Las compañías eléctricas acumularon un déficit de tarifa -diferencia entre ingresos y costes del sistema- en los tres primeros meses del año de 448,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 45,5% respecto al mismo periodo de 2008 y un recorte del 48,7% respecto al déficit previsto.

Según la tercera liquidación de 2009 de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), los ingresos netos del sistema eléctrico crecieron el 5,28 por ciento y sumaron 3.503,2 millones de euros, en gran parte debido a la facturación mensual por parte de las compañías.

Por su parte, los costes de adquisición de la energía cayeron el 17,2 por ciento hasta los 2.424,6 millones de euros, con lo que quedaron 1.078,6 millones de euros para retribuir los distintos capítulos regulados.

También se acumuló un menor déficit respecto al previsto debido al bajo coste de las adquisiciones de energía, a consecuencia de la moderación de precios del mercado organizado de producción y la escasa cuantía de las cantidades imputadas en concepto de prima al régimen especial, las renovables.

El déficit de tarifa surgió en 2000 y lleva acumulado ya cerca de 14.000 millones de euros, un problema que dificulta las inversiones del sector, pero que quedará resuelto con la convalidación ayer en el Congreso de los Diputados del real decreto ley de medidas para el sector energético.

Como parte de la solución, el Gobierno decidió crear un fondo con el que el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros del déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables- con el objetivo de que en 2013 ya no se genere más desfase entre ingresos y costes.

La demanda de electricidad del mercado peninsular cayó el 8,9 por ciento en los cuatro primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2008, hasta los 83.862 millones de kilovatios a la hora (KWh), por la menor actividad económica, según datos de la patronal eléctrica Unesa. Si se excluye el 29 de febrero, la demanda habría caído el 8,1 por ciento.

En los cuatro primeros meses del año la energía bruta generada en el régimen ordinario fue de 63.519 millones de KWh, lo que supone una caída del 15,2 por ciento respecto a igual periodo del pasado año, mientras que el mercado cubierto con esta generación fue de 59.685 millones de KWh, el 15,5 por ciento menos. La diferencia entre la producción bruta y la energía aportada al mercado se debe a los consumos propios de las centrales.

La producción del denominado régimen ordinario -hidroeléctrica, termoeléctrica clásica y nuclear- cubrió el 71,2 por ciento de la demanda peninsular, mientras que el 28,8 por ciento restante fue atendido por los productores en régimen especial -cogeneración y renovables- y los intercambios internacionales.

En lo que va de año, la electricidad aportada por los productores en régimen especial ha aumentado un 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior y ya supone un 31,4 por ciento de la demanda total.

Por tipo de centrales, la producción de origen hidroeléctrico aumentó un 67 por ciento -el año pasado fue más seco-, mientras que la producción termoeléctrica clásica (carbón, gasóleo y gas) cayó un 27 por ciento y la nuclear se redujo un 10,7 por ciento.

Sólo en abril, la demanda de energía eléctrica peninsular se redujo un 13,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 18.848 GWh, según informó Red Eléctrica.

Este descenso de la demanda recoge la celebración en abril de la Semana Santa, por lo que, corregidos los efectos de la laboralidad y de la temperatura, la demanda bajó un 10,8 %.

La patronal eléctrica Unesa ha acogido con «positiva resignación» la norma aprobada por el Gobierno para solucionar el déficit tarifario (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico) porque, aunque no coincide en todo con sus planteamientos, sí «despeja» el futuro.

Según fuentes de Unesa consultadas, las medidas adoptadas por el Ejecutivo «no responden exactamente» a lo que hubiera deseado el sector, pero suponen «el inicio de una solución definitiva para una situación insostenible«.

La patronal eléctrica considera que el sector deberá afrontar ahora «tres años de esfuerzo importante» para aplicar lo aprobado, pero precisa que lo puede abordar «con la tranquilidad de que el futuro está despejado«.

Las fuentes consultadas recalcaron que la decisión del Gobierno sobre el déficit tarifario «responde a una política de Estado que era inaplazable«.

El objetivo de esta norma es, según el Ejecutivo, resolver el llamado déficit tarifario, que asciende a 16.000 millones de euros, de los que 14.000 millones están aún sin recuperar.

El Real Decreto-Ley incluye la creación de una tarifa eléctrica reducida, o «bono social«, que supondrá la congelación del recibo de la luz para cinco millones de hogares hasta 2012.

El coste será asumido por las eléctricas y podrán acogerse a ella los consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios (Kw), así como las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro y quienes perciben pensiones mínimas.

Las eléctricas asumirán también los costes derivados de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado, que ascienden a unos 2.700 millones.

El Estado, por su parte, avalará hasta 10.000 millones de euros las cantidades del déficit tarifario pendiente de titulizar (convertir en títulos negociables) y asumirá los costes de la generación eléctrica extrapeninsular (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).