Esta es una de las principales conclusiones del informe «Estudio para impulsar proyectos domésticos de reducción de emisiones de CO2 en España» elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, con el asesoramiento de KPMG, la colaboración de la Fundación Biodiversidad y el apoyo técnico de la Oficina de Estado de Cambio Climático.

Según el informe, de acuerdo con el II Plan Nacional de Asignación 2008?2012, la necesidad de compra de créditos de carbono de España para cumplir los compromisos con el Protocolo de Kioto se estima en cerca de 290 millones de toneladas de CO2, de las cuales 160 corresponden a los sectores difusos.

En el estudio se analiza cómo diferentes países de nuestro entorno han diseñado con éxito nuevos mecanismos. En éstos se consideran las reducciones de emisiones como una de las magnitudes principales para optar a los diferentes incentivos públicos que se establecen en materia de eficiencia.

En base a las oportunidades detectadas y a las herramientas disponibles, el informe incluye una serie de recomendaciones para modernizar algunas de las iniciativas existentes para luchar contra el cambio climático.

Dichas recomendaciones están basadas en una selección de proyectos y medidas ubicadas dentro de alguno de los sectores con más potencial de generación de empleo y de contribución al crecimiento del PIB: rehabilitación y eficiencia energética en edificios, residuos, transporte y agricultura.

Aunque aún «queda un mes» para cerrar el balance del año y «se pueden producir variaciones meteorológicas y actualizaciones de datos», la secretaria de Estado cree que «va a haber una reducción significativa en 2010 con respecto a 2009».

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, las emisiones del sector eléctrico cayeron en España hasta el 31 de octubre de 2010 en más de un 14% con respecto al año anterior y, las del transporte por carretera en más de un 1,5% hasta agosto.

La suma de ambos sectores (que representan las tres cuartas partes del inventario) implica que las emisiones podrían registrar una reducción de hasta un 8% este año.

«Habría que introducir algún ajuste, pero nos podríamos mover en una horquilla de entre el 6-8% de reducción de emisiones«, añadió Ribera.

«Queda un mes y se pueden producir variantes meteorológicas en términos eólicos e hídricos que puedan suponer un cambio en la tendencia del año, además de actualizaciones de datos, pero creemos que va a haber una reducción significativa en 2010 con respecto a 2009, en línea con la que hubo en 2009 respecto a 2008 y en 2008 respecto a 2007″, explicó la secretaria de Estado.

Para Ribera, se trata de «una caída importante de emisiones que consolida en un año la recuperación de la demanda de electricid y la presencia de un mix más limpio».

Así lo expone el «Informe Cambio Global España 2020/50. Energía, economía y sociedad«, cuyo resumen ejecutivo fue presentado este martes en el décimo Congreso Nacional del Medio Ambiente.

Este documento ha sido impulsado por el Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (Cceim) y la Fundación Conama, y elaborado por un equipo de expertos codirigido por Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, de la Universidad Pontificia Comillas, y el presidente de honor de la Fundación Sustainlabour, Joaquín Nieto.

El objetivo final que plantea este informe es reducir a la mitad las emisiones de efecto invernadero en 2030 y al 80% en 2050 (con respecto al año 1990).

Para ello, será necesaria una reducción del 23% de la demanda de energía para 2030; un 100% de energías renovables en la generación de electricidad para 2030; y medio millón de viviendas rehabilitadas al año, o 15 millones de coches eléctricos, en 2050.

El informe analiza dos escenarios diferentes. El escenario base incluye los actuales objetivos de energías renovables marcados por la Unión Europea para 2020 (cubrir el 20% del consumo energético final con fuentes renovables y una reducción del 20% de las emisiones de CO2).

Sin embargo, considera que esto no sería suficiente para alcanzar una reducción de las emisiones del 80% para el año 2050 (que impida que el calentamiento global supere los dos grados). Por ello propone un escenario deseable con medidas adicionales y mayores restricciones, en particular las referidas a las emisiones de CO2.

Este escenario «deseable» plantea que cada año hasta 2050 medio millón de viviendas sean rehabilitadas para conseguir un ahorro energético del 50% sobre el consumo de 2009 y que todas las nuevas viviendas construidas tengan una demanda energética un 80% inferior a la actual. Todo ello supondría un ahorro de la demanda energética global en el sector residencial y de servicios de un 46% en 2050 respecto a 2009.

En el sector del transporte, se ha considerado un aumento de la eficiencia en 2020 de un 22% respecto de la existente en el año 2000. Además, se ha supuesto una apuesta decidida por el vehículo eléctrico para el transporte de pasajeros con 2,5 millones de vehículos en 2020, cinco millones de vehículos eléctricos en 2030 y 15 millones de vehículos eléctricos en 2050.

También se propone un cambio modal radical del transporte de mercancías, de tal modo que en 2020 un 10% de la demanda de transporte total de mercancías se transfiera de transporte por carretera a transporte en tren, en 2030 un 30% y en 2050 un 70%.

En el llamado escenario deseable, el consumo de energía primaria en el año 2030 se reduciría en un 23% respecto del consumo del año 2009 y procedería de fuentes renovables en un 45%.

Por su parte, la energía nuclear desaparece del escenario energético en 2030 (una vez superada su vida útil todas las plantas actuales).

El carbón y el gas verían reducida su participación, limitada exclusivamente a la industria, y el uso del petróleo se reduciría desde un 49% en 2009 hasta un 34% en 2030.

La electricidad aumentaría en un 35% su participación en el sistema energético (del 20% en 2008 al 27% en 2030) y sería generada por energías renovables en un 70% en 2020 y en el 100% en 2030.

La ONU llama a reducir en un 60% las emisiones de CO2

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó de que las naciones deben reducir en un 60% sus emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2ºC.

A menos de una semana de que comience la Cumbre de Cancún (México) sobre Cambio Climático, el Pnuma hace hincapié en la «brecha» existente entre las emisiones estimadas para 2020 y el nivel que la ciencia indica que deben estar para esa fecha.

Según los datos de la ONU, para 2020 las emisiones podrían alcanzar las 56 millones de toneladas de dióxido de carbono, «cifra que supera lo recomendado por los científicos».

«Hay una brecha entre la ciencia y los niveles actuales de ambición. Sin embargo, lo que este informe demuestra es que en este momento las opciones sobre la mesa de negociaciones pueden hacernos llegar a casi el 60% del camino», concluyó el director ejecutivo del Pnuma, Achim Steiner.

Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SOE/Birdlife, han señalado que este informe incluye los impactos debidos al cambio indirecto del uso de la tierra que provocan los agrocombustibles, por lo que, según han señalado, se trata de la evaluación más realista hasta el momento de los verdaderos impactos de los objetivos obligatorios de agrocombustibles de la Unión Europea.

Para las organizaciones, este trabajo llega en «un momento clave para la política de agrocombustibles de la Unión Europea», ya que la Comisión Europea tiene que informar sobre cómo gestionar y minimizar estas emisiones al final del año. Además, el informe concluye que, para obtener la materia prima necesaria para cubrir los objetivos de 2020, sería necesario convertir en campos de cultivo y plantaciones una superficie equivalente a 1,5 veces la superficie cultivable de España.

En este sentido, han señalado que «si los países europeos no cambian sus planes para obtener combustibles para el transporte a partir de cultivos alimentarios, se pone en peligro los bosques y los ecosistemas naturales en muchos países, además de perjudicar la lucha contra el hambre y la injusticia en las comunidades del Sur».

Por este motivo, los ecologistas urgen al Gobierno Español y a la Comisión Europea a revisar urgentemente los impactos reales de los agrocombustibles en el cambio climático y en la soberanía alimentaria, y priorizar la eficiencia energética en el transporte. En este sentido, han señalado que la nueva legislación debe tener en cuenta la huella total de carbono de los agrocombustibles mediante la introducción de factores de cambio indirecto del uso del suelo.

Así, para la portavoz de Amigos de la Tierra, Blanca González Ruibal, la Unión Europea «tiene que dejar de promover falsas soluciones que siguen expoliando los recursos del Sur y afrontar urgentemente una reducción en la demanda de energía en el transporte«.

Del mismo modo, desde Greenpeace, Sara Pizzinato ha explicado que «la promoción del uso de agrocombustibles no debe ser la única, ni la principal vía para el cumplimiento de la Directiva de Energías Renovables en el transporte ya que existen otras opciones cuya sostenibilidad está demostrada, como el establecimiento de estándares estrictos de eficiencia para los vehículos y la aplicación de la electricidad de origen renovable a este sector».

Por su parte, desde SEO/BirdLife, David Howell, asegura que «la investigación muestra que los objetivos de agrocombustibles de la Unión Europea suponen una marcha atrás en la lucha contra el cambio climático y la lucha contra el hambre«. Al respecto, ha añadido que «mientras no se tengan totalmente en cuenta los cambios indirectos del uso del suelo, Europa continuará subsidiando una alternativa energética que es significativamente peor que los combustibles fósiles a los que sustituiría».

El Ministerio de Industria Turismo y Comercio comunicó recientemente los objetivos de introducción de agrocombustibles acordados para el Estado Español en los próximos años, que establecen un 5,9 por ciento en 2011, el 6 por ciento en 2012 y el 6,1 por ciento en 2013, unas cifras que, según Ecologistas en Acción, el Ejecutivo «debe reducir y garantizar que los agrocombustibles se obtienen con materia prima autóctona, sin impactos ambientales y sociales negativos».

De acuerdo con el reparto interno pactado por la Unión Europea, España debe limitar su incremento de emisiones al 15% en relación a los niveles de 1990. Sin embargo, pese a las medidas para recortar las emisiones y la crisis económica, el aumento real será del 35%, según las proyecciones de Bruselas.

El Gobierno tiene previsto cubrir esta brecha de 20 puntos que le separa del cumplimiento de su objetivo invirtiendo en proyectos verdes en países en vías de desarrollo para así obtener derechos de emisión de CO2 adicionales, tal y como está previsto en el protocolo de Kyoto.

Para ello, invertirá 638 millones de euros, por delante de Austria (que dedicará 531 millones a estos mecanismos de desarrollo limpio), Países Bajos (507 millones), Luxemburgo (360 millones) y Portugal (305 millones).

Además, España espera lograr un recorte adicional de emisiones del 2% mediante actividades de forestación y reforestación, que crean «sumideros» ecológicos que absorben dióxido de carbono de la atmósfera.

Teniendo en cuenta la compra de créditos de emisión y las actividades de forestación, España acabará superando en un 1,8% el objetivo de CO2 que le impone Kyoto, de acuerdo con las proyecciones del Ejecutivo comunitario.

Para los quince antiguos Estados miembros de la Unión Europea, Bruselas pronostica que las políticas y las medidas existentes, esto es, las ya ejecutadas, tendrán como resultado una disminución de las emisiones del 10,4 % respecto a los niveles de referencia. Además, la compra de créditos de emisión se traducirá en otra rebaja del 2,7 %, con lo que la reducción global sería aproximadamente del 13,2 %.

Las medidas de reforestación podrían contribuir a un recorte suplementario del 1,0 %, con lo que la bajada total será del 14,2%, muy superior al objetivo del 8% previsto en Kyoto.

En cuanto a los países de la ampliación, el estudio de la Comisión prevé que cumplan sus objetivos individuales de recorte, que oscilan entre el 6% y el 8%.