El colectivo que se opone a la construcción de una línea de alta tensión entre España y Francia por el extremo oriental de los Pirineos se reunió en Baixas, cerca de Perpiñán, para abordar las novedades anunciadas en el proyecto, y en particular el trazado de la infraestructura.

El colectivo, bautizado en el lado francés «No a la THT«, tiene previsto enviar una delegación a París, donde se desarrollará la cumbre anual hispano-francesa de 2007 en la que la interconexión es uno de los asuntos de la agenda.

Uno de los responsables de «No a la THT» Laurent Belmas, se mostró indignado por la decisión del trazado de la línea, que según el Gobierno español, se ha acordado que pase por el puerto de Le Perthus, en el corredor por el que discurre la autopista y en el que se construye el túnel para el tren de alta velocidad. «Si tenemos que bajar a la calle, bajaremos a la calle», aseguró Belmas, que advirtió que de confirmarse los anuncios de Madrid, podrían movilizar a «20.000 personas».

El responsable de la organización mostró, de hecho, dudas sobre la posibilidad de que «el Estado francés se pague el lujo de un enfrentamiento con la población antes de las elecciones» municipales que se celebrarán en el país a comienzos de marzo.

Los responsables españoles que asisten a la cumbre bilateral querrían conseguir el compromiso de la parte francesa para fijar una fecha, en el primer semestre de este año, para el lanzamiento del proyecto y la fijación precisa del trazado.

El coordinador europeo nombrado para mediar en este tema, el ex comisario europeo Mario Monti, ha entregado a las autoridades de ambos países unas primeras conclusiones y recomendaciones y estará en la capital francesa, donde comparecerá ante la prensa.

Según ha recordado la Comisión Europea, «las recomendaciones de Monti deben servir de punto de partida para determinar el mejor compromiso técnico, económico y medioambiental para esta línea teniendo en cuenta» las preocupaciones de las poblaciones de las áreas que debe atravesar.

Según algunas filtraciones de su trabajo, que debe completarse con una visita sobre el terreno de aquí a finales de mes, el coordinador considera «imprescindible» el enterramiento de la línea al atravesar los Pirineos -se ha hablado de una decena de kilómetros- para minimizar el impacto ambiental.

Enterrar la línea significaría multiplicar su costo -que debe ser financiado a partes iguales por los dos países-, ya que el precio por kilómetro pasa de los 500.000 a 600.000 euros en los tramos aéreos a seis a ochos millones.

– Una decena de miembros de las plataformas contra la interconexión viajan París mostrar su rechazo

Una decena de miembros de plataformas contrarias a la interconexión de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre España y Francia viajan a París, donde se celebra la cumbre franco-española, para mostrar su rechazo al trazado eléctrico por La Jonquera acordado por ambos países.

Desde la Asociación de Municipios contrarios a la línea eléctrica (Ammat) se asegura que no entienden la estrategia de hacer público este anuncio antes de la cumbre y desde la plataforma contraria en la parte francesa, Non a la THT, se auguran fuertes protestas y la movilización social en las calles.

Tanto desde la Plataforma No a la MAT como desde la Ammat coinciden en quitar trascendencia al anuncio efectuado por el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, ya que consideran que en estos momentos no existe ningún documento público oficial donde se defina el trazado de la línea.

Desde la Ammat, su presidente, Francesc Xavier Quer, considera que se trata de «una cortina de humo» y de una estrategia política para sembrar la confusión en el territorio para no debatir lo importante de esta línea, la necesidad o no de su construcción.

El anuncio de este trazado ha sido calificado por el alcalde de La Jonquera, Jordi Cabezas, de «muy mala noticia», y el portavoz de la Plataforma No a la MAT, Xavier Llorente, ha apuntado que «si el presidente del Gobierno ya sabe lo que sabe y Monti todavía no se ha pronunciado oficialmente, es que la gestión de Monti es una farsa total». Joan Martí, de No a la MAT, también ha afirmado que estas noticias no son más que elementos de presión.

En contraposición a la indignación de las plataformas contrarias a la MAT se encuentra el sector empresarial. Así, el presidente de la Cámara de Comercio de Girona, Domènec Espadalé, considera este acuerdo una buena noticia porque «desencalla la conexión de una vez por todas».

Desde la Federación de Organizaciones Empresariales de Girona (FOEG), su presidente, Joan Fausto Martí, opina que ya es tarde y que siempre que haya respeto por los criterios técnicos y medioambientales, la puerta por donde entre la línea es lo menos importante mientras se solucione el déficit energético de la demarcación gerundense.

Joan Vila, de Pimec, considera importante saber cómo se hará el soterramiento porque para él la opción de La Jonquera «es la más lógica para solucionar el problema político de Francia«.

El grupo constructor y de servicios ACS ha adquirido un 4,83 por ciento adicional de Unión Fenosa, tercera eléctrica española, por 655 millones de euros, con lo que su participación se sitúa en el 45,3 por ciento, informó la empresa presidida por Florentino Pérez.

En concreto, ACS ha adquirido 14,7 millones de acciones de la eléctrica en el mercado a un precio medio por acción de 44,50 euros.
La operación se ha desarrollado fundamentalmente a través de Caja Madrid, según explicaron fuentes del mercado.

Con la compra, ACS busca «reforzar su presencia en Unión Fenosa y reafirmar «su compromiso estratégico con la compañía eléctrica», así como «su confianza en el futuro de la empresa y del sector eléctrico». ACS controla también un 12,4 por ciento de Iberdrola, un 7,7 por ciento de forma directa y el resto a través de instrumentos financieros.

La constructora consolida Unión Fenosa en sus cuentas por integración global desde enero de 2007. Desde esa fecha, la eléctrica constituye el área de Energía de ACS, que tiene tres divisiones más: Construcción y Concesiones, Medio Ambiente y Logística y Servicios Industriales.

Según la legislación de vigente, un accionista mayoritario deberá presentar una opa por el cien por cien del capital si adquiere un 5 por ciento adicional en un año.

Unión Fenosa, tercera eléctrica española, tiene en marcha actualmente el Plan Bigger que contempla inversiones de hasta 9.000 millones de euros entre 2007 y 2011.

Iberdrola pagará un dividendo bruto de 0,115 euros por acción a cuenta de los resultados del ejercicio pasado, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez descontada la retención del 18 por ciento con que Hacienda grava este tipo de rendimiento del capital, los accionistas percibirán 0,0943 euros netos.

Este dividendo, que obligará a la compañía a desembolsar 575 millones de euros para retribuir a todo su capital social, compuesto por algo más de 4.993 millones de títulos, implica un aumento del 2,2 por ciento respecto al dividendo a cuenta de 2006.

Por su parte, Endesa pagará un dividendo bruto de 0,5 euros por acción, informó la compañía eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este dividendo, a cuenta de los resultados del ejercicio pasado, quedará en 0,41 euros después de que Hacienda le aplique la correspondiente retención del 18 por ciento con que grava este rendimiento del capital.

La compañía desembolsará 530 millones de euros para satisfacer el pago del dividendo a todo su capital social, compuesto por algo más de 1.058 millones de títulos.

Así mismo, Red Eléctrica de España abonará un dividendo bruto de 0,3868 por acción y Unión Fenosa un dividendo bruto de 0,62 euros por acción.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con los votos a favor de PSOE, IU-ICV, ERC y BNG la convalidación del Real Decreto-Ley que obliga a las eléctricas a devolver el importe de los derechos de emisión de CO2 gratuitos asignados por el Gobierno para el periodo 2008-2012.

A pesar de mostrarse a favor del fondo de la norma, PP, CiU y PNV se abstuvieron al considerar que el asunto no tiene la urgencia necesaria para regularse mediante Real Decreto-Ley.

Tras la convalidación, el Pleno acordó, a propuesta del PP, que la norma se tramite como proyecto de ley, por lo que el texto deberá ser analizado por la Mesa del Congreso, que previsiblemente decidirá que es imposible completar el procedimiento durante el actual periodo de sesiones. No obstante, el Real Decreto-Ley, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, continuará vigente.

En su intervención el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se comprometió a aceptar su tramitación como Proyecto de Ley en la próxima legislatura si el PSOE vuelve a ganar las elecciones de marzo de 2008, lo que permitirá introducir enmiendas por los grupos, tal como pedían las compañías eléctricas.

Clos afirmó que la nueva normativa, aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre pasado, está «plenamente justificada» y responde a una política «de defensa de los consumidores y contribuyentes». El ministro recordó que en 2006 el Congreso respaldó una medida igual a la debatida y aseguró que esta normativa «ha demostrado su utilidad», ya que va a permitir reducir el déficit tarifario de ese ejercicio en 1.150 millones de euros.

Según los cálculos de Industria, este año el importe de los derechos gratuitos de emisión de CO2 será de 100 millones y en 2008 ascenderá a 1.450 millones.

El 23 de marzo de 2006 el Congreso convalidó otro Real Decreto-Ley que obligó a las eléctricas a devolver los derechos de emisión de los ejercicios 2006 y 2007 con los votos a favor del PSOE, CiU, IU-ICV y BNG, mientras que el PNV se abstuvo y el PP votó en contra.

El diputado del PP Fernando Castelló explicó que su grupo optaba por la abstención para defender los intereses de los consumidores, aunque aseguró que esta norma puede tener consecuencias negativas para el sistema eléctrico «que conlleven riesgo de apagones» y tildó de «políticamente injustificable» la elección de la figura legal del Real Decreto-Ley para su aprobación.

El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, consideró la norma una medida «caótica y precipitada» incapaz de lograr los objetivos que persigue, aunque se mostró conforme con «el fondo».

En el mismo sentido, el diputado del PNV José Ramón Beloki se opuso a la convalidación por la «premura» con la que se ha planteado y la ausencia de debate con todos los agentes afectados.

Rosario Velasco, del PSOE, destacó que esta norma es «un asunto de justicia» que «no va en contra de las eléctricas» y consideró justificada su urgencia porque, de no aprobarse, el déficit de tarifa aumentará el próximo año en 1.450 millones de euros.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, señaló que su grupo entiende que el decreto es «de sentido común» y recordó que es «la continuidad» de otra norma convalidada por la Cámara en marzo de 2006, mientras que Jordi Ramón, de ERC, lo consideró «acertado» y se mostró de acuerdo con los objetivos que persigue. Sin embargo, a pesar del respaldo, ambos grupos criticaron la discrecionalidad que tendrá Industria para fijar el montante final de los derechos de CO2 gratuitos, que se hará mediante orden ministerial.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se mostró confiado en que el Congreso convalide el Real Decreto-Ley que obliga a las eléctricas a devolver el importe de los derechos de emisión de CO2 que reciben gratis y consideró esta norma equitativa y lógica.

En un desayuno informativo organizado por la asociación empresarial Aragonex, Clos recordó que este decreto, aprobado hace dos semanas, es «la continuación de una norma vigente» y se limita a extender la actual situación al Plan Nacional de Asignación (PNA) 2008-2012.

El Ejecutivo ha aprobado dos normas que obligan a las empresas a restar el importe de los derechos de emisión que se les asignó gratuitamente, una en 2006 para las emisiones de ese ejercicio y las de 2007 y otra el pasado 7 de diciembre para el periodo 2008-2012. La primera fue convalidada por el Congreso el 23 de marzo de 2006 y la segunda se debatirá y votará este jueves en la Cámara.

El ministro consideró que «lo lógico y equitativo» es que las eléctricas devuelvan el dinero que cobraron a sus clientes por las emisiones de CO2 que recibieron gratuitamente del Estado y que esta cantidad se destine a reducir el déficit de tarifa, situación que se produce cuando los ingresos obtenidos por las tarifas son insuficientes para cubrir todos los costes del sistema eléctrico.

Las empresas consideran que el Real Decreto-Ley introduce inseguridad regulatoria, les causa un daño patrimonial y reduce la competencia entre las compañías, y solicitan al Gobierno que admita su tramitación en el Parlamento como Proyecto de Ley, lo que permitiría introducir enmiendas por los grupos para modificarla.

El Gobierno otorga al sector eléctrico una cantidad de derechos de emisión de CO2 mediante los Planes Nacionales de Asignación. A pesar de que los reciben gratis, las compañías han internalizado el coste de estos derechos y lo cobran a sus clientes mediante las tarifas de la electricidad.