de euros para los próximos cuatro años, financiará entre el 20% y el 85% del coste de proyectos de construcción sostenible y renovación de instalaciones de aislamiento térmico, iluminación y climatización.

El consejo de Gobierno autorizó una transferencia de 75,92 millones a la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) para poner en marcha el Programa de Incentivos al Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020, del que forman parte las ayudas. La línea de apoyo abierta ahora, denominada Construcción Sostenible, es la primera de las tres que componen el Programa de Incentivos, según explicó el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.

Las otras dos líneas de ayudas, que también se convocarán antes del verano, son las de Pyme Sostenible, que saldrá este mes y va dirigida a impulsar un cambio de modelo energético en las pequeñas y medianas empresas, y Redes Inteligentes, en junio, para iniciativas de eficiencia y ahorro en las ciudades. Los tres bloques de ayudas suponen una aportación pública inicial de 227 millones, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se sumará a los 400 ya invertidos desde 2009, y su despliegue conllevará la creación de unos 23.500 empleos hasta 2020.

Las ayudas a la construcción sostenible respaldan inversiones de ahorro, eficiencia, aprovechamiento de fuentes renovables, reforma y adaptación de infraestructuras urbanas de uso público y privado, incluido el residencial, con un total de 38 categorías de proyectos. Entre ellos destacan los relativos a aislamiento de cerramientos, suelos y ventanas; protección solar; soluciones bioclimáticas; autoconsumo mediante energías renovables, y climatización e iluminación. Con una dotación de 163,7 millones de euros, se prevé incentivar más de 50.800 obras de este tipo en los próximos cuatro años, que supondrán un ahorro en la factura energética de 1.400 millones.

La línea respalda inversiones a partir de los 500 euros, con un mayor porcentaje de cobertura para las que conllevan soluciones más complejas e integrales, de modo que una renovación de ventanas en un edificio antiguo se apoya con un 30%, pero si se acompaña de un aislamiento el incentivo sube al 45%. En los proyectos relacionados con la energía solar, la geotérmica, la bioenergía o el autoconsumo renovable, la financiación puede llegar al 85%. Por su parte, para iniciativas que se realicen en municipios de menos de 20.000 habitantes, los porcentajes oscilan entre el 60% y el 85%, llegando al 90% si la inversión se realiza a través de un contrato de servicios energéticos.

Igualmente se da prioridad a la incorporación de elementos que permiten un uso eficiente de los recursos naturales, como los de bajo coste de funcionamiento, los que mejoran las condiciones térmicas de las edificaciones y los materiales constructivos que proceden del aprovechamiento de la biomasa o el reciclaje. Desde el punto de vista social, se presta especial atención a los más afectados por la pobreza energética. También se recogen los incentivos para proyectos de ahorro, eficiencia y fomento del uso de renovables promovidos por las administraciones, incluidas en sus edificios.

Las ayudas a la construcción sostenible, al igual que las otras líneas del Programa de Incentivos, se canalizan a través de una red de empresas colaboradoras de la AAE que facilitan su acceso a los beneficiarios con garantías de control. Hasta el momento, se adhirieron más de 1.650 firmas, principalmente pymes, y se prevé llegar hasta las 8.000 cuando todas las líneas se encuentren operativas. En el anterior programa de Construcción Sostenible se incentivaron 36.000 proyectos, que generaron 17.000 empleos.

En cuanto a las otras convocatorias, la correspondiente a la línea Pyme Sostenible destinará 36 millones de euros a impulsar un cambio del modelo de gestión energético en estas empresas por otro más eficiente y competitivo. Así, se incentivarán, entre otros, proyectos relacionados con el aprovechamiento de renovables, biomasa y biocombustibles; sustitución de combustibles tradicionales por otros menos contaminantes. Finalmente, Redes Inteligentes cuenta con un presupuesto de 27 millones de euros para impulsar la transformación de las ciudades andaluzas con el apoyo a la recarga energética de vehículos alternativos basados en la electricidad o el gas; los estudios sobre demanda y gestión mediante nuevas tecnologías, o el control del consumo en equipamientos e instalaciones urbanas.

La Comisión Europea, España y Portugal sellan un acuerdo para la construcción del ATI de Almaraz al considerarse “seguro”

EFE.- El grupo de trabajo creado por el Gobierno portugués para valorar la futura construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central española de Almaraz consideró que esta instalación es «segura» y «adecuada» y emitió un parecer positivo sobre el proyecto. Consecuentemente, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro luso, António Costa, sellaron un acuerdo sobre la futura construcción del ATI en la central cacereña.

«Tras nuestra reunión en Malta el 3 de febrero y el amistoso acuerdo alcanzado a iniciativa del presidente Juncker, hemos llegado a un acuerdo sobre el caso de Almaraz», indicaron en un comunicado conjunto. Según dijeron, el acuerdo se basa «con solidez» en un conjunto de conclusiones operacionales que «sientan el camino para la implementación del acuerdo y ofrecen fuertes garantías para todas las partes».

«Gracias a la asistencia continuada y a la mediación de la Comisión Europea en este proceso, hemos llegado a un acuerdo en beneficio de todos», subrayaron, a la vez que recalcaron su «compromiso para implementarlo fielmente». Asimismo, trabajaron «en espíritu de buenas relaciones de vecindad» y de manera «constructiva, con la voluntad de encontrar soluciones pragmáticas». Igualmente, señalaron que acelerarán el trabajo del grupo de alto nivel sobre Interconexiones para el Suroeste de Europa y reiteraron su «firme voluntad de desarrollar proyectos europeos de interconexión que unan nuestros mercados energéticos«.

La construcción del ATI de Almaraz, situado a 100 kilómetros de la frontera lusa, provocó un incidente entre el Gobierno español y el portugués, que incluso llegó a interponer una queja ante la Comisión Europea al entender que España no había valorado el impacto transfronterizo del proyecto. Ambos países alcanzaron un acuerdo «amistoso» que preveía que Portugal retirase la queja y por el que España se comprometía a no hacer nada «irreversible» y a no autorizar el funcionamiento del almacén hasta que Lisboa estudiara la información pertinente sobre la infraestructura.

La Comisión Europea recordó que, tras una visita de las autoridades portuguesas y altos funcionarios comunitarios a Almaraz, las autoridades españolas «compartieron una cantidad sustancial de información detallada sobre aspectos medioambientales y de seguridad» del proyecto. El análisis del Gobierno portugués resultó en diferentes conclusiones y recomendaciones para responder a sus preocupaciones sobre los potenciales efectos transfronterizos del almacén. Esas recomendaciones fueron presentadas a las autoridades españolas y a los servicios de la Comisión Europea, que se mostraron de acuerdo con los asuntos abordados, apuntó el Ejecutivo comunitario. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró entonces que las medidas que exigirá al operador abordarían la totalidad de las recomendaciones hechas.

La Comisión Europea indicó también que las partes han acordado asimismo continuar el intercambio de información sobre el almacén, y para ello España ya invitó a Portugal a nombrar a representantes que asistan a la reunión anual de información organizada en el municipio de Almaraz para informar al público sobre cuestiones relacionadas con la operación de la planta nuclear. Igualmente, las autoridades españolas acordaron compartir con las portuguesas cualquier otra información relevante sobre el almacén.

Portugal considera “segura” la construcción

«La construcción del ATI es una solución adecuada en términos de seguridad y almacenamiento, tomando como referencia patrones y prácticas internacionales», señaló el presidente de la Agencia Portuguesa del Medioambiente, Nuno Lacasta, que explicó que no se detectaron impactos transfronterizos para Portugal en situación normal de funcionamiento o en caso de accidentes «severos«.En cuanto al peligro sísmico, el grupo de trabajo considera que la construcción se llevará a cabo en una zona de «baja peligrosidad sísmica».Aun así, el grupo deja varias recomendaciones e insta a las autoridades portuguesas a que acompañen la evaluación que realicen el CSN y otras autoridades españolas en las fases futuras del proceso de construcción y operación del ATI.

La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

Galán pide reducir de 3 a 1 año el plazo de antelación requerido para solicitar la prórroga de las nucleares

Servimedia / EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al Gobierno que reduzca de 3 a 1 año el plazo de antelación con que se debe pedir la ampliación de explotación de las centrales nucleares, ante la situación de incertidumbre que vive este energía en España. Sánchez Galán considera que antes de tomar este tipo de decisiones se necesita que el Ejecutivo defina claramente cuál será el papel que deben jugar las nucleares en el mix energético de los próximos años.

Esta demanda de Iberdrola no se relaciona con Garoña, ya que aboga por desistir de su solicitud de reapertura, y sí por las de Almaraz y Vandellós II, de las que debe solicitar su renovación este verano, tres años antes de 2020, cuando vencen los 40 años de concesión. En cuanto a las nucleares en su conjunto, Galán dijo que su filial en España sufre pérdidas desde hace varios años como consecuencia de los impuestos que gravan la energía nuclear y las obligaciones aplicadas a estas instalaciones. Ha indicado que «esto ha modificado el plan de negocio original», y considera que, al no saber cuándo desaparecerán las pérdidas, es complicado pedir permisos que se dan para plazos largos de tiempo.

Disposición a ampliar sus renovables

Por ello, en referencia a Almaraz y Vandellós II, Galán sostiene que es necesario que se defina la política energética para poder tomar una decisión que puede tener un impacto importante en la cuenta de resultados. «Hay que saber cómo se va a pagar para ver si se pueden cubrir costes y obtener algunos beneficios», apuntó. Por otro lado, mostró la disposición de la compañía a participar en la próxima subasta de renovables en España si las condiciones «son interesantes», ya que tiene «más que suficientes» proyectos en el país.

Posible fusión de participadas brasileñas

Por otro lado, Sánchez Galán ha indicado que la fusión de las empresas brasileñas Elektro y Neoenergía, en las que participa, es solo una de las alternativas que está analizando Iberdrola dentro de su estrategia en Brasil, pero «solo es una posibilidad«. Sánchez Galán ha confirmado que hay conversaciones, como ha habido en el pasado, pero «no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha firmado ningún documento vinculante».

«Es una de las posibilidades que venimos debatiendo desde hace tiempo con nuestros compañeros en Brasil», ha añadido Sánchez Galán, quien ha afirmado que el interés de Iberdrola por ese país «sigue estando vivo» y ha recordado que la compañía ha resultado adjudicataria, a través de su filial Elektro, de proyectos por valor de alrededor de 250 millones de euros.

El sistema eléctrico registra un déficit de 99 millones de euros en 2016 a falta de la liquidación definitiva

Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 99,42 millones de euros en la decimocuarta liquidación de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), frente al desajuste positivo previsto de 25 millones de euros y 111 millones de euros recogidos en las órdenes de peajes de 2015 y 2016. El organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que este desajuste provisional es debido a que los ingresos son inferiores a los previstos.

Dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Además, antes del 1 de diciembre del año siguiente al que corresponda la liquidación hay que efectuar la liquidación definitiva con los datos que se tengan en ese momento. Concretamente, los ingresos por la Ley 15/2012 de medidas fiscales y de subastas de CO2 asciende a 2.089,2 millones de euros en la liquidación, frente a las previsiones de 3.155 y 2.740 millones de euros, respectivamente, recogidas en las distintas órdenes de peajes de 2015 y 2016.

La demanda en consumo registrada en la liquidación fue de 238.493 gigavatios hora (GWh), un 0,2% superior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores resultaron 46,6 millones de euros inferiores a los previstos. El coeficiente de cobertura de la liquidación se situó en un 99,29%, debido a que los ingresos son inferiores a los costes. Por su parte, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por las renovables y cogeneración en 2016 ascendió a 6.397 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 151,4 millones de euros, antes de IVA o impuestos.

En lo que se refiere al sector gasista, registró un déficit de 108 millones de euros, frente al desajuste de 23 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.853 millones de euros, que es un 0,9% superior al mismo periodo del 2016. La demanda nacional de gas en 2016, facturada hasta febrero de 2017, asciende a 320,2 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 2,4%.

207 millones mejor hasta febrero

En lo que respecto a la liquidación provisional del sector eléctrico de 2017 hasta febrero, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 1.019 millones de euros, lo que supone una evolución 207 millones de euros mejor a la prevista. Los costes regulados en esta liquidación fueron 91,6 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de retribución específica peninsular de la producción renovable y cogeneración en 42,5 millones de euros y de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 51 millones de euros. El coeficiente de cobertura se situó en el 55,93%, situación que se corregirá en las siguientes liquidaciones, indicó el regulador, que advirtió la escasa relevancia de esta liquidación.

La CNMC ha gestionado la liquidación de 63.692 instalaciones con derecho a retribución específica. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación con cargo al sector eléctrico es de 477,414 millones de euros, antes de IVA o impuestos. Dado que no se ha recibido ningún ingreso del Tesoro Público no ha sido posible el abono de la partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la retribución a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares, indicó el organismo.

En lo que respecta al sistema gasista, registró un déficit de 127 millones de euros a febrero, un 30,2% inferior a los 182 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 74,8% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en esta liquidación asciende a 50 TWh y es un 15,3% superior a la del periodo mismo periodo de 2016, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto al año anterior y a la menor participación de la eólica y la hidráulica en el mix de generación de este mes.

Red Eléctrica nombra a Arsenio Fernández de Mesa miembro de la Comisión de Auditoría

EFE.– El consejo de administración de Red Eléctrica ha designado al exdirector de la Guardia Civil y exdelegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, como miembro de la Comisión de Auditoría, después de aprobarse su nombramiento como consejero independiente. Red Eléctrica ha notificado, en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Fernández de Mesa ha sido elegido por un plazo de tres años y cubre la vacante que dejó el consejero dominical Santiago Lanzuela.

Fernández de Mesa fue propuesto para ser consejero independiente para cubrir la vacante dejada por Agustín Conde, que había sido alcalde de Toledo, presidente del PP de Castilla-La Mancha y senador, y que en noviembre del año pasado fue nombrado secretario de Estado de Defensa. En la última junta de accionistas de Red Eléctrica, el nombramiento de Fernández de Mesa fue aprobado con un 96% de votos a favor. Además, el consejo de administración ha acordado designar a Santiago Lanzuela y a Alberto Carbajo como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, también por un plazo de tres años, para cubrir dos vacantes existentes.

Navia advierte de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética con mayores recursos desde los Presupuestos Generales del Estado

Europa Press.- Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 destinarán 3.746 millones de euros, 149 millones menos que en 2016, a la financiación de los costes del sistema eléctrico, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que advirtió de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética más allá de los ritmos lógicos que se derivan de la tecnología, por lo que rechazó las críticas a los Presupuestos por ser poco ambiciosos en esta materia.

Así se expresó Navia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2017. En cuanto a la transición energética, defendió que se debe hacer «de forma gradual» y añadió que «el papel fundamental no corresponde a los Presupuestos». En esta línea, afirmó que «incluso con presupuestos ilimitados sería imposible porque no sabemos cómo van a estar las distintas tecnologías en los próximos 3, 4, 10 o 20 años».

Por ello, apuntó que dicho proceso se debe gestionar desde la evolución de la tecnología, del interés del mercado y de la contribución pública. A este respecto, criticó el apoyo a las renovables de años anteriores, que calificó de «una apuesta tecnológica y financieramente muy ambiciosa por una tecnología no madura de la que estamos pagando las consecuencias con 9.000 millones de euros al año».

El área de Energía cuenta para 2017 con un presupuesto de 4.246,7 millones de euros, de los que 3.746 corresponden a la financiación de costes del sistema eléctrico, que incluyen las ayudas a las renovables, transporte, distribución, ayudas a las extrapeninsulares y el pago de la deuda. De estos 3.746 millones, 360 millones provendrán de las subastas de gases de efecto invernadero, 2.650 millones a diferentes tributos que gravan actividades de generación eléctrica y residuos, y 736 millones serán aportados para compensar los extracostes de generación en los sistemas extrapeninsulares.

Navia señaló que el presupuesto de la Secretaría es suficiente para llevar adelante las prioridades de política energética del Gobierno, pese a haber sido hechos en «un marco de rigor presupuestario». Entre las acciones previstas en materia de eficiencia energética, Navia citó diferentes partidas, como los 59 millones de ayudas para la rehabilitación de edificios o los 50 millones para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible.

A la minería del carbón se destinan 273,4 millones de euros. Este presupuesto corresponde a una transferencia desde Energía al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. La principal partida está asociada a medidas sociales (prejubilaciones y bajas indemnizadas). Las ayudas a la producción serán de 38,5 millones y para la restauración medioambiental de las zonas en que se cierren minas serán de 25 millones. Para sufragar el marco de protección social a los trabajadores, el presupuesto será de 247 millones de euros, 245 millones para prejubilaciones y 2 millones para bajas incentivadas.

El Gobierno asigna 5,3 millones de derechos de emisión de CO2 a nuevas instalaciones para los años 2013-2020

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación individual de 5,3 millones de derechos de emisión a 12 proyectos, que constituyen el cuarto conjunto de nuevas instalaciones y ampliaciones de las existentes para el periodo 2013-2020. La aprobación del Ejecutivo se produce a propuesta de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, Energía, Turismo y Agenda Digital y Economía, Industria y Competitividad.

Así, se asignan derechos de emisión a instalaciones incluidas en la Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Las asignaciones se distribuyen en los 12 proyectos que constituyen este cuarto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, de los que 8 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y 4 a nuevas instalaciones. Las asignaciones propuestas totalizan unos 5,30 millones de derechos, de los que 0,94 se toman de la reserva de nuevos entrantes. El resto, unos 4,35 millones, es lo que ya tenían asignado las instalaciones existentes que ahora amplían su capacidad.

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la reducción de emisiones de gases invernadero en la industria y sector de generación eléctrica. La normativa establece que una parte de los derechos de emisión que se inyectan en el mercado se han de asignar gratuitamente a las entidades reguladas, de forma que sus costes por participar no sean excesivos. Las reglas de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la reserva de nuevos entrantes son comunes en toda la Unión Europea. Esta reserva, común a toda la Unión Europea, asciende a unos 480 millones de derechos para el periodo 2013-2020.

En el Consejo de Ministros de abril de 2014, el Gobierno aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión al primer conjunto de nuevos entrantes del periodo 2013-2020. Esta asignación ascendió a 13,5 millones de derechos. En su reunión de abril de 2015 aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión a un segundo conjunto de nuevos entrantes. Esta asignación ascendió a 2,0 millones de derechos. Finalmente, en su reunión de 22 de abril de 2016 aprobó la asignación individualizada de derechos de emisión a un tercer conjunto de nuevos entrantes, por una cuantía de 1,2 de derechos de emisión.

España es uno de los países de la Unión Europea que menos ingresa por impuestos medioambientales

Europa Press.- España recauda el 5,6% del PIB por impuestos medioambientales, por debajo del promedio de la Unión Europea, que alcanza el 6,8% del total, según datos de Eurostat del año 2015. La Unión Europea ha propuesto recientemente aumentar sustancialmente la aportación de estos impuestos al total de ingresos fiscales, buscando lograr una Europa más eficiente en la utilización de recursos. De hecho, el Gobierno español ha anunciado nuevos impuestos verdes, por los que prevé recaudar 500 millones de euros adicionales.

En 2015, una serie de países de la Unión Europea han conseguido una recaudación de los impuestos medioambientales superior o en torno al 10% del total de ingresos fiscales. Entre los impuestos verdes, más de tres cuartas partes corresponden a tributos energéticos, mientras que los impuestos sobre el transporte suponen casi un 20% y los impuestos sobre la contaminación llegan a un 3,5% del total. Por debajo del 5,6% que recauda España por estos tributos se sitúan Austria, Eslovaquia, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Francia y Bélgica.

Por el contrario, Croacia se coloca en primer lugar con un 10,9%, figurando a continuación Eslovenia (10,6%), Grecia (10,3%) y Bulgaria (10%). Letonia, Malta, Chipre y Países Bajos se sitúan en torno a un 9%, mientras que Dinamarca llega a un 8,6%; seguida de Irlanda (8%) e Italia (7,9%). El Reino Unido, Portugal, Hungría y Finlandia también superan el promedio europeo. Levemente por debajo quedan Lituania y la República Checa.