En concreto, este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explicó la norma.
Es más, especificó que tales modificaciones consisten en someter al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la competencia sancionadora en la materia.
A modo global, el Ejecutivo detalló que, desde el punto de vista de los Presupuestos, el decreto en sí implica un ingreso y a la vez una reducción de las cargas administrativas. «No suponen un incremento de gastos y sí se espera una aportación de beneficios directos, si bien no es posible cuantificar los mismos», puntualizó.
Entre otras medidas, este decreto plantea una modificación de la Ley de Aguas, donde el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.
En este sentido, la memoria detalló que el desarrollo del principio de «recuperación de costes» por la Administración y la adecuación del marco normativo sancionador supondrá un incremento de los ingresos afectados por este concepto.
Eso sí, el informe del Gobierno advirtió de que, la no adopción de tales medidas, causaría perjuicios económicos en el sector, así como la apertura de un procedimiento sancionador por la Unión Europea, por la deficiente trasposición de directivas comunitarias en materia de aguas y de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. «Este decreto evitará tener que hacer frente a procedimientos de infracción por incumplimiento de normativa comunitaria», agrega.
Por otra parte, la aplicación de las previsiones contenidas en este proyecto serán asumidas con los actuales medios de los departamentos ministeriales competentes «sin que ello implique, en ningún momento, modificación o aumento ni de sus dotaciones ni de sus retribuciones», puntualiza la memoria del decreto.
Medidas urgentes ya en vigor
Este decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente fue aprobado en Consejo de Ministros a finales de abril, y se encuentra en vigor al día siguiente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno justificó estas medidas urgentes ante «el desorden legal» en la materia, según explicó en un encuentro informativo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.
En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
En materia de residuos, el decreto cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas.
Referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), se precisa el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones».
