Nicolás Villén Jiménez, nuevo consejero independiente de CLH

En la junta de accionistas se respaldó también la modificación de los artículos 24º y 35º bis de los Estatutos Sociales para aumentar el número de miembros del Consejo de Administración y nombrar a Nicolás Villén como nuevo consejero independiente.

Así lo señaló el presidente de CLH, José Luis López de Silanes, quien explicó que Villén también se incorporará al Comité de Auditoría de la compañía, aunque no quiso desvelar el nombre.

Además, se ratificó el nombramiento por cooptación de Rui Nuno Tavares de Almeida Moreira da Cruz, consejero dominical.

Por otro lado, el presidente de CLH no descartó cambios en el accionariado de la compañía. «La acción es apetecible en el mercado. Aquel que quiera venderlo lo podrá vender», subrayó preguntado por la posible venta del 5% que ostenta en el capital NCG Corporación Industrial.

López de Silanes avanzó que la compañía prevé una caída del consumo de productos petrolíferos del entorno del 3% y el 4% para el conjunto del año y que crezca el año que viene, aunque a niveles inferiores a los de la década pasada.

El presidente de CLH calificó además de positivo la presencia de los operadores petrolíferos en el accionariado de CLH, al tiempo que destacó la capacidad que tienen las refinerías españolas para mejorar el precio internacional y la competencia «feroz» que hay en el mercado mayorista, en alusiones a varios informes de la Comisión Nacional de Competencia (CNC).

Asimismo, señaló que la Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoció en sus informes que la compañía no es de ninguna manera la responsable de los incrementos de los precios de los carburantes en España con respecto a otros países, «el problema es la forma de calcularlos», añadió.

Con respecto a las nuevas oportunidades, CLH trabajará para desarrollar nuevas oportunidades de negocio en España, así como para incrementar el volumen de almacenamiento de productos de bunker y captar nuevos contratos de almacenamiento estratégico internacional.

En este sentido, su presidente dijo que se está estudiando entrar en el capital o comprar una red existente, por ejemplo en Omán, junto a más socios llevando a cabo la gestión de la misma, al tiempo que analiza participar en algún proyecto de asesoramiento de inversión en Brasil.

Este plan también prevé continuar prestando servicios de consultoría y asesoramiento técnico internacional y analizando oportunidades de inversión en países maduros y estables que permitan maximizar el crecimiento de CLH en el futuro.

Todas estas nuevas actividades podrían redundar en un incremento de las inversiones, que basándose en el plan estratégico de la compañía para 2012-2016, se situarán en 334 millones de euros y que se enfocarán principalmente en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras de la compañía así como a reforzar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de los servicios prestados. Junto a esto añadió que la compañía invertirá más de 60 millones de euros en 2013 para mejorar y ampliar sus infraestructuras.

Con el plan estratégico para 2012-2016, se creará una nueva hoja de ruta con la que la compañía espera reducir su deuda en más de 24 millones de euros al final del periodo hasta situarla en 736,8 millones de euros.

Durante su intervención, López de Silanes reconoció el «esfuerzo» de la compañía en la contención de gastos para reducir el impacto de la bajada de los ingresos provocada por la caída de la demanda de combustibles en el país.

No obstante, afirmó que tras los malos datos de consumo de productos petrolíferos registrados en el primer trimestre del año, en abril y mayo se observó un decrecimiento menor que meses atrás.

La compañía espera además que el plan estratégico redunde en un crecimiento de los ingresos de explotación medios del 0,3% hasta 625,4 millones de euros para 2016, y del resultado bruto de explotación (ebitda), con un aumento de un 0,9% anual hasta 335,1 millones de euros.

CLH prevé además que el dividendo acumulado entre 2012 y 2016 se sitúe en 734 millones de euros.

CLH repartirá un dividendo de 0,4679 euros por acción

Además, la Junta General de Accionistas de CLH aprobó el reparto de un dividendo complementario de 0,4679 euros por acción a cuenta del ejercicio de 2012 que se hará en efectivo el próximo 12 de junio.

Según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez descontada la retención fiscal del 21% para aquellas cantidades a los 6.000 euros, los accionistas cobrarán un importe líquido de 0,3696 euros.

Por su parte, efectuando la retención del 19% que se aplica a este tipo de rendimientos del capital para los primeros 6.000 euros, los accionistas cobrarán un importe neto de 0,3789 euros.

El reparto de este dividendo complementario, según informó la compañía, suma un monto de 32,7 millones de euros (que se repartirán entre los 70 millones de derechos de voto que componen su capital social), que unido al dividendo a cuenta ya abonado totalizan 147,5 millones de euros.

En las cuentas de 2012 , CLH registró un beneficio antes de impuestos de 147,9 millones de euros, un 9,2% menos que el año anterior, los ingresos de explotación descendieron un 4,2% hasta los 589,6 millones de euros, mientras que los gastos de explotación descendieron el mismo porcentaje, un 4,2%.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebtida) alcanzó los 305 millones de euros, un 6% inferior al ejercicio anterior, por lo que el resultado de explotación recurrente del grupo CLH se redujo un 4,3% respecto a 2011 y se situó en 222 millones de euros.

El TSJM anula la autorización para la instalación de la segunda central de Elerebro en Castejón (Navarra)

La sentencia, facilitada por la «Plataforma de la Ribera + Centrales No», anula tanto la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del 25 de noviembre de 2005 que autorizó la instalación de un segundo grupo en la central térmica como la dictada por la Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio el 8 de abril de 2008 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior.

El tribunal se apoya, para anular la autorización de Industria, en las sentencias del 4 de diciembre de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anuló la autorización ambiental integrada aprobada por el Gobierno navarro, la de 12 de junio de 2008 del mismo tribunal que anuló el PSIS aprobado por Ejecutivo foral, y la de 23 de noviembre de 2011 del Tribunal Supremo que confirmaba esta misma sentencia en casación.

En todas ellas se reitera la nulidad de las autorizaciones concedidas debido a un argumento que hace innecesario entrar a valorar el resto de consideraciones, que es la ilegalidad del emplazamiento de la instalación.

La sentencia destacó en ese sentido que la actividad de una central térmica de ciclo combinado de gran potencia (400 megavatios) es una actividad «molesta, insalubre, nociva y peligrosa» y no puede considerarse la excepción a la regla general de las distancias mínimas que contiene la normativa aplicable (artículo 15 del Reglamento 2414/1961).

La Administración foral, se indicó en la sentencia, se limita a negar que dicha norma sea aplicable en Navarra y consideró que la misma no es básica y de necesario cumplimiento en todo el territorio nacional, sino simplemente una ordenación de mínimos que en todo caso se ha de respetar, pero que puede ser mejorada por la respectiva comunidad autónoma.

La sala entiende, a la vista de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, que sí es norma básica, aunque mejorable por la comunidad autónoma, aunque en este caso el Gobierno de Navarra «no sólo no ha mejorado el mínimo establecido por la norma, sino que lo ha incumplido manifiestamente» al autorizar dicha central térmica a 500 metros del núcleo de población más próximo.

La plataforma recordó que éste es el tercer pronunciamiento favorable a sus intereses, pero «incomprensiblemente» esa central está operativa desde 2007 «y ello a pesar de existir, entre todas esas sentencias, una del Tribunal Supremo que declara de manera firme e irrecurrible, su ilegalidad».

El TSJM anula la autorización para la instalación de la segunda central de Elerebro en Castejón (Navarra)

La sentencia, facilitada por la «Plataforma de la Ribera + Centrales No», anula tanto la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del 25 de noviembre de 2005 que autorizó la instalación de un segundo grupo en la central térmica como la dictada por la Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio el 8 de abril de 2008 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior.

El tribunal se apoya, para anular la autorización de Industria, en las sentencias del 4 de diciembre de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anuló la autorización ambiental integrada aprobada por el Gobierno navarro, la de 12 de junio de 2008 del mismo tribunal que anuló el PSIS aprobado por Ejecutivo foral, y la de 23 de noviembre de 2011 del Tribunal Supremo que confirmaba esta misma sentencia en casación.

En todas ellas se reitera la nulidad de las autorizaciones concedidas debido a un argumento que hace innecesario entrar a valorar el resto de consideraciones, que es la ilegalidad del emplazamiento de la instalación.

La sentencia destacó en ese sentido que la actividad de una central térmica de ciclo combinado de gran potencia (400 megavatios) es una actividad «molesta, insalubre, nociva y peligrosa» y no puede considerarse la excepción a la regla general de las distancias mínimas que contiene la normativa aplicable (artículo 15 del Reglamento 2414/1961).

La Administración foral, se indicó en la sentencia, se limita a negar que dicha norma sea aplicable en Navarra y consideró que la misma no es básica y de necesario cumplimiento en todo el territorio nacional, sino simplemente una ordenación de mínimos que en todo caso se ha de respetar, pero que puede ser mejorada por la respectiva comunidad autónoma.

La sala entiende, a la vista de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, que sí es norma básica, aunque mejorable por la comunidad autónoma, aunque en este caso el Gobierno de Navarra «no sólo no ha mejorado el mínimo establecido por la norma, sino que lo ha incumplido manifiestamente» al autorizar dicha central térmica a 500 metros del núcleo de población más próximo.

La plataforma recordó que éste es el tercer pronunciamiento favorable a sus intereses, pero «incomprensiblemente» esa central está operativa desde 2007 «y ello a pesar de existir, entre todas esas sentencias, una del Tribunal Supremo que declara de manera firme e irrecurrible, su ilegalidad».

El TSJM anula la autorización para la instalación de la segunda central de Elerebro en Castejón (Navarra)

La sentencia, facilitada por la «Plataforma de la Ribera + Centrales No», anula tanto la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del 25 de noviembre de 2005 que autorizó la instalación de un segundo grupo en la central térmica como la dictada por la Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio el 8 de abril de 2008 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior.

El tribunal se apoya, para anular la autorización de Industria, en las sentencias del 4 de diciembre de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anuló la autorización ambiental integrada aprobada por el Gobierno navarro, la de 12 de junio de 2008 del mismo tribunal que anuló el PSIS aprobado por Ejecutivo foral, y la de 23 de noviembre de 2011 del Tribunal Supremo que confirmaba esta misma sentencia en casación.

En todas ellas se reitera la nulidad de las autorizaciones concedidas debido a un argumento que hace innecesario entrar a valorar el resto de consideraciones, que es la ilegalidad del emplazamiento de la instalación.

La sentencia destacó en ese sentido que la actividad de una central térmica de ciclo combinado de gran potencia (400 megavatios) es una actividad «molesta, insalubre, nociva y peligrosa» y no puede considerarse la excepción a la regla general de las distancias mínimas que contiene la normativa aplicable (artículo 15 del Reglamento 2414/1961).

La Administración foral, se indicó en la sentencia, se limita a negar que dicha norma sea aplicable en Navarra y consideró que la misma no es básica y de necesario cumplimiento en todo el territorio nacional, sino simplemente una ordenación de mínimos que en todo caso se ha de respetar, pero que puede ser mejorada por la respectiva comunidad autónoma.

La sala entiende, a la vista de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, que sí es norma básica, aunque mejorable por la comunidad autónoma, aunque en este caso el Gobierno de Navarra «no sólo no ha mejorado el mínimo establecido por la norma, sino que lo ha incumplido manifiestamente» al autorizar dicha central térmica a 500 metros del núcleo de población más próximo.

La plataforma recordó que éste es el tercer pronunciamiento favorable a sus intereses, pero «incomprensiblemente» esa central está operativa desde 2007 «y ello a pesar de existir, entre todas esas sentencias, una del Tribunal Supremo que declara de manera firme e irrecurrible, su ilegalidad».

Fitch no ve con buenos ojos el programa de recompra de preferentes anunciado por Repsol

«La oferta voluntaria de recompra de 3.000 millones de euros en participaciones preferentes aumentará el apalancamiento del grupo, contrarrestando parcialmente los beneficios de la venta de activos de gas natural licuado (GNL)«, señaló Fitch, unos activos que Repsol acordó vender a Shell a finales de febrero por 6,65 millones de dólares.

La calificación de la compañía presidida por Antonio Brufau se mantiene en un aprobado bajo (BBB-), pero si el pasado mes de febrero Fitch aseguraba que la perspectiva podría ser revisada a «positiva», ahora la agencia retira esta posibilidad en el corto plazo.

Tras la aprobación del programa de recompra de preferentes, el ratio de apalancamiento del grupo petrolero se mantendrá en 2,5 en 2013, con posibilidad de aumentar a 3 en 2015, según Fitch, por lo que, «incluso si los ingresos del GNL se destinan a reducir deuda, no sería suficiente para lograr» mejorar su nota.

En el medio plazo, la habilidad de Repsol para implementar su plan estratégico y mantener las ventas en el área de «downstream» serán las claves de la evolución de la calificación crediticia, añadió.

El pasado viernes el consejo de administración de Repsol aprobó un programa de recompra de preferentes que implica una quita del 2,5% y que se materializará parte en efectivo y parte en bonos a diez años con una rentabilidad del 3,5%.

Fitch no ve con buenos ojos el programa de recompra de preferentes anunciado por Repsol

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La calificación de la compañía presidida por Antonio Brufau se mantiene en un aprobado bajo (BBB-), pero si el pasado mes de febrero Fitch aseguraba que la perspectiva podría ser revisada a «positiva», ahora la agencia retira esta posibilidad en el corto plazo.

Tras la aprobación del programa de recompra de preferentes, el ratio de apalancamiento del grupo petrolero se mantendrá en 2,5 en 2013, con posibilidad de aumentar a 3 en 2015, según Fitch, por lo que, «incluso si los ingresos del GNL se destinan a reducir deuda, no sería suficiente para lograr» mejorar su nota.

En el medio plazo, la habilidad de Repsol para implementar su plan estratégico y mantener las ventas en el área de «downstream» serán las claves de la evolución de la calificación crediticia, añadió.

El pasado viernes el consejo de administración de Repsol aprobó un programa de recompra de preferentes que implica una quita del 2,5% y que se materializará parte en efectivo y parte en bonos a diez años con una rentabilidad del 3,5%.

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«La oferta voluntaria de recompra de 3.000 millones de euros en participaciones preferentes aumentará el apalancamiento del grupo, contrarrestando parcialmente los beneficios de la venta de activos de gas natural licuado (GNL)«, señaló Fitch, unos activos que Repsol acordó vender a Shell a finales de febrero por 6,65 millones de dólares.

La calificación de la compañía presidida por Antonio Brufau se mantiene en un aprobado bajo (BBB-), pero si el pasado mes de febrero Fitch aseguraba que la perspectiva podría ser revisada a «positiva», ahora la agencia retira esta posibilidad en el corto plazo.

Tras la aprobación del programa de recompra de preferentes, el ratio de apalancamiento del grupo petrolero se mantendrá en 2,5 en 2013, con posibilidad de aumentar a 3 en 2015, según Fitch, por lo que, «incluso si los ingresos del GNL se destinan a reducir deuda, no sería suficiente para lograr» mejorar su nota.

En el medio plazo, la habilidad de Repsol para implementar su plan estratégico y mantener las ventas en el área de «downstream» serán las claves de la evolución de la calificación crediticia, añadió.

El pasado viernes el consejo de administración de Repsol aprobó un programa de recompra de preferentes que implica una quita del 2,5% y que se materializará parte en efectivo y parte en bonos a diez años con una rentabilidad del 3,5%.

YPF ratifica a Miguel Galuccio en la presidencia y define su directiva

La ratificación de Galuccio como presidente de YPF por un nuevo mandato fue aprobada en la Asamblea General de la compañía, que designó de nuevo al secretario de Política Económica, Axel Kicillof, como representante del Estado nacional.

Con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, en la reunión se aprobó la gestión encabezada por Galuccio, que abarca desde el 7 mayo del año pasado, cuando asumió la presidencia de YPF tras la expropiación de la española Repsol, que conserva todavía el 12 por ciento de las acciones.

Entre otros puntos, la Asamblea decidió además «promover una acción de responsabilidad por el pago de honorarios a directores por cifras mayores a las autorizadas por la Asamblea de accionistas en años anteriores, contra el expresidente de la petrolera argentina y actual presidente de Repsol, Antonio Brufau».

También «contra los restantes directores que hubieran percibido tales honorarios y/o hubieran facilitado su percepción por encima de lo aprobado por los accionistas».

Durante su intervención ante la Junta General de Accionistas de Repsol, celebrada en Madrid, Brufau respondió al anuncio de YPF que, según dijo, pretende «desenfocar los problemas» de la petrolera argentina y, además, no se corresponde con la realidad.

Brufau defendió que el modelo de retribución de los directivos de YPF estaba «amparado por la legislación», -ya que la Asamblea tiene que validar las dietas y honorarios pero no los sueldos- y tildó la demanda de «extemporánea», «sesgada» e «intencionada».

En cualquier caso, reiteró a los accionistas de Repsol que no renunciará «bajo ningún concepto a recuperar lo que es de todos ustedes, que es el valor justo de YPF», ya sea por la vía de la negociación o por la judicial.

A pesar de esta nueva dificultad, el presidente de la petrolera española aseguró tener «voluntad» para «si es posible, iniciar negociaciones» con el Gobierno argentino y se mostró dispuesto a valorar «cualquier voluntad de pago» por YPF.

La decisión de la Asamblea General de YPF se produce en medio de una intensa batalla legal que mantiene Repsol con el Gobierno de Cristina Fernández por el reclamo de una indemnización por la expropiación de sus acciones en la petrolera argentina.

Repsol presentó en diciembre pasado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por la expropiación para que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un «expolio».

YPF obtuvo el primer trimestre de este año una ganancia neta de 183 millones de euros, un 2,8% menos que en el mismo periodo de 2012.

YPF ratifica a Miguel Galuccio en la presidencia y define su directiva

La ratificación de Galuccio como presidente de YPF por un nuevo mandato fue aprobada en la Asamblea General de la compañía, que designó de nuevo al secretario de Política Económica, Axel Kicillof, como representante del Estado nacional.

Con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, en la reunión se aprobó la gestión encabezada por Galuccio, que abarca desde el 7 mayo del año pasado, cuando asumió la presidencia de YPF tras la expropiación de la española Repsol, que conserva todavía el 12 por ciento de las acciones.

Entre otros puntos, la Asamblea decidió además «promover una acción de responsabilidad por el pago de honorarios a directores por cifras mayores a las autorizadas por la Asamblea de accionistas en años anteriores, contra el expresidente de la petrolera argentina y actual presidente de Repsol, Antonio Brufau».

También «contra los restantes directores que hubieran percibido tales honorarios y/o hubieran facilitado su percepción por encima de lo aprobado por los accionistas».

Durante su intervención ante la Junta General de Accionistas de Repsol, celebrada en Madrid, Brufau respondió al anuncio de YPF que, según dijo, pretende «desenfocar los problemas» de la petrolera argentina y, además, no se corresponde con la realidad.

Brufau defendió que el modelo de retribución de los directivos de YPF estaba «amparado por la legislación», -ya que la Asamblea tiene que validar las dietas y honorarios pero no los sueldos- y tildó la demanda de «extemporánea», «sesgada» e «intencionada».

En cualquier caso, reiteró a los accionistas de Repsol que no renunciará «bajo ningún concepto a recuperar lo que es de todos ustedes, que es el valor justo de YPF», ya sea por la vía de la negociación o por la judicial.

A pesar de esta nueva dificultad, el presidente de la petrolera española aseguró tener «voluntad» para «si es posible, iniciar negociaciones» con el Gobierno argentino y se mostró dispuesto a valorar «cualquier voluntad de pago» por YPF.

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Repsol presentó en diciembre pasado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por la expropiación para que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un «expolio».

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Con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, en la reunión se aprobó la gestión encabezada por Galuccio, que abarca desde el 7 mayo del año pasado, cuando asumió la presidencia de YPF tras la expropiación de la española Repsol, que conserva todavía el 12 por ciento de las acciones.

Entre otros puntos, la Asamblea decidió además «promover una acción de responsabilidad por el pago de honorarios a directores por cifras mayores a las autorizadas por la Asamblea de accionistas en años anteriores, contra el expresidente de la petrolera argentina y actual presidente de Repsol, Antonio Brufau».

También «contra los restantes directores que hubieran percibido tales honorarios y/o hubieran facilitado su percepción por encima de lo aprobado por los accionistas».

Durante su intervención ante la Junta General de Accionistas de Repsol, celebrada en Madrid, Brufau respondió al anuncio de YPF que, según dijo, pretende «desenfocar los problemas» de la petrolera argentina y, además, no se corresponde con la realidad.

Brufau defendió que el modelo de retribución de los directivos de YPF estaba «amparado por la legislación», -ya que la Asamblea tiene que validar las dietas y honorarios pero no los sueldos- y tildó la demanda de «extemporánea», «sesgada» e «intencionada».

En cualquier caso, reiteró a los accionistas de Repsol que no renunciará «bajo ningún concepto a recuperar lo que es de todos ustedes, que es el valor justo de YPF», ya sea por la vía de la negociación o por la judicial.

A pesar de esta nueva dificultad, el presidente de la petrolera española aseguró tener «voluntad» para «si es posible, iniciar negociaciones» con el Gobierno argentino y se mostró dispuesto a valorar «cualquier voluntad de pago» por YPF.

La decisión de la Asamblea General de YPF se produce en medio de una intensa batalla legal que mantiene Repsol con el Gobierno de Cristina Fernández por el reclamo de una indemnización por la expropiación de sus acciones en la petrolera argentina.

Repsol presentó en diciembre pasado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por la expropiación para que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un «expolio».

YPF obtuvo el primer trimestre de este año una ganancia neta de 183 millones de euros, un 2,8% menos que en el mismo periodo de 2012.