Las energéticas lideran las subidas del Ibex-35 tras las elecciones

Los inversores habían señalado en el calendario la cita electoral del 9-M como el punto en el que arrancaría la esperada reordenación del sector energético español, que ha vuelto a protagonizar las mayores subidas en la bolsa española.

En el mercado existe la impresión de que el nuevo Gobierno socialista permitirá movimientos corporativos que desembocarán en un nuevo mapa empresarial en el sector energético. Dos días antes de los comicios Zapatero reconocía la posibilidad de que la compañía pública francesa EDF, que ha mantenido conversaciones sobre el sector energético español con ACS, principal accionista de Unión Fenosa e Iberdrola, planteará una operación en España después de las elecciones.

Tras destacar la «buena relación» entre España y Francia, Zapatero puso como condición que cualquier movimiento fuera amistoso, ya que «al final, hablando de la energía, los Gobiernos siempre tienen algo que decir».

Gas Natural, Iberdrola, Enagás, Unión Fenosa y Red Eléctrica de España (REE) encabezaban a media sesión las ganancias de la bolsa española, tras conocerse el resultado definitivo de la victoria socialista en las elecciones generales, según los analistas consultados.

La mayor subida la protagonizaron los títulos de Gas Natural que se intercambiaban a 38,94 euros después de subir un 5,47 por ciento, mientras que los de Iberdrola, Enagás y REE lo hacían al 3,33, al 2,74 y al 2,59 por ciento. Los operadores habían intercambiado a mitad de sesión 961.662 títulos de Gas Natural, 14,7 millones de Iberdrola, 1,6 millones de Enagás y 642.209 títulos de REE.

En cuanto al valor alcanzado, Gas Natural se acercó a 37 millones de euros, mientras que Iberdrola, Enagás y REE rondaron 150, 33,82 y 26,9 millones de euros, respectivamente. Según los analistas consultados, el mercado esperaba conocer los resultados de las elecciones generales para valorar «posibles» movimientos corporativos.

En el caso de Gas Natural, los expertos inciden en que «Convergència i Unió» (CiU) mantiene una «posición clave» tras los comicios y ello podría favorecer a la compañía catalana en el futuro. Así, si existen movimientos corporativos en la compañía, se decantaron porque éstos se produzcan más en el «propio ámbito doméstico» que desde el exterior.

En las últimas semanas ha habido rumores sobre una futura operación sobre Iberdrola protagonizada por el grupo francés EDF y la constructora ACS, a la que podrían sumarse terceras compañías.
Tanto EDF como ACS han reconocido su interés por la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, que ya ha manifestado su rechazo a cualquier movimiento del grupo francés. «EDF no es bienvenida ni desde el punto de vista accionarial ni político ni sindical», dijo el directivo tras conocerse los contactos entre ACS y la francesa.

Por otro lado, Gas Natural insistió unos días después que no había mantenido conversaciones con otras compañías sobre una posible operación corporativa en el sector energético español.

En cuanto a Enagás y REE, empresas que actúan como transportistas de los sistemas gasista y eléctrico, respectivamente, la subida se produce después de que el Gobierno aprobara la nueva retribución de su actividad. Antes de las elecciones las dos compañías quedaron pendientes de la aprobación de la planificación de las redes energéticas 2008-2016 que contempla unas inversiones de 18.000 millones, que en su mayoría deberán hacer REE y Enagás.

Red Eléctrica cree que la nueva retribución es suficiente y aporta estabilidad

Red Eléctrica de España (REE), empresa que actúa como transportista del sistema eléctrico, considera que la nueva retribución que recibirá por las instalaciones que ponga en marcha a partir de enero de este año es «suficiente, transparente y aporta estabilidad».

En una presentación a analistas, la directora general de Administración y Finanzas de REE, Esther Rituerto, afirmó que la nueva retribución, aprobada la semana pasada por el Gobierno, «da soporte y estabilidad» para acometer el fuerte ciclo inversor que precisa el sistema, a la vez que prima la eficiencia.

Rituerto destacó que el borrador del plan de infraestructuras 2008-2016 contempla inversiones de 8.000 millones de euros en transporte eléctrico para este periodo.

El nuevo modelo estipula que las instalaciones puestas en marcha a partir del 1 de enero de este año recibirán durante toda su vida útil una retribución que garantiza una rentabilidad media del 7,71 por ciento en función de dos conceptos, la inversión (amortización de las instalaciones más financiación del capital) y la operación y mantenimiento.

La directora general de Administración y Finanzas de REE explicó que las instalaciones puestas en marcha antes del pasado 1 de enero continuarán acogidas al sistema retributivo anterior, un Real Decreto de 1998.

Rituerto añadió que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) deberá proponer antes de octubre de 2008 los valores unitarios de referencia (estándares) de estos dos conceptos. Asimismo, destacó que el nuevo marco «prima la eficiencia».

De acuerdo con la nueva normativa, más allá de la rentabilidad media garantizada, las empresas podrán obtener mejoras en su retribución si incurren en costes menores que los contemplados por los estándares.
Adicionalmente, el transportista recibirá una bonificación o penalización que oscilará en una horquilla del 2 por ciento como incentivo a la disponibilidad de sus instalaciones.

La directora general de Administración y Finanzas de REE, que no quiso ofrecer datos sobre la actualización del plan estratégico de la compañía, afirmó que los planes de inversión se adaptarán al nuevo marco retributivo y al plan de infraestructuras que se apruebe. El Plan Estratégico de REE para el periodo 2007-2010 prevé inversiones de 3.000 millones de euros.

La subestación de Maragall estará conectada con tres líneas en abril

La subestación de Maragall de REE que se quemó el pasado mes de julio estará conectada con tres líneas de media tensión de Barcelona el próximo mes de abril, según ha explicado el director de construcción de REE, Alberto Granda.

Granda ha explicado que la nueva subestación ya se encuentra en servicio desde el pasado 29 de febrero, conectada con la línea de Vilanova i la Geltrú.

Posteriormente, se conectará con las líneas de Urgell y de Badalona, a las que estaba originariamente unida antes de que el incendio la destruyese.

Luego está previsto que la subestación reconstruida se conecte además con una nueva línea que ha de construirse en Barcelona y que la unirá con el Nudo de la Trinidad.

«Esto va dar una mayor seguridad al servicio y a los abonados al aumentar el mallado de la red de transporte», ha explicado Granda a un grupo de periodista que ha visitado la subestación en Passeig Maragall.

La subestación estará conectada así, cuando acabe este proceso, a cuatro líneas de media tensión de 220, y no sólo a dos como hasta antes del incendio, unida a Urgell y Badalona, una de las peticiones que efectuaron el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat después del incendio, ya que cuantas más conexiones tiene la red más fácil es reponer el servicio a los usuarios en caso de apagón.

En este momento la subestación está abasteciendo a dos transformadores, pero progresivamente en los próximos días irá dando servicio hasta a cinco.

RTE prevé la entrada en servicio de la interconexión eléctrica para 2011-2012

La interconexión eléctrica entre España y Francia por el extremo oriental de los Pirineos, sobre cuyo proyecto definitivo tendría que haber una decisión en el primer semestre del año, debería entrar en servicio en el horizonte de 2011-2012, según el grupo francés de redes eléctricas de transporte RTE.

El presidente de RTE, Dominique Maillard, señaló que, si todo el proceso se desarrolla «normalmente», ése sería el plazo necesario para la construcción de esa línea conocida como de Muy Alta Tensión (MAT), que ha suscitado protestas en las zonas que debe atravesar.

Maillard subrayó en conferencia de prensa que una vez que se tome la decisión sobre el trazado y el diseño de la interconexión de aquí a finales de marzo, «habrá que respetar todos los procedimientos» en uno y otro país antes de iniciar las obras. Teniendo en cuenta todos esos elementos, RTE sólo tiene previsto dedicar este año «unos millones de euros» a este proyecto, y además dentro del apartado de inversiones para estudios, precisó.

En cuanto al costo total, consideró prematuro pronunciarse porque «dependerá del trazado y de la tecnología» que se elija, y a ese respecto recordó que mientras cada kilómetro de una línea aérea de esa capacidad requiere un millón de euros, la cifra se quintuplica en caso de enterrar la infraestructura, aunque puede llegar a multiplicarse por diez o quince, según las adaptaciones.

Aludía así a que el mediador europeo nombrado para este proyecto, Mario Monti, ha avanzado que habrá que proceder a un soterramiento parcial de la línea para atravesar las zonas más sensibles del recorrido, sin precisar qué parte del trazado.

Preguntado por la multitudinaria manifestación convocada el pasado fin de semana en Perpiñán contra esa línea, Maillard admitió que hay «una fuerte oposición local», en particular en el lado francés, pero destacó que la interconexión cuenta también con «un apoyo explícito» por parte de las autoridades españolas.

El presidente de RTE contó que la reunión sobre la interconexión que presidirá el próximo día 31 el ministro francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, servirá para exponer las diferentes hipótesis que se barajan en esta infraestructura, incluido el enterramiento parcial.

Maillard reiteró que la capacidad de interconexión eléctrica entre Francia y España es de únicamente el 2%, muy por debajo del 10% preconizado por la Unión Europea y del 11-12% que Francia tiene con el conjunto de sus países vecinos.

La MAT acumula varios años de retraso y los gobiernos de España y Francia quisieron dar un vuelco definitivo en su cumbre bilateral del pasado mes de enero al indicar que habría un proceso de concertación con los actores locales afectados, pero también al confirmar que la línea se construirá y que la decisión sobre su trazado se anunciará antes del 30 de junio.

Miles de manifestantes se reunen en Perpiñán contra el proyecto de la línea de alta tensión

Miles de personas se manifestaron en Perpiñán (sur de Francia) para exigir a los gobiernos de Francia y España el abandono del proyecto de línea eléctrica de alta tensión que debe conectar a los dos países en el extremo oriental de los Pirineos. Según los organizadores, más de 13.000 manifestantes acudieron al acto, mientras que la Prefectura calculó que eran unos 10.000.

«Es un éxito» que los dos gobiernos deberían «tener en cuenta», dijo un portavoz del colectivo «No a la THT» (llamado en España No a la MAT), Laurent Delmas, desde Perpiñan. Recalcó que más de 20 autobuses vinieron de España y otros tantos o más del departamento de los Pirineos Orientales para esta manifestación, en la que se leyó un manifiesto para reclamar el abandono del proyecto, porque la protección del medio ambiente es «un interés superior que debe imponerse a las leyes ordinarias». «No cederemos, no flaquearemos. La THT es injusta, dañina, es un insulto a los tiempos modernos» y «no pasará», afirma el texto.

Delmas señaló que entre los presentes venidos de España hay un parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, y que hay muchos cargos electos de los Pirineos Orientales: legisladores, primeros ediles, tenientes de alcalde, y miembros del Consejo General, de diversos colores políticos. Cuatro diputados-alcaldes del partido conservador en el poder en Francia, UMP, acompañaban a su correligionario, el senador y alcalde de Perpiñán, Jean-Paul Alduy, detrás de una pancarta que rezaba «Electos de los Pirineos Orientales, todos contra la THT«.

Fuentes de la Prefectura dijeron que la manifestación transcurrió en un buen ambiente, sin incidentes. Delmas, por su parte, lo calificó de «familiar» y explicó que el más joven de los presentes tiene 10 días y el mayor entre 80 y 85 años. «Enterrad el proyecto» era el eslogan dominante de la manifestación, donde también se coreó «es la revolución». Hubo muchas pancartas en catalán contra la línea de alta tensión.

En la cumbre del pasado 10 de enero en París, los gobiernos de Francia y España se comprometieron a cerrar antes del próximo 30 de junio el trazado y los plazos del plan de interconexión eléctrica.

En víspera de la manifestación de Perpiñán, el ministro francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, envió una carta a los cargos electos locales y a miembros de asociaciones para anunciarles una reunión el próximo 31 de marzo con el fin de presentarles «elementos de análisis» de justificación de la interconexión. La cita, según el ministro, permitirá abordar el conjunto de las cuestiones planteadas por los electos y las asociaciones, especialmente en el ámbito medioambiental.

Borloo ha prometido también otras dos reuniones, una en abril para tratar sobre el estado y las perspectivas de las interconexiones eléctricas entre Francia y España, y un debate en mayo para hablar del trazado y las modalidades.

«Nos cita para el 31 de marzo, sabiendo que el 30 estaremos en Gerona» para una manifestación contra el proyecto, dijo el portavoz del colectivo. Delmas, que denunció el mensaje de la carta -que se haga la línea de alta tensión-, teme que la reunión sea una pérdida de tiempo y sugirió que se haga por videoconferencia, que «nos parece la formula más económica y ecológica».

El portavoz del colectivo advirtió de que, si los dos gobiernos deciden imponer el proyecto «por la fuerza», «tendrán que pasar por encima del conjunto de la población y los electos» y será su «responsabilidad». «Si pasan por la fuerza habrá que responder de la misma manera», agregó, al señalar que las acciones y la estrategia del colectivo podrían «cambiar».

En su carta, Borloo indicó que ha pedido al coordinador europeo para el proyecto, Mario Monti, que recurra a una consulta independiente para analizar de forma objetiva la «justificación» del mismo y estudiar las técnicas de soterramiento. Los estudios técnicos sobre la interconexión -precisó el ministro- se centrarán de forma prioritaria en la búsqueda de soluciones de soterramiento con el fin de reducir el impacto en paisajes notables.

Mas pide que ERC e ICV-EUiA salgan del gobierno catalán por oponerse a la MAT

El presidente de CiU, Artur Mas, ha instado a ERC e ICV-EUiA a abandonar «por dignidad» el gobierno de la Generalitat, tras acudir a la manifestación en Perpiñán en contra de la interconexión eléctrica con Francia a través de una línea de Muy Alta Tensión (MAT), proyecto que sí apoya el PSC.

En esta manifestación han participado el conseller de Gobernación y secretario general de ERC, Joan Puigcercós, y el número uno de ERC por Girona al Congreso, Francesc Canet, mientras que por parte de ICV-EUiA han asistido los diputados del Parlamento catalán Salvador Milà, ex conseller de Medio Ambiente, y Lluís Postigo.

Mas ha subrayado en rueda de prensa que «si el gobierno de la Generalitat quiere tirar adelante la MAT, como dice su presidente, José Montilla, entonces, por dignidad, ERC y Puigcercós deberían dejar este gobierno». Si no se van por su propio pie, según Mas, debe ser Montilla quien los «eche» del gobierno.

«Un presidente que tolera que miembros de su gobierno vayan a manifestaciones en contra de proyectos del propio gobierno no es un presidente, es una persona que ocupa una silla, que es diferente. Un presidente debe actuar cuando se le desmadra el gobierno», ha afirmado. «No vale tener el poder, el diario oficial y la silla y, al mismo tiempo, hacen de manifestantes en contra del propio gobierno», ha remarcado.

«Por dignidad y por una mínima coherencia y respeto a la gente, si un miembro del gobierno no está de acuerdo con un proyecto del gobierno debe dejarlo. Y si es ERC la que no está de acuerdo, debe irse ERC. Pero en la política catalana se esta mangoneando todo y hemos llegado a este punto de vergüenza colectiva», ha denunciado Mas, antes de recordar que ERC e ICV-EUiA también se desmarcaron de proyectos que defendía el PSC como el Cuarto Cinturón o el Túnel de Bracons.

Mas ha recordado que «nunca» un miembro de los anteriores gobiernos de Jordi Pujol acudió a una manifestación en contra de algún proyecto del ejecutivo catalán.

La factura de la electricidad llevará desde abril una etiqueta de origen e impacto ambiental

A partir de abril, todas las compañías eléctricas acompañarán las facturas de una etiqueta, con un diseño uniforme y oficial, que indique el origen de la electricidad vendida al consumidor y el impacto ambiental producido en su generación.

Así se desprende de una circular de la Comisión Nacional de Energía (CNE), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que otorga al usuario el derecho a conocer ambos aspectos sobre la electricidad que utiliza. En el nuevo formato la información sobre el efecto ambiental se presenta a modo de ránking de menor a mayor impacto, aunque el más leve perjuicio considerado no será el cero, sino simplemente el inferior a un 35 por ciento de la media nacional.

La clasificación de «mínimo impacto ambiental» (nivel A) aparecerá en cualquier etiqueta cuyo nivel de emisiones de CO2 o de residuos radiactivos producidos sea inferior a este porcentaje, y el nivel B en las que estén por debajo del 65 por ciento.

El contenido de la etiqueta es estándar en el conjunto del Estado para permitir la comparación entre proveedores y la elección de los consumidores. Para garantizar la veracidad de los datos, la elaboración de este etiquetado corresponde a la Comisión Nacional de Energía, como organismo independiente.

La plataforma ecologista Greenpeace celebra este avance pero lamenta que este organismo haya «rebajado» los criterios sobre el impacto ambiental de la energía en el nuevo etiquetado eléctrico. No obstante, pide que en la próxima Ley de Energías Renovables, que todos los partidos prometen, se refuercen las exigencias para calificar el efecto sobre el medio ambiente en este nuevo formato y que se cierre la puerta a cualquier intento de «engaño verde». «Ahora tendremos un etiquetado eléctrico estándar, con lo que los consumidores podrán recibir la información fiable sobre el origen de la electricidad que compran, condición necesaria para ejercer su derecho a elegir», declaró José Luis García, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España.

García sostuvo que las compañías eléctricas que «pretendan engañar al consumidor con energía falsamente verde lo van a tener más difícil». Sin embargo, el ecologista alertó de que el nuevo sistema tiene un «grave defecto», ya que «deja abierta una peligrosa puerta» a la manipulación, en el caso de que una empresa pretenda «edulcorar artificialmente la etiqueta de la energía que vende, para hacerla parecer más limpia de lo que realmente es». «Podría hacerlo simplemente adquiriendo garantías de origen que alterarían la combinación de energías que se ve en la etiqueta, sin tener que haber cambiado en nada la energía que realmente está suministrando», concluyó.

Los Colectivos contra la linea de Muy Alta Tensión con Francia publican un manifiesto contra los planes que anunció el Secretario General de Energía, Ignasi Nieto

Varias organizaciones y movimientos ciudadanos de toda España, contrarias a los trazados de muy alta tensión, conocidos como MAT, se han unido para coordinar acciones y exigir la «»paralización cautelar e inmediata de todas las líneas de alta tensión proyectadas». Las entidades también solicitan la revisión del plan energético nacional, que consideran «incoherente con las necesidades de la sociedad».

Las organizaciones cívicas exigen que el nuevo plan energético nacional sea revisado con la participación de todos los sectores implicados, para que se adecúe a un modelo global de generación «mucho más distribuida», según han informado fuentes de FUCAT.

Advierten de que las líneas de muy alta tensión «son infraestructuras que se visualizan en todo el territorio, de un modelo energético centralizado, basado en grandes plantas de generación con combustibles fósiles y alejado de los puntos de consumo».

Las asociaciones mantienen, en un manifiesto conjunto, que la apertura de los nuevos corredores eléctricos para crear líneas de transporte eléctrico de 400.000 voltios «no reporta ningún beneficio al territorio afectado». En cuanto a sus efectos en la salud de las personas, aseguran que «expandirán la contaminación electromagnética con la grave incidencia que supone para la salud, sobre todo en las personas inmunodeprimidas». También denuncian los efectos de estas infraestructuras en las tierras por las que discurrirán «al no poder llevar a cabo ninguna actividad en ellas». Sostienen que pueden suponer, además, la «destrucción de espacios de interés natural únicos e irrecuperables», «potenciar la posibilidad de incendios», y «socavar las actividades económicas locales».

Concluyen que estas infraestructuras «son la antítesis del único futuro posible: el desarrollo sostenible y en calidad», y por ello exigen la «inmediata paralización de las obras iniciadas mientras no sean debidamente tramitados y justificados los proyectos planteados»

En el manifiesto se pide, textualmente: «Para finalizar, queremos hacer llegar a ambos partidos nuestra profunda preocupación ante los proyectos de líneas de muy alta tensión que planifica el Gobierno central, según las declaraciones del Secretario de Energía, Sr. Ignasi Nieto, planteando la construcción de 7000 nuevos kilómetros de líneas de muy alta tensión que significarían la perpetuación del modelo energético centralizado y una segunda electrificación del país, que obedece a los intereses privados pero no al conjunto de la sociedad española».

El manifiesto está firmado por:

Pataforma La Seca contra la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia de Valladolid, Asociación Bodón, Asociación S.O.S alta tensión no de León, Asociación Picos de la Liebre de Asturias contra la línea Sama-Velilla, La Arquera de Asturias contra la línea Soto–Penagos, Plataforma No a la MAT de Cataluña contra la interconexión eléctrica con Francia por los Pirineos Orientales, y el FUCAT “Fòrum Unitari Contra l’Alta Tensió” contra la línea Castelló de la Ribera–Gandia, la línea Dénia-Cullera, la línea Oliva-Piles y la línia del trasvase Xúquer- Vinalopó.

El déficit tarifario hasta diciembre de 2007 fue de 1.066 millones, un 63,4% menos

Las compañías eléctricas acumularon un déficit de tarifa -diferencia entre ingresos y costes del sistema- entre enero y diciembre de 2007 de 1.066 millones de euros, el 63,41 por ciento menos que en el mismo periodo de 2006, según la última liquidación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Esta cifra no es definitiva, ya que la CNE hace dos liquidaciones más para determinar la cuantía final correspondiente a cada ejercicio.

La reducción del déficit se debe fundamentalmente a una disminución en el precio de la energía, que cayó un 15 por ciento hasta los 11.136 millones de euros, mientras que los ingresos netos se incrementaron un 5 por ciento, hasta los 15.750 millones de euros.

El motivo de estos descensos es que el precio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en 4,77 céntimos de euro por kilovatio-hora, muy por debajo del registrado en el mismo periodo de 2006 (6,17 céntimos) y del considerado al establecer la tarifa (6,43 céntimos). Así, una vez restados los costes de la energía a los ingresos netos quedaron 4.613 millones de euros, un 142 por ciento más que en los doce meses de 2006, para retribuir los distintas actividades reguladas del sistema eléctrico.

De acuerdo con la normativa vigente, se destinaron 1.010 millones a la actividad de transporte, 3.858 millones a la de distribución, 83,4 millones a mejorar la calidad del servicio y 163,9 millones a dotar la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.

Además, se pagaron 203,6 millones para recuperar el déficit tarifario de ejercicios anteriores a 2003, 160,5 millones para cubrir el déficit de 2006, 10,9 millones en concepto de revisión de la generación extrapeninsular anterior a 2003 y 74,8 millones para abordar este mismo capítulo en el periodo 2001-2005.

Por último, se destinaron 74 millones a incentivar el uso del carbón autóctono y 47,1 millones a dotar el plan de viabilidad de Elcogás. Sumadas todas estas partidas, resulta un déficit tarifario de 1.066 millones.

La liquidación no recoge ninguna cantidad en concepto de la financiación del déficit, ya que la subasta celebrada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para colocar esta deuda quedó desierta el pasado mes de noviembre. Tampoco tiene en cuenta la cantidad que se restará de este déficit por los derechos de CO2 asignados de forma gratuita a las eléctricas en 2007, cantidad que puede rondar los 100 millones de euros.

Las distribuidoras cobrarán de forma individual en función del consumo de su zona

El Consejo de Ministros aprobó el nuevo Real Decreto de la actividad de distribución eléctrica, en el que establece un modelo de retribución individualizado para cada compañía, en función de la demanda de energía de la región en la que opera.

El Ministerio de Industria informa de que la normativa, que sustituye a un régimen retributivo provisional de 1998, introduce también un sistema de incentivos para las empresas, asociado al cumplimiento de objetivos de mejora de la calidad del suministro eléctrico. Según destaca Industria, el Real Decreto introduce «certidumbre y estabilidad» en las inversiones de las compañías distribuidoras, lo que redundará en una mayor calidad en el servicio que se da a los consumidores.

Una de las principales novedades que presenta es la adopción de un nuevo sistema retributivo que tendrá en cuenta el crecimiento de la demanda de electricidad en la zona geográfica en la que opera cada distribuidora, lo que contribuirá a canalizar las inversiones hacia las áreas más necesitadas. Hasta ahora, el dinero que recibía la distribución eléctrica, que se paga mediante la tarifa regulada, se calculaba a partir de datos de consumo del conjunto de España.

El modelo de retribución se determinará atendiendo a periodos regulatorios de cuatro años y el Ministerio de Industria establecerá todos los años lo que cobrará cada compañía. Para que estos pagos sean lo más objetivos posible, el cálculo se apoyará en un modelo informático que simula un esquema teórico ideal en toda España, tanto desde el punto de vista técnico como económico, denominado Modelo de Red de Referencia (MRR).

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) tendrá que tener el MMR en un plazo de seis meses. El incentivo a la calidad del suministro estará asociado al grado de cumplimiento de los objetivos determinados para los índices que miden esta variable (el Tiepi y el Niepi). Asimismo, habrá un incentivo a la reducción de pérdidas de energía, que se calculará como la diferencia entre el valor de las pérdidas reales atribuibles a cada distribuidora y el valor de pérdidas objetivo de esa compañía.

Las distribuidoras estarán obligadas a aportar información para permitir la supervisión y control de su actividad por las autoridades. Por otro lado, el Real Decreto compensa las primas a las instalaciones de cogeneración, biomasa y residuos, ya que el cálculo de las subvenciones a la producción fijadas en la normativa de retribución del régimen especial (RD 661) para estas tecnologías no tenía en cuenta las pérdidas por la supresión del mecanismo de garantía de potencia.

El Gobierno aprueba un nuevo reglamento sobre la seguridad de las líneas de alta tensión

El Consejo de Ministros aprobó un nuevo Reglamento sobre las condiciones técnicas y de seguridad que deberán cumplir las líneas eléctricas de alta tensión, aéreas y soterradas, de más de un kilovoltio (kV). También se aprobaron las instrucciones técnicas complementarias a este Reglamento, denominadas ITC-LAT.

Los objetivos de la nueva regulación, que contempla aspectos de seguridad, técnicos y administrativos, son mejorar la seguridad del sistema eléctrico y la fiabilidad del suministro, así como proteger a las personas y bienes relacionados con estas infraestructuras. La normativa busca además que en el diseño de nuevas líneas se tengan en cuenta futuros aumentos de carga (capacidad).

Las nuevas condiciones serán obligatorias dos años después de la publicación del Reglamento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque se podrán adoptar de forma voluntaria desde el momento de su entrada en vigor.

Hasta ahora, la regulación, desarrollada por un Real Decreto de 1968, se refería exclusivamente a aspectos técnicos y a líneas aéreas con «cables desnudos», dejando fuera cuestiones administrativas y las líneas soterradas o protegidas con conductores.

Industria elaborará una guía técnica para la aplicación del nuevo Reglamento y sus instrucciones complementarias.