Estos consumidores, que son penalizados en su recibo con un recargo del 20% sobre la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) vigente, habían pagado 88 millones de euros «de más» por la electricidad consumida hasta agosto, según la última liquidación realizada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Los clientes de alta tensión deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, en tanto que los usuarios de media y baja tensión con potencias contratadas superiores a los 10 kilovatios tienen que hacerlo desde julio del año pasado, cuando comenzó a aplicarse la TUR, la única tarifa que desde entonces fija el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Industria apuntaron que aunque, en principio, el Ejecutivo no tiene previsto conceder a estos usuarios una nueva prórroga para hacer el cambio, aún es pronto para descartar esta posibilidad.

En caso de que no se apruebe dicha prórroga, las comercializadoras podrán dar por rescindido el contrato con el consumidor indebidamente acogido a tarifa y, por tanto, cortarle el suministro.

No obstante, no podrán dejar sin luz a servicios esenciales, como hospitales, alumbrado público, suministro de agua para consumo humano, instalaciones militares o policiales, centros penitenciarios, transportes públicos o servicios funerarios.

Fuentes del sector explicaron que muchos de los puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos.

En otros casos, el problema radica en que, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, las compañías que operan en el mercado libre los consideran «malos pagadores» y no les ofrecen contratos por morosos.

El año pasado, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) analizó las dificultades para contratar el suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado que estaban afrontando muchas entidades locales y otras administraciones públicas.

La CNE abrió varios expedientes informativos y, en su resolución en julio, propuso que las comercializadoras que operan en el mercado libre puedan exigir avales a clientes de «alto riesgo comercial por morosidad».

El regulador planteó esta medida como solución al problema de los hogares y pequeños negocios con deudas que no pueden acceder al mercado libre de electricidad porque las empresas comercializadoras se niegan a firmar con ellos contratos de suministro.

La exigencia de avales no afectaría a la administración pública porque, según la CNE, ya cuenta con las suficientes garantías de pago mediante los intereses de demora, la suspensión de cumplimiento de contrato y el derecho a resarcimiento de perjuicios.

Ante el elevado número de puntos de suministro indebidamente acogidos a tarifa, la CNE también estimó necesario reestructurar y actualizar toda la normativa vigente, así como simplificar los pliegos de los concursos de las Administraciones Públicas.

La CNE también abogó por una mayor información a los clientes e instó a los comercializadores a remitirles escritos con información «clara y sencilla» sobre la situación en que se encuentran.

El 1 de julio de 2008 desaparecieron todas las tarifas reguladas de alta tensión y en julio de 2009 ocurrió lo mismo con las de media y baja tensión, salvo para los usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (unos 25 millones hogares y pequeños negocios), que pueden escoger entre acudir al mercado o acogerse a la TUR.

El mercado peninsular de energía eléctrica cubierto con energía generada en el régimen ordinario fue de 134.815 millones de kWh en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 2,1% respecto del mismo período del pasado ejercicio.

Dicha energía representa el 69,3% de la demanda total peninsular del período citado. El 30,7% restante fue cubierto por la energía generada por los productores en régimen especial y el saldo de los intercambios internacionales de energía eléctrica.

En lo que va de año, la electricidad aportada por los productores en régimen especial aumentó un 17,1% con respecto al mismo período del año anterior y supuso el 33,9% de la demanda total peninsular.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año la producción bruta en el régimen ordinario ascendió a 142.927 millones de kWh, lo que supone un descenso del 1,9%.

Por tipos de centrales, la producción de origen hidroeléctrico aumentó un 75,4%, mientras que la producida mediante carbón, fuelóleo y gas descendió un 24,7% y la nuclear aumentó un 13,7%.

Para Ignacio González este incremento de la tarifa eléctrica, «el segundo» en lo que va de año, supondrá una «sobrecarga al coste» ya de por si elevado que «pagan» las empresas españolas por mejorar su competitividad y su productividad en esta etapa de recesión económica.

En su opinión, estos incrementos de precio son «medidas equivocadas» del Gobierno que significan «un lastre más para dinamizar y remontar» la actividad económica y «un nuevo paso» en la política de «resultados nefastos» del Gobierno de España.

IU reclama la paralización de la subida de la tarifa eléctrica

Asimismo, el coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, ha reclamado la inmediata retirada de la subida del recibo de la luz anunciada por el Ministerio de Industria, ya que está referida a la tarifa de último recurso (TUR), la única con la que tienen acceso al suministro eléctrico los hogares y las pymes.

Barrena ha criticado la decisión porque supone incrementar el recibo de la luz un 4,8% a los 20 millones de hogares y a los 7 millones de pymes «que no tienen otra alternativa desde que ha entrado en vigor la falsa liberalización del mercado energético».

A juicio de Barrena, «esta supuesta liberalización ha servido de poco, porque no se ha mejorado ni la calidad del servicio, ni los derechos de los consumidores ni, mucho menos, el precio de la electricidad«.

ICV pide en el Congreso un descuento del 20% en la luz y el teléfono para los sueldos bajos

Además, el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Ministerio de Industria a establecer un descuento del 20% en las facturas de gas natural, luz y teléfono, así como en el importe de la bombona de butano, para las familias cuyos ingresos no superen en un 20% el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para cada uno de los miembros en edad de trabajar.

El IPREM está fijado en 2010 en 532,51 euros mensuales, de manera que la propuesta de ICV beneficiaría a aquellos cuyos salarios sean inferiores a los 639 euros mensuales.

Herrera considera «inaceptable» y «escandaloso» el anuncio del aumento de la tarifa eléctrica un 4,8% a partir del 1 de octubre, ya que se lleva a cabo «sin discriminación de consumos», y contrasta con la actitud del Gobierno con las compañías, «que han obtenido 5.000 millones de euros de beneficios por el mal cálculo realizado».

La Generalitat Valenciana dice que la subida de la luz es un paso atrás

Para el vicepresidente primero de la Generalitat valenciana y consejero de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, la nueva subida de las tarifas eléctricas supone un «paso atrás para lograr la recuperación económica» de las pymes de la Comunidad.

La nueva subida tarifaria afecta en la Comunidad a un total de 343.000 pequeñas y medianas empresas y a 2.450.000 usuarios domésticos.

En este sentido, el vicepresidente del Consell lamentó que «se trata de una decisión política adoptada por el Gobierno central que lo único que va a conseguir es restar competitividad a las empresas valencianas».

«En una coyuntura de crisis económica como la que estamos atravesando», dijo, medidas como ésta «no ayudan en absoluto a conseguir la recuperación económica, sino todo lo contrario». «Se trata de una medida gravosa que ralentizará el crecimiento y la actividad económica», aseveró.

Para Ignacio González este incremento de la tarifa eléctrica, «el segundo» en lo que va de año, supondrá una «sobrecarga al coste» ya de por si elevado que «pagan» las empresas españolas por mejorar su competitividad y su productividad en esta etapa de recesión económica.

En su opinión, estos incrementos de precio son «medidas equivocadas» del Gobierno que significan «un lastre más para dinamizar y remontar» la actividad económica y «un nuevo paso» en la política de «resultados nefastos» del Gobierno de España.

IU reclama la paralización de la subida de la tarifa eléctrica

Asimismo, el coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, ha reclamado la inmediata retirada de la subida del recibo de la luz anunciada por el Ministerio de Industria, ya que está referida a la tarifa de último recurso (TUR), la única con la que tienen acceso al suministro eléctrico los hogares y las pymes.

Barrena ha criticado la decisión porque supone incrementar el recibo de la luz un 4,8% a los 20 millones de hogares y a los 7 millones de pymes «que no tienen otra alternativa desde que ha entrado en vigor la falsa liberalización del mercado energético».

A juicio de Barrena, «esta supuesta liberalización ha servido de poco, porque no se ha mejorado ni la calidad del servicio, ni los derechos de los consumidores ni, mucho menos, el precio de la electricidad«.

ICV pide en el Congreso un descuento del 20% en la luz y el teléfono para los sueldos bajos

Además, el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Ministerio de Industria a establecer un descuento del 20% en las facturas de gas natural, luz y teléfono, así como en el importe de la bombona de butano, para las familias cuyos ingresos no superen en un 20% el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para cada uno de los miembros en edad de trabajar.

El IPREM está fijado en 2010 en 532,51 euros mensuales, de manera que la propuesta de ICV beneficiaría a aquellos cuyos salarios sean inferiores a los 639 euros mensuales.

Herrera considera «inaceptable» y «escandaloso» el anuncio del aumento de la tarifa eléctrica un 4,8% a partir del 1 de octubre, ya que se lleva a cabo «sin discriminación de consumos», y contrasta con la actitud del Gobierno con las compañías, «que han obtenido 5.000 millones de euros de beneficios por el mal cálculo realizado».

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Para el vicepresidente primero de la Generalitat valenciana y consejero de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, la nueva subida de las tarifas eléctricas supone un «paso atrás para lograr la recuperación económica» de las pymes de la Comunidad.

La nueva subida tarifaria afecta en la Comunidad a un total de 343.000 pequeñas y medianas empresas y a 2.450.000 usuarios domésticos.

En este sentido, el vicepresidente del Consell lamentó que «se trata de una decisión política adoptada por el Gobierno central que lo único que va a conseguir es restar competitividad a las empresas valencianas».

«En una coyuntura de crisis económica como la que estamos atravesando», dijo, medidas como ésta «no ayudan en absoluto a conseguir la recuperación económica, sino todo lo contrario». «Se trata de una medida gravosa que ralentizará el crecimiento y la actividad económica», aseveró.