La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

El IDAE amplía hasta el 30 de abril el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en desaladoras

Europa Press.- El consejo de administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha ampliado hasta el próximo 30 de abril el periodo de vigencia del programa de ayudas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética en desaladoras, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plazo de vigencia del programa de ayudas fue ya ampliado a finales de 2016 hasta el pasado 31 de diciembre de 2017, al existir presupuesto remanente.

Así, al existir todavía presupuesto remanente, y dada la evolución del número de solicitudes presentadas, así como el elevado consumo energético de las plantas desaladoras y el gran potencial energético de las mismas, se considera «recomendable una nueva ampliación del plazo de vigencia hasta el 30 de abril de 2018, no excediéndose con ello la fecha límite prevista para la conclusión del periodo de aplicación del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible de los Fondos FEDER, según la resolución. No obstante, el programa concluirá de forma anticipada en el caso de que se agote el presupuesto disponible, incluidas las posibles ampliaciones presupuestarias que pudieran acordarse.

El precio del mercado eléctrico marcó en 2017 su media más alta desde el 2008 con 52,2 euros por MWh

Europa Press.- El precio medio del mercado eléctrico español alcanzó en 2017 los 52,2 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 31,49% más que en 2016 y su nivel más alto desde 2008. En la última década, el mercado eléctrico sólo había superado el listón de los 50 euros por MWh de media en 2015, cuando se situó en los 50,3 euros por MWh, y en 2008, cuando cerró en los 64,44 euros por MWh.

Con respecto al resto de países de nuestro entorno, el precio medio del mercado eléctrico español fue así de los más caros en 2017, siendo 18 euros superior al de Alemania (34,2 euros) y 7,3 euros mayor que el de Francia (44,9 euros), según AEGE. Por su parte, en el mes de diciembre, el precio medio del mercado eléctrico español se situó en 57,94 euros por MWh, un 4,4% inferior al precio medio de diciembre de 2016 y un 2,16% inferior a noviembre de 2017.

Por lo que se refiere a la cotización del futuro para 2018 del mercado español, se sitúa en 52,65 euros por MWh, un 39,58% superior a la cotización del mercado alemán, que es de 37,72 euros por MWh, añade AEGE. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que el 40% corresponde a los peajes y el 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El año 2017 ha estado marcado por la sequía, con una caída de la generación hidroeléctrica a la mitad con respecto al ejercicio anterior, que ha motivado que se haya necesitado de otras tecnologías más caras, como el carbón y gas, para cubrir la demanda. El mercado mayorista, también conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

El ejercicio 2017 se cerró para un consumidor medio (con una potencia contratada de 4,4 kW y una demanda anual de 3.900 kWh) con un encarecimiento en su recibo de la luz de en torno al 10%, 77,39 euros más. El Gobierno ha congelado para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

El Gobierno congela los peajes de electricidad y gas para 2018 y reduce el alquiler de los contadores de gas

Europa Press.- El Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adopta la congelación de los peajes de electricidad y de gas para 2018, por quinto y cuarto año consecutivo respectivamente. Estos peajes, fijados por el Gobierno, recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía.

El Ministerio de Energía señaló que se estima un equilibrio económico en los sistemas eléctrico y gasista para los próximos años, que permite la congelación de esta parte regulada de las facturas. Asimismo, considera que no incrementar los peajes redundará «en un impacto positivo tanto en la competitividad de la economía española como en la actividad económica». Adicionalmente, en el caso del gas natural, se reduce el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Así, se estima que la rebaja supondrá un ahorro medio de ocho euros al año y por cliente, para unos 7,8 millones de consumidores domésticos.

AEGE asevera que el resultado de la subasta de interrumpibilidad es un «duro batacazo» para la industria electrointensiva

Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) asevera que los resultados de la subasta de interrumpibilidad suponen «un duro batacazo» en la competitividad de las industrias electrointensivas y tendrán «consecuencias negativas» después de resolverse con un recorte de la retribución anual del servicio de 152 millones de euros y con 11 fábricas quedando excluidas.

AEGE señala que el resultado supone un recorte del 30% con respecto a 2017, con una reducción de 86 millones de euros en el precio medio del servicio y de 66 millones en la potencia asignada. Así, la asociación considera que con esta reducción de potencia interrumpible, «no previsible con una demanda creciente y con una insuficiente capacidad de interconexión con Francia», las fábricas proveedoras del servicio sufren una fuerte merma de su retribución en el mejor de los casos».

Además, subraya que, después de que se recortara a 5 meses el periodo de vigencia y se bajara el precio de salida en un 10%, en la subasta se confirmó una reducción de la potencia subastada y un recorte del 20% en los precios medios asignados. «Este resultado supondrá una pérdida de competitividad considerable para industrias que emplean 186.000 personas. Al recorte se suma la incertidumbre que rodea al servicio a partir de junio: lo contrario de la estabilidad que necesita la industria», añade AEGE.

Finalmente, la industria electrointensiva solicita medidas urgentes para lograr precios eléctricos similares a los de sus principales competidores europeos. En este sentido, pide que se aplique ya la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a las fuentes renovables, prevista en los Presupuestos Generales de 2017 y que, «la industria electrointensiva desconoce si dispondrá de dicha compensación».

La subasta de interrumpibilidad se salda con un coste de 373 millones de euros, tras descuentos de hasta el 28%

Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) completó el proceso de asignación del servicio de interrumpibilidad para los cinco primeros meses de 2018, cuyo coste total para el sistema eléctrico ascenderá a 372,8 millones de euros tras registrarse descuentos en las subastas de hasta casi el 28%. Este servicio lo ofrecen los grandes consumidores de electricidad y consiste en su compromiso de reducir o suspender la demanda cuando lo exija el sistema.

En esta ocasión, se han asignado bloques que suman 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible a grandes consumidores a un precio medio ponderado de 143.393 euros por MW, según indicó REE. En total, se han asignado durante las subastas 8 bloques de 90 MW y 376 bloques de 5 MW. En la convocatoria participaron un total de 128 consumidores, señaló el operador de la red eléctrica, que organizó el proceso como administrador de la subasta.

El precio medio de asignación fue de 235.167 euros por MW y año para los productos de 90 MW, un 13% menos del precio de salida fijado por el Ministerio de Energía, y de 108.245 euros por MW, un 27,8% inferior, para los de 5 MW. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía habían sido de 270.000 euros por MW y año para los productos de 90 MW y 150.000 euros por MW y año para los de 5 MW.

Facua pide al Gobierno poner fin a la comercialización de luz y gas en los domicilios a puerta fría

Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción insta al Gobierno a poner en marcha las iniciativas legislativas «necesarias» para prohibir la comercialización puerta a puerta desarrollada por muchas compañías de luz y gas para ofrecer supuestos descuentos que «acaban inflando las facturas de los usuarios».

En concreto, la asociación ha remitido un escrito a los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Sanidad, Dolors Montserrat, competente en consumo, en el que pide tomar estas medidas y advierte de que resultan especialmente gravosos para los usuarios «los cambios fraudulentos» del mercado semirregulado, el denominado PVPC en electricidad y TUR en gas, al mercado libre. Facua advierte de que tras estas prácticas, conocidas como comercialización a puerta fría, hay «un fraude» masivo por el que los comerciales acuden a los domicilios de los usuarios para cambiarles sus contratos «mediante todo tipo de engaños, ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas«.

En 2016 la asociación trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denuncias de 270 usuarios de toda España que habían sido víctimas de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas. La CNMC ha sancionado a varias compañías por este tipo de fraudes y en la actualidad analiza los casos denunciados por la asociación, añadió Facua, que reclama al Gobierno que actúe para eliminar «una práctica agresiva que deja desprotegidos a los consumidores ante los abusos y ofertas engañosas que reciben con estas visitas«.

Facua señala que ha contabilizado hasta 17 tipos de engaños para realizar las modificaciones contractuales. «En muchos casos, los comerciales ni siquiera aclaran a los usuarios que les están ofertando otras tarifas, sino que les hacen creer que tienen que firmar un documento para autorizar a su compañía al cambio o reparación del contador, a la aplicación de un descuento o a actualizar su contrato porque el vigente ya no se ajusta a la ley», añaden.Además, advierte que con el cambio al mercado libre los usuarios con bono social pierden el derecho a este descuento, «agravando su situación económica”.

De todas maneras, algunas compañías ya han adoptado medidas para intentar atajar las malas prácticas en esta comercialización puerta a puerta.Así, por ejemplo, Gas Natural Fenosa ha inhabilitado este año a un total de 190 vendedores por llevar a cabo malas prácticas comerciales en la venta presencial a clientes, lo que supone el 4% de sus comerciales acreditados, y ha puesto en marcha un teléfono gratuito (900649243) donde los clientes pueden consultar si el vendedor tiene la acreditación en vigor y si las ventajas de las ofertas que ofrece se corresponden con la realidad.

Narbona afirma que la sustitución de las centrales térmicas de carbón por energías renovables reduciría el precio de la electricidad

Europa Press.- La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido que en España «no hay un problema de precios» de la energía y que, «en contra de lo que dice el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el cierre de las centrales térmicas de carbón en nuestro país y su sustitución por energías renovables supondría una reducción en el precio de la electricidad».

La exministra ha lamentado que el mercado eléctrico español «en absoluto es el idóneo para el desarrollo masivo de las energías renovables», que es «lo que necesitamos impulsar». En este sentido, ha manifestado que el mercado eléctrico estatal se ha construido «de acuerdo con las energías que dominaban el mix en nuestro país y con la distribución del poder económico propia de los combustibles convencionales, energía nuclear, petróleo, carbón o gas, y para la utilización de estas energías son necesarias muy importantes inversiones para la construcción de las correspondientes plantas, para mantener el proceso dentro de límites de control del riesgo, en el caso de la nuclear» y en manos de «pocas empresas poderosas económicamente».

Narbona ha destacado que este modelo «sobrerretribuye» el precio de las energías fósiles y de la electricidad en España, situándolo «entre los más altos de Europa», pese a que nuestro país es «excedente» en su capacidad de generación de electricidad, y así hay «muchísimas plantas de ciclo combinado que están paradas«. En este contexto, asegura que en España «no hay en absoluto un problema de precios, como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el supuesto de que se eliminen gradualmente las plantas de carbón o las centrales nucleares».

Narbona aseveró que está demostrado que, «en contra de lo que dice Nadal, no solamente no subiría el precio de la electricidad con el cierre de las centrales térmicas de carbón, sino que, si se sustituyen por energías renovables, habría una reducción en el precio de la electricidad». Al respecto, ha sostenido que cualquier transición energética «seria» en España requiere de una «reforma en profundidad» del mercado energético, de manera que cuente «con un sistema diferente de formación de los precios que permita la entrada de las energías renovables sin provocar desajustes en el sistema».

Además, ha censurado que España es el único país de Europa donde se está «penalizando» el autoconsumo de energía, en lugar de estimularlo como promueve la Comisión Europea. Narbona ha abogado así por un mercado energético que favorezca el autoconsumo, las renovables, para lo cual «las subastas energéticas deberían de ser por tecnologías» y que vaya prescindiendo «de manera gradual» de la energía nuclear, de manera que la vida de las centrales nucleares no se prolongue más de 40 años.

Por otro lado, Narbona ha apostado por que la futura Ley de cambio climático y transición energética contemple horizontes a 2030 y 2050 con revisiones cada 5 años, para ver cómo se cumplen los objetivos que se establezcan, que contemple una fiscalidad que incentive el abandono «gradual» de los combustibles fósiles y un fondo para la transición «justa» en las comarcas más afectadas por el cambio en el modelo energético.

Sobre esta cuestión, ha recordado que el PSOE ha propuesto que si se creara, como propone el Gobierno central, una figura de «pago por capacidad» a las centrales térmicas o nucleares que considere que no tienen que cerrarse, algo que va «en contra de los criterios» de la Comisión Europea y que es «inviable desde el punto de vista jurídico», esa figura «en todo caso beneficie exclusivamente al carbón autóctono, en ningún caso al importado«. Además, ha apostado por adoptar medidas «concretas de transición justa en las comarcas afectadas con centrales térmicas y nucleares» y ofrecer «nuevos puestos de trabajo con la formación requerible» para que los trabajadores de estas infraestructuras puedan cambiar de actividad.

Por ejemplo, sugiere la celebración de subastas de energías renovables en esas comarcas para «ir reconstruyendo tejido productivo asociado a la transición energética y garantizando empleo y bienestar en esas zonas» y lamenta que el Gobierno central del PP «dice no» a esta propuesta porque «no le importa en absoluto la minería del carbón», pero sí lo hace para «mantener el parque nuclear con una compensación económica que las grandes eléctricas le vienen pidiendo de manera explícita desde hace años».

En este contexto, Narbona ha lamentado la «posición nefasta» del Gobierno central en la negociación paquete de invierno, medidas planteadas por la Comisión Europea sobre política energética, ya que «no quiere aceptar» el incremento hasta el 35% del peso de las energías renovables respecto al consumo final de energía para 2030, algo que, a su juicio, es «absolutamente viable«. Por otro lado, ha opinado que España debería incorporar la obligación para las empresas cotizadas de presentar un informe anual «sobre sus riesgos financieros de origen climático», es decir, los «asociados a sus inversiones en sectores de combustibles fósiles», algo que «ya se está dando en Reino Unido y en Australia».

También ha propuesto consensuar «a escala europea» la fiscalidad sobre CO2 ya que esto «sería de mucha utilidad» y proporcionaría «un paraguas a todos para desarrollar la fiscalidad adecuadamente», así como «instrumentar exigencias claras» en la política de compras públicas, que representan el 20% del PIB, no solo en lo relativo a la energía sino también, por ejemplo, en lo que se refiere a la alimentación en la escuela pública».

Además ha incidido en la necesidad de generar «pautas de consumo sostenibles» y apoyar a los países en desarrollo para facilitarles el acceso a las energías renovables. Finalmente, Narbona ha opinado que la «planificación de la transición energética» desde las administraciones públicas debe permitir una «gradualidad» para que sea «lo menos traumática posible». Por su parte, el diputado foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, destacó que el cambio climático «va a incidir en nuestro día a día» y Guipúzcoa «debe prepararse para hacer frente a este desafío».

El Gobierno quiere analizar técnica y económicamente las alternativas en el almacén de gas Castor antes de empezar su desmantelamiento

Europa Press.- El almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) está en la actualidad en una situación «estable» y el Gobierno considera «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas para proceder de forma segura para las personas y el medioambiente y de la manera más eficiente de cara a su futuro desmantelamiento seguro.

En una respuesta del Gobierno al senador de Compromis, Carles Mulet, el Ejecutivo recuerda que se acordó la hibernación segura del almacén subterráneo de gas cuyas tareas de llenado provocaron movimientos sísmicos en agosto de 2013 que motivaron su posterior cierre. Entonces, el Ejecutivo acordó hibernar las instalaciones asociadas al almacenamiento y extinguió la concesión de explotación a su titular, Escal UGS, cuyas instalaciones pasaron a ser administradas por Enagás para garantizar la seguridad de las personas, los bienes, el medioambiente y el correcto mantenimiento de la operatividad del almacén Castor y optimizar los recursos disponibles del sistema gasista español. Desde entonces, el Gobierno asegura que Enagás «ha adoptado las medidas técnicas necesarias para la hibernación segura de la instalación».

En este contexto, añade el Gobierno en su respuesta, que el estudio encargado por Enagás al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a expertos de la Universidad de Harvard concluyó con claridad que volver a operar Castor podría desencadenar «con muy alta probabilidad» por la desestabilización de las fallas de la zona «nuevos episodios sísmicos«. En definitiva, el Gobierno considera que ahora que Castor está en situación estable y teniendo como prioritaria la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, «antes de proceder a cualquier operación tendente al desmantelamiento» ve «necesario» analizar técnica y económicamente las alternativas a ello de forma segura.

El senador de Compromis, Carles Mulet, lamenta la falta de «medidas reales» para desmantelar el almacén al que define como un «amasijo de ferralla en el mar» y critica la falta de «transparencia en todo lo que rodea al proyecto de almacén de gas. Así, reprochó la práctica «enquistada» en las respuestas del Gobierno respecto a este «proyecto energético fracasado» porque considera que el Ejecutivo no concreta las medidas que se adoptarán para su desmantelamiento.

Mulet critica que el Gobierno le conteste que ha decidido que la instalación de almacén gasista Castor siga «en su estado actual de hibernación que garantiza la estabilidad del mismo». El senador denuncia que «el método Rajoy» de resolver los conflictos no sirve a los vecinos afectados por los terremotos y considera que no se puede tener sine die «toda esa ferralla en medio del mar a expensas de algún accidente o movimiento geológico que genere peligro a la población.

Por ello el senador propone sellar el almacén de la mano de expertos, como ya hizo la empresa Shell cuando abandonó la planta al haber constatado durante décadas los episodios sísmicos que producía la explotación del yacimiento petrolífero. Por otro lado, Mulet considera que el coste de desmantelar la planta deberían abonarlo «quienes planificaron mal» y ejecutaron con más de un año de retraso un proyecto innecesario y que dio toda clase de problemas. En definitiva, Compromis lamenta que 2017 vaya a terminar sin tomar medidas reales tras el estudio que se encargó al MIT.

Bruselas analiza la compatibilidad del decreto del Gobierno contra el cierre de centrales de generación eléctrica con las normas europeas

Europa Press.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha confirmado que Bruselas está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética.

Así lo aseguró el comisario español, que ha anunciado que mantuvieron una reunión sobre este asunto el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la que también abordaron otros temas como la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «El mensaje es que cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria y se están viendo los términos en que se puede producir el decreto definitivo para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique», ha señalado.

Arias Cañete ha explicado que la reunión entre Ristori y Navia fue un «intercambio preliminar de posiciones» que «va a continuar en el tiempo«. No obstante, el comisario ha insistido en que por ahora se trata únicamente de «la fase previa de un borrador» y no de un real decreto que deba ser analizado en su totalidad. «Estamos hablando de un borrador muy preliminar, lo que pasa es que la Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender lo que está ocurriendo en los Estados miembros», ha argumentado Arias Cañete.

«Seguirá el análisis técnico y cuando la Comisión Europea tenga una postura la trasladará al Gobierno español y esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión y se adapte a las normas del derecho comunitario», ha manifestado el comisario, para después añadir que intervendrá «a nivel político» si fuese necesario. Sin embargo, el comisario ha señalado que en estos momentos no tiene previsto ningún contacto sobre este asunto ni con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ni con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Galán reiteró recientemente el compromiso de la compañía de cerrar sus centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Por su parte, Nadal señaló que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos».